Gregorio Sánchez Martínez

Expediente 187/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
187/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
22/06/2018

Partes del expediente

  • Gregorio Sánchez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 16325/2018, así como de las copias certificadas adjuntas al mismo. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y téngase acusando de recibido.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho (fojas 103 a 107), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. En ese contexto, devuélvase al Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México; las constancias remitidas como complemento a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de diversas constancias de la causa penal 40/2010. Solicitándole el acuse de recibo respectivo, en el entendido que no se realiza apercibimiento alguno dada la investidura con la que cuenta el homólogo federal. El estado procesal que guarda el sumario en que se actúa del que se desprende que se encuentra debidamente integrado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ya que mediante resolución firmada el nueve de abril de dos mil dieciocho (foja 58 a 72), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, inciso IV). Por otro lado, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió como anexo a su escrito inicial de demanda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Para lo cual se deberá dejar en su lugar copia simple por tratarse de un asunto concluido; asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para debida constancia legal. Asimismo, a consideración de este órgano jurisdiccional el presente sumario carece de relevancia documental, aunado a que no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Es menester precisar que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación del presente acuerdo debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que el peticionario de amparo haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveído de dieciséis de abril del presente año (foja 77), se tuvo como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Toluca, México; veintidós de mayo de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que el quejoso Gregorio Sánchez Martínez, no desahogo la vista formulada en el proveído de once de mayo pasado (fojas 89 a 90), en relación con la forma en que la autoridad responsable Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de oficio examina si el fallo protector está cumplido o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para su cumplimiento. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 247, publicada en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA." Ahora, con la finalidad de apreciar si la protección constitucional concedida al quejoso ha sido cumplida, se estima necesario hacer una relación de los antecedentes que conforman este asunto, en los términos siguientes: Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el nueve de abril del presente año (fojas 58 a 72), se dictó la sentencia correspondiente, en la que se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gregorio Sánchez Martínez, contra los actos reclamados al Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gregorio Sánchez Martínez, contra el acto reclamado al Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, consistente en el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil quince, dictado en la causa penal 40/2010, por los motivos expuestos en el considerando sexto de este veredicto constitucional." Siendo que los efectos del fallo protector, lo fueron para que: "El Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte otro en la que se subsanen las deficiencias apuntadas, es decir, con la debida fundamentación y motivación resuelva lo que en derecho corresponda." Tales lineamientos, descansan en el considerando último de la sentencia aludida, misma que en su parte conducente establece: ".Así, atendiendo a la forma en que se encuentra redactado el acuerdo que por ésta vía se combate, es dable concluir que el mismo resulta insuficientemente fundado y motivado, en virtud de que la autoridad responsable, si bien expresó diversos artículos que consideró aplicables al caso concreto, no se advierten las razones particulares que la condujeron a emitir el acuerdo antes integrado de la forma en que lo hizo, esto es, de denegar las copias solicitadas por el hoy peticionario de la protección constitucional, pues al respecto se limitó a establecer que en el proceso relativo existían resoluciones respecto a las cuales se debía guardar sigilo; empero, no se señaló cuáles son esas resoluciones ni el fundamento por el que se considera que deba guardarse secreto con relación a dichas resoluciones, lo cual resulta carente de fundamentación y motivación. No es óbice a lo antes estimado que la autoridad responsable cite los artículos 21, 96, 97, primera parte y 105 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo que desde luego no puede considerarse como una debida fundamentación, máxime que no se encuentra adecuación entre las normas citadas y el caso