Gregorio Sanchez Vargas

Expediente 402/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
402/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Gregorio Sanchez Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Con esta fecha, se notifica a la parte quejosa la sentencia termianda de engrosar el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 402/2023, promovido por ********************. RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el once de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz ese mismo día, ******************** promovió juicio de amparo en contra un acto del Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Décimo Séptimo Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz (fojas 3 a 8). SEGUNDO. Mediante acuerdo de doce de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó admitir la demanda de amparo; requerir de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dar la intervención que le compete a Isidra Cardel Flores como tercera interesada en términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y al fiscal del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, así como fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 9 a 11). TERCERO. Agotada la secuela procesal por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 27) y las constancias de la notificación de la representación social de la federación (foja 16) así como el emplazamiento realizado a la tercera interesada (fojas 17 a 19) quien compareció a juicio mediante escrito recibido el treinta de mayo de la presente anualidad (fojas 21 a 23) quien objetó de falsa la firma plasmada en el escrito de demanda y solicitó se negara el amparo solicitado. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en la que se desechó el incidente de objeción de documentos planteado por la tercera interesada Isidra Cardel Flores, se continuó en sus etapas, quedando el expediente en estado de resolución, yCONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto que es susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales relacionados con la legalidad y debido proceso, así como el derecho de alimentos, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que la emisión del acto reclamado se atribuye a una autoridad residente dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles es el acto que se reclama al Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, siendo en este caso el siguiente: La resolución interlocutoria de fecha dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en los autos del juicio ordinario civil número 2063/2022/V del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de la Ciudad de Veracruz, Veracruz. Acto notificado por lista de acuerdos de dicho órgano jurisdiccional el propio dieciocho de abril de dos mil veintidós (foja 139). De esta forma, establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Décimo Séptimo Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, como se aprecia del contenido de su informe justificado (foja 27). Lo que además se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 2063/2022 de su índice, en las que se aprecia la resolución reclamada (fojas 128 a 139); documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley, y de las cuales se advierte la existencia de los actos que se reclaman. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. En el caso no se advierte, por quien aquí resuelve, alguna causa de improcedencia que se actualice, ni las partes las señalaron, por lo que se procede a analizar la constitucionalidad del acto reclamado, sin que se transcriban los conceptos de violación expresados pues no existe disposición legal que así lo exija. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la promovente resultan infundados por los motivos que se expresarán en párrafos posteriores, sin que se advierta queja que suplir en el caso en términos del artículo 79, fracción II de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO A título de premisas que servirán al suscrito juzgador para dar solución al asunto planteado, se esboza lo siguiente. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Dicho numeral contempla el derecho fundamental de legalidad, que se traduce en que las autoridades deben emitir sus actos conforme a la ley. Es ilustrativa del particular la tesis que se lee: "GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad". Por su parte, el artículo 16 de la Constitucional Federal, en lo conducente dispone: "(.) Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En el precepto constitucional transcrito se dispone que toda resolución de autoridad judicial competente debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, de ahí que, para cubrir cabalmente tal aspecto, la autoridad judicial aquí responsable, está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Máxime que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo y congruente de los puntos que integran la litis, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos aplicables al caso en concreto, que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como, en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas (hasta los criterios jurisprudenciales) aplicables al caso de que se trate, pues las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en un conflicto o litis que se les plantea. Ello atento a que en las resoluciones jurisdiccionales la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a fin de que el gobernado pueda advertir si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador estimó para resolver el debate. Son aplicables a lo hasta aquí dicho, los siguientes criterios: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." y; "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." De allí, que existe falta de fundamentación y motivación cuando la autoridad omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que consideró para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis que prevé la norma jurídica. Por otra parte, con relación a la figura de los alimentos, los artículos 242 del Código Civil y 210 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado, señalan: "Artículo 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos." "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días.