Gregorio Zepeda Montiel

Expediente 113/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
113/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Gregorio Zepeda Montiel
  • Director Juridico del Municipio de Tlaxcala
  • Apolonio Flores Carreto
  • Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, siete de octubre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Queja

    Apizaco, Tlaxcala, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término establecido por el artículo 104 de la Ley de Amparo, sin que Edgar Pérez Rodríguez, en su carácter de Director Jurídico del Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala o Director Jurídico del Municipio de Tlaxcala, haya interpuesto reclamación en contra del proveído de treinta de agosto del año en curso, por el que se desechó su recurso de queja, se declara que el mismo ha causado estado. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno, conforme a lo establecido en el precepto 21, inciso d) de dicho acuerdo general. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que obra a foja 100 de autos, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido al quejoso y al tercero interesado, mediante proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria que concedió la protección constitucional; sin que ninguna de las partes realizara manifestación alguna. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En el caso, ********************, por conducto del apoderado, solicitó la protección constitucional contra el laudo dictado el diez de noviembre de dos mil veinte, por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, en el juicio laboral ********************de su índice. Seguida la secuela procesal, mediante sesión ordinaria celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, este Tribunal Colegiado dictó el fallo correspondiente en el que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. En su lugar, dicte otro, en el que: II.I. Proceda hacer efectivo el apercibimiento formulado en la audiencia en la que admitió la prueba de inspección y se tengan por ciertos los hechos que el actor pretendió probar con la misma, esto es, que el quejoso fue dado de alta en el régimen obligatorio de seguridad social el dieciséis de febrero de mil novecientos ochenta y uno, con número de seguridad social ********************, y causó baja el treinta y uno de octubre de dos mil nueve, habiendo cotizado 988 semanas durante 19 años. II.II. Niegue valor probatorio a la hoja de certificación de derechos exhibida por el instituto demandado, ante la presunción derivada del desahogo de la prueba de inspección. III. Ante los hechos demostrados por el actor, condene al instituto demandado al pago de la pensión por cesantía en edad avanzada por reunir los requisitos para obtener tal derecho, con la precisión de que se pronuncie conforme a derecho corresponda respecto de las prestaciones accesorias reclamadas por el actor. IV. Con libertad de jurisdicción realice un juicio sobre la verosimilitud del salario que señaló el trabajador en la demanda de origen; en el entendido de que deberá tomar en cuenta los referentes siguientes: la categoría y puesto del obrero; el salario mínimo general y profesional de la zona del lugar donde se desempeñó el trabajador, así como el salario real que se otorgaba en el periodo de los últimos cinco años anteriores a la conclusión de la relación laboral." Mediante oficio 3657/2021, este Órgano Jurisdiccional remitió el testimonio de dicha ejecutoria, así como los autos que sirvieron para el conocimiento del asunto a la autoridad responsable, para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se procedería en términos del precepto citado en último término. Posteriormente, mediante oficio MA.694/2021, la autoridad responsable remitió auto de quince de junio de dos mil veintiuno, por el que dejó insubsistente el laudo reclamado y ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente. Luego, a través del oficio MA.809/2021 la Junta responsable remitió copia certificada del laudo dictado el dos de julio de dos mil veintiuno, el cual es materia de estudio en la presente resolución de cumplimiento. Ahora, del examen de las constancias que obran en autos y del laudo dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la responsable: 1. Mediante proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el laudo de diez de noviembre de dos mil veinte, foja 75 de autos (Cumplimiento del lineamiento "I."). 2. En su lugar, dictó otro laudo, en el que (Cumplimiento del lineamiento "II."): < Hizo efectivo el apercibimiento formulado en la audiencia en la que admitió la prueba de inspección y se tuvieron por ciertos los hechos que el actor pretendió probar con la misma, esto es, que el quejoso fue dado de alta en el régimen obligatorio de seguridad social el dieciséis de febrero de mil novecientos ochenta y uno, que causó baja el treinta y uno de octubre de dos mil nueve, habiendo cotizado 988 semanas durante 19 años [páginas 9-13 del laudo examinado]. Para hacer patente lo anterior, a continuación, se plasma la parte conducente [Cumplimiento del lineamiento "II.I."]: "Así las cosas, EN ESTRICTO ACATAMIENTO A LA EJECUTORIA PRONUNCIADA POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO CON RESIDENCIA ACTUAL EN APIZACO, TLAXCALA, 27 DE MAYO DE 2021, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO NÚMERO ADL ******************** se hace efectivo el apercibimiento formulado en la audiencia en que se admitió la prueba de inspección y se tienen por ciertos los hechos que el actor pretendió probar con la misma, a saber: que fue dado de alta en el régimen de seguridad