Grisel Maldonado Quiroz

Expediente 112/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
112/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
11/04/2019

Partes del expediente

  • Grisel Maldonado Quiroz
  • Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa de Amparo I-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil diecinueve. Se declara que la sentencia dictada en el juicio causó ejecutoria y se archiva el expediente como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 112/2019, promovido por José Antonio Jiménez Guevara, apoderado legal de Grisel Maldonado Quiroz, en contra de actos que adjudica a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de José Antonio Jiménez Guevara, apoderado legal de Grisel Maldonado Quiroz, la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, ha dado un indebido retraso en la tramitación del expediente laboral 993/2015 y por consiguiente ha sido omisa en emitir el laudo correspondiente a ese asunto. Por ello, considera que se violan en su perjuicio los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO José Antonio Jiménez Guevara, apoderado legal de Grisel Maldonado Quiroz presentó su escrito de demanda el seis de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, por medio del cual promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de quienes reclamaron el indebido retraso en la tramitación del expediente laboral 993/2015 y por consiguiente la omisión de emitir el laudo correspondiente a ese asunto. La demanda de amparo fue remitida el seis de febrero siguiente a este órgano jurisdiccional por razón de turno, siendo registrada con el número 112/2019. Posteriormente, mediante auto de siete de febrero del año en curso, se le realizó a la parte promovente una prevención para que acreditara la personalidad con que acudía a esta instancia constitucional. En ese orden, al cumplir con dicha prevención mediante escrito presentado ante este Juzgado Quinto de Distrito el dieciocho del citado mes y año, le fue admitida la demanda inicial el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. La audiencia constitucional se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una omisión por parte de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. IV. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse, precisamente, de una omisión que crea una situación permanente en la esfera jurídica de Grisel Maldonado Quiroz que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". LEGITIMACIÓN José Antonio Jiménez Guevara, apoderado legal de Grisel Maldonado Quiroz, se encuentra legitimado para acudir a la presente instancia constitucional a impugnar el indebido retraso en la tramitación del expediente laboral 993/2015 y por consiguiente la omisión de emitir el laudo correspondiente a ese asunto, ya que tiene reconocida la personalidad de apoderado legal de la última en mención, es decir, de la parte demandada. V. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el justiciable reclama de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, lo siguiente: La omisión de emitir el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 993/2015. No se ignora que también manifieste reclamar el indebido retraso en la tramitación de ese expediente laboral; sin embargo, al ser el dictado del expediente anotado una consecuencia de la tramitación de ese procedimiento, es que únicamente se estará al acto reclamado anteriormente señalado. VII. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su informe justificado el Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca aceptó el acto reclamado, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda esa autoridad no había dictado el laudo dentro del expediente laboral 993/2015, manifestando al respecto que con fecha cuatro de marzo de la presente anualidad se emitió el laudo correspondiente -materia de la litis de este juicio constitucional-. Asimismo, informar y comprobar con las copias certificadas que hizo llegar haber notificado a las partes de esa resolución. De lo anterior, queda en evidencia que a la fecha de la presentación de la demanda aquella omisión subsistía. Aunado a lo anterior, la existencia de la aludida omisión queda patentizada con el contenido de las copias certificadas que remitió la propia responsable adjuntas a su informe, actuaciones que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque se trata de documentos públicos emitidos por autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia de epígrafe y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VIII. PROCEDENCIA Como el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, éstos deben ser analizados previamente al estudio de fondo, incluso hasta de oficio. En la especie, del informe justificado que obra en autos se advierte que el acto atribuido a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 993/2015, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque se deduce que han cesado los efectos del acto reclamado. A efecto de evidenciar lo anterior, se considera oportuno precisar el normativo que contiene la hipótesis materia de estudio en el presente asunto, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del precepto legal y criterio invocado se obtiene que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca; cuestión que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto impugnado; o, también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica con la cual destruye en forma definitiva la que dio motivo al amparo. En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo cual implica no solo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; de ahí que, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, se requiere lo siguiente:  La existencia de un acto de autoridad, el cual el impetrante de amparo estime lesivo de sus garantías; y, en razón de ello, se motive la promoción de la demanda de amparo.  Un diverso acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo.  O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma terminante, al acto reclamado, retrotrayendo las cosas al estado que tenían hasta antes de la promoción de la demanda de garantías. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. En el caso concreto, el impetrante de amparo reclamó de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, la omisión de emitir el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 993/2015. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- está probado que el cuatro de marzo del año en curso, se dictó el laudo dentro del expediente laboral 993/2015, siendo de esa omisión que se dolía el peticionario, queda claro que cesaron los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia invocada en el presente juicio respecto del acto impugnado a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Es preciso puntualizar que el no llamado a la parte tercera interesada a este juicio de amparo, se justifica con el propio sentido que recae a esta sentencia. Es decir, el sobreseimiento que se emite derivado de la cesación de los efectos del acto reclamado no afecta a la citada parte procesal. Máxime que el dictado del laudo emitido por la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca contribuye a otorgar mayor seguridad jurídica a las partes que conforman el juicio de origen. Esto, al hacerse sabedores de los razonamientos que tomó en consideración la autoridad de mérito en dicha determinación, dejándolos en aptitud de usar los medios de impugnación que determinan las leyes que rigen el acto reclamado si consideran que no favorecen a sus intereses. IX. DECISIÓN En esas condiciones, ante la constatación de un impedimento jurídico, lo que procede en este asunto es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 63, fracción V, que tiene relación con el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Antonio Jiménez Guevara, apoderado legal de Grisel Maldonado Quiroz, en contra de los actos reclamados a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado VIII, de esta sentencia. Notifíquese personalmente.(SE NOTIFICO POR LISTA)