- En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.- Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.- En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." La institución de los alimentos, ya sea que se decreten de manera provisional o definitiva, tiene como finalidad el otorgar a los acreedores lo necesario para su subsistencia, es decir, el garantizarles lo indispensable para sus necesidades más apremiantes, mediante el otorgamiento de los conceptos que señala el numeral 239 del Código Civil de la entidad, a través de una medida que respete el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 de ese ordenamiento, esto es, debe atender a las necesidades de la acreedora y a las posibilidades del deudor para satisfacerlas; aunado a ello, deben tomarse en consideración otras circunstancias, tales como el entorno social en que aquél se desenvuelve, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a que pertenece. Asimismo, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece el trámite procesal de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, en el cual se tomarán en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverla, así como las pruebas documentales que obren hasta esa etapa procesal; con lo cual se concede al deudor un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje fijado provisionalmente, pues el juzgador toma como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda y los documentos que aporta, en razón de la prontitud con que se ordena resolver; pero la reclamación debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales y justifica otras circunstancias que el propio juzgador no tuvo en consideración al fijar la pensión provisional o que apreció incorrectamente en el auto de inicio y que sean idóneas para tal fin. En otro aspecto, relativo al dictado de la resolución de reclamación debe señalarse que, de una correcta interpretación del artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se desprende que las sentencias (entendidas éstas en un sentido amplio) que emitan las autoridades civiles deben ser congruentes con la demanda y la contestación, así como con el resto de las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, decidiendo todos los puntos litigiosos del debate. De esto, se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado de toda resolución: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. El principio de congruencia, está referido a que la resolución debe ser congruente no sólo consigo misma, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna y externa. Entendida la primera como aquella característica de que la sentencia no contenga consideraciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por la segunda, que atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que la resolución no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio. Tiene aplicación en cuanto a este punto, la tesis cuyos datos, rubro y texto son: "SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. El principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En la especie, la incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones presentadas en el procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia sentencia se analiza y concede valor probatorio a pruebas que específicamente fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por dicha persona; luego, esto constituye una infracción al principio de congruencia que debe regir en toda sentencia." Es en la congruencia externa, donde queda comprendido el principio de exhaustividad, pues en la medida que la resolución resulte congruente con lo pretendido y lo alegado en la defensa, deberá también atender a todas y cada una de las cuestiones hechas valer sin dejar a un lado ninguna; es decir, debe ser exhaustivo en cuanto a todas las cuestiones que conformaron el proceso, dependiendo de la etapa en que se dicte la resolución. Éste principio de exhaustividad comprende obviamente la exigencia de que sean analizadas todas las pruebas aportadas por las partes, lo cual se justifica desde el punto de vista de que éste es el único medio a través del cual se les permite acreditar a las partes, y sostener, ya sea las afirmaciones en que fundan sus pretensiones, o bien aquellas en que sustentan sus excepciones y defensas. Hasta aquí las premisas. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable: 1). Por escrito de siete de noviembre de dos mil veintidós, ******************** promovió juicio ordinario civil donde demandó a Isidra Cardel Flores el cumplimiento y pago de pensión provisional alimenticia y, en su oportunidad definitiva de las percepciones y demás prestaciones que la demandada obtiene como pensionada del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como productora de caña de azúcar en el Ingenio Azucarero Modelo, Sociedad Anónima de Capital Variable. (fojas 30 a 34). 