Grisel Jacqueline Ramirez Aldana

Expediente 276/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
276/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
05/09/2022

Partes del expediente

  • Grisel Jacqueline Ramirez Aldana
  • Juez de Oralidad Familiar de Partido de Leon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Causa ejecutoria la sentencia... Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el presente asunto como definitivamente concluido... consecuentemente el expediente principal es susceptible de DEPURACIÓN... tomando en cuenta que en los cuadernillos incidentales se negó la medida cautelar, en consecuencia, tanto el original como el duplicado son susceptibles de destrucción... toda vez que resulta innecesario conservar las constancias que remitieron como sustento a su informe justificado las autoridades responsables, consistentes en cuatro tomos de pruebas; en consecuencia, devuélvanse respectivamente, sin que sea necesario acuse de recibo de su recepción.

  2. Principal

    Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 276/2022 y su acumulado 580/2022; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, el uno de marzo de dos mil veintidós, turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, Grisel Jacqueline Ramírez Aldana por su propio derecho así como en nombre y representación de su menor hijo Darío Mateo Torres Ramírez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: Autoridades Responsables: Titular del Juzgado Civil Especializado en Materia Familiar, del Partido Judicial de León, Guanajuato. Titular del Centro de Convivencia Supervisada del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia. Actos reclamados: La parte quejosa destacó como tales: "IV. Acto o actos reclamados: A) La resolución de fecha 03 de febrero de 2022 emitida en el expediente familiar F6536/2020 radicado ante el Juzgado de Oralidad Familiar de esta ciudad de León, Gto., en la que, tiene por señaladas las fechas para convivencia asistida de mi menor hijo con su progenitor, en horarios solicitados por el demandado y ahora tercero interesado, sin dar vista a la suscrita para saber sobre la posibilidad de la suscrita para realizar la entrega recepción de mi menor hijo, decretada por la autoridad responsable ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la autoridad ejecutora de tenerme por no dando cumplimiento a dichas fechas y horas para la convivencia asistida de mi menor hijo, así como su entrega recepción. B) De la autoridad señalada como ejecutora también se reclama el exceso de atribuciones en el ejercicio de sus funciones al señalar que la entrega recepción de mi menor hijo puede llevarse a cabo por un tercero, lo cual pudiera poner en riesgo la seguridad e integridad física de mi menos hijo, el cual tan solo cuenta con 2 años de edad." (foja 3). Actos que la parte peticionaria estimó violatorios de los artículos 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda y se registró con el consecutivo 276/2022 (fojas 54 a 56); se requirió a las autoridades responsables su informe justificado quienes lo rindieron con más de ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional (fojas 68 y 149 a 150); se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete (foja 64); se emplazó al tercero interesado Julio César Torres Méndez quien se apersonó a juicio (fojas 65 y 66). TERCERO. Por escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el siete de abril de dos mil veintidós, Grisel Jacqueline Ramírez Aldana por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: Autoridades Responsables: Titular de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Titular del Juzgado Civil Especializado en Materia Familiar, del Partido Judicial de León, Guanajuato. Titular del Centro de Convivencia Supervisada del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia. Actos reclamados: La parte quejosa destacó como tales: "IV. Acto o actos reclamados: A) La resolución de fecha 14 de marzo de 2022 emitida dentro del toca 162/2022 radicado ante la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, decretada por la autoridad responsable ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la autoridad ejecutora en la que se confirma el desechamiento del recurso de apelación interpuesto por la suscrita. B) De la autoridad señalada Juez de Partido Especializado en Materia Familiar la ejecución de la resolución anterior y en consecuencia la ejecución del auto de 3 de febrero de 2022 emitido dentro del expediente familiar F6536/2020 radicado ante el Juzgado de Oralidad Familiar de esta ciudad de León, Gto., en la que, tiene por señaladas las fechas para convivencia asistida de mi menor hijo con su progenitor, en horarios solicitados por el demandado y ahora tercero interesado, sin dar vista a la suscrita para saber sobre la posibilidad de la suscrita para realizar la entrega recepción de mi menor hijo, decretada por la autoridad responsable ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la autoridad ejecutora de tenerme por no dando cumplimiento a dichas fechas y horas para la convivencia asistida de mi menor hijo, así como su entrega recepción. C) De la autoridad señalada como ejecutora la C. Araceli Collazo Yepez Jefa de los Centros de Convivencia Supervisada adscrita a la Dirección de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de León, también se reclama el exceso de atribuciones en el ejercicio de sus funciones al señalar que la entrega recepción de mi menor hijo puede llevarse a cabo por un tercero, lo cual pudiera poner en riesgo la seguridad e integridad física de mi menos hijo, el cual tan solo cuenta con 2 años de edad." (fojas 89 y 90). Actos que la parte peticionaria estimó violatorios de los artículos 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. Por haber sido tramitada en la vía directa, mediante auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la demanda se remitió en incompetencia, en razón de grado (fojas 