Griselda Aparicio Cortez

Expediente 48/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
48/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
04/11/2020

Partes del expediente

  • Griselda Aparicio Cortez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, en la que se hace constar que la quejosa no se inconformó en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto, ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el mismo, previas las anotaciones que se realicen en el libro de gobierno de este Juzgado. En cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, en atención a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo, por tanto, realícese la anotación correspondiente en la carátula respectiva. Por otra parte, se establece que el expediente principal, por haberse desechado la demanda dentro del juicio de amparo en que se actúa, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En el entendido que el expediente en que se actúa deberá archivarse en el lugar que corresponda hasta que transcurra el término establecido en el punto Vigésimo del citado acuerdo, a fin de proceder a su destrucción. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, el siguiente acuerdo que en lo conducente dice: Juicio de Amparo 48/2020-II En cuatro de agosto de dos mil veinte, el licenciado Enrique Marcial Islas Tolentino, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; HACE CONSTAR Y CERTIFICA: que derivado del Acuerdo General 4/2020 (modificado por los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020), emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARSCoV2 y la enfermedad COVID-19, se determinó suspender en su totalidad las labores en los órganos del Poder Judicial de la Federación, del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, con las excepciones y salvedades que en cada uno se establecieron. En el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordenó levantar la suspensión de plazos y términos procesales y reanudar los juicios en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Doy fe. En esta misma data, el Secretario da cuenta al Secretario Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, con la certificación que antecede, con el estado procesal de los autos y con el escrito registrado con el número de correspondencia 5409. Conste. ENRIQUE MARCIAL ISLAS TOLENTINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.98.67 05/06/21 11:37:57 En cuatro de agosto de dos mil veinte, el Secretario da cuenta al Juez, con el escrito u oficio registrado con el número de correspondencia 5409. Conste. Tijuana, Baja California, a cuatro de agosto de dos mil veinte. Visto el contenido de la certificación de cuenta se advierte que derivado del Acuerdo General 4/2020 (modificado por los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020), emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARSCoV2 y la enfermedad COVID-19, se determinó suspender en su totalidad las labores en los órganos del Poder Judicial de la Federación, del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, con las excepciones y salvedades que en cada uno se establecieron. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena levantar la suspensión de plazos y términos procesales en el presente juicio de amparo en el punto en que quedó pausado. Anotaciones. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Griselda Aparicio Cortez, por medio del cual desahoga en tiempo y forma el requerimiento formulado en auto de veintiuno de enero de dos mil veinte. Previo acordar sobre la admisión, prevención o desechamiento de la demanda de amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla y si hubiere alguna irregularidad, deficiencia o improcedencia en ésta, se acordara lo conducente, ahora bien los artículos 62 y 113, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, Octava Época, página 64, con número de registro 210751, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." De lo anterior, se desprende que es obligación de este juzgador, ante la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, se adentre al estudio y desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, noviembre de 1991, Página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Desechamiento de la demanda. Como punto de partida, resulta oportuno señalar que las causales de improcedencia en un juicio de amparo son de orden público, lo que quiere decir que la sociedad encuentra interés en que los mismos sean tramitados únicamente respecto de aquellos actos que la ley autoriza, y como consecuencia, ante la actualización de alguna de ellas en cualquiera que sea la instancia procesal, su estudio debe ser preferente lo aleguen o no las partes. Ahora bien, en el presente asunto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza, de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atento a las siguientes consideraciones que establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De lo anteriormente expuesto, se desprende que al interpretar los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, en relación con el 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir, que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En ese tenor de ideas, la promovente reclama "el decreto de once y veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, por el que se crea el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Baja California". En ese sentido, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya su reclamación, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por lo tanto, debe advertirse, por lo menos de manera indiciaría, que no se afecta su esfera jurídica de derechos, pues el menor temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que la promovente de amparo tenga obligación de interponer juicio en defensa de sus intereses. Máxime que, en la página del Periódico Oficial del Estado de Baja California, https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Image nes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=Perio dicoOficial/2019/Diciembre&nombreArchivo=Periodico- 66-CXXVI-20191227- SECCI%C3%93N%20VII.pdf&descargar=false, específicamente en su transitorio Decimo Primero, señala que, los permisos, licencias, contratos, en general las autorizaciones o concesiones en materia de verificación ambiental vehicular, otorgadas por la autoridad competente, así como los derechos y obligaciones inherentes y derivados de los mismos, continuarán vigentes en los términos expedidos hasta su vencimiento. Asimismo, como se deprende del escrito de demanda, se advierte que la promovente