2). Por auto de catorce de noviembre siguiente, el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, acordó: admitir la demanda y radicarla con el número 2063/2022-V; fijar una pensión alimenticia de carácter provisional, a razón del 20% (veinte por ciento) del sueldo y demás prestaciones que la demandada obtiene como pensionada del Instituto Mexicano del Seguro Social así como productora de caña de azúcar en el Ingenio Azucarero Modelo, Sociedad Anónima de Capital Variable, y emplazarla a juicio (fojas 43 a 46). 3). Una vez emplazada la demandada, por escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, ésta contestó la demanda e hizo valer recurso de reclamación contra la pensión provisional alimenticia decretada (fojas 57 a 72). 4). Mediante proveído de diez de abril de dos mil veintitrés, se turnaron los autos a fin de resolver el recurso de reclamación interpuesto por la deudora alimentaria (fojas 126). 5). El dieciocho de abril de dos mil veintitrés, el juez responsable resolvió: regraduar la pensión provisional inicial del 20% (veinte por ciento) al 15% (quince por ciento) del sueldo y demás prestaciones de la demandada (fojas 128 a 139). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora de la lectura del escrito de demanda promovida por el aquí quejoso, se aprecia que expresó como conceptos de violación esencialmente lo siguiente: -Carece de fundamentación y motivación al establecer fundado y procedente el agravio de la reclamación para regraduar la pensión alimenticia, toda vez que la demandada exhibió un recibo de pago de nómina a su nombre correspondiente al mes de noviembre de dos mil veintidós, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que resultó un hecho novedoso para la autoridad responsable que perciba ingresos (el actor). -Que el juzgador no le dio valor probatorio a los recibos de nómina y estados de cuenta que el quejoso ofreció como pruebas, mismas con las que se acredita que sólo recibe la cantidad de $9,761.20 (Nueve mil setecientos sesenta y un pesos 20/100 M.N) mensual, debido a que la demandada Isidra Cardel Flores, recibe la cantidad de $47,248.57. (Cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho pesos 57/100 M.N) mensuales por concepto de pensión alimenticia que le descuentan de su pensión jubilatoria, y que la demandada recibe una pensión jubilatoria por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social por la cantidad de $32,668.1.5. (Treinta y dos mil seiscientos sesenta y ocho Pesos 15/100 M.N) mensuales. Al respecto debe decirse que no le asiste la razón al impetrante de amparo, puesto que se considera que la resolución reclamada cuenta con la debida fundamentación y motivación y los argumentos que fueron esgrimidos en su demanda de alimentos y desahogo de reclamación se estima fueron contestados por el Juez responsable en su resolución de dieciocho de abril de dos mil veintidós. En primer término, el juzgador señaló que en términos del artículo 210 del Código Procesal de la materia, el medio de impugnación se resuelve tomando en cuenta los documentos aportados por las partes. En ese sentido, se tiene que contrario a lo manifestado por el quejoso en sus conceptos de violación en relación a que el juzgador no le dio valor probatorio a los recibos de nómina y estados de cuenta que el quejoso ofreció como pruebas, con las que pretendió acreditar que sólo recibe la cantidad de $9,761.20 (Nueve mil setecientos sesenta y un pesos 20/100 M.N) mensual, se tiene que en la resolución reclamada la autoridad responsable hizo una relación pormenorizada de los documentos aportados por las partes. Al respecto el juez responsable manifestó que la reclamante Isidra Cardel Flores (tercera interesada) con el objeto de justificar la procedencia de su inconformidad, adjuntó a su escrito de reclamación el siguiente material probatorio para acreditar su dicho: ??Recibo de pago de nómina a nombre del Dr. ********************, correspondiente al mes de noviembre de dos mil veintidós, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. ??Copia certificada de acta de nacimiento número 568 de fecha de registro trece de agosto de mil novecientos noventa y ocho, expedida por el Registro Civil de La Antigua, Veracruz. ??Copia certificada de acta de nacimiento número 569 de fecha de registro trece de agosto de mil novecientos noventa y ocho, expedida por el Registro Civil de La Antigua, Veracruz. ??Copia certificada de acta de nacimiento número 567 de fecha de registro trece de agosto de mil novecientos noventa y ocho, expedida por el Registro Civil de La Antigua, Veracruz. ??Dos tickets de compra expedidos por Bodega Aurrera, de fechas cuatro y trece de enero de dos mil veintitrés. ??Recibo de luz expedido por la Comisión Federal de Electricidad, respecto del domicilio ubicado en Bartolo González número 46 de Salmoral, municipio de La Antigua, Veracruz. ??Recibo de pago de nómina expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a nombre de la parte demandada Isidra Cardel Flores. ??Aviso de inscripción en el seguro facultativo del año dos milveintitrés. Recibo de pago del IMSS a nombre de Alfonso Sánchez Cardel, correspondiente a la inscripción a Especialidades Médicas Nacional, en la Especialidad Cardiología. ??Contrato de arrendamiento de la casa ubicada en Topacio número 82 departamento 1 del Fraccionamiento joyas de Mocambo en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. ??Un recibo de pago de renta de fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, que corresponde al mes de enero de dos mil veintitrés, de la casa ubicada en calle de Topacio número 82 departamento 1 en el Fraccionamiento Joyas de Mocambo en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. ??Copia