84 y 85); de la misma correspondió conocer a éste órgano de control constitucional, donde el veinticinco de mayo de dos mil veintidós se admitió a trámite y se registró con el consecutivo 580/2022 (fojas 106 a 110); se recibieron los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 86, 97 y 98); se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete (foja 118); se emplazó al tercero interesado Julio César Torres Méndez (foja 103). QUINTO. En auto de seis de junio de dos mil veintidós se decretó la acumulación del expediente 580/2022 al juicio de amparo indirecto 276/2022 (fojas 128 a 130); y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. SEXTO. Jurisprudencia aplicable. En el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, se publicó el decreto mediante el cual se expidió la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme a su artículo sexto transitorio, se establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga la nueva ley. Los criterios jurisprudenciales expuestos en el presente asunto no se contraponen al contenido de dicho ordenamiento, por ello resultan aplicables; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías. En razón de territorio, acorde a lo establecido por el Acuerdo General 7/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En razón de la materia, porque este Juzgado Federal, al no tener jurisdicción especial, la tiene para conocer del amparo en materia civil conforme lo dispone el artículo 49, vinculado con el diverso 60, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En razón del grado, porque la aptitud para conocer del juicio de amparo en la vía indirecta, corresponde en primera instancia a los Juzgados de Distrito (y a los Tribunales Unitarios de Circuito, de lo que no es el caso abundar), y sólo en segunda a los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer del recurso de revisión y, excepcionalmente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina que los actos reclamados consisten en: El juicio de amparo indirecto 276/2022: la emisión del auto de tres de febrero de dos mil veintidós, en el juicio oral ordinario F6536/2020, del índice del Juzgado Civil Especializado en Materia Familiar, del Partido Judicial de León, Guanajuato, a través del que se tuvo a la Titular del Centro de Convivencia Supervisada del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, informando los días y horas en que se llevaría a cabo el régimen de convivencia entre Julio César Torres Méndez y su menor hijo; y su ejecución; y En el juicio de amparo indirecto 580/2022: la resolución de catorce de marzo de dos mil veintidós, emitida en el toca 162/2022, del índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, que resolvió el recurso de denegada apelación interpuesto por la peticionaria en contra del auto de dieciséis de febrero anterior que desechó el diverso de apelación, intentado en contra del auto de tres de febrero dictado en el juicio oral ordinario F6536/2020; y su ejecución. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados (fojas 68, 86, 97, 98 y 149). Cabe señalar que la certeza de los actos de autoridad referidos, se corrobora con las constancias que remitieron las autoridades judiciales responsables como complemento de su informe justificado consistentes en copias certificadas del toca 162/2022 y del juicio oral ordinario F6536/2020 (tomos de pruebas); las cuales tienen el carácter de documentos públicos, de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tales constancias constituyen actuaciones de autoridad judicial en ejercicio de sus atribuciones, de ahí que se trata de documentos públicos y se les confiere eficacia demostrativa plena, atento a lo dispuesto por el artículo 202 del código procesal invocado. CUARTO. Antecedentes. De las constancias remitidas por las autoridades judiciales responsables se desprenden los siguientes antecedentes relevantes: El dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 304 a 333 del tomo de pruebas I), se dictó sentencia en el juicio oral ordinario F6536/2020, oportunidad en que se decretó la disolución del vínculo matrimonial que unía a Grisel Jacqueline Ramírez Aldana; y Julio César Torres Méndez; asimismo, se estableció un "(.) régimen de convivencia del niño de iniciales D.M.T.R. con su progenitor no custodio Julio César Torres Méndez, en la forma siguiente: De entrega recepción Inicialmente se determina con apoyo del Sistema Integral para la Familia en la modalidad entrega recepción en los días y horarios establecidos por éste, por al menos tres días y tres horas por ocasión. Esta convivencia atiende a las manifestaciones de la perito en psicología que refirió la necesidad de una convivencia supervisada por los problemas que los padres presentan, es decir, tal y como lo afirmó en la rendición de sus conclusiones, no existe riego ni problema en la convivencia del menor con su padre, pero si existe riesgo en la relación de los contendientes que pone en peligro al niño. En este contexto, debe vigilarse por un tercero la entrega recepción del menor de edad, que garantice: 1.- que la convivencia se va a llevar a cabo. 2.- la seguridad de la señora y del menor de edad. 3.- la entrega o devolución del menor de edad y las condiciones en las que se realiza por ambas partes. 4.