Griselda Ángel Zarco

Expediente 26/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
26/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
12/02/2019

Partes del expediente

  • Griselda Ángel Zarco
  • Sucesión Intestamentaria a bienes del Sr. Leocadio Ángel Álvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Griselda Ángel Zarco, albacea definitiva de la sucesión a bienes de Leocadio Ángel Alvarado, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiese exhibido, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Cumplimiento a la prevención Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Griselda Ángel Zarco, albacea definitiva de la sucesión a bienes de Leocadio Ángel Alvarado, mediante el cual cumple con las prevenciones que le fueron impuestas en auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve Ello, toda vez que Anexó las constancias con la que acredita la personalidad con la que comparece albacea definitiva Indicó cual es el estado procesal del juicio sucesorio 304 2010 Por tanto, se procede a realizar el análisis sobre la procedencia de la demanda de amparo promovida Análisis de procedencia de la demanda de amparo Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J 6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . Fijación del acto reclamado. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en esta vía se hace consistir en lo siguiente: La resolución de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del toca de apelación I-369 2018 Como es de observarse, el acto reclamado consiste en un acto dictado dentro del procedimiento sucesorio de origen que no afecta derechos sustantivos del quejoso, lo que hace improcedente el juicio de amparo, como se expondrá a continuación Actualización de una causal de improcedencia En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, de artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley 107. El amparo indirecto procede V Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte De los preceptos trascritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se reclamen actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, excepto cuando éstos tengan una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata Por tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones quedaron excluidas para el legislador federal en la nueva Ley de Amparo Ahora, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tratándose de un juicio sucesorio, conviene destacar que las violaciones cometidas en cada una de las tres primeras etapas, sólo podrán reclamarse en el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que decida el fondo de las mismas o le ponga fin Fundamenta lo anterior la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes SUCESIONES, SENTENCIAS DEFINITIVAS PARA EFECTOS DEL AMPARO EN LAS. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que procede el amparo directo contra la resolución de las secciones del juicio sucesorio en que se decide la división y partición de la herencia y ha establecido que las resoluciones de las otras secciones no son definitivas en los términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, y no deben reclamarse en amparo directo sino indirecto Así como por identidad jurídica, la Jurisprudencia VI.3o.J 20, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, título y contenido SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." Además, en lo que interesa, la tesis I.3o.C.439C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." También, en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "SUCESIONES. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO. CASO EN QUE NO OPERA PARA DESECHARLA. Si de la demanda de garantías no aparece claramente definido en cuál de las tres primeras secciones del juicio intestamentario de que se trata, se hizo valer el incidente de nulidad de actuaciones que, según la parte quejosa, se hubiere resuelto ilegalmente por la responsable, sin que tampoco exista constancia en ese libelo tendiente a acreditar si el incidente se interpuso en la cuarta sección del sucesorio, resulta más prudente sostener que, de momento, no se puede determinar en cuál de las cuatro secciones correspondientes, se hubiese deducido el incidente de cuenta, ya que si se hizo en las tres primeras, es procedente el amparo indirecto contra los actos reclamados, y si fue en la cuarta, sólo podía impugnarse la violación consecuente en amparo directo, todo lo cual permite concluir que, en tales condiciones, debe admitirse la demanda de garantías, para que con lo que se desprenda después del informe justificado y de las pruebas que aporten las partes, decida el Juez de Distrito lo que en derecho proceda, esto es, sobreseer el amparo si el incidente se promovió en la cuarta sección, o dictar la sentencia de fondo que corresponda, si se hizo valer en cualesquiera de las tres primeras secciones, siendo obvio que, ante la falta de informe justificado y de otras pruebas, no se está realmente frente a un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que amerite desechar de plano la demanda de amparo Y, en la cuarta sección, la única hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto se da, cuando se trate de la resolución que confirma la no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 37/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 264, tomo XXX, Julio de 2009, materia civil Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone JUICIO SUCESORIO. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PARTICIÓN DE LOS BIENES DE LA HERENCIA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución que confirma la no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia dictada en la cuarta sección del juicio sucesorio es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, porque no es de aquellas que pongan fin al juicio o lo den por concluido, toda vez que la consecuencia de que no se apruebe dicho proyecto consiste en que no pueda dictarse la sentencia de adjudicación hasta que se elabore otro proyecto que cumpla con los lineamientos precisados en el juicio sucesorio. Luego entonces, se trata de una resolución intermedia, mientras que en ese juicio solamente la sentencia de adjudicación es la que tiene el carácter de definitiva en términos del criterio sustentado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación En ese sentido, el acto que reclama la quejosa no se trata de alguna de las resoluciones que den por concluida alguna de las tres primeras etapas del juicio sucesorio, y tampoco se trata de la resolución que confirma la no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia; por ende, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo De igual modo, los efectos de la resolución reclamada de ninguna manera afectan en forma directa, inmediata y material los derechos sustantivos de la parte quejosa, porque son meramente intraprocesales, ya que sus consecuencias son, únicamente, que se siga la secuela procesal, sin que en este momento se tenga por radicada la tercera sección del juicio sucesorio en el que se incorporen las ganancias provenientes de predios de carácter ejidal, hasta en tanto se cumpla con la condición impuesta por el juez primario, a saber, que se rindan las cuentas de la administración de la masa hereditaria Para la mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad adujo la parte quejosa Ante el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ario de Rosales, Michoacán, se radicó el juicio sucesorio testamentario 304 2010 a bienes de Leocadio Ángel Alvarado En dicho procedimiento se dictaron las sentencias interlocutorias que dieron fin a la primera y segunda sección Posteriormente, Sergio Uriel Ángel Zarco se apersonó a dicho sumario con una sentencia ejecutoriada dictada en un diverso juicio de petición de herencia, por lo que en auto de siete de febrero de dos mil dieciocho se le reconoció el carácter en el juicio sucesorio 304/2010 para deducir sus derechos hereditarios. Como consecuencia de lo anterior, se procedió a la baja y cancelación de las protocolizaciones realizadas respecto de diversos bienes que conformaron la masa hereditaria. Así, mediante autos de dos de abril, veintiocho de mayo y veintisiete de junio, todos de dos mil dieciocho, se solicitó a la albacea que rindiera cuentas y efectuara un nuevo inventario y avalúo, por lo que el juicio de origen, de conformidad por la manifestado por la solicitante de amparo, se encuentra en gestión de rendir cuentas de administración al citado heredero Sergio Uriel Ángel Zarco y, por ende, en vísperas de radicar una adición a la segunda sección. En ese orden de ideas, la parte quejosa elevó petición para que se radicara la tercera sección, a fin de incluir las ganancias provenientes de porciones ejidales, solicitud que fue negada por el juez del conocimiento, mediante auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, al considerar que "no se está rindiendo la cuenta de administración de la masa hereditaria". Contra tal determinación, la peticionaria de amparo interpuso el recurso de apelación, mismo que fue resuelto por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del toca I-369/2018, mediante resolución de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho en la que se determinó confirmar el auto recurrido. Siendo esta última resolución la que constituye el acto reclamado. De lo anterior se obtiene que la determinación impugnada, no es un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ya que únicamente produce consecuencias intraprocesales que por sí mismas no afectan un derecho sustantivo, ello toda vez que la determinación de la autoridad responsable en el sentido de negar la radicación de la tercera sección hasta en tanto se hayan rendido las cuentas por la albacea definitiva, no viola ningún derecho sustantivo de la quejosa como la vida, la libertad, la propiedad, integridad personal, etcétera. De igual forma, el acto reclamado tampoco constituye una resolución interlocutoria que haya concluido con alguna de las secciones de las que se compone dicho juicio sucesorio. De lo expuesto se colige, que la resolución que constituye el acto reclamado sólo podría afectar derechos adjetivos o instrumentales propios del proceso en el que se desenvuelve el juicio natural. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, de artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe de ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la analizada es procedente de manera manifiesta e indudable Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico

  3. Principal

    Vista la razón del actuario adscrito a este juzgado, de la que se aprecia la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte quejosa el proveído de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, por los motivos que indica; consecuentemente, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicarle la notificación del referido acuerdo, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale nuevo domicilio para ello; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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