del recibo de pago a la Universidad del Valle de México o UVM, por la suma de seiscientos diez pesos. Por otra parte, respecto al quejoso ********************, el juez responsable señaló que en el escrito inicial de demanda, el actor hizo diversas manifestaciones, las cuales tuvo por reproducidas como si a la letra se insertasen y, lo tuvo ofreciendo el siguiente material probatorio: ??Copia certificada de acta de matrimonio número 12 de fecha quince de mayo de mil novecientos setenta, expedida por el Registro Civil de la ciudad de México. ??Copia certificada de acta de nacimiento número 171 de fecha de registro quince de mayo de mil novecientos setenta, expedida por el Registro Civil de la ciudad de México. ??Copia certificada de acta de nacimiento número 201 de fecha de registro siete de septiembre de mil novecientos setenta y dos, expedida por el Registro Civil de la ciudad de México. ??Copia certificada de acta de nacimiento número 4282 de fecha de registro ocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve, expedida por el Registro Civil de la Ciudad de México. ??Copia certificada de acta de nacimiento número 15885 de fecha de registro dos de diciembre de mil novecientos ochenta, expedida por el Registro Civil de la ciudad de México. ??Certificado médico a nombre del actor, expedido por el Dr. Benito Morales Reyes. ??Constancia expedida por el Licenciado Luis Ángel Orgaz Leal, Procurados Municipal de Protección del DIF municipal de Puente Nacional, Veracruz. ??Presuncional legal y humana. ??Instrumental de actuaciones. Derivado de lo anterior, el juzgador responsable procedió al estudio de fondo del asunto, indicando que para ejercer la acción de alimentos se debe acreditar la calidad de acreedor y que el deudor cuente con los bienes o ingresos para otorgar una pensión alimenticia y, actualizados estos requisitos se debe resolver de conformidad con el artículo 242 del Código Civil vigente en el Estado, que establece que los alimentos deben ser proporcionales a la posibilidad de darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Por lo que, en primer término, el juez responsable estableció que los derechos alimentarios que solicitó el quejoso ******************** están justificados en forma provisional, pues obra en autos copia certificada de acta de matrimonio número 12 de fecha quince de mayo de mil novecientos setenta, expedida por el Registro Civil de la ciudad de México; con la que se acreditó la relación de esposos entre los contendientes; a la que otorgó valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 235 fracción II, 261 fracción IV, 337 del código Procesal Civil, en relación con el 671 del Código Sustantivo Civil, ambos vigentes en el Estado Por otra parte, respecto a la capacidad económica de la deudora Isidra Cardel Flores (tercera interesada) la tuvo acreditada con las manifestaciones realizadas en su escrito de contestación de demanda y reclamación en donde interpone el recurso de reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional decretada, a lo que otorgó valor probatorio en términos del artículo 316 y 320 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz; así como con los recibos de nómina a nombre de la demandada en lo principal, a los que concedió valor probatorio pleno conforme a lo previsto los artículos 235 fracciones I, III, 239 y 266 del ya citado ordenamiento legal invocado. Así, una vez acreditada la capacidad económica de la deudora alimentaria para sufragar los gastos de su esposo; señaló que es a ella, a quien le corresponde suministrarlos en términos de los numerales 233, 234 en íntima relación con el 239 del código sustantivo de la materia, entendiéndose que los alimentos comprenden la comida, vestido, habitación, asistencia médica en caso de enfermedad. Ahora, en relación a los agravios formulados por la reclamante Isidra Cardel Flores, se advierte el juzgador calificó de fundado y procedente para regraduar la pensión alimenticia combatida únicamente el concerniente a que el actor -aquí quejoso- ******************** cuenta con una fuente de ingresos como jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, como lo apreció del recibo de nómina, lo que resulta un hecho novedoso para esta autoridad que el actor perciba ingresos De lo anterior, resulta evidente que contrario a lo referido por el impetrante de amparo en el sentido de que la autoridad responsable no dio valor probatorio a los recibos de nómina y estados de cuenta que el actor ofreció como pruebas, de la resolución reclamada se advierte que dichas documentales fueron valoradas en términos de lo previsto en los artículos 235 fracciones I, IlI, 239 y 266 del Código Procesal Civil del Estado, mismas que sirvieron de base para tener por acreditado que el actor cuenta con una fuente de ingresos como jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual era un hecho desconocido por el juzgador al momento de decretar de manera inicial el monto de la pensión alimenticia provisional. En ese punto, se advierte el aquí quejoso, en su escrito de desahogo de vista de la reclamación, reconoció que sí percibe ingresos, pero que solo percibe la cantidad de $9,761.20 (Nueve mil setecientos sesenta y un pesos 20/100 M.N) mensual, debido a que la demandada recibe la cantidad de cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho pesos cincuenta y siete pesos mensuales por concepto de pensión alimenticia que se le descuentan de su pensión jubilatoria, así como también la demandada percibe una cantidad de treinta y dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos quince centavos, que juntando dichas cantidades