- la contención en las posibles agresiones que pudieran generarse con motivo de la mala relación de las partes. (.)" (foja 329 del tomo del tomo de pruebas I). Sentencia que se declaró ejecutoriada el diecisiete de enero de dos mil veintidós (foja 329 del tomo del tomo de pruebas I). Previa promoción del tercero interesado, en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se instruyó a la titular de los Centros de Convivencia Supervisada adscrita a la Dirección de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de León, señalar "(.) las fechas y horarios para que se lleve a cabo la entrega recepción del menor de iniciales D.M.T.R. ordenada en el considerando noveno de la sentencia de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintiuno, en virtud de lo que menciona, se tiene al promovente informando que su mandante labora hasta las 14:30 horas, lo anterior a considerar se señale horario a partir de las 15:00 horas para la cita al DIF; (.)" (fojas 345 y 346 del tomo del tomo de pruebas I). Mediante oficio DIF DANNA/0385/CCS2/0038/2022, de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, la titular de los Centros de Convivencia Supervisada adscrita a la Dirección de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de León, indicó "(.) que el Centro de Convivencia Supervisada 2, asigna estos días y horarios disponibles los días lunes, martes y jueves de cada semana, siendo la entrega a las 15:30horas y la recepción a las 18:30 horas de cada día, dando por inicio el día lunes 14 de febrero del 2022, y así los subsecuentes días, se comenta que como se refiere dentro de la sentencia, el niño puede ser presentado por un tercer emergente a quien se le brindará la inducción correspondiente a esta modalidad de convivencia, debiendo acatar en todo momento las indicaciones que el personal a cargo les comenten, así como las medidas de sanidad (.). (foja 352 del tomo del tomo de pruebas I). En auto de tres de febrero de dos mil veintidós se hizo del conocimiento de las partes dicha notificación (foja 355 del tomo del tomo de pruebas I). Inconforme con lo anterior, la hoy quejosa por propio derecho, interpuso recurso de apelación (fojas 363 a 368 del tomo del tomo de pruebas I); por lo que en auto de dieciocho de los referidos mes y año, se acordó: "(.) Se desecha Respecto de la promoción que antecede, se le hace saber a la ocursante que se desestima el recurso de apelación, por lo que no es posible darle trámite a la apelación como lo pretende, dado que en el procedimiento se ha dictado la sentencia y el auto que pretende recurrirse no niega la ejecución de la sentencia, ni encuadra en algún supuesto establecido por el artículo 894 del Código Procesal Civil para estimar su apelabilidad. Lo anterior conforme al artículo 224 y 780 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. (.)." (foja 369 del tomo del tomo de pruebas I). Para combatir lo así decidido, Grisel Jacqueline Ramírez Aldana interpuso denegada apelación y esgrimió los agravios que estimó pertinentes (fojas 376 a 380 del tomo del tomo de pruebas I); y De la impugnación correspondió conocer a la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, donde se registró bajo el número de toca 162/2022, resuelto el catorce de marzo de dos mil veintidós (fojas 376 a 380 del tomo del tomo de pruebas I). Hasta aquí la narración de antecedentes. QUINTO. Inexistencia de causales de improcedencia. Las partes fueron omisas en esgrimir causales de improcedencia, sin que tampoco se advierta ninguna a título oficioso; razón por la cual, se ingresará al análisis de fondo del asunto. SEXTO. Análisis de fondo (juicio de amparo 580/2022). Los argumentos que integran los conceptos de violación resultan jurídicamente ineficaces para conceder el amparo y protección constitucional instados, sin que el beneficio procesal de suplencia de la queja deficiente permita arribar a diversa determinación. En el caso, se estima innecesario transcribir dichos argumentos, dado que no lo exige así el artículo 74, ni ningún otro dispositivo de la Ley de Amparo. Ello, pues el alcance del derecho fundamental de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus determinaciones, renglón por renglón, punto por punto, a todos los cuestionamientos, sino basta que se estudie en su integridad el problema planteado y se resuelva lo conducente. En el primer motivo de disentimiento la quejosa destaca la violación a sus fundamentales derechos, aduciendo: i) el estado de indefensión en que se encuentra virtud a la confirmación del desechamiento del recurso de apelación interpuesto contra el auto de tres de febrero de dos mil veintidós; ii) violación a las formalidades esenciales del procedimiento, atento a que no le fueron notificados el horario y los días en que se llevaría a cabo la convivencia supervisada entre el tercero interesado y el menor hijo de las partes; razón por la cual, sostiene, careció de la posibilidad de exponer si se encontraba o no en condiciones de cumplir con lo así ordenado; iii) exceso de atribuciones de la jefa de los Centros de Convivencia al admitir la posibilidad de que la entrega recepción del menor puede llevarse a cabo por cualquier persona; y iv) omisión para juzgar con perspectiva de género. En el segundo concepto de violación, la peticionaria insiste en que las autoridades judiciales responsables fueron omisas en juzgar con perspectiva de género; y En el tercer concepto violatorio, la quejosa sostiene que se viola en su perjuicio el principio de igualdad procesal puesto que, desde su perspectiva, la confirmación del auto en que se desechó la apelación interpuesta, en realidad, convalida el ilegal actuar del juzgador primario. Virtud a la estrecha relación que guardan entre sí, se analizarán de manera conjunta los argumentos que integran los motivos de disentimiento; los que se estiman jurídicamente ineficaces para obtener la protección constitucional instada. Cierto, en términos de lo establecido por el artículo 264 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, la denegada apelación es el recurso que puede interponer el afectado ante el tribunal de segundo grado contra la negativa del juez de primera instancia para admitir la apelación; por ende, la materia de dicho recurso es, únicamente, el cúmulo de consideraciones lógico jurídicas que informan el desechamiento de la apelación primigeniamente interpuesta. Es decir, se coincide con lo resuelto por el juzgador de alzada en el sentido de que, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, en aras de salvaguardar el principio de seguridad jurídica, la eventual ilegalidad de la providencia inicialmente impugnada a través de apelación, es