Gregorio Sandoval Ramos

Expediente 1352/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1352/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
28/10/2015

Partes del expediente

  • Gregorio Sandoval Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que el quejoso, hubiese recurrido el auto de veintiuno de septiembre de dos mil quince, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; por medio del cual remite copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora, respecto del laudo dictado en el expediente laboral **. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "". Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de improcedencia en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, el cual hizo consistir en la omisión de emitir y notificar la resolución en forma de laudo, en el expediente laboral **. Al rendir su informe justificado, el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, manifestó que es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, hizo del conocimiento que el dos de septiembre de dos mil quince, se dictó la resolución en forma de laudo, en el expediente laboral **; remitiendo para tal efecto copia certificada del citado expediente, constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Razón por la cual, si el peticionario de amparo reclama la omisión por parte de la responsable en emitir y notificar el laudo en el expediente laboral **, y éste ya fue dictado y notificado a la parte actora, aquí impetrante de amparo, como se desprende de las constancias que obran en autos; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional. De ahí que si la etapa donde se conculcó el derecho fundamental fue la resolutiva, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. Bajo esa tesitura, el hecho de que la parte quejosa sostenga que la responsable ha sido omisa en administrar justicia pronta, imparcial y expedita en el juicio laboral de origen no significa que se esté vulnerando el precepto constitucional antes mencionado, dado que estimar lo anterior implicaría prejuzgar sobre la conducta futura que llevaría a cabo la autoridad laboral, es decir, un acto futuro de realización incierta. A tal determinación se arriba, ya que en caso de que tales conductas se llegaren a dar, podrían dar lugar a la promoción de un nuevo juicio de derechos fundamentales, lo cual guarda congruencia con el precitado criterio; de ahí que si la concesión del amparo no tendría un alcance mayor al de la etapa en que nos encontramos, a nada práctico llevaría la continuación de un juicio de protección constitucional. ... Por tanto, si el citado criterio fue superado por la jurisprudencia 2a. /J. 44/2007, que esencialmente contiene los mismos argumentos y directrices, es evidente que la intención de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, es que los temas relacionados con la violación a la garantía de pronta impartición de justicia, fueran a la luz del nuevo criterio adoptado. Máxime que el cambio de criterio se llevó a cabo al resolver el citado recurso de inconformidad 282/2013; medio de impugnación que está reservado a la etapa de ejecución de una sentencia de amparo, es decir, jurídicamente no era viable que, si la litis se centró en determinar si un juicio de amparo estaba cumplido o no, se pudiera abarcar el tema de sobreseimiento en tratándose de asuntos que se reclame la denegación de justicia por parte de autoridades laborales. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintiocho minutos del veintiocho de septiembre de dos mil quince. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CITATORIO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, SE PROCEDE A NOTIFICAR EL ACUERDO O RESOLUCIÓN DE 21/09 DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA, ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; por medio del cual remite copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora, respecto del laudo dictado en el expediente laboral **. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "". Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de improcedencia en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, el cual hizo consistir en la omisión de emitir y notificar la resolución en forma de laudo, en el expediente laboral **. Al rendir su informe justificado, el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, manifestó que es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, hizo del conocimiento que el dos de septiembre de dos mil quince, se dictó la resolución en forma de laudo, en el expediente laboral **; remitiendo para tal efecto copia certificada del citado expediente, constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Razón por la cual, si el peticionario de amparo reclama la omisión por parte de la responsable en emitir y notificar el laudo en el expediente laboral **, y éste ya fue dictado y notificado a la parte actora, aquí impetrante de amparo, como se desprende de las constancias que obran en autos; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional. De ahí que si la etapa donde se conculcó el derecho fundamental fue la resolutiva, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. Bajo esa tesitura, el hecho de que la parte quejosa sostenga que la responsable ha sido omisa en administrar justicia pronta, imparcial y expedita en el juicio laboral de origen no significa que se esté vulnerando el precepto constitucional antes mencionado, dado que estimar lo anterior implicaría prejuzgar sobre la conducta futura que llevaría a cabo la autoridad laboral, es decir, un acto futuro de realización incierta. A tal determinación se arriba, ya que en caso de que tales conductas se llegaren a dar, podrían dar lugar a la promoción de un nuevo juicio de derechos fundamentales, lo cual guarda congruencia con el precitado criterio; de ahí que si la concesión del amparo no tendría un alcance mayor al de la etapa en que nos encontramos, a nada práctico llevaría la continuación de un juicio de protección constitucional. ... Por tanto, si el citado criterio fue superado por la jurisprudencia 2a. /J. 44/2007, que esencialmente contiene los mismos argumentos y directrices, es evidente que la intención de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, es que los temas relacionados con la violación a la garantía de pronta impartición de justicia, fueran a la luz del nuevo criterio adoptado. Máxime que el cambio de criterio se llevó a cabo al resolver el citado recurso de inconformidad 282/2013; medio de impugnación que está reservado a la etapa de ejecución de una sentencia de amparo, es decir, jurídicamente no era viable que, si la litis se centró en determinar si un juicio de amparo estaba cumplido o no, se pudiera abarcar el tema de sobreseimiento en tratándose de asuntos que se reclame la denegación de justicia por parte de autoridades laborales. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintiocho minutos del veintiocho de septiembre de dos mil quince. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; por medio del cual remite copia certificada de la resolución en forma de laudo, dictado en el expediente laboral 01/49/15, por tal motivo, dése vista a las partes con dicha constancia para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. En ese contexto, por considerarse necesarias para resolver el presente asunto, con fundamento en artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de la constancia de notificación que haya realizado a la parte actora, respecto del laudo dictado en el expediente laboral 01/49/15-III; bajo apercibimiento que de no hacerlo así en el lapso que se le concede, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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