Gregorio Ramírez Crispín
Expediente 519/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 1 actuación registrada, la última del 22 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 22/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Gregorio Ramírez Crispín
Actuaciones
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho que a la letra dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******, en representación de *******; fórmese el expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, bajo el juicio de amparo 519/2018-VI. En términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con el instrumento notarial anexo al ocurso que se atiende, se reconoce al promovente el carácter de apoderado legal del directamente agraviado. Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar el escrito inicial de demanda y las diversas constancias remitidas, a fin de determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia del juicio. Dicho precepto establece: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo deberán concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia, y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a ello, se impone precisar que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, así como de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. En ese tenor, una vez examinada la demanda de amparo, se determina que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla, pues se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 5, fracción II, primer párrafo, interpretado en sentido contrario, que enseguida se analizará. Al efecto, se tiene que el promovente de amparo señaló como autoridades responsables al Representante Legal y/o Encargado de las Oficinas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Notario Público Número *******, Director y/o Registrador Público de la Propiedad y del Notariado, en esta ciudad, a quienes reclamó lo siguiente: El contrato de compraventa celebrado por el tercero interesado el cual desconozco, mismo que fue celebrado y tramitado ante las autoridades responsables respecto de la propiedad ubicada en *******, CD. JUAREZ, CHIH., toda vez que ni mi representado ni su difunta esposa otorgaron consentimiento alguno para la celebración de dicho contrato, por lo que desconozco la causa legal que lo fundamenta, así como también los documentos que amparan dicho contrato, ya que se presumen de falsos, incluyendo identificaciones y firmas otorgadas por las partes, pues en ningún momento siendo mi representado y su esposa propietarios del inmueble celebraron contrato alguno que amerite la compraventa de dicho inmueble y mucho menos para efectos de que se realizara cambio de propietario alguno. Esto es, el quejoso reclama el acto jurídico consistente en la compraventa celebrada por terceros, sin su consentimiento, sobre un bien inmueble de su propiedad, ubicado en *******, en esta ciudad. Indicado lo anterior, se tiene que los artículos 5, fracción II, primer párrafo y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Pues bien, conforme al segundo precepto citado, el juicio de amparo puede resultar improcedente, además de los supuestos descritos en el artículo 61 de la Ley de la materia, en virtud de alguna otra disposición de la propia Ley o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras que, de acuerdo al primer párrafo, de la fracción II, del artículo 5 de la Ley de la materia, para efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable la que, con independencia de su naturaleza formal: - Dicta, - Ordena, - Ejecuta, o - Trata de ejecutar. Un acto que: - Crea, - Modifica, o - Extingue. Situaciones jurídicas. Esto, en forma unilateral y obligatoria. O bien, omite realizar el acto que, de realizarse, crearía, modificaría dichas situaciones jurídicas. De manera que, lo que caracteriza a la autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es que realice u omita actos, que tengan las características y efectos mencionados, de forma unilateral y obligatoria, esto en una relación de supra a subordinación respecto del quejoso. Respecto a las notas que distinguen a las autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, por las razones conducentes que informa, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con número de registro 161133, que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso, el acto reclamado destacado, consistente en el contrato de compraventa celebrado por terceros respecto el bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, no constituye un acto emitido por una autoridad para los efectos del juicio de amparo. Ello, pues dicho acto jurídico consistente en un contrato de compraventa, no implica, de forma alguna, un acto realizado por parte del Representante Legal y/o Encargado de las Oficinas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, residente en esta ciudad, en ejercicio de sus facultades de imperio, de forma unilaterial y obligatoria, sino que dicho acto jurídico se realizó en función del acuerdo de voluntades entre dicho ente y el comprador del bien inmueble descrito, en una relación bilateral de igualdad de condiciones, acto que a decir del quejoso fue: "pasado ante la notaria treinta de este Distrito, y publicado posteriormente ante el Registro Público de la Propiedad,.", de donde se advierte que al aludido Notario Público Número Treinta, le atribuye su participación en la formalización del citado contrato; y al Registrador Público de la Propiedad y del Notariado, la ejecución y/o publicidad derivada del mismo. Lo que se pone de manifiesto tomando en cuenta los artículos 1792, 1793, 1794, fracción I y 1796 del Código Civil Federal, que disponen lo siguiente: ARTICULO 1,792.- Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. ARTICULO 1,793.- Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. ARTICULO 1,794.- Para la existencia del contrato se requiere: I.- Consentimiento; (.) ARTICULO 1,796.- Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. En ese orden, la causa de improcedencia deriva de la naturaleza del acto reclamado en sí mismo, la cual no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes en el procedimiento, lo que se advierte de forma patente y absolutamente clara, teniendo la absoluta convicción de que es operante. Por lo tanto, toda vez que el acto destacado que se reclama en la demanda de amparo, no constituye un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo conforme a todo lo expuesto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXIII, de la ley de la materia, en relación con su numeral 5, fracción II, primer párrafo, interpretado en sentido contrario . Cabe señalar al quejoso que si su intención es obtener la declaratoria de nulidad del contrato de compraventa descrito, debe intentar la acción correspondiente en la vía indicada, tal como lo señaló la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 736, del Tomo CIV, del Semanario Judicial de la Federación, materia Civil, Quinta Época, con número de registro 343900, del contenido siguiente: NULIDAD DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA. La nulidad de un contrato de compraventa no puede declararse en el juicio de amparo, sino que debe ser objeto del juicio especial correspondiente ante los tribunales del orden común. Es ilustrativa al caso la Jurisprudencia III.5o.A. J/6 (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, página: 2505, cuyo tenor literal es el siguiente: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE. El auto indicado no es la actuación procesal oportuna para determinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando para demostrar la actualización de esa causal de improcedencia se requiere de un análisis exhaustivo, pues, por regla general, en esa etapa del procedimiento el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de efectuar esa precisión, ya que, únicamente en el expediente constan los argumentos planteados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, no debe desechar la demanda de amparo indirecto bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, porque no es evidente, claro ni fehaciente, de manera que se requerirá hacer un estudio profundo para establecer su improcedencia, propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitirse la demanda, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento realice el análisis exhaustivo de esos supuestos, salvo que se advierta en forma patente y absolutamente clara, y se tenga la certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Asimismo, la diversa Jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, página: 1224, cuyo contenido indica: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. En las relacionadas condiciones, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por *******, apoderado legal de *******, al quedar actualizada, de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXIII, de la Ley de la Amparo, en relación con su numeral 5, fracción II, primer párrafo, interpretado en sentido contrario. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Se tiene como domicilio el que indica el promovente en su demanda, de conformidad con el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Gregorio Javier Orizaba667/2018
- Gregorio Javier Orizaba744/2019
- Gregorio Javier Orizaba38/2021
- Gregorio Martha Cruz428/2014
- Gregorio Martinez Lorenzo568/2023
- Gregorio Miranda Aceves552/2018
- Gregorio Rodríguez Jurado252/2017
- Greisy Dayanie Cañizares Gómez313/2022
- Gretel Rodríguez Arias1082/2022
- Gretel Rodríguez Arias y Otros.1086/2022
- Gretel Victoria Osuna Alvarado555/2018
- Griseira Cabera Toledo388/2018