ajena al análisis de las argumentaciones esgrimidas en contra del desechamiento de aquél medio ordinario de defensa. En este tenor, tratándose de procedimientos orales (cuya naturaleza jurídica comparte la contienda de origen), para la impugnación de las resoluciones ahí emitidas, resulta necesario atender a las previsiones contenidas en los arábigos 891 a 894 del cuerpo de leyes en comento, de los que deriva: a título de regla general, que las resoluciones emitidas dentro de los juicios orales serán impugnables a través del recurso de revocación, apelación o denegada apelación, según corresponda, los que se tramitarán y sustanciarán conforme a las disposiciones del Título Sexto del Libro Primero de la ley adjetiva civil local; y a título de excepción o reglas especiales: que los decretos y autos pronunciados en las audiencias que no se contemplen como revocables o apelables, serán irrecurribles; y que dentro de las audiencias en los juicios orales: la revocación sólo procede en contra de las siguientes resoluciones: la que no admita prueba; y la que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes; y la apelación sólo procede en contra de: el auto que resuelva sobre excepciones procesales y cosa juzgada; los autos que resuelvan incidentes de nulidad de actuaciones y notificaciones y el de recusación de peritos; las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio; y la determinación que niegue alguna medida. En el caso, la providencia inicialmente impugnada (el auto en que se recibió el oficio a través del que se fijaron de días y horas para llevar a cabo la convivencia supervisada, previamente ordenada en sentencia definitiva), se emitió fuera de audiencia y no encuadra en ninguno de los supuestos a que se refieren los artículos de previa inserción; razón por la cual, para decidir sobre su impugnabilidad, es necesario atender a la regla general. En ese tenor, de los artículos 225, 236, 237, 245 y 232, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, se colige: las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio. el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados. la apelación puede admitirse en efecto devolutivo y suspensivo, o solo en el primero. los autos son apelables cuando deciden un incidente o existe disposición expresa sobre el particular, siempre que lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicten; y contra los autos que no son apelables procede la revocación. Así, conforme a lo previsto por la ley adjetiva civil local, la impugnación vía apelación, procede en tratándose de autos, en los siguientes supuestos: cuando se decida, de manera discrecional, el valor de un negocio; cuando el juez que conozca de la inhibitoria se niegue a liberar el oficio en el que se requiera al juez que se estime incompetente para que se abstenga de conocer del negocio; contra el auto que recaiga a la revisión del cumplimiento de las resoluciones que deban tener lugar fuera del local del juzgado; cuando se requiere a las partes para que amplíen el litigio a las cuestiones no propuestas en el libelo inicial; contra el auto que desecha pruebas; contra el auto que declare confesa a una parte y el que niegue esta declaración; cuando se decida la regulación de los honorarios de peritos, siempre que la misma exceda de mil pesos; contra los autos que decidan un incidente o sobre los que exista disposición especial para ello, si, además, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicten; cuando se desecha la demanda; cuando se conceda o niegue la medida de exhibición de determinadas cosas, documentos libros o papeles; contra el auto que niegue la emisión de las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente; cuando se niegue despachar la medida precautoria sobre alimentos provisionales; cuando en la medida de separación de cónyuges se afecte la situación de los menores o del cónyuge que deba permanecer en el domicilio común; contra la resolución que decida la procedencia o improcedencia de las medidas preparatorias, de aseguramiento y precautorias; cuando se niegue la ejecución de la sentencia; cuando, en los supuestos que no hubiere postura ilegal, se decide sobre la adjudicación directa al ejecutante; cuando se declare fincado el remate; contra el auto que decide la oposición del deudor al concurso necesario; contra el auto que decide la declaración de herederos ab-intestado; contra el auto que niegue otorgar al cónyuge, la posesión y administración de los bienes de la sociedad conyugal, con intervención del albacea; cuando se apruebe o repruebe la rendición de cuentas relativas a la administración del caudal hereditario; cuando se decida sobre la formalidad del testamento privado; y contra los autos emitidos en los juicios hipotecarios que: nieguen la admisión de la demanda; no admitan pruebas o declaren fincado el remate. Bajo este contexto, como se precisa en la resolución de alzada reclamada, contra la providencia primigeniamente apelada (el auto en que se recibió el oficio a través del que se fijaron de días y horas para llevar a cabo la convivencia supervisada, previamente ordenada en sentencia definitiva), procedía el recurso de revocación, conforme las disposiciones específicas contenidas en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; por ende, deviene inconcuso que para lograr que lo ahí decidido fuera modificado, revocado o nulificado, por la autoridad judicial responsable, la parte quejosa debió interponer el medio de impugnación de que se trata en los términos que prevé el precepto invocado. De manera tal que al no hacerlo así, se imponía desechar el recurso de apelación y, consecuentemente, confirmar la resolución combatida a través del diverso de denegada apelación. Por tanto, la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho en la medida que más allá de los argumentos dados por la quejosa en contra del auto de tres de febrero de dos mil veintidós, se salvaguarda el principio de seguridad jurídica respetando las