social el dieciséis de febrero de mil novecientos ochenta y uno, con número de seguridad social ********************; que durante 19 años cotizó 988 semanas en diversas empresas ********************, las cuales no se advierten en la hoja de certificación de derechos que ofreció el instituto demandado; y que fue dado de baja el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve." < Negó valor probatorio a la hoja de certificación de derechos exhibida por el instituto demandado, ante la presunción derivada del desahogo de la prueba de inspección [páginas 13-14 del laudo examinado]; lo que hizo de la siguiente manera [Cumplimiento del lineamiento "II.II."]: "De modo que la hoja de certificación de derechos que aportó el demandado para justificar la excepción de falta de conservación de derechos, carece de valor probatorio ante la presunción derivada del desahogo de la inspección en la que el Instituto fue omiso en exhibir la documentación requerida y por ende, EN ESTRICTO ACATAMIENTO A LA EJECUTORIA PRONUNCIADA POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO CON RESIDENCIA ACTUAL EN APIZACO, TLAXCALA, 27 DE MAYO DE 2021, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO NÚMERO ADL ********************, esta Junta le niega valor probatorio alguno a la Hoja de Certificación de Vigencia de Derechos exhibida por el Instituto Mexicano del Seguro Social ante la presunción derivada de la prueba de inspección." 3. Ante los hechos demostrados por la accionante, condenó al instituto enjuiciado al pago de la pensión por cesantía en edad avanzada por reunir los requisitos de ley, pronunciándose conforme a derecho respecto de las prestaciones accesorias reclamadas por el actor [páginas 15-17 y 29 del laudo que se revisa], lo que plasmó en el resolutivo tercero de la siguiente manera [Cumplimiento del lineamiento "III"]: " TERCERO.- Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgar y pagar al actor ********************, una PENSIÓN MENSUAL DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA por la cantidad salvo error u omisión de carácter aritmético a la cantidad de ********************/100 MONEDA NACIONAL), mensuales, a partir del 26 de marzo de 2018 un año anterior a la presentación de su escrito inicial de demanda, cantidad dentro de la que se encuentran contempladas las asignaciones familiares, así como a otorgarle la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicios de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia, aguinaldo e incrementos, en términos de los artículos 99, 128, 129, fracciones I, II y III, capítulo IV, 134, 167 y 172 de la Ley del Seguro Social de 1973, prestaciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social, deberá otorgar y pagar a la actora a partir del 26 de marzo de 2018; esto de conformidad con lo analizado y valorado en el considerando Cuarto, de la presente resolución, y a la ejecutoria de mérito que se cumplimenta". 4. Luego, con libertad de jurisdicción y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, realizó un juicio sobre la verosimilitud del salario que señaló el trabajador en la demanda de origen, el cual declaró inverosímil (por las razones que expuso), en consecuencia, para cuantificar la pensión reclamada, observó lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social abrogada anterior a la vigente en cuanto prevé que la misma no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general. Es decir, tomó en cuenta el salario mínimo general de dos mil dieciocho, el que asciende a la cantidad de $******************** pesos, luego, realizó la operaciones aritméticas correspondientes, acto seguido, condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgar y pagar a ********************, una pensión de cesantía en edad avanzada mensual por la cantidad de ********************pesos, así como a otorgarle asistencia médica, aguinaldo e incrementos, lo que plasmó de la siguiente forma [páginas 17-28 del laudo que se revisa] (Cumplimiento del lineamiento "IV"): "De conformidad con las operaciones aritméticas que anteceden, de cesantía en edad avanzada a la que se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgar y pagar al actor ******************** asciende a la cantidad de ********************/100 MONEDA NACIONAL) mensuales, a partir del 26 de marzo de 2018 (un año anterior a la presentación de la demanda), cantidad dentro de la que se encuentran contempladas las asignaciones familiares. Asimismo, se condena al demandado a otorgarle un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad de la pensión, sí como a incrementarle tal pensión en términos del artículo 172 de la Ley del Seguro social de 1973 y a otorgarle la asistencia médica en términos del Capítulo Cuarto Título Segundo de la Ley del Seguro Social aplicable al caso." 5. Lo expuesto hace patente que, la responsable cuantificó el pago de la pensión condenada sin necesidad de que ordenara la apertura del incidente de liquidación (Cumplimiento del lineamiento "V."). Consecuentemente, debe concluirse que la autoridad responsable cumplió los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución del mismo, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196 de la ley invocada.

  4. Queja

    Apizaco, Tlaxcala, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio 5902/2021 del índice de este tribunal, al que se anexa la boleta de turno de la que se advierte que el presente asunto quedó registrado para este órgano jurisdiccional. En conformidad con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 9/2021, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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