Gregorio Olivarez Pérez
Expediente 1431/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1431/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/08/2019
Partes del expediente
- Gregorio Olivarez Pérez
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ahora bien, toda vez que este órgano de control constitucional tiene la facultad y la obligación de precisar y determinar qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida, para lograr el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, y una vez analizados los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se concluye que las siguientes autoridades, en el ámbito de su respectiva competencia, deben realizar lo siguiente: La Tesorería Municipal de Guadalajara, Jalisco. Desincorpore de su esfera jurídica las Tablas de Valores Unitarios de Terrenos y de Construcciones correspondientes al Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, únicamente en cuanto a los valores de construcción atinentes a la calