Griselda Acosta Ponce
Expediente 186/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 186/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Griselda Acosta Ponce
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a- y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, contra el auto de doce de marzo del año en curso -foja 50-, mediante el cual se desechó su demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción al respecto, por lo que, se declara que dicho auto ha causado estado. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1-2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1-2009, antes citado. Finalmente, ya que es innecesaria la retención de los autos del toca 178/2018, del índice de la Primera Sala Familiar Regional en el Distrito Judicial Bravos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******************. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de marzo de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta, se tiene al Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, remitiendo el juicio de amparo directo registrado en su índice, con el número 123/2019, debido a que en auto de ocho de marzo del año en curso, dicho Tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo que promovió *******, en contra del Magistrado de la Primera Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos y ordenó remitir dicho asunto al Juez de Distrito con residencia en esta ciudad, en turno, que resultó ser el Séptimo, para conocer de la misma. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada y se procede a analizar la demanda de amparo, en relación con el acto reclamado por el cual se remitió a este Juzgado, la cual se ordena registrar bajo el número de juicio de amparo indirecto 186/2019-IV. Infórmese lo anterior al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia, en relación con su numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, que enseguida se analizará. Al efecto, la quejosa *******, señaló como autoridad responsable al Magistrado de la Primera Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamó lo siguiente: IV.- ACTOS QUE RECLAMO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. A.- Del C. MAGISTRADO DE LA PRIMERA SALA FAMILIAR REGIONAL de este Distrito Judicial Bravos, DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, reclamo las consideraciones y puntos resolutivos contenidos en la resolución dictada bajo el número de toca *******, de fecha 31 de enero de 2019. Así como todo acto subsecuente que dicte, antes y durante en ejecución de la sentencia definitiva de referencia, en autos de toca que se controvierte Además, como antecedentes de los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, narró lo siguiente: VI.- ANTECEDENTES. Previo a expresar los conceptos de violación que me causan la determinación recurrida, me permito referir los Antecedentes de fondo donde se sustenta la presente, mismos que obran agregados al juicio principal: 1. Como se desprende la escritura pública número *******, contenida en el tomo *******, que lleva a cabo la notaría pública número *******, a cargo del Lic. *******, en la ciudad de San Juan del Río en el Estado de Querétaro, el día 21 de septiembre del 2017, compareció el C. *******, a otorgar Poder General para Pleitos y Cobranzas a favor del C. Lic. *******. 2. Dicho Poder se encontraba circunscrito a la celebración de los actos jurídicos a que se refiere la cláusula segunda de la escritura antes descrita. 3.- Como se desprende de dicho instrumento notarial, la cláusula segunda mencionada en su literalidad: SEGUNDA: El apoderado aquí instituido está facultado exclusivamente para comparecer en nombre del mandante para iniciar el proceso de: divorcio contencioso, o Ratificar el Convenio de Divorcio Voluntario, que se llevará a cabo con la señora *******. 4.- Luego entonces, dicho poder estaba circunscrito solamente a dos actos jurídicos que son: a).- Iniciar el proceso de: divorcio contencioso, y b).- Ratificar el Convenio de Divorcio Voluntario 5.- Es decir, el mandatario no contenía ninguna otra facultad además de las que se encontraban circunscritas a dicho mandato, por lo que en esencia no contaba con facultades de contestar ningún tipo de reconvención, aportar o desahogar prunas, comparecer a audiencias o cualesquier otro acto jurídico diverso a los únicos otorgados por su mandante. 6.- En razón de su nula capacidad para la realización de otros actos jurídicos a los específicamente otorgados (circunscritos), no podía, en esencia contestar a nombre de su mandante la reconvención planteada en el juicio en que se actúa, por la C. *******, por no ser este un acto jurídico que estuviera expresamente referido en el instrumento notarial de marras, ya que dicho poder está limitado o restringido solamente a los actos jurídicos invocados. 7.- En razón a la falta de capacidad del Lic. ******* para comparecer a juicio contestando la reconvención planteada, es por lo que la parte que represente interpuso el incidente de falta de personalidad del citado profesionista, el día 29 de noviembre del 2017, ya que no estaba investido de las facultades suficientes para la realización de tal acto jurídico, continuándose el juicio por parte del Aquo, en la tramitación de sus demás etapas procesales. 8.- El día 12 de septiembre del 2018, el Aquo, dicto resolución interlocutoria que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad planteado donde se dictan los resolutivos siguientes: PRIEMRO: Procedió la Vía Incidental. SEGUNDO: El actor incidentista no acreditó su dicho, el demandado incidentista, se excepcionó. TERCERO: En consecuencia, se declara improcedente el incidente de falta de personalidad, interpuesto por el LICENCIADO *******, representante legal de *******, en contra del LICENCIADO *******, apoderado legal de *******, por los motivos señalados en la parte considerativa de la siguiente resolución. 10.- Inconforme con esta determinación la suscrita a través de mi representante interpuso recurso de apelación, de donde en lo substancial el magistrado de la sala familiar resolvió: PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida de fecha doce de septiembre del dos mil dieciocho. (.) Ahora bien, de los autos originales del toca *******, que el Magistrado responsable remitió al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual, a su vez, lo remitió a este Juzgado, se desprende que efectivamente, en la resolución de treinta y uno de enero del año en curso, se determinó lo siguiente: PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida de fecha doce de septiembre del dos mil dieciocho. (.) Es decir, la quejosa reclama la resolución de treinta y uno de enero del año en curso, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en el toca *******, en el cual determinó confirmar la diversa resolución de doce de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Cuarto de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en la que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad que promovió *******. Indicado lo anterior, se tiene que los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Conforme a la primera de las normas citadas, el juicio de amparo es improcedente, cuando la improcedencia resulte, además de las hipótesis ahí descritas, de alguna otra disposición de la Ley de la materia o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Continuando, la segunda de las normas citadas, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclamen actos "en juicio", cuyos efectos sean de imposible reparación, esto es, actos dictados dentro de la secuela procedimental o del trámite de la contienda de que se trate; sin embargo, para que tales actos sean reclamables a través de la vía indicada, es necesario que sean de "imposible reparación" y tal noción la proporciona la propia norma, al establecer que por dichos actos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así pues, si el Magistrado de la Primera Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en la resolución reclamada, determinó confirmar la diversa en la que se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad que promovió la aquí quejosa en el procedimiento natural, en los términos ya indicados, ello no le ocasiona, de forma alguna, afectación a sus derechos sustantivos, pues el único efecto de esa resolución es que dicho procedimiento continúe su trámite de forma regular. En consecuencia, al tratarse la determinación reclamada de un acto intraprocesal que no vulnera derechos sustantivos en contra de la quejosa, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la propia Ley. En apoyo a lo expuesto, se cita la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, con número de registro 2006589, del siguiente tenor: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En consecuencia, de conformidad con el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada. En otro orden, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por otra parte, vista la certificación de cuenta se advierte que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, se encontraron registrados a ******* y *******, por lo que se tienen como autorizados de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; mientras que a la diversa persona que refiere en su escrito, se tiene como autorizado en términos restringidos de dicho numeral, por no encontrarse inscrito en dicho sistema. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en el ocurso de cuenta. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos o resoluciones y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Finalmente, se ordena crear dos tomos de prueba por separado con los anexos remitidos por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito. Notifíquese personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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