da como resultado la cantidad de setenta y nueve mil novecientos dieciséis pesos setenta y doscentavos. Al respecto, se aprecia que el juez responsable hace mención de dicha circunstancia referida por el actor, respecto de lo cual manifiesta que no se tiene la certeza jurídica de que efectivamente dichos descuentos o "disposición judicial" sea a favor de la deudora alimentaria en el juicio ordinario civil 2063/2022; además de que el actor no ofreció prueba alguna en relación a la existencia de un juicio diverso y si bien se aprecia que en su escrito de desahogo de vista de la reclamación hizo una manifestación que a la letra dice: ".si bien en su momento no reclamé el juicio de pensión alimenticia que interpuso la ahora demandada fue porque considere (sic) que era necesario sacarlos adelante." de lo que se infiere que, de ser el caso, estuvo conforme con dicha medida de pensión alimenticia anterior o diversa a la que aquí nos ocupa. Asimismo, si bien el impetrante de amparo, también reclama en esta instancia judicial que la autoridad responsable debió evaluar la proporcionalidad conforme al artículo 242 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que así lo exige, en virtud de que considera que el 15% (quince por ciento) que fijó de pensión alimenticia es insuficiente para satisfacer sus necesidades más apremiantes, dado que es una persona de edad avanzada (82 años) enfermo, con diversos padecimientos y bajo tratamiento médico en el Hospital Regional del IMSS con sede en Ciudad Cardel, Veracruz, así como gastos extra como alimentación especial, ropa, calzado y medicamentos para el suscrito, por lo que considera debió fijar cuando menos el 40% de pensión alimenticia provisionalmente, ya que el hecho de que se justifique que tenga un ingreso de su pensión jubilatoria ello no quiere decir que ésta sea suficiente para satisfacer todas y cada una de sus necesidades básicas de subsistencia. Sin embargo, de las constancias que obran en autos del juicio de origen ni del material probatorio ofertado en su demanda inicial ni desahogo de vista de la reclamación, se advierte que hubiera ofrecido prueba alguna tendiente a acreditar a cuánto ascienden los gastos erogados por dichos conceptos, con la finalidad de que el juez responsable, de ser el caso, estuviera en posibilidad de ponderar dichas circunstancias pues la constancia médica exhibida en su favor fue valorada en sus términos pero que por sí sola no pudo crear la convicción de que la cantidad de $ 9,761.20 (Nueve mil setecientos sesenta y un pesos 20/100 M.N) mensual que recibe por pensión jubilatoria le fuera insuficiente para su subsistencia o para atender las circunstancias particulares que refirió. Por lo cual, se advierte que el juez responsable concluyó que sus gastos son adecuados al estatus social medio, que no advirtió la compra de un objeto o bien de costo alto para su supervivencia; circunstancias que le permitieron concluir que corresponde a un nivel social medio; además, ponderó también los gastos diversos proporcionados en el escrito de contestación de demanda que conciernen a alimentos, salud, entre otros, a los que otorgó valor probatorio pleno de acuerdo con el numeral 326 del Código Instrumental en la materia, en especial con el escrito de demanda, contestación y reclamación y, desahogo de vista, así como de las constancias adjuntas, no apreció algún requerimiento alimentario específico, arribando al hecho de que su condición económica es media. Finalmente, de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable que, una vez calificados los agravios y, de conformidad con el material probatorio que le fue ofertado por las partes, concluyó que, al quedar acreditado que el actor ******************** -aquí quejoso- percibe ingresos como jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que resultó ser un hecho novedoso para esa autoridad en los términos apuntados, resultó parcialmente procedente la reclamación planteada por la demandada Isidra Cardel Flores -tercera interesada- y, resolvió regraduar el monto de la pensión provisional alimentaria fijado en el auto de fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós, donde se le decretó a la demandada una pensión alimenticia provisional consistente en el veinte por ciento (20%) del salario y demás prestaciones que percibe la reo procesal de su fuente laboral; para fijarse en el quince por ciento (15%) del sueldo y demás prestaciones que percibe la reo, para el actor por propio derecho, descuento que deberá aplicarse una vez hechas las deducciones legales comprendidas en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo antes expuesto, se puede advertir que la autoridad jurisdiccional responsable, al emitir la resolución reclamada lo hizo expresando las razones, motivos y circunstancias especiales que la condujeron a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto en los preceptos legales que invocó, los que constituyen la motivación y el fundamento de la resolución; de ahí que la resolución cumpla con la obligación constitucional impuesta por el artículo 16 constitucional y por ende, es respetuosa de los derechos humanos de la parte quejosa, ya que el porcentaje únicamente fue reducido en un cinco por ciento (5%) dado el único agravio calificado como procedente por parte de la autoridad responsable correspondiente al hecho que resultó novedoso. CONCLUSIÓN La resolución aquí reclamada resulta ajustada a derecho, dado que los razonamientos en ella vertidos son correctos y acordes con los preceptos de la ley civil que rigen la materia de alimentos y a los derechos humanos. Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad que deba declararse de oficio, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Se precisa que la conclusión aquí alcanzada no conlleva a decidir el fondo de la litis civil planteada en el juicio de origen antes del dictado de la sentencia respectiva; ello porque la resolución de la reclamación recae exclusivamente sobre la pensión alimenticia provisional y, después, porque dicha decisión interlocutoria es sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva, a causa de que las condiciones o circunstancias del caso pueden variar y deben quedar probadas. De manera que, para la fecha en que se deba de dictar el fallo definitivo, sean diversas a las imperantes en la época en que se resuelva la reclamación. Es aplicable a ello la jurisprudencia 1308, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA. El juzgador no está obligado a fijar como pensión alimenticia definitiva la misma que con anterioridad había señalado con el carácter de provisional, pues si bien es cierto que algunas ocasiones la pensión provisional y la definitiva coinciden, ello no quiere decir que el aumento o disminución que el Juez hubiera efectuado de la pensión provisional, antes de dictar sentencia definitiva, necesariamente debe trasladarse a ésta, pues de hacerlo así se dejaría prácticamente sin materia la decisión de la sentencia. Es preciso examinar cada caso concreto para determinar si debe o no fijarse como pensión alimenticia la misma que se fijó como provisional." Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, seRESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de junio de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede se advierte que el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, otorgado a las partes en el presente juicio de amparo, con el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, Veracruz, transcurre del nueve al veinte de junio del presente año; por lo que resulta inconcuso que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la citada ley de la materia. En razón de lo anterior, es evidente que a la fecha se encuentra transcurriendo el aludido plazo de ocho días, y por ende, a efecto de hacer efectivo su término, se impone diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable 1. Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz y atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tienen por anunciadas las PRUEBAS DOCUMENTALES que anexa la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Ana Guadalupe Mexía Andrade, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 402/2023, promovido por Gregorio Sánchez Vargas, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta que las partes no las ofrecieron. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 402/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Gregorio Sánchez Vargas, promovió amparo contra actos de la autoridad responsable que enseguida se enuncia, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en materia de Familia Foja 17 Cierto Veracruz, Veracruz De la que reclama: "La resolución Interlocutoria de fecha 18 de abril de 2023, dictada en los autos del Juicio Ordinario Civil número 2063/2022/V del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de la Ciudad de Veracruz, Ver; por la aplicación de la proporcionalidad de acuerdo a sus facultades legales como autoridad jurisdiccional responsable para determinar decretarla en el porcentaje que la fijó, ya que no cumplen con las exigencias de los artículos 14 y 16 Constitucionales." (sic). SEGUNDO. En auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado negó la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a la autoridad responsable, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia es el que ha quedado precisado en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Al no existir pruebas ofrecidas por las partes, el presente asunto se resolverá con base en las constancias que integran este expediente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, reconoció la existencia de los actos reclamados, como se advierte de su informe previo. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1281 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b) Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación, o interés legítimo con una afectación real, actual e inminente a la esfera jurídica de la parte quejosa) y, c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese contexto, con fundamento en los artículos 128 y 138, de la Ley de Amparo, en concordancia con los criterios de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado consistente en la resolución Interlocutoria de dieciocho de abril de la presente anualidad emitida dentro del juicio ordinario civil 2063/2022/V de la estadística del juzgado responsable, por medio de la que resuelve la reclamación interpuesto por el aquí quejoso en contra de la suspensión alimenticia provisional. Lo anterior es así, puesto que la misma no puede tener el efecto que pretende el quejoso, esto es, dejar sin efectos la pensión provisional alimenticia decretada a su cargo, ya que ello impediría a la acreedora alimentaria de recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de las disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social; de donde resulta que no se surte el requisito exigido por la fracción II del citado artículo 128, para concederla. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a Gregorio Sánchez Vargas, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos que ahí se exponen. Notifíquese en términos de ley.

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