reglas existentes en torno a los medios de impugnación existentes y procedentes en las determinaciones adoptadas en un juicio oral ordinario, como del que deriva el acto reclamado. Dicho lo anterior, la quejosa en el primero de los conceptos de violación, se insiste en combatir la ilegalidad en la que, desde el punto de vista de la parte peticionaria, incurrió el juez primario para la determinación de los días y horario en que debe llevarse la convivencia supervisada entre el progenitor no custodio y el menor hijo de las partes, circunstancia que, por sí misma, torna en inatendibles los argumentos relativos, pues se insiste lo que es materia de estudio constitucional es lo acertado o no en denegar la apelación intentada por la quejosa en contra del proveído de tres de febrero de dos mil veintidós. Idéntica calificación resienten los señalamientos contenidos en el segundo motivo de disentimiento, atento a que la presunta parcialidad del juez natural, en su caso, debió destacarse en instancia y fuero diverso; mientras que las cuestiones relacionadas al rubro de pensión alimenticia fueron ya dirimidas en la contienda natural y ninguna relación guardan con los tópicos propios de la litis constitucional. En adición a que, contrario a lo expuesto por la quejosa, desde la sentencia definitiva se estableció, de manera categórica y contundente, que no existía "(.) riesgo ni problema en la convivencia del menor con su padre (.)"; por ende, la afirmación que sobre el particular esgrime carece de sustento probatorio alguno. También resulta ineficaz el tercer concepto de violación, pues no se advierte que en agravio de la quejosa se haya inobservado el principio de igualdad procesal. Ello es así, pues al margen que, se insiste, lo que es materia de estudio en esta oportunidad solo radica en lo correcto o no de denegar la apelación a la quejosa, lo cierto es que Grisel Jacqueline Ramírez Aldana con la asesoría y patrocinio del mandatario judicial que al efecto designó participó activamente en la relación jurídico procesal afecta al contradictorio de origen, en la medida de que, en respeto a sus derechos humanos de audiencia y defensa: instó la demanda original, ofreció y desahogó pruebas, participó en las audiencias, alegó y obtuvo el dictado de una sentencia que dirimió la contienda originalmente planteada. Actos procesales que, se reitera, llevó a cabo conforme convino a sus intereses, mediante el auxilio y representación jurídica que recibió del profesional que al efecto contrató. Así, el litigio de origen se desarrolló en un plano de igualdad entre los contendientes, sin que se advierta indicio alguno del que pudiera concluirse lo contrario, puesto que las partes comparecieron al ejercicio de las acciones y excepciones ahí dirimidas, a través de sus abogados, a un procedimiento en el que se respetaron las formalidades esenciales del mismo y en el que, como se desprende de antecedentes, no emerge a título manifiesto e indudable que el actuar de uno pusiera en desventaja al otro respecto de la contienda ahí dirimida. Por lo tanto, en un plano de equidad procesal, cada uno de los contendientes ofrecieron y desahogaron los medios de convicción que estimaron pertinentes para que, eventualmente, prevaleciera su postura frente a la del otro teniendo las mismas oportunidades de impugnación conforme las reglas previamente establecidas en la legislación local correspondiente; sin que ello, se reitera, pusiera de manifiesto la ilegalidad o el abandono a la defensa de las prerrogativas fundamentales del menor involucrada en la contienda. En este panorama, los conceptos de violación se estiman jurídicamente ineficaces para conceder el amparo y protección constitucional instados sin que el beneficio procesal de suplencia de la queja permita arribar a diversa determinación. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución igualmente reclamados, cuenta habida que no se impugnaron por vicios propios sino que su inconstitucionalidad se hizo derivar de los atribuidos a la responsable ordenadora. SÉPTIMO. Análisis de fondo (juicio de amparo indirecto 276/2022). Los conceptos de violación resultan jurídicamente ineficaces para conceder el amparo y protección constitucional instados sin que el beneficio procesal de suplencia de la queja permita arribar a diversa determinación. En el primer motivo de disentimiento la quejosa destaca la violación a sus fundamentales derechos, aduciendo: i) violación a las formalidades esenciales del procedimiento, atento a que no le fueron notificados el horario y los días en que se llevaría a cabo la convivencia supervisada entre el tercero interesado y el menor hijo de las partes; razón por la cual, sostiene, careció de la posibilidad de exponer si se encontraba o no en condiciones de cumplir con lo así ordenado; ii) exceso de atribuciones de la jefa de los Centros de Convivencia al admitir la posibilidad de que la entrega recepción del menor puede llevarse a cabo por cualquier persona; y iii) omisión para juzgar con perspectiva de género. En el segundo concepto de violación, la peticionaria insiste en que las autoridades judiciales responsables fueron omisas en juzgar con perspectiva de género; y En el tercer concepto violatorio, la quejosa sostiene que se viola en su perjuicio el principio de igualdad procesal puesto que, desde su perspectiva, el juzgador primario fue parcial en favor del ahora tercero interesado "(.) y trató a la suscrita y a mi menor hijo con desdén (.)