Grisel Garcia Hernández

Expediente 1131/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1131/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
06/10/2017

Partes del expediente

  • Grisel Garcia Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    ..... se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha.

  2. Principal

    ....el escrito de Grisel García Hernández, parte quejosa en este asunto... expídase a su costa copia certificada de la constancia que indica, y hágase entrega de la misma a la ocursante o a los autorizados para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorguen en autos para debida constancia.

  3. Principal

    ....la razón actuarial de la licenciada Laura García Pérez, Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la quejosa el proveído de veintidós de septiembre del año en curso, por los motivos ahí expuestos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, para los efectos legales procedentes, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa. EL AUTO DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE DICE . Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo presentada por Grisel García Hernández, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad capital; y otra autoridad, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. I. RADICACIÓN DE DEMANDA Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1131/2017/VI-A. II. DESECHAMIENTO Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo , se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En esa guisa, si del escrito de demanda se desprende que el acto reclamado consiste en la resolución de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, emitida en el toca 1669/2017, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la cual declara improcedente el recurso de queja interpuesto por la impetrante de garantías, contra el auto de veintidós de mayo pasado, dictado en el expediente 79/2016 del orden del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz; en el que a su vez, este último desechó de plano el recurso de revocación interpuesto contra el diverso acuerdo de veintiuno de abril de esta anualidad, donde se dejó a vista de la parte contraria, el desistimiento que hiciera la aquí quejosa de las pruebas periciales en ingeniería, que ofreciera en su escrito de contestación de demanda y reconvención; es inconcuso que nos encontramos ante un acto de naturaleza intraprocesal. Sentado lo anterior, conviene asentar que de acuerdo con los numerales 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal, 61 , fracción XXIII, 62 , y 107 , fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior, se tiene que la interpretación realizada por el Tribunal del país en torno a la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones. Así, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso; en cambio, salvo excepciones, la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, según la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Luego entonces, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Por lo tanto, no puede ser considerado como acto de imposible reparación aquél que tiene como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de actos son formales y desaparecen si el afectado obtiene sentencia favorable. Se invoca por similitud jurídica, la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/90, visible en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". En ese orden de ideas, es evidente que la resolución de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, emitida en el toca 1669/2017, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que declara improcedente el recurso de queja contra el auto de veintidós de mayo pasado, dictado en el expediente 79/2016 del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz; que a su vez, desechó de plano el recurso de revocación interpuesto contra el diverso acuerdo de veintiuno de abril de esta anualidad, donde se dejó a vista de la parte contraria, el desistimiento que hiciera la aquí quejosa de las pruebas periciales en ingeniería, que ofreciera en su escrito de contestación de demanda y reconvención, no implica una ejecución de imposible reparación, que afecten de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional del que México sea parte, sino que se trata de una transgresión a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales. Ello es así, dado que las violaciones que llegaren a cometerse al haberse declarado improcedente el citado recurso de queja, al encontrarse aún en trámite el procedimiento de origen, pueden quedar subsanadas con posterioridad, si en el caso, la resolución que se dicte en el expediente resultara favorable a sus intereses, o bien al impugnarla por la vía directa, si así lo estima conveniente. Consecuentemente, toda vez que la parte quejosa no queda en estado de indefensión alguna, al ser parte en el juicio civil, del que deriva el acto combatido, a juicio de este Juzgado, el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a su favor, además de que esa circunstancia no implica, necesariamente, que el fallo dentro del referido asunto, deba ser contrario a sus intereses. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página mil quinientos treinta y nueve del Libro 6, Mayo de dos mil catorce, Tomo III, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Se cita por sus consideraciones, la tesis aislada 2a. XLVIII/2015 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil setenta, Libro 19, Tomo Uno, de Junio de dos mil quince, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO." En esa guisa, se concluye que del análisis del acto reclamado antes especificado, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. Lo anterior tiene apoyo además en la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." III. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de su demanda y como sus autorizados, en amplios términos que establece el artículo 12 de la ley de la materia, a Rodolfo Leandro Arellano Sánchez, Leticia Álvarez López y Edgar Adrián Alegre Reyero, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que tienen registradas su cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y con las restricciones que impone dicho numeral a Luis Ángel Marín Álvarez y Franco Feria Tetzoyolt, por no contar con el registro correspondiente. Finalmente, para un mejor manejo del expediente, consérvense por separado en el local de la Secretaría de este Juzgado, las ocho copias de la demanda que allegó la parte promovente a su escrito de demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Joel Hernández Jiménez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ...Agréguese el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, mediante el cual informa sobre el cumplimiento que dio al fallo protector y remite las constancias con las que acredita el mismo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso c) y 196, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, para que, en el término de tres días, contado a partir de que les sea notificado el presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga; en el entendido que transcurrido tal plazo, esta autoridad se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia con base en las constancias que obran en autos...

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