Gregorio Pérez Juárez
Expediente 594/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gregorio Pérez Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Gregorio Pérez Juárez interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su numeral 2, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado, ni existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que Gregorio Pérez Juárez no desahogó la prevención formulada mediante proveído de ocho de junio del año en curso, dentro del término concedido para tal efecto, toda vez que quedó notificado de dicha determinación el catorce de junio del presente año (vía electrónica), la cual surtió efectos el mismo día, tal y como lo establece el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo.******se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintidós. Se agrega al expediente la misiva de cuenta signada por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a través del cual remite el juicio de amparo 1215/2021 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, y el testimonio de la ejecutoria pronunciada dentro del conflicto competencial 1/2022, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el antes señalado, para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por Gregorio Pérez Juárez, en la que resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, es competente por razón de territorio para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto promovido por Gregorio Pérez Juárez, contra actos del presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos y otras autoridades." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes y como lo solicita el tribunal de alzada acúsese el recibo de estilo respectivo. PREVENCIÓN Ahora bien, previo a acordar lo procedente, tomando como punto de partida lo que prevé el numeral 114 de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. .." De lo anterior, se desprende que dicho artículo no limita las facultades del juzgador para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte quejosa, con lo cual se considera mandarla prevenir cuando se estime que: 1. El escrito inicial de demanda contenga irregularidades. 2. Si se hubiese omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo. 3. Si no hubiese acompañado documento con el que acredite su personalidad. 4. Si no hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 5. Si no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo, y; 6. Si el libelo de amparo contiene tales requisitos pero éstos fueran deficientes. Sobre ese contexto, a fin de acordar lo procedente, con fundamento en los artículos 108, fracción I, así como 114, fracción I de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: Precise con qué carácter promueve su demanda, es decir, por propio derecho o en representación de los ochenta y un productores de Café Robusta de la población de Jaltepec de Candayoc, del municipio de San Juan Cotzocón, de la Región indígena Mixe, del Estado de Oaxaca. Lo anterior es así, pues del escrito inicial de demanda, en el apartado relativo al acto reclamado se desprende lo siguiente: "a). - De la primera autoridad se reclama, LA NEGATIVA DE INCORPORAR AL PROGRAMA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR, A 81 PRODUCTORES DE CAFÉ ROBUSTA DE LA POBLACIÓN DE JALTEPEC DE CANDAYOC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DE LA REGIÓN INDÍGENA MIXE, DEL ESTADO DE OAXACA." Como se puede apreciar, el acto reclamado deviene impreciso, pues como se indicó, la demanda fue promovida por propio derecho, en tanto que en su primer acto reclamado señala que la negativa de la autoridad responsable ha redundado en un perjuicio causado a ochenta y un productores, razón por la cual surge la incertidumbre de verificar si la demanda pretende ser instada también a favor de dichas personas. Luego, para el caso de que la parte quejosa señale que la demanda la promueve por propio derecho, deberá precisar entonces cuál es el acto que le reclama al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de lograr congruencia entre el carácter con el que se promueve y la materia del reclamo. Tiene aplicación la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 227883, de rubro: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." Asimismo, para el caso de que manifieste que la demanda se promueve a favor de los aludidos productores, deberá presentar documento fehaciente que avale su representación. Ello es así, en virtud de que el artículo 17 Constitucional, prevé la garantía relativa a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido por los artículos 103 y 107 del mismo ordenamiento fundamental, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, es decir, que estos adquieren matices propios con relación al tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo. En consecuencia, si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de amparo, a diferencia de otros, en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al juez de amparo analizarla considerando que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional, lo que explica, que el Juez de Distrito debe acatar lo precisado por el más alto tribunal en la jurisprudencia número 2ª./J. 1/96, visible en la página 48, tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO." Por tanto, analizar la personalidad de la parte quejosa, implica que el estudio oficioso de esta cuestión no debe realizarse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del artículo 17 Constitucional, en cuanto favorece la tramitación ociosa de un juicio, en una o dos instancias, que no culmina con la solución del conflicto y sí en cambio distrae la atención de los tribunales federales y causa perjuicios a las partes litigantes, ya que de estimarse lo contrario acarrearía un empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, con la que ocasionaría perjuicios a las partes del proceso, que ven regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad del promoverte, que podría ocurrir inclusive en la segunda instancia con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidas a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, algunas de ellas altamente gravosas; además de que lesiona el sistema integral de administración de justicia en perjuicio de quienes no son partes en ese juicio. En el entendido que sólo la parte quejosa o su representante legal se encuentran facultados para desahogar la prevención que ahora se formula, sin que dicha facultad pueda ser depositada a sus autorizados, aun aquellos señalados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues éstos únicamente se encuentran facultados para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías, su aclaración, o, en su caso ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la litis constitucional, al sujetarse dicho desahogo al señalamiento de nuevas autoridades responsables, actos reclamados y en su caso, formulación de conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 1a./37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXXIII, junio de dos mil once, página 68 de rubro siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." Ahora bien, en caso de cumplimiento, se le requiere exhiba cuatro copias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, a saber: tres para cada una de las responsables, y una para dar al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que legalmente le compete. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 36/2001, registro 189977, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, a foja 79, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Las copias del desahogo son con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba al promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la Litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer el contenido íntegro del escrito de la demanda, así como en el caso el diverso aclaratorio, y por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde a la propia parte quejosa. No obstante, en caso de presentar el escrito de desahogo por la vía electrónica, el requisito relativo al acompañamiento de copias, no será exigido cuando se hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3 de la ley de la materia. APERCIBIMIENTO En el entendido que de no desahogar cabalmente la prevención formulada dentro del plazo legal concedido, con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la ley de amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, lo anterior, tomando en consideración que ante dichas irregularidades no podría establecerse correctamente la Litis constitucional; y, por ende, se dejaría en estado de indefensión a algunas de las partes que integran el juicio de amparo (tercero interesado, autoridades responsables y agente del Ministerio Público). Asimismo, se advierte a la parte quejosa que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. (.)" Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la misiva de cuenta con firma electrónica y evidencia criptográfica del Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, a través del cual informa que recibió los autos del juicio de amparo 594/2021, con motivo del planteamiento del conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, el cual se advierte quedó radicado con el número 1/2022. De lo anterior se toma nota. Notifíquese.
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