Greta Mariana Martinez Corona
Expediente 1142/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1142/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Greta Mariana Martinez Corona
Actuaciones
- Principal
VII. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de tres de septiembre del dos mil diecinueve, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de José Nerio Ojeda Echeverria, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
VII. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el escrito aclaratorio signado por la quejosa GRETA MARIANA MARTÍNEZ CORONA, mediante el cual desahoga la prevención efectuada en proveído de veintiocho de agosto del año en curso. Por tanto, vista la demanda de amparo promovida por GRETA MARIANA MARTÍNEZ CORONA, contra los actos que reclama del Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y de otra autoridad; con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Por tanto, de la lectura de dicha demanda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En efecto, la parte quejosa reclama del Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y del Actuario adscrito a dicho Juzgado, la nulidad de la notificación de los autos de dieciséis de mayo y de cinco de junio, ambos del presente año, en el expediente 679/2018, del índice del ya mencionado Juzgado, mediante los cuales se le informa la citación para la audiencia preliminar que se llevó a cabo el veinticuatro de junio pasado, y la determinación hecha sobre el régimen de convivencia respecto de su menor hijo con su padre. Asimismo, de lo manifestado por la propia parte quejosa en su escrito de demanda, específicamente en el apartado V), puede advertirse claramente que es parte formal en el juicio del cual deriva el acto reclamado, ya que textualmente expresa (folio 3): "En fecha veintidós de febrero del año 2019 fui notificada sobre una demanda de Perdida de Patria Potestad instalada en mi contra por señor Hugo Cardoso Villaseñor, la cual le di contestación y reconvención el día 1 de marzo de los presentes." Con lo anterior se pone de manifiesto que al ser la quejosa parte en el juicio natural, y al tomar en cuenta que los autos que aduce no le fueron notificados, no constituyen técnicamente un emplazamiento al juicio sino la notificación de cuestiones no principales dentro del juicio, respecto del cual la parte inconforme se ostenta como parte, mismas que pudo recurrirlas ante la propia autoridad responsable, mediante el incidente de nulidad de notificaciones, tal y como lo dispone el artículo 227 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, el cual establece lo siguiente: "Artículo 227. Las notificaciones que se practiquen en forma distinta de la prevenida en este Capítulo son nulas y el servidor público que las autorice, se hace acreedor de una multa de diez a treinta veces el salario mínimo, y debe además responder los daños y perjuicios que se hayan originado por su culpa. La parte agraviada puede promover ante el mismo Juez que conozca del asunto el incidente sobre declaración de nulidad, dentro de los tres días siguientes a aquél en que tenga conocimiento de la notificación. Este incidente no suspende el curso del procedimiento." Refuerza lo antes argumentado la tesis I.2o.C.37 C sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que dice: NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE PROMOVERSE, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA QUEJOSA SE OSTENTA COMO PARTE EN UN JUICIO Y ARGUMENTA QUE NO SE LE "EMPLAZÓ" AL INCIDENTE DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS QUE RECLAMA, EN VIRTUD DE QUE LA CITACIÓN A ÉSTE NO CONSTITUYE TÉCNICAMENTE UN EMPLAZAMIENTO. Cuando en la demanda de garantías la quejosa se ostenta como parte en un juicio, y argumenta que no fue notificada de la existencia de un incidente, debe interponer el incidente de nulidad de actuaciones antes de acudir al amparo, conforme a los artículos 74 y 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establecen que puede invocarse la nulidad de una actuación cuando le falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes. Destacando que si bien es cierto que aunque la peticionaria de garantías afirme que no se le "emplazó" al incidente del que derivan los actos que reclama en el amparo, también lo es que la citación al incidente de referencia no constituye técnicamente un emplazamiento al juicio, sino la notificación de una cuestión no principal dentro del juicio respecto del cual la inconforme se ostenta como parte. En esa línea argumentativa, cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación, el juicio de amparo es improcedente, porque dicho acto puede ser nulificado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado de conformidad con el numeral antes señalado, el cual debe agotarse previamente al intentarse el juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. En consecuencia, al no haber agotado la parte quejosa el incidente de nulidad de actuaciones, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, en términos del artículo 113 del aludido ordenamiento legal, procede desechar la demanda de que se trata, por ser la misma notoriamente improcedente al carecer de definitividad el acto reclamado, pues al consistir éste en una determinación emanada de un tribunal judicial, constriñe a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Sirve de apoyo, por analogía, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/243, cuyo rubro y texto indican: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. De igual forma, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGUN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA.- Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia. En estas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por GRETA MARIANA MARTÍNEZ CORONA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, respecto del acto consistente en la nulidad de la notificación de los autos de dieciséis de mayo y de cinco de junio, ambos del presente año, en el expediente 679/2018, del índice del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Por otra parte, la quejosa también reclama el acto consistente en el acuerdo de trece de agosto del año en curso, mediante el cual la responsable declaró desierta la prueba pericial que ofreció en el controvertido de origen. Precisado lo anterior, es evidente que se reclama una violación procesal; sin embargo, debe determinarse si la misma puede ser combatida en amparo indirecto, por considerarse que afecta a las partes en grado predominante o superior. