Griselda Antonia Torres Reyes

Expediente 864/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
864/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
23/09/2019

Partes del expediente

  • Griselda Antonia Torres Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    AGRÉGUESE EL OFICIO DEL TRIBUNAL COLEGIADO... DECLARÓ INFUNDADO EL RECURSO DE QUEJA...SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO... ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...

  2. Principal

    ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE...

  3. Principal

    TÉNGASE POR RECIBIDO EL ESCRITO...SE TIENE POR INTERPUESTO EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN DE LA PARTE QUEJOSA... UNA VEZ QUE OBRE EN AUTOS LA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN...REMÍTASE EL ESCRITO ORIGINAL DE CUENTA AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO CIRCUITO.

  4. Principal

    Fórmese expediente impreso y electrónico, para los efectos que prevé el numeral 3°, sexto párrafo, de la Ley de Amparo; y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 864/2019-VI-14, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ANALISIS DE DEMANDA Previo a la admisión de la demanda, es necesario examinar si ésta colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo señalado en el artículo 62, con relación a los numerales 112 y 113, de la Ley de Amparo. Se tiene que el artículo 113 de la ley de la materia establece respecto a la substanciación del juicio de amparo, que: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En este tenor, por manifiesto se debe entender cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, materia Común, página 448, registro 186605, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." De conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: El auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, dictado en la toca civil número 393/2019-II, del índice de la Segunda Sala de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabaco, mediante el cual desechó de plano la prueba consistente en un informe de autoridad, por no considerarse un hecho superviniente. Así las cosas, el acto aquí reclamado no es susceptible de impugnarse en amparo indirecto. Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional advierte que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con la fracción VII del artículo 173, y con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), todos de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. Los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con transcendencia a las defensas del quejoso, cuando: (.) VII. El juzgador reciba a una de las partes para tratar el asunto sujeto a proceso sin la presencia de la otra;." Conviene recordar que es reclamable a través del juicio de amparo todo acto de autoridad que viole derechos humanos fundamentales del gobernado, según lo dispone el artículo 1, fracción I, de la ley de la materia; en tanto que en el arábigo 107 se indican con precisión los casos específicos en que debe promoverse ante el Juez de Distrito el juicio biinstancial, y tratándose de la hipótesis que regula la fracción V, atinente a los actos dentro de juicio, deben ocasionar sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, a fin de que proceda en su contra el juicio de amparo por la vía biinstancial. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, materia Común, página 39, registro 2006589, de rubro y texto "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En ese sentido, se debe entender que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquel que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer los medios de defensa conducentes. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal. En efecto, en el artículo 107 de la Ley de Amparo, se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, el acto que la parte quejosa reclama lo constituye el auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, dictado en la toca civil número 393/2019-II, del índice de la Segunda Sala de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabaco, mediante el cual desechó de plano la prueba consistente en un informe de autoridad, por no considerarse un hecho superviniente. Así, de los antecedentes y conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo, se obtiene que, en esencia, lo que el promovente alega, se constriñe a un tema de admisión y desahogo de pruebas, lo que implica que el acto reclamado por su naturaleza es meramente de carácter intraprocesal, ya que son de aquéllos que tienen efectos que repercuten sólo en el procedimiento y tiene que ver con las pruebas que se ofrecen dentro de la contienda, con miras a obtener un fallo favorable a su interés, lo cual no implica una afectación en algún derecho sustantivo que tutela la Carta Fundamental -ya que la única consecuencia sería que el procedimiento penal continuara por todas sus etapas procesales hasta el dictado de la resolución final (sentencia), misma que incluso puede serle favorable a dicho quejoso, donde resulta ser el procesado-. Lo que es así, ya que, por regla general, no procede el juicio de amparo en su modalidad indirecta, contra las violaciones procesales suscitadas a lo largo del juicio, las que únicamente son susceptibles de impugnación -como tales, cuando hubieren trascendido al resultado del fallo- en el juicio de amparo directo en que se señale la resolución como acto reclamado. En efecto, es evidente que la actuación que en esta vía se combate, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ni en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito o la propiedad, ni tampoco se está en el supuesto de que a la parte quejosa no se le hubieran recibido pruebas que hubieran ofrecido legalmente, sino que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal que no afecta derechos fundamentales, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra. Lo anterior, desde luego implica que la violación que, en un momento dado, llegare a cometerse con la admisión de las probanzas de la cual se duele el quejoso, si llegare a obtener sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio y, si no lo fuera, esto aún no ocasionaría una situación de imposible reparación. ***** Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales. De esta forma, los actos en juicios susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afecten derechos sustantivos consagrados en la Constitución, también llamados derechos fundamentales, de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone la Carta Magna. Sentado lo anterior, también debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia advertida en el caso concreto resulta aplicable por analogía con los supuestos previstos en el artículo 173, fracción VII, de la Ley de Amparo, por guardar similitud con las hipótesis normativas que el mismo regula, concretamente la atinente a la forma de desahogarse las pruebas ofrecidas por las partes en el curso del juicio. Las hipótesis que tal precepto contempla, revelan que el acto reclamado podría ser combatido en el amparo directo. No debe pasar desapercibido que el juicio de amparo directo es el que de forma genérica procede contra cualquier resolución o sentencia que decida el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso alguno, pudiendo reclamar allí todas las violaciones cometidas durante su sustanciación o en el propio fallo, a condición de que esas propias violaciones trasciendan al resultado obtenido y, que hubiera sido preparada su procedencia haciendo valer en su oportunidad los recursos que la ley prevé. En ese sentido, en dado caso de que la actuación combatida trascienda al resultado del juicio a través de una resolución desfavorable para la parte promovente, puede alegarse como concepto de violación en el amparo directo; empero, al no tener la particular connotación de ser un acto de imposible reparación, cuya naturaleza jurídica es más profunda y tiene que ver con la salvaguarda de los derechos fundamentales como la vida, la libertad, los papeles, propiedades o derechos, no de las cuestiones procedimentales surgidas al calor de la contienda, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Acorde a lo anterior vertido y de los criterios invocados, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, relacionado con la fracción VII del artículo 173, y con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida ***contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco.

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