  3. Principal

    Mesa de Amparo I-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. [...]. Se admite la demanda de amparo promovida por José Antonio Jiménez Guevara, apoderado legal de la quejosa **************, contra actos reclamados a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. Tramitase este expediente sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Solicitud de informes. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, que deberá rendir dentro del plazo de quince días. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, se sirva remitir copia autorizada, legible y completa de las constancias y actuaciones que tomó en consideración para emitirlo; apercibida de que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en caso de que no rinda su informe justificado. Así también, deberá informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo, en contra de los actos aquí reclamados. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se les impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la Ley de Amparo. Se señalan las diez horas con cuarenta minutos del quince de marzo de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Se le tiene ofreciendo como pruebas de la parte quejosa la de instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana, así como el informe justificado que rinda la responsable respecto del juicio laboral 993/2015 del que es parte, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Se otorga al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde..., entréguesele una copia simple de la demanda. Resérvese emplazar a la parte tercera interesada hasta en tanto rinda el informe justificado la autoridad responsable. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se le tiene reconocido el carácter de apoderado legal de la quejosa ************* a ***************, por haberlo acreditado con la copia que hace llegar, asimismo, téngasele señalando nuevo domicilio para oír todo tipo de citas y notificaciones. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese.

  4. Principal

    Mesa de Amparo I-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de febrero de dos mil diecinueve. De la razón de la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional del pasado once de febrero, se desprende que estando presente en el domicilio señalado en autos por la parte quejosa, al ser atendida por una persona del sexo masculino quien se identificó como ********************, quien le señaló que los profesionistas que buscaba tienen más o menos ocho días de haber cambiado de domicilio, que ahora él ocupa ese inmueble como su despacho; manifestando que desconoce la nueva dirección que ocupan los señalados. Notifíquese a la parte quejosa el citado proveído de siete de febrero de dos mil diecinueve y los subsecuentes autos por lista de acuerdos, que se fija en los estrados de este juzgado, hasta en tanto tenga a bien señalar domicilio correcto para recibir notificaciones. Notifíquese; y a la parte quejosa por estrados. ------Inserción----San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de febrero de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 112/2019. Prevención. En cuanto a la admisibilidad de la demanda, esa circunstancia tendrá que ser postergada: existe una irregularidad en el escrito relativo que necesita enmendarse. El artículo 114 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda cuando: "[.] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley [.]". De la lectura integral de la demanda, en su parte inicial se aprecia que ***************** promueve esta instancia constitucional en atención a ser la parte demandada en el expediente laboral 993/2015 de la Junta Especial Número Tres de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca; sin embargo, en el apartado "I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO" señala a *************** con esa calidad y de manera posterior dice actuar por propio derecho. Circunstancias que generan confusión en este juzgador sobre si José Antonio Jiménez Guevara promueve el juicio de amparo también a nombre de Grisel Maldonado Quiroz. A fin de proveer lo conducente, con fundamento en los artículos 108, fracción I, en relación con el diverso artículo 114, párrafo primero, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a José Antonio Jiménez Guevara para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído: Señale si también promueve la instancia constitucional en favor de ******************, y de ser así, exhiba documento fehaciente en el que conste la personalidad con la que comparece a juicio; es decir, que actualmente funge con la personalidad con que se ostenta. Tal requerimiento, se formula, ya que de conformidad con el citado artículo 114, fracción III, de la ley de la materia, se debe de tener certeza jurídica de que quien comparece a juicio realmente tiene la personalidad con que solicita el amparo y protección de la justicia federal, aunado a que la personalidad es una cuestión de orden público, cuyo acreditamiento debe atenderse oficiosamente en el juicio de amparo. Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir con el requerimiento que se le formula, se tendrá por no presentada la demanda; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo de la ley de la materia. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados solo para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, por no estar inscritos en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales. Notifíquese personalmente.

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