particular, lo que se traduce en una deficiente motivación." Determinación que causó ejecutoria el dos de mayo de la presente anualidad y en esa misma fecha se solicitó el cumplimiento al homólogo federal (fojas 79 a 81). Mediante oficio 4554/20128 (foja 86 a 88), presentado el nueve de mayo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia der Amparo; el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, comunicó el auto de nueve de mayo pasado, emitido en la causa penal 40/2010, de su indicie estadístico, a través del cual informó haber dejado insubsistente el auto de veintisiete de agosto de dos mil quince y procedió a dar respuesta a la solicitud de copias presentada por Gregorio Sánchez Martínez, acuerdo que es del tenor siguiente: ".En mérito de lo anterior, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, en esta fecha se deja insubsistente el proveído de veintisiete de agosto de dos mil quince, y se procede a dar respuesta a la solicitud de copias presentada por Gregorio Sánchez Martínez. En tal virtud, con fundamento en los artículos 16, 21, 41, párrafo primero, 96, 97, primera parte, 104 y 105 del Código Federal de Procedimientos Penales, téngase por recibido el escrito signado por Gregorio Sánchez Martínez, mediante el cual solicita copia certificada de la causa penal 40/2010, en la que, aduce, tiene el carácter de indiciado, a fin de exhibirla como prueba ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad que promoverá contra la resolución de veintiuno de julio de dos mil quince, dictada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, en el expediente administrativo número DGAJ/PRPE/010/2013, que declaró infundada la reclamación presentada por la presunta actividad administrativa irregular del Estado. En atención a su contenido, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, por los motivos y fundamentos siguientes: En principio, es menester destacar que mediante oficio GA/F1/VHAH/2230/2010, de seis de mayo de dos mil diez, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, consignó la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/063/2010, sin detenido, con la que ejercitó acción penal contra Gregorio Sánchez Martínez, como probable responsable en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud (en su modalidad de colaborar al fomento de la comisión o ejecución de delitos contra la salud) y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de depósito. La fiscalía investigadora solicitó de esta autoridad orden de aprehensión contra el inculpado de mérito por los delitos mencionados; y el siete de mayo de dos mil diez, se resolvió negar la orden de captura, sobre la base de que los elementos de prueba que obraban en la averiguación previa eran insuficientes para acreditar el cuerpo de los delitos por los que se ejercitó acción penal, así como la probable responsabilidad de Gregorio Sánchez Martínez, en la comisión del delito de delincuencia organizada, razón por la que se ordenó devolver la causa a la autoridad consignante. Establecido lo que antecede, en primer lugar, este Juzgado de Distrito considera que Gregorio Sánchez Martínez no es parte procesal en la causa penal en que se actúa, partiendo de la premisa que para acceder a esa categoría se debió incoar proceso en su contra, circunstancia que no ocurrió, dado que no se obsequió la orden de captura solicitada por la Fiscalía Federal investigadora en su contra, lo que impide a este órgano jurisdiccional acceder a su petición. Al respecto, debe decirse que de la interpretación sistemática y teleológica de los artículos 16 y 105 del Código Federal de Procedimientos Penales, deriva que las actuaciones que se practiquen para la averiguación de los delitos, que comprende tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad del indiciado, deben mantenerse bajo reserva o sigilo, precisamente para no poner en riesgo el éxito de la indagatoria, como lo precisa en ordinal 21 constitucional. En ese sentido, si en el caso se ordenó devolver la causa en que se actúa al Ministerio Público Federal, debe asumirse que fue para continuar con el trámite respectivo, que no es otro que el relativo al acreditamiento del delito y la probable responsabilidad del indiciado por lo que, se refiere a la causa en que se actúa, no resulta viable otorgar la copia que se solicita. En segundo lugar, debe tenerse presente, que de la petición que se analiza, se desprende que Gregorio Sánchez Martínez arguye necesitar la copia certificada de la totalidad de las constancias que conforman el proceso penal en que se actúa, para exhibirla como prueba ante el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad que, dijo, promovería contra la resolución de veintiuno de julio de dos mil quince, dictada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, en el expediente administrativo número DGAJ/PRPE/010/2013, que declaró infundada la reclamación presentada por la presunta actividad administrativa irregular del Estado. Dicha circunstancia no obliga a esta autoridad a otorgar la copia solicitada, pues si bien el artículo 20 constitucional, en su apartado B, fracción VI, del texto