." De inicio, cabe precisar que con independencia de que el auto de tres de febrero de dos mil veintidós, pudiera es susceptible de ser impugnado a través del recurso ordinario de revocación que prevé la ley adjetiva civil local; la realidad es que atendiendo a la calidad de uno de los peticionarios (menor de edad) y a que el precitado medio de impugnación, por sí mismo, excluye la posibilidad de obtener la suspensión del acto reclamado, es que se exime a la parte quejosa de la obligación de observar el principio de definitividad. Sostiene lo así expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 990, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Las consideraciones planteadas en los incisos i) y ii) del primer concepto de violación, resultan jurídicamente ineficaces. Cierto, la institución jurídica de la cosa juzgada es concebida como el atributo, calidad o definitividad que adquieren los fallos o sentencias que emanan de un órgano jurisdiccional; por tanto, se precisa que una sentencia adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando reviste la calidad de imperio, de ahí que sus requisitos de eficacia sean la inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad. El primer elemento consiste en que la ley impide todo ataque ulterior tendente a obtener la misma revisión de lo decidido en la sentencia, conocido como non bis in idem; el segundo consiste en la inmodificabilidad de la sentencia, lo que implica que en ningún supuesto, de oficio o a petición de parte, otra autoridad podrá alterar los términos de dicha sentencia que adquiere la calidad de cosa juzgada; y, el tercero se identifica con la eventualidad de la ejecución forzada. Entonces, si la sentencia adquiere el atributo de cosa juzgada, no pueden desconocerse o volverse a examinar las cuestiones que fueron objeto de debate, pues sería contrario a la garantía de seguridad jurídica, lo que impide renovar el mismo debate en el futuro. De esa forma, la finalidad de la autoridad de la cosa juzgada consiste, esencialmente, en evitar que pueda replantearse en un futuro la misma controversia sobre situaciones jurídicas discutidas en un anterior proceso, y se dicten sentencias contradictorias, ya que atiende a factores de oportunidad, utilidad social y economía de jurisdicción. Por ende, la institución jurídica de la cosa juzgada encuentra fundamento en el artículo 17 de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia; razón por la cual, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado. De ahí que, incluso, ni la suplencia de la queja deficiente puede violentar la autoridad que implica la cosa juzgada. Norman lo expuesto, la jurisprudencia y tesis cuyos datos de localización, rubro y texto se insertan enseguida: Registro digital: 168959 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 85/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 589 Tipo: Jurisprudencia "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." Registro digital: 167056 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a. XC/2009 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, junio de 2009, página 289 Tipo: Aislada "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN AMPARO DIRECTO. NO DEBE LLEGAR AL EXTREMO DE VIOLENTAR O INAPLICAR LOS PRINCIPIOS DE CONTINENCIA DE LA CAUSA Y DE COSA JUZGADA. No es jurídicamente válido suplir la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en un segundo juicio de amparo directo promovido contra la resolución dictada en cumplimiento de otro juicio de garantías en el que se plantearon únicamente cuestiones de legalidad y donde además se emitió un pronunciamiento sobre las mismas consideraciones expresadas en el acto reclamado, pues si bien la suplencia de la queja consiste en perfeccionar la argumentación del beneficiado, ello es únicamente respecto de la litis que se resuelve y mediante argumentos que por su esencia podría expresar cualquier gobernado; de ahí que dicha suplencia no puede llegar al extremo de considerar válido un argumento contrario a las normas que rigen el procedimiento de amparo, las cuales son de orden público y de cumplimiento inexcusable. En efecto, la suplencia de la queja deficiente tiene como fin que sean el imperio de la ley y la correcta aplicación del derecho, y no la situación desventajosa del beneficiario de esta medida, lo que determine el sentido de las resoluciones; por tanto, en el supuesto referido aquélla no debe llegar al extremo de violentar o inaplicar los principios de continencia de la causa y de cosa juzgada pues, por una parte, se incluiría un elemento extraño en la litis de un juicio ya concluido y que no se contiene como materia de litis en el segundo juicio de amparo y, por otra, el análisis de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el segundo juicio de garantías implicaría estudiar nuevamente la constitucionalidad de un argumento emitido por la autoridad responsable, que ya fue declarado constitucional en la sentencia definitiva ejecutoriada dictada en el primer juicio de amparo, cuyos efectos deben considerarse definitivos, incontestables e inatacables al vincular a las partes." Sobre esta base, la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, para los efectos que aquí interesa, ha adquirido la categoría de cosa juzgada en el rubro del régimen de convivencia supervisada que debe regir entre D.M.T.R. y el tercero interesado Julio César Torres Méndez, bajo la modalidad de entrega recepción y con el auxilio del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia "(.) en los días y horarios establecidos por éste, por al menos tres días y tres horas por ocasión." Régimen de convivencias que se constituye como un derecho fundamental del menor contemplado implícitamente en el artículo 4° constitucional, y expresamente previsto en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este se caracteriza como un "derecho-deber", pues en realidad se trata del derecho de convivir y recibir visitas que tiene el menor frente al deber del progenitor no custodio y, a su vez, del derecho que tiene este último de visitar y convivir con su hijo. Así, el derecho fundamental de convivencias goza de gran trascendencia en el ámbito familiar, puesto que resulta una medida tendiente a reactivar la convivencia familiar con el progenitor que no ostenta la titularidad de la guarda y custodia. A través de la convivencia se pretende asegurar la continuación de las relaciones paterno-filiales con ambos progenitores de forma