Gregorio Sánchez Salgado y Otros.
Expediente 908/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 908/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gregorio Sánchez Salgado y Otros.
- Gregorio Sánchez Salgado
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Acapulco Guerrero, mediante el cual informa que aceptó y se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovido por ********************, lo anterior para los efectos legales conducentes; por tanto, glósese a los autos del cuaderno de antecedentes derivado del juicio amparo ********************para que obre como corresponda. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: Conforme a lo estipulado por el artículo 19, fracción I inciso b) del citado acuerdo, una vez transcurridos seis meses contados a partir de la presente determinación, el juicio en que se actúa será DESTRUIBLE. Aunado a que este juicio no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el Acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Asimismo, no obran documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Gregorio Sánchez Salgado por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio con sede en Chilpancingo de los Bravo Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Los Bravo, Álvarez y Guerrero, y otras autoridades. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 908/2023-A que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. INCOMPETENCIA. Este órgano jurisdiccional determina que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión. Lo anterior en razón que, de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: ".SENTENCIA QUE MODIFICA Y AUMENTA LA PENA DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2023, SOBRE LA SENTENCIA CONDENATORIA DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2023, DICTADO POR LA SALA UNITARIA DEL SITEMA PENAL ACUSATORIO CON JURISDICCCIÓN Y COMPETENCIA EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE LOS BRAVO, ALVAREZ Y GUERRERO EN EL TOCA PENAL SPU-JO-IV-46/2023." Al respecto, los artículos 47, 170 fracción I y 171 de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.) Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El subrayado no forma parte del texto. De los preceptos legales transcritos se desprende que cuando se trata de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales laborales, administrativos, agrarios o judiciales, procede el juicio de amparo ante el tribunal colegiado de circuito competente. Asimismo, es importante destacar que en el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 170 de la ley de la materia, se define a las "sentencias definitivas", de la siguiente manera: "...Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal"; y en relación a las "resoluciones que pongan fin al juicio", establece que son: "las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido". Bajo esa óptica, el acto que ahora se combate es la resolución dictada el catorce de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal SPU-JO-IV-46/2023 en el cual Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, modificó el considerando IX en relación con el resolutivo segundo de la sentencia definitiva condenatoria de seis de febrero de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Unitario de Enjuiciamiento Penal con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, del Sistema Penal Acusatorio dentro de la carpeta judicial JO-32/2022 que instruyo en contra del aquí quejoso. De lo anterior, la suscrita arriba a la convicción de que el conocimiento de la presente demanda de amparo corresponde al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Acapulco Guerrero, de conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, en virtud que el acto reclamado es la resolución que recayó al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada en la carpeta judicial de origen. En ese sentido, es procedente impugnarla a través del amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en Acapulco Guerrero. En tales condiciones con apoyo en dicho precepto y en los numerales 107, fracción V, inciso c), Constitucional, 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, determina que carece de competencia legal para conocer la demanda. En consecuencia, remítase la presente demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, previa anotación correspondiente en el libro de gobierno, para que la remita al Tribunal Colegiado, en turno, con sede en Acapulco Guerrero, el cual se estima es competente para conocer del asunto, para que determine lo que corresponda, en términos del artículo 179 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, aplicada en sentido contrario la Jurisprudencia 21/96 P./J, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página seis, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOMICILIO. Dado que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad capital; por tanto, notifíquese personalmente el presente auto y los subsecuentes en su centro de internamiento. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en su centro de internamiento. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
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