Gregorio Santiago García
Expediente 434/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 434/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gregorio Santiago García
- Administrador General Desconcentrado de la Recaudación Oaxaca "1" Servicio de Administración Tributaria SAT
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que el auto de uno de julio de dos mil diecinueve, por el que se sobreseyó fura de audiencia el presente juicio, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haber sobreseído fuera de audiencia el presente juicio, así mismo, el original del incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse concedido la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la depuración de los mismos, lo cual se llevará a cabo con posterioridad al DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el original, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el término tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de veinte de mayo del año en curso, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del treinta de mayo al tres de junio de la presente anualidad, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, efectúense las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, hasta en tanto subsane dicha omisión. En otro orden de ideas, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca " 1 " , de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Oaxaca, Oaxaca ... Ahora bien, como lo solicita la autoridad responsable, ténganse como domicilio y delegados a los mencionados en su informe, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Asimismo, en términos del precepto 119 de la citada legislación, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las copias certificadas que anexa al informe de mérito, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ... visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la demanda de amparo que les dio origen, se advierte que el quejoso Gregorio Santiago García, señaló como acto reclamado, lo siguiente: " . LA ORDEN DE RETENCIÓN O BLOQUEO DE MI SUELDO QUE PERCIBO COMO PENCIONADO EN FORMA MENSUAL QUE ME DEPOSITABA EL ISSSTE ANTE LA SUCURSAL DEL BANCO BANCOMER, POR CONDUCTO DE LA CDI . " Por tanto, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe delimitarse la litis constitucional, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de amparo ... Así, del análisis armónico de la demanda de amparo y de las constancias que obran en autos del presente juicio, se tiene que la parte quejosa reclama esencialmente lo siguiente: La orden de bloqueo emitida por la Administración Desconcentrada de Oaxaca " 1 " , del Servicio de Administración Tributaria, respecto a la cuenta bancaria 14104833279 de banco Bancomer, a nombre del quejoso, así como su ejecución. Por tanto, este órgano de control de la constitucionalidad estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ( . ) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. ... El numeral transcrito establece lo que la doctrina jurisprudencial ha denominado principio de definitividad, acorde al cual el juicio de amparo indirecto es improcedente en el supuesto de que, contra el referido acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es decir, previo a la promoción del juicio de protección de derechos humanos, debe agotarse la jurisdicción ordinaria o de lo contrario, el medio de control constitucional será improcedente. Para que ésta hipótesis de improcedencia opere, se requiere que el acto reclamado provenga de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; que conforme a la ley que rija ese medio defensivo, los efectos del acto reclamado puedan ser suspendidos, y que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo al efecto. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver mediante ejecutoria de diez de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, la contradicción de tesis 12/99, determinó que para la aplicación de la causal de improcedencia en análisis, basta que alguna ley, formal y material, prevenga de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos sin solicitar mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Lo que significa que el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no están restringidos solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. ... Sentado lo anterior, conviene precisar que el principio de definitividad que rige el juicio de protección de derechos humanos, tiene que ver con la naturaleza jurídica del juicio de control constitucional, pues no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que sólo procede respecto a actos definitivos, con relación a los cuales no exista algún recurso cuya interposición pueda dar lugar a la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado; y en el supuesto de la fracción que se examina atañe a los actos de autoridades no judiciales, como lo son las administrativas o fiscales, el cual no es absoluto sino que admite algunas excepciones, a saber: a) No tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, si en virtud de la interposición de ellos no se obtiene la suspensión de los efectos de los actos de las citadas autoridades. b) Tampoco tendrán que agotarse esos recursos, juicios o medios de defensa legales, antes de promover el amparo, si para obtener la suspensión de los efectos de los actos de autoridad administrativa o fiscal, se exigen mayores requisitos que los que la Ley de Amparo señala para conceder la suspensión definitiva. c) De igual forma, no es indispensable la promoción del medio ordinario de defensa, cuando se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. d) Finalmente, el supuesto en examen prevé una excepción más al apuntado principio, que se actualiza en los casos en que el acto carezca de fundamentación, lo que se justifica, pues es inútil impugnar previamente lo carente de respaldo jurídico, que de suyo es inconstitucional en sí mismo, por violar el artículo 16 de la Carta Magna, dada la omisión de fundamentación; además por la propia naturaleza de los actos administrativos que de ordinario nacen de manera unilateral de parte de las autoridades sin intervención del particular, que de esa forma no tiene oportunidad de conocer, si la autoridad que la emite tiene competencia para hacerlo y si dentro de sus facultades se encuentra precisamente el actuar en la forma conocida, por lo que se hace imprescindible invocar su fundamentación para que el particular pueda defenderse de manera adecuada. ... es necesario agotar todas las instancias a que haya lugar antes de interponer la demanda de amparo contra un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ello con el fin de cumplir el principio de definitividad que, al igual que otros, rige el juicio de amparo, cuyo sustento descansa en su naturaleza extraordinaria. En efecto, podemos concluir que, como lo precisa el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. En ese contexto, el artículo 3, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [ . ] II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; [ . ] " De igual manera, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ordena: "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad.". Del primer artículo citado se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan, entre otros actos, contra las resoluciones dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. Por lo que respecta a la segunda disposición, se sigue que, en el caso sujeto a estudio, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en el citado ordinal 28, no estipula mayores requisitos que la Ley de Amparo para obtener la suspensión de los actos reclamados, de hecho, en ésta se establecen símiles exigencias al solicitante para obtener la medida cautelar (comparado con las establecidas en los numerales 128 y 129 de la Ley que rige a la materia); por consiguiente, se estima que no se actualiza las excepciones descritas en los incisos a) y b) citados con antelación. ... Ahora bien, de los anexos que integran el informe justificado rendido por la autoridad responsable denominada Administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca 1, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Oaxaca, Oaxaca, se aprecia que dentro del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades número PA - 079/2016, la Secretaría de la Función Pública, con sede en la Ciudad de México, emitió la resolución de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, donde se decretó imponer una sanción administrativa de inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término de un año y una sanción económica por el importe de $ 330,000.00 (trescientos treinta mil pesos 00/100 M. N. ) , girándose oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Oficina Recaudadora correspondiente, a efecto de hacer efectiva la sanción económica impuesta. Posteriormente, el Administrador Desconcentrado de Recaudación Oaxaca "1", con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el cuatro de abril de dos mil diecinueve, emitió el oficio 400 - 45 - 00 - 02 - 01 - 2019 - 772, dirigido al Banco BBVA Bancomer, S. A. , a efecto de que se inmovilizara la cuenta bancaria 1404833279, por el importe de $ 359,724.00 (trescientos cincuenta y nueve mil setecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional). Por tanto, el acto reclamado (orden de bloqueo de las cuentas bancarias a nombre de la parte quejosa), se ubica en la hipótesis de procedencia de asuntos de competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues se trata de una determinación de una obligación fiscal, donde se fijó la cantidad líquidas para su liquidación, por lo que, debe acudir ante la instancia ordinaria a reclamar la resolución administrativa que le causa perjuicio, así como la suspensión del bloqueo de la citada cuenta bancaria 1404833279. Por ende, es claro que, mediante el juicio contencioso administrativo pueden revocarse o nulificarse los actos reclamados, sin que del análisis realizado a la demanda de amparo, se advierte que en el caso se reclamen violaciones directas a la constitución o la ausencia de fundamentación y motivación del acto reclamado, por lo que tampoco se actualizan las excepciones descritas en el inciso c) y d). Lo anterior, pues de los argumentos expuestos en los conceptos de violación se advierte que tales derechos que se alegan vulnerados, lo son en virtud de cuestiones puramente de legalidad respecto del bloqueo de la cuenta bancaria reclamado, esto es, pretende reclamar una indebida fundamentación y motivación, no así una ausencia de éstas o la inconstitucionalidad de una norma. Máxime, que el acto reclamado, en esencia, consistente en la orden de retención o bloqueo emitida por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1" del Servicio de Administración Tributaria, respecto a la cuenta bancaria 1404833279 del Banco BBVA Bancomer, S. A. , a nombre del quejoso, no constituye un acto privativo de derechos, sino únicamente un acto de molestia, susceptible de ser modificado o revocado a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como se precisó en líneas precedentes. ... Por tanto, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, debido a que el acto que aquí se reclama no contraviene aspectos de constitucionalidad de leyes, ni constituye alguna violación directa a la Constitución y, la ley que rige el juicio contencioso, no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. Criterio que se robustece con la diversa jurisprudencia 2a . / J . 18/2015 (10a.), emitida en por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se aclara que cualquier resolución en la que se decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo, son actos de autoridad impugnables a través del juicio contencioso administrativo, lo que confirma la obligación de agotar el principio de definitividad previo al juicio de amparo. "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." (Lo resaltado es propio) En esta tesitura, es evidente que el promovente inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XX del numeral 61 de la ley de la materia, dado que la existencia de dicho medio defensivo se advierte en forma patente y se tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia actualiza la inobservancia del principio de definitividad que regula al juicio constitucional, se sobresee el presente juicio de amparo fuera de audiencia. ... En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. De igual forma, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que la autoridad responsable denominada Administrador General Desconcentrado de la Recaudación Oaxaca "1" Servicio de Administración Tributaria, con sede en Oaxaca, Oaxaca, no ha rendido su informe justificado; asimismo, que no obra en autos el acuse de recibo del oficio por medio del cual se le solicitó, del que se advierta que se encuentra legalmente notificada para ello. En ese tenor, resulta necesario requerir vía telegráfica a la autoridad Administrador General Desconcentrado de la Recaudación Oaxaca "1" Servicio de Administración Tributaria, con sede en Oaxaca, Oaxaca, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que sea legalmente notificada del presente proveído, se sirva informar la fecha en que recibió el oficio 12879/2019, y en su caso rinda su informe justificado, en la inteligencia que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 238 en relación con los numerales 237, fracción I, y 259, todos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y, en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la misma.
- Incidental
[...] Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Único. Se concede la suspensión definitiva que solicita Gregorio Santiago García, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando primero, atento a las consideraciones vertidas en el considerando segundo de esta resolución. [...]
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