Gregorio Villanueva Aguilar

Expediente 582/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
582/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
27/06/2018

Partes del expediente

  • Gregorio Villanueva Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En términos del artículo 27 fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de veintisiete de junio de dos mil dieciocho: "Vista la certificación de cuenta, se advierte que existe un tomo de pruebas por devolver a la parte quejosa; por tanto, requiérase a la citada parte procesal a fin de que ocurra a este juzgado a recoger dentro del plazo de noventa días naturales el legajo de prueba que se formó con las constancias que exhibió, bajo apercibimiento que de no hacerlo, tendrán el mismo destino que el expediente principal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ".

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que existe un tomo de pruebas por devolver a la parte quejosa; por tanto, requiérase a la citada parte procesal a fin de que ocurra a este juzgado a recoger dentro del plazo de noventa días naturales el legajo de prueba que se formó con las constancias que exhibió, bajo apercibimiento que de no hacerlo, tendrán el mismo destino que el expediente principal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CAUSA ESTADO. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente. Notifíquese.

  4. Principal

    En términos del artículo 27 fracción I, en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho: " RECEPCIÓN ESCRITO ACLARATORIO. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por el quejoso ****; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, al tenor del ocurso en cuestión y anexos que se acompañan, se tiene a la parte promovente dando cumplimiento en sus términos al requerimiento contenido en autos. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la intelección integral de la demanda de amparo y sus anexos, se extrae como acto reclamado la resolución dictada el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, dentro del Toca ****, por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, por el cual revoca el auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, emitido por el Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente ****, por el que se declaraba procedente a propuesta de pago por parte del codemandado aquí quejoso ****. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Precisado lo anterior, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley invocada, impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro y texto es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Además, es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En términos del numeral invocado con antelación, se estima que la demanda de amparo que presentó la justiciable, es improcedente. En efecto, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. --- Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". De los preceptos invocados es factible determinar, que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente, tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, y respecto a remates, únicamente contra la que ordena en forma definitiva la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, ya sea que tales determinaciones se emitan en forma coetánea o no. Es decir, para que sea procedente el juicio de amparo indirecto, es menester que se dé alguno de los siguientes supuestos: Se haya ordenado en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación del inmueble rematado; o, Se ordene la entrega material de la posesión del bien rematado al adjudicatario. Para evidenciar que en la especie se actualiza el motivo de inviabilidad citado, conviene tener presente los siguientes antecedentes relevantes, los cuales se extraen de acuerdo a la certificación de cuenta, del juicio de amparo 573/2018, radicado en este Juzgado de Distrito, el cual es promovido por Anita Espíndola Rodríguez, en el cual obran las constancias que la autoridad responsable Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en el Toca Civil 332/2018, en el cual obra el acto reclamado por el aquí quejoso. Constancias que constituyen un hecho notorio para este órgano jurisdiccional y de las cuales se ordena recabar copia certificada para que obren agregadas en el presente asunto. Es aplicable la jurisprudencia XXII. J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 295, del Tomo V, enero de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Documentales a las que se les concede valor probatorio conforme los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2º. Así pues, de su contenido se puede destacar lo siguiente: 1. El **** Querétaro, dictó sentencia definitiva dentro del expediente **** de su índice, condenando a los demandados (de los cuales uno de ellos es el aquí quejoso), al pago de una cantidad por concepto de suerte principal, así como el pago de intereses ordinarios y moratorios. 2. El ****, el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro, dictó sentencia interlocutoria en la cual reguló la planilla de liquidación presentada por la parte actora en el juicio de origen, autorizándola por una cantidad determinada. 3. Seguido el juicio por sus trámites procesales el ****, se celebró diligencia de remate en tercera y pública almoneda sin sujeción a tipo, donde el Juez de la causa remató y adjudicó a favor de la actora el inmueble dado en garantía hipotecaria, quedando pendiente su fincamiento. 4. El ****, el aquí quejoso realizó una propuesta de pago, en la que depositaba una cantidad en favor del actor así como la parte alícuota del bien inmueble rematado, a lo que el Juez proveyó que no ha lugar de conformidad con su petición. 5. Inconforme con dicha resolución, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por la Segunda Instancia determinando la revocación del auto, para que diera vista a la parte actora con la propuesta realizada por el demandado. 6. Una vez que la actora dio contestación a la vista otorgada, en ****, el Juez de la causa resolvió procedente la propuesta de pago. 7. En contra de dicho auto, la parte actora en el juicio de origen, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, el ****, en cual resolvió fundados los agravios de la actora y en consecuencia revocó el auto de contestación a la vista otorgada, en ****, por las razones que expuso (acto que constituye el acto reclamado en la presente sede de control constitucional). En el caso justiciable, el acto reclamado es la resolución de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro del Toca ****, que resolvió el recurso de apelación intentado en contra del proveído de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en que el Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro, resolvió procedente la propuesta de pago, recurso que resulto fundado y en consecuencia revocó el auto impugnado. En ese orden de ideas, de la confrontación del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el acto reclamado citado, se puede determinar que no constituye de forma alguna el último acto de ejecución en la etapa de remate, en atención a que se tendrá con tal carácter, aquella determinación en la que el juez de origen ordene en definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del inmueble rematado al adjudicatario; lo que tiene su razón de ser en que, siendo el cumplimiento de las sentencias de orden público y de interés social, no puede paralizarse su ejecución con la promoción de diversos juicios de amparo, por lo cual debe aguardarse hasta la última resolución, para que pueda promoverse el juicio de amparo en su contra; ocasión en la cual podrán combatirse las violaciones que hayan existido en el procedimiento de remate, las cuales podrán ser reparadas en atención a los efectos restitutorios de la sentencia de amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1066, Libro 29, abril de 2016, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del numeral 107, aplicada a contrario sensu, así como los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En la inteligencia de que, con apoyo en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, subsiste el domicilio designado por la parte quejosa, así como los autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que refiere, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa...

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