exhibió un permiso de servicio público municipal de transporte, con número de folio 0756, mismo que tiene como fecha de vencimiento el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que actualmente no le causa ninguna afectación a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De igual forma, la quejosa señala como actos reclamados "todos los actos y procedimientos iniciados y que se inicien, así como la realización inminentemente futura de actos y procedimientos tendientes a hacer efectivos los apercibimientos de sanciones" en el sentido de que la autoridad responsable no ha ordenado el acto del que se duele la quejosa, sin que sea suficiente para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda causarle algún perjuicio personal y directo, de donde resulta evidente de que en el caso concreto, lo que la quejosa pretende es prevenir un acto futuro de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. En efecto, con la entrada en vigor de los Decretos que se reclaman en la demanda de amparo, como se advierte de su contenido, se trata de un Decreto que crea el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Baja California cuyo sólo inicio de vigencia no genera ninguna modificación a ningún derecho u obligación de la parte quejosa, pues como se desprende los artículos tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo y décimo transitorios del mencionado decreto, se establecieron plazos para que la autoridad creada, realice las gestiones necesarias para su operación, la vigencia las concesiones, permisos, autorizaciones convenios y contratos otorgados por los Ayuntamientos, integración y operación conjunta del padrón de movilidad y transporte del Estado, así como para la emisión del reglamento interno del recién creado Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Baja California. Precisado lo anterior, es válido concluir que la quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la interpretación de los artículos 1, 73 y 77 de la Ley de Amparo, y por ello ES NECESARIO QUE SE DEMUESTRE LA EXISTENCIA MISMA DEL ACTO DE AFECTACIÓN, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. Sin que pase inadvertido para este Juzgador, que la parte quejosa señala como violatorio de sus derechos sustantivos, diversos artículos transitorios del decreto de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California; sin embargo, se insiste, estos no le causan algún prejuicio a sus derechos subjetivos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo, o que le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez que es importante determinar la naturaleza de los actos existentes frente a los actos futuros, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, la parte promovente puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo y con la emisión de los decretos señalados que aquí se pretenden combatir, aún no se ha materializado alguna afectación real y actual en la esfera de derechos de la promovente del amparo. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya a los solicitantes de amparo en el goce de los derechos fundamentales violentados, y NO PARA PREVENIR ACTOS QUE EN LO FUTURO PUDIERAN GENERAR ESA AFECTACIÓN como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Orienta los anterior, la tesis XX.308 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-I (febrero de 1995), página 138, que a la letra indica: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del acto reclamado anteriormente precisado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Griselda Aparicio Cortez, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. Días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los fedatarios de la adscripción, estén en posibilidad de notificar las actuaciones dictadas en este juicio, que por su carácter lo requieran, lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 21, de la Ley de la materia; habilitación que se justifica en atención a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, especialmente en el área de actuaría, en donde se genera un gran número de actuaciones que por su naturaleza deben practicarse fuera de las instalaciones de este Juzgado Federal, e incluso fuera de la ciudad en donde se encuentra el mismo; con el fin de privilegiar una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 82/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, diciembre de 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTUACIONES JUDICIALES. EL JUZGADOR DEBE SEÑALAR EXPRESAMENTE Y NO EN FORMA IMPLÍCITA O TÁCITA LOS MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSA URGENTE PARA HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES, ASÍ COMO LAS DILIGENCIAS QUE DEBERÁN REALIZARSE (ARTÍCULOS 64 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 1065 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)." Lineamientos de higiene y prevención. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Exhortación a las partes para continuar el trámite mediante juicio en línea. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, a efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica su actuación mediante "juicio en línea", se deja a su disposición el manual actualizado, mismo que está disponible en la siguiente liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Home/Ayuda. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdic cionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Asimismo; se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. De igual forma, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Ho me/Ayuda. Requerimiento a la parte quejosa. En términos del artículo 2, fracción XIX del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud derivado del VIRUS COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen un número telefónico móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. También, hágase saber a las partes, que en términos de lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto de agosto del año en curso, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en el que encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. En la inteligencia que la generación de citas, será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá el ingresen al órgano jurisdiccional, bajo los lineamientos ahí establecidos. Acuerdos firmados de manera electrónica. Este proveído se firma de manera electrónica por el encargado del despacho y la secretaria que da fe, al tener el mismo valor de la firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

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