vigente y su correlativo apartado A, fracción VII, del texto anterior, prevé como uno de los derechos del inculpado que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa, lo cierto es que esta prerrogativa opera para el proceso penal; y en el caso, el mismo peticionario aduce en su ocurso que las constancias solicitadas las requiere para realizar una reclamación por una presunta actividad administrativa irregular del Estado, y no para formular una defensa en un procedimiento criminal. Aunado a lo anterior, es de precisarse que se encuentra glosado en autos un ocurso signado por Eduardo Luengo Creel, quien dijo ser defensor particular del inculpado Gregario Sánchez Martínez, en el que manifestó que la Representación Social ejercitó nueva acción penal en la averiguación previa número PGR/SIEDO/UEIDCS/063/2010, la Representación Social Federal ejercitó nueva acción penal por los mismos hechos y los mismos delitos contra el inculpado de mérito, SIN APORTAR NINGÚN ELEMENTO NUEVO DE CONVICCIÓN, para, más adelante, expresar que la copia certificada que solicitaba sería exhibida como medio de prueba de descargo, dentro del término constitucional ampliado en la causa penal 122/2010, instruida ante el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit (Foja 1325 y 1326 de la causa penal en que se actúa). Lo establecido supra, revela, al menos, que el quejoso Gregario Sánchez Martínez no se encuentra en estado de indefensión respecto del contenido de las constancias que integran el proceso penal en que se actúa y del que pretende que esta autoridad le otorgue copia certificada, pues existe radicada la causa penal 122/2010 ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, la cual se instruyó contra el inculpado en cita, por virtud de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/063/2010, por los mismos hechos, los mismos delitos y el mismo inculpado, de lo que se colige que el quejoso sí es parte en aquel proceso, porque la copia certificada que sería exhibida como medio de prueba de descargo, dentro del término constitucional; por tanto, se reitera, si se trata de la misma averiguación previa, con idénticos hechos, delitos e inculpado, la defensa y el propio procesado tienen la posibilidad de instar al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, las copias que pretenden de esta autoridad. Ahora, en tercer lugar, conviene destacar que uno de los delitos por lo que se inició averiguación previa a Gregario Sánchez Martínez, es el de delincuencia organizada. En ese sentido, del contenido de las actuaciones que integran la indagatoria de la que deriva la petición de la orden de captura solicitada, se advierten una serie de datos sensibles de diversas personas que se mencionan en la misma, es decir, datos de identificación y localización, de personas, lugares, fechas y números de cuenta, entre otros, que, por la naturaleza del ilícito de se trata, las personas aludidas en la averiguación de marras pudieran ser susceptibles de responsabilidad penal o administrativa, o más grave aún, miembros de la propia delincuencia organizada, lo cual constituiría un riesgo no solo para las propias personas involucradas sino para la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. Para robustecer lo expuesto, debe decirse que el Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, con base en los artículos 110, fracción 1, y 104, de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, ha determinado que en los asuntos en los que se trate del delito de delincuencia organizada, la divulgación de la información representa un perjuicio significativo, real, demostrable e identificable al interés público, pues se trata de información que puede derivar en estrategias o acciones que tengan por objeto combatir precisamente a la delincuencia organizada, lo que implica un riesgo de perjuicio que supera el interés de su difusión, pues de permitir el acceso a las resoluciones en las que se involucren el delito del que se habla, se comprometería la seguridad nacional, poniendo en riesgo datos susceptibles que pueden ser utilizados por el Estado para el combate del crimen organizado. Las consideraciones anteriores también encuentran apoyo el criterio orientador emitido por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, página 2826, número 1.100.P.14 P, Libro 45, agosto de 2017, Tomo IV, Décima Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEFENSA ADECUADA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI EL INDICIADO SOLICITA COPIA CERTIFICADA DE LA INDAGATORIA Y SU EXPEDICIÓN NO COMPROMETE LA SEGURIDAD NACIONAL, LA SEGURIDAD PÚBLICA O LA DEFENSA NACIONAL, EL MINISTERIO PÚBLICO, PARA GARANTIZAR ESTE DERECHO HUMANO, DEBE PROPORCIONÁRSELA Y NO REQUERIRLO PARA QUE COMPAREZCA EN LAS OFICINAS MINISTERIALES PARA CONSULTAR DICHAS ACTUACIONES (inserta contenido)." Por todo lo expuesto y fundado, resulta improcedente la petición formulada por el quejoso Gregorio Sánchez Martínez; por tanto, no ha lugar a expedir la copia certificada de la causa penal 40/2010 del índice de este Juzgado." Por tanto, si del inserto acuerdo se evidencian los fundamentos y las razones