Gregorio Ramírez Alfaro
Expediente 414/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 414/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 29/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gregorio Ramírez Alfaro
- Congreso del Estado de Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
La sentencia por la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de control constitucional; HA CAUSADO EJECUTORIA DICHA SENTENCIA. Archívese como asunto concluido. Este expediente es destruible. Toda vez que es innecesario que sigan obrando en el sumario, las copias certificadas de la causa penal 41/2017 (cuatro tomos), remitidas por el Juez Cuarto Penal de Partido de esta ciudad, a su informe justificado, se ordena devolverlas a su lugar de origen.
- Principal
VISTO el juicio de amparo 414/2018-I, promovido por Gregorio Ramírez Alfaro, contra los actos que reclamaron del Congreso y del Gobernador, ambos del Estado de Guanajuato, residentes en la ciudad capital; y del Juez Cuarto Penal de Partido, de esta localidad. RESULTANDOS PRIMERO. Presentación de la demanda. Dicho escrito fue promovido por Gregorio Ramírez Alfaro, por su propio derecho, el quince de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto del dieciséis siguiente, se admitió para su trámite la demanda de garantías; se solicitó informe justificado a las autoridades especificadas como responsables; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete y se fijó día y hora para la audiencia constitucional, que se celebró en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución material dentro del ámbito territorial que comprende su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son, en esencia: La resolución dictada el tres de mayo de dos mil dieciocho, dentro del incidente no especificado sobre declaratoria de sobreseimiento, promovido dentro de los autos del proceso penal 41/2017 y, La aprobación y promulgación del artículo primero transitorio del decreto que reformó del numeral 99-w, del Código Penal del Estado de Guanajuato, con motivo de su primer acto de aplicación. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman del Congreso y del Gobernador, residentes en la ciudad capital; y del Juez Cuarto Penal de Partido, de esta localidad, pues así se advierte de la lectura íntegra de sus informes justificados que rindieron; lo que se corrobora con las copias certificadas de la causa penal 41/2017, del índice del Juzgado Cuarto Penal de Partido de esta localidad. Las documentales referidas cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio. El artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; [.] De su lectura de advierte que existen dos tipos de normas generales: aquellas que por su sola entrada en vigor causan perjuicio al gobernado (autoaplicativos) y aquellas que necesitan un acto concreto de aplicación para actualizar tal gravamen (heteroaplicativos). Para determinar si una norma general es de carácter autoaplicativo o heteroaplicativo, nuestro más alto Tribunal ha establecido que la base de su distinción radica en el concepto de individuación condicionada, esto es, debe analizarse si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. En el primer caso, la norma necesita un acto posterior que puede revestir el carácter de administrativo, jurisdiccional o, inclusive, de la propia voluntad del gobernado, para que adquiera individualización, y así situar al particular en la hipótesis legal. En el otro supuesto (incondicionada), la entrada en vigor de la norma genera obligaciones para los sujetos a que está dirigida sin necesidad de un acto posterior de aplicación, sin que se requiera condición alguna para irrogar perjuicio al particular. En este último caso, se estará en presencia de una norma autoaplicativa. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 55/97 publicada en la página 5 del tomo VI de Julio de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En la especie, el artículo 99-w del Código Penal del Estado de Guanajuato anterior a la reforma de mayo de dos mil dieciséis mismo que se tilda de inconstitucional, estatuye: "Artículo 99-w. Cuando se cubra de manera íntegra el daño, tratándose de delitos patrimoniales que se persigan por querella, hasta antes de que exista sentencia ejecutoria, se extinguirá la acción penal siempre que el inculpado acredite un modo honesto de vivir." Tal disposición prevé los supuestos que se deben colmar a fin de que se pueda extinguir la acción penal. Dicho lo anterior, tenemos que la norma en trato se reclama con motivo del que el agraviado afirma es su primer acto de aplicación, consistente en la resolución dictada el tres de mayo de dos mil dieciocho, por el Juez Cuarto Penal de Partido de esta ciudad, dentro del incidente no especificado sobre declaratoria de sobreseimiento, pormovido por el tercero interesado Luis Humberto Muñoz López, por conducto de su defensor, dentro de los autos del proceso penal 41/2017, que se instruye por el delito de Fraude. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció determinadas reglas para el estudio del amparo contra normas generales cuando son reclamadas a través de un acto de aplicación. En principio, el juez de distrito debe analizar si el juicio de amparo es procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del solicitante de la tutela federal la hipótesis normativa controvertida y si en relación con él se actualiza una diversa causal de improcedencia. Esto se debe a que el análisis de una norma general impugnada implica, por necesidad lógica y jurídica, la imposibilidad de desvincularla del acto de aplicación: norma general y acto de aplicación son concomitantes cuando la primera se reclama en su carácter heteroaplicativo. Así, sólo en el caso de que el juicio constitucional sea procedente respecto al acto concreto de aplicación, podrá analizarse la constitucional de la norma, pues de otra manera, si el juicio de derechos fundamentales resulta improcedente en relación con el acto de aplicación, deberá decretarse el sobreseimiento tanto en lo relativo a dicho acto, como en lo referente a la norma controvertida. Orienta lo afirmado, la jurisprudencia 2ª./J 71/2000 publicada en la página 235 del tomo XII de Agosto de 2000 del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada".(Este criterio jurisprudencial también aparece publicado en la página 61 del tomo I Materia Constitucional de la Actualización 2001 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, editado en Marzo de 2002). En mérito de lo anterior, se analizará primeramente la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la resolución de tres de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Cuarto Penal de Partido de esta ciudad, dentro de la causa penal 41/2017. Pues bien, este juzgador estima que en relación con dicho acto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que ha lugar a sobreseer en el presente juicio de amparo tanto por lo que hace a él, como por lo que ve a la norma reclamada. La norma invocada dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" En la instancia constitucional que nos ocupa, el quejoso señaló como acto reclamado la resolución de tres de mayo de dos mil dieciocho, emitida dentro del incidente no especificado sobre declaratoria de sobreseimiento, pormovido por el defensor particular del inculpado Luis Humberto Muñoz López, dentro del expediente 41/2017, emitida por el Juez Cuarto Penal de esta ciudad. De las copias certificadas que remitió la responsable en apoyo a su informe se advierte que, efectivamente, el tres de mayo de dos mil dieciocho se resolvió el incidente no especificado sobre declaratoria de sobreseimiento, en el que se determinó no decretar el sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal conforme al artículo 99w, del Código Penal Estatal. Sin embargo, de las copias certificadas que remitió el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a solicitud de este juzgado, se advierte que por resolución de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la citada sala, resolvió el recurso de apelación que se promovió en contra de la resolución aquí reclamada, determinando revocar la misma y, en su lugar, decretó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa con efectos de sentencia absolutoria a favor del inculpado Luis Humberto Muñoz López, por el ilícito de fraude en agravio de Gregorio Ramírez Alfaro. En esta tesitura, en el presente caso sobreviene la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que con la resolución dictada por la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, cambió la situación jurídica que imperaba, pues el conjunto de normas jurídicas bajo las que se dictó la resolución reclamada, son diferentes a las que se aplicaron en la nueva resolución y, por tanto, no puede ser analizada la resolución aquí combatida, sin afectar la nueva situación creada con la emisión de la resolución emitida por la referida sala, que jurídica y procesalmente sustituyó a la diversa. En tal virtud, se concluye válidamente que en el caso sujeto a estudio constitucional se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en relación con el acto reclamado consistente en la resolución de tres de mayo de dos mil dieciocho, dentro del incidente no especificado sobre declaratoria de sobreseimiento, dentro de la causa penal 41/2017, por lo que debe decretarse el sobreseimiento, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del propio Cuerpo Normativo citado, tanto por lo que se refiere a dicho acto de aplicación, como por lo que hace al numeral 99w del Código Penal del Estado de Guanajuato, que se atribuye al Congreso y al Gobernador, ambos del Estado de Guanajuato. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gregorio Ramírez Alfaro, contra los actos que reclamó del Congreso y del Gobernador, ambos del Estado de Guanajuato, residentes en la ciudad capital; y del Juez Cuarto Penal de Partido, de esta localidad; por las razones expuestas en el último de los considerandos de este fallo. NOTIFÍQUESE.Así lo resolvió y firma Ulises Fuentes Rodríguez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante la secretaria que autoriza Blanca del Rocío Fonseca Hernández. BRFH.
- Principal
Vistos los oficios y anexo de cuenta, téngase al Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, cumplimiento con el requerimiento formulado en auto de seis de julio del presente año, adjuntando copias certificadas de las constancias que así lo acreditan, con lo que se ordena dar vista a las partes y relacionarlas en la audiencia constitucional. Asimismo, téngase a la autoridad responsable Juez Cuarto Penal de Partido de esta localidad, informando que el Tribunal de Alzada revocó la resolución incidental de fecha tres de mayo del año en curso, la cual constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito presentado por el tercero interesado Luis Humberto Muñoz López, en atención al mismo, téngasele apersonándose al presente juicio de amparo y se le tiene señalando domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 124 de la Ley de Amparo y a manera de alegatos, se tiene al tercero interesado de mérito por hechas las manifestaciones a que se contrae en su ocurso, debiéndose de hacer relación en la audiencia constitucional. Por otro lado, glósese a los autos el oficio enviado por la Juez Cuarto Penal de Partido de esta ciudad, a través del cual cumple con el requerimiento formulado en auto de dos de julio actual, informando a que Tribunal de Alzada le correspondió conocer del recurso de apelación interpuesto por el defensor del aquí tercero interesado Luis Humberto Muñoz López. Se requiere al Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, residente en la ciudad del mismo nombre, para que dentro del término de tres días contado a partir de que se le notifique el presente auto, informe a este juzgado federal el estado procesal que guarda el toca de apelación 41/2018, de su índice, formado con motivo del recurso interpuesto en contra de la resolución incidental de fecha tres de mayo del año en curso, dentro de la causa penal 41/2017 ; lo anterior, al ser necesario para resolver el presente juicio constitucional. Se le apercibe que de no hacerlo así, se le impondrá una multa.
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