regular, cuya finalidad es salvaguardar el derecho de los menores de edad a vivir en familia, asegurando así el sano desarrollo de su personalidad. En la inteligencia de que para proteger el derecho de los menores a mantener relaciones personales y de trato directo con sus padres de forma regular, el Estado tiene a su cargo la obligación de encontrar los mecanismos para garantizar su ejercicio. De tal forma que al implementar el régimen de convivencia a favor del progenitor no custodio, la autoridad judicial debe tener como eje rector el principio de interés superior del menor atendiendo a las circunstancias particulares del caso en concreto. Por ende, atendiendo a la calidad de cosa juzgada que asiste al régimen de convivencias apuntado y, tomando en consideración las premisas enunciadas en los párrafos que anteceden, resulta jurídicamente inadmisible, ni aún aplicando los principios de suplencia de la queja e interés superior del menor, emitir pronunciamiento alguno que vaya en contra de lo así decidido o que dificulte su implementación; máxime, cuando como acontece en el caso, en la propia litis natural se destacó la inexistencia de riesgo o problema en la convivencia del infante con su padre. Sobre esta base, la única reserva que debería atenderse para ejecutar la sentencia en ese rubro derivaba, precisamente, de la disponibilidad del Centro de Convivencias Supervisadas, en cuanto a días y horarios para la asistencia del menor y el padre no custodio. Fue por ello que, previa promoción del tercero interesado, en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se instruyó a la titular de los Centros de Convivencia Supervisada adscrita a la Dirección de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de León, para señalar "(.) las fechas y horarios para que se lleve a cabo la entrega recepción del menor de iniciales D.M.T.R. ordenada en el considerando noveno de la sentencia de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintiuno, en virtud de lo que menciona, se tiene al promovente informando que su mandante labora hasta las 14:30 horas, lo anterior a considerar se señale horario a partir de las 15:00 horas para la cita al DIF; (.)" (fojas 345 y 346 del tomo del tomo de pruebas I). Lo destacado es propio. Providencia que fue notificada a las partes por lista publicada el veinticinco de enero de dos mil veintidós; sin que se advierta que la quejosa hubiera combatido lo así decidido o, en su defecto, en ejercicio de las prerrogativas procesales propias, hubiera manifestado imposibilidad alguna para que las convivencias se finaran en los términos propuestos por el tercero interesado. Fue por ello que mediante oficio DIF DANNA/0385/CCS2/0038/2022, de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, la titular de los Centros de Convivencia Supervisada adscrita a la Dirección de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de León, indicó "(.) que el Centro de Convivencia Supervisada 2, asigna estos días y horarios disponibles los días lunes, martes y jueves de cada semana, siendo la entrega a las 15:30 horas y la recepción a las 18:30 horas de cada día, dando por inicio el día lunes 14 de febrero del 2022, y así los subsecuentes días, se comenta que como se refiere dentro de la sentencia, el niño puede ser presentado por un tercer emergente a quien se le brindará la inducción correspondiente a esta modalidad de convivencia, debiendo acatar en todo momento las indicaciones que el personal a cargo les comenten, así como las medidas de sanidad (.). (foja 352 del tomo del tomo de pruebas I). En esa condición, el señalamiento del horario y días precitados para ejecutar la sentencia definitiva, en el rubro de convivencias supervisadas entre D.M.T.R. y el tercero interesado Julio César Torres Méndez, bajo la modalidad de entrega recepción, carece del alcance necesario para estimar violados los fundamentales derechos de Grisel Jacqueline Ramírez Aldana. Ello es así, cuenta habida a que en adición a los principios constitucionales, convencionales y legales ya enunciados respecto del régimen de convivencias, así como la ausencia de peligro en la convivencia supervisada que debe prevalecer entre el menor de edad y su padre no custodio; la propia quejosa fue omisa en pronunciarse sobre la propuesta del tercero interesada acordada el veinticuatro de enero de dos mil veintidós y notificada el veinticinco de los referidos mes y año, es decir, sobre la pretensión del tercero interesado para que la convivencia supervisada se materializara en un horario determinado (derivado de las actividades laborales que le son propias). Por tanto, la peticionaria debe soportar las consecuencias de su actuar omisivo y, mientras prevalece el horario y días determinados, acatar en sus términos el régimen de convivencias supervisadas establecido en favor del padre no custodio; ello con independencia de que, en ejercicio de sus prerrogativas procesales, inste en la vía idónea lo que estime conducente para variar tanto el propio régimen como los días y horas en que debe materializarse. En abundamiento, la eventual imposibilidad de llevar a su hijo a las sesiones de convivencia supervisada en los términos y disponibilidad fijadas por la autoridad adscrita al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, carece del alcance y valor necesarios para justificar su incumplimiento, puesto que en principio, fue omisa en ofrecer y desahogar ante el juez primario los medios de convicción que así lo demuestren; y por la otra, únicamente la entrega del menor admite la posibilidad de que se realice por persona diversa (designada por la madre), más no así la recepción la que, como se estableció, es carga exclusiva del progenitor. Estimar lo contrario, implicaría que la ejecución de las sentencias y el pleno ejercicio del derecho humano de convivencias del menor con el padre no custodio (que lleva implícito su sano desarrollo e integración al núcleo familiar paterno), quedaría al arbitrio de la quejosa, lo cual