particulares que condujeron al Juez Federal responsable a emitir dicho acuerdo, en el que nuevamente deniega la expedición de copias solicitadas por el hoy peticionario de la protección constitucional, que ello obedecía a que: a) Gregorio Sánchez Martínez no es parte procesal en la causa penal respectiva, porque no existe proceso incoado en su contra, dado que no se obsequió la orden de captura solicitada en su contra. b) Gregorio Sánchez Martínez arguye necesitar la copia, para exhibirla como prueba ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad que, dijo, promovería contra la resolución de veintiuno de julio de dos mil quince, dictada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, en el expediente administrativo DGAJ/PRPE/010/2013, que declaró infundada la reclamación presentada por la presunta actividad administrativa irregular del Estado, circunstancia que no obligaba al Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México a otorgar la copia solicitada, ya que la misma no la requiere el aquí quejoso para formular una defensa en un procedimiento criminal, como lo dispone el artículo 20 constitucional, en su apartado B, fracción VI, del texto vigente y su correlativo apartado A, fracción VII, del texto anterior. c) Se encuentra glosado en autos de la causa penal un ocurso signado por Eduardo Luengo Creel, quien dijo ser defensor particular del inculpado Gregario Sánchez Martínez, en el que manifestó que la Representación Social ejercitó nueva acción penal en la averiguación previa número PGR/SIEDO/UEIDCS/063/2010, que la copia certificada que solicitaba sería exhibida como medio de prueba de descargo, dentro del término constitucional ampliado en la causa penal 122/2010, instruida ante el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, por lo que el quejoso no se encontraba en estado de indefensión respecto del contenido de las constancias que integran el proceso penal pues las mismas pueden obtenerse ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, en el que sí es parte. d) Que uno de los delitos por lo que se inició averiguación previa a Gregario Sánchez Martínez, es el de delincuencia organizada y por tanto de las actuaciones se advierten datos sensibles de diversas personas, que, por la naturaleza del ilícito de se trata, pudieran ser susceptibles de responsabilidad penal o administrativa, o más grave aún, miembros de la propia delincuencia organizada, lo cual constituiría un riesgo no solo para las personas involucradas sino para la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. e) Que el Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, con base en los artículos 110, fracción 1, y 104, de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, ha determinado que en los asuntos en los que se trate del delito de delincuencia organizada, la divulgación de la información representa un perjuicio significativo, real, demostrable e identificable al interés público, pues se trata de información que puede derivar en estrategias o acciones que tengan por objeto combatir a la delincuencia organizada, lo que implica un riesgo de perjuicio que supera el interés de su difusión, pues de permitir el acceso a las resoluciones en las que se involucren el delito del que se habla, se comprometería la seguridad nacional, poniendo en riesgo datos susceptibles que pueden ser utilizados por el Estado para el combate del crimen organizado. De lo anterior se desprende que el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, señaló los motivos y circunstancias por las que se debía guardar sigilo, asimismo, precisó el fundamento por el que consideró que debe guardarse secreto con relación a dichas resoluciones concluyendo que no era procedente acordar procedente la solicitud del quejoso; por lo anterior, resulta evidente que los efectos de la ejecutoria de amparo fueron satisfechos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación del presente acuerdo debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que el peticionario de amparo haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveído de dieciséis de abril del presente año (foja 77), se tuvo como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Sara Mercedes Neira González, que autoriza y da fe. Doy fe

  4. Principal

    V.- Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por Domingo Pérez Antonio, apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita copias certificadas del acuerdo de nueve y once de mayo del año en curso dictados por el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por el que manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y autoriza a diversas personas para efecto de recogerlas. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa del promovente las copias certificadas solicitadas, previa comparecencia y firma que por su recibo obre en autos, en el entendido que quien se presente a recogerlas, deberá asentar la razón de recepción correspondiente; asimismo, se tienen por autorizadas a las personas mencionadas únicamente para los efectos precisados por el promovente.

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