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que para establecer si una violación procesal causa una afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo que se dicte en contra de la sentencia definitiva, trascendiendo en el asunto de tal forma que no quedaría debidamente integrada la litis. En el caso, el suscrito estima que la demanda de amparo debe desecharse, al existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambas de la Ley de Amparo. Los citados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" La citada fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando así se prevea en alguna otra disposición de la propia ley; por su parte, el artículo 107, en sus ocho fracciones, establece los casos en el que gobernado podrá acudir ante el Juez de Distrito a solicitar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión y, particularmente, en la fracción V, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquéllos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado criterio en el sentido de que los actos de imposible reparación son aquéllos emitidos durante el juicio que afectan de manera directa derechos sustantivos como la posesión, la propiedad, la libertad, entre otros. Orienta lo anterior, aplicándose en sentido contrario, la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Del mismo modo, cobra aplicación la jurisprudencia siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." La propia Ley de Amparo, en su nuevo texto estableció que tales actos de imposible reparación son aquéllos emitidos durante el juicio que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte; debiendo entenderse entonces que la afectación de que se trata debe recaer en derechos como la posesión, la propiedad, la libertad, entre otros. Ahora bien, la quejosa reclama: "..La determinación hecha por la autoridad responsable al declarar desierta la prueba pericial psiquiátrica admitida en la audiencia preliminar de fecha veinticuatro de junio del año en curso (.)." Así, se estima que respecto de tal acto no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto prevista por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que no es un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, en la medida en que no impacta en algún derecho sustantivo de la quejosa, y en cambio, se trata de una violación de naturaleza intraprocesal susceptible de ser analizada y reparada, en su caso, en el juicio de amparo directo que se llegue a presentar en contra del sentencia dictada en el expediente número 679/2018. Lo anterior originó la jurisprudencia con el rubro siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO." Lo anterior, porque el acto reclamado consistente en la resolución de trece de agosto del año en curso, dictada en autos del expediente 679/2018, en la que el Juez responsable declaró desierta la prueba pericial psiquiátrica ofrecida por la quejosa, determinación que se reitera, no impacta algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, como puede ser, la libertad o la propiedad. Es dable citar al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia por contradicción de tesis con registro 190037, que a la letra dispone: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR GRETA MARIANA MARTÍNEZ CORONA, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acuerdo de trece de agosto del año en curso, mediante el cual la responsable declaró desierta la prueba pericial ofrecida por la quejosa. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA VII. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por la quejosa GRETA MARIANA MARTÍNEZ CORONA, mediante el cual pretende desahogar la prevención efectuada en proveído de veintitrés de los corrientes. Ahora, en el auto de referencia, se previno a la promovente para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del citado proveído, bajo protesta de decir verdad, manifestara a este Juzgado de Distrito manifieste si deseaba señalar, además de los proveídos de cinco de junio y trece de agosto, ambos del año en curso, como diverso acto reclamado, la falta de notificación personal del acuerdo de veintitrés de mayo del año en curso, en el expediente 679/2018 del índice de la responsable. Por lo que la quejosa señaló como actos reclamados los siguientes acuerdos: 1)Acuerdo de fecha veintitrés de mayo del dos mil diecinueve. 2)Acuerdo de fecha cinco de junio del dos mil diecinueve 3)Acuerdo de fecha trece de agosto del dos mil diecinueve Sin embargo, no señala el contenido de los acuerdos que le adolecen como peticionaria del amparo, siendo esto una irregularidad para la admisión de la demanda de que se trata; por lo que con fundamento en los artículos 108, fracciones V, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevéngase de nueva cuenta a la citada promovente de amparo, para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste con total claridad qué fue lo que se determinó en cada uno de los acuerdos que señala como actos reclamados, en el expediente 679/2018 del índice de la responsable. En la inteligencia que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la ley de Amparo, deberá acompañar las copias suficientes, para distribuirlas a las partes, mismas que forman parte integral de la demanda de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento hecho dentro del término señalado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en el antepenúltimo párrafo del numeral 114 en comento.
- Principal
MESA VII. Vista la demanda de amparo promovida por GRETA MARIANA MARTÍNEZ CORONA, contra el acto que reclama del Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, y de otra autoridad; por tanto, se acuerda: Fórmese el expediente respectivo, dese de alta y regístrese con el número 1142/2019. Ahora bien, de la revisión integral de la demanda de amparo, en el apartado de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que la parte quejosa hace mención de la falta de notificación personal del acuerdo de veintitrés de mayo del año en curso, en el expediente 679/2019 del índice de la responsable, sin que precise si lo señala como acto reclamado en este juicio. Siendo esto una irregularidad para la admisión de la demanda de que se trata; por lo que con fundamento en los artículos 108, fracciones V, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevéngase a la citada promovente de amparo para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste si desee señalar, además de los proveídos de cinco de junio y trece de agosto, ambos del año en curso, como diverso acto reclamado, la falta de notificación personal del acuerdo de veintitrés de mayo del año en curso, en el expediente 679/2018 del índice de la responsable. En la inteligencia que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la ley de Amparo, deberá acompañar las copias suficientes, para distribuirlas a las partes, mismas que forman parte integral de la demanda de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento hecho dentro del término señalado, se tendrán como actos reclamados únicamente los aludidos proveídos de cinco de junio y trece de agosto, ambos de dos mil diecinueve, emitidos en el expediente 679/2018. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el indicado para tal efecto en su demanda; y como su autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Efraín Antonio Encalada Burgos, y a las demás que señala, con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del aludido artículo, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las personas señaladas líneas arriba para que hagan uso de aparatos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de la adscripción, para que en caso de ser necesario, realice las notificaciones inherentes a este juicio en días y horas inhábiles.
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