resulta jurídicamente inadmisible; máxime que como se desprende de las constancias afectas al sumario, a partir de que se señaló horario y días para el régimen de que se trata, la hoy peticionaria ha sido omisa en asistir a las sesiones programadas lo cual evidentemente pone en riesgo la interacción del menor con su padre y familia paterna en detrimento, únicamente, del infante referido. Finalmente, se analizarán de manera conjunta los argumentos contenidos en el inciso iii) del primer concepto de violación, así como el segundo y tercero de los motivos de disentimiento. Carece de razón la peticionaria cuando afirma que las autoridades judiciales responsables fueron omisas en juzgar con perspectiva de género. Así es, cabe recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estipulado que la obligación de los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género, puede resumirse en identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Esto es, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. Luego, el análisis judicial con perspectiva de género, tiene como objetivo cuestionar la neutralidad de las normas aplicables al caso concreto, a fin de vislumbrar en su caso, el efecto discriminatorio de dicho marco normativo y, por ende, el impartidor de justicia resuelva remediando tales efectos discriminatorios. En concordancia con lo precedente, la labor interpretativa del Máximo Tribunal de la Nación ha establecido que la igualdad en nuestro texto constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). Asimismo, el principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. Confrontando los principios en comento con las actuaciones habidas en el contradictorio de origen, en específico, las relacionadas con la ejecución del régimen de convivencias supervisadas, no se advierten elementos que, por sí mismos, permitan concluir ni aún a título presuntivo, que tales actuaciones hayan sido emitidas en un escenario que privilegiara la calidad de hombre del tercero interesado en detrimento del carácter de mujer que asiste a la peticionaria. Tampoco emerge, a título notorio o manifiesto, que la substanciación del contradictorio y, concretamente, la emisión de la providencia reclamada, se haya constituido como una infracción grave a las formalidades esenciales del procedimiento, en la medida de que respecto a la quejosa, durante la secuela procesal se respetaron sus derechos humanos de audiencia y defensa, contó con la posibilidad de aportar pruebas y alegatos e, incluso, la sentencia que decidió el fondo decretó la disolución del vínculo matrimonial, le concedió la guarda y custodia de su menor hijo e, incluso, se condenó a su contrario al pago de alimentos. De manera tal que no se visualiza un efecto discriminatorio en agravio de la quejosa, derivado en lo general del marco normativo que sustentó la contienda y, en lo particular, de que eventualmente el impartidor de justicia hubiera otorgado un trato desigual por la condición de mujer que le asiste. Por lo que se asevera que la emisión de la providencia tildada de inconstitucional, no puede conceptuarse como reveladora de que el juzgador de origen contravino el principio de igualdad, tampoco constituye una omisión de juzgar con perspectiva de género, menos aún se puede concluir que, a través de la misma, la quejosa fue discriminada o se constituyó como sujeto pasivo de violencia. De ahí que el acto reclamado no constituye un trato discriminatorio, ni puede conceptuarse como uno que soslaye la perspectiva de género y, consecuentemente, por su calidad de mujer, la haga objeto de desigualdad o violencia. En consecuencia, al resultar ineficaces los argumentos que integran los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que el principio procesal de suplencia de la queja permita arribar a diversa determinación. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución igualmente reclamados, cuenta habida que no se impugnaron por vicios propios sino que su inconstitucionalidad se hizo derivar de la atribuida a los de la responsable ordenadora. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 76 a 80 y 155 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. En el juicio de amparo indirecto 580/2022, la Justicia de la Unión, NO AMPARA NI PROTEGE a Grisel Jacqueline Ramírez Aldana en términos de lo establecido en el considerando sexto del fallo. SEGUNDO. En el juicio de amparo indirecto 276/2022, la Justicia de la Unión, NO AMPARA NI PROTEGE a Grisel Jacqueline Ramírez Aldana por su propio derecho así como en nombre y representación de su menor hijo D.M.T.R., en términos de lo establecido en el último considerando del fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Oscar Manuel Aguilar Espinoza, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el seis de junio de este año, comunicada a este órgano jurisdiccional, mediante oficio CCJ/ST/1927/2022, hasta el día de hoy veintinueve de julio de dos mil veintidós, oportunidad en que lo permitieron las labores del juzgado, asistido de Salvador López Espinoza, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERO INTERESADA JULIO CÉSAR TORRES MÉNDEZ, LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: PRIMERO. EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 580/2022, LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, NO AMPARA NI PROTEGE A ** EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL CONSIDERANDO SEXTO DEL FALLO. SEGUNDO. EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO **, LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, NO AMPARA NI PROTEGE A ** POR SU PROPIO DERECHO ASÍ COMO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO **, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO CONSIDERANDO DEL FALLO.

  4. Principal

    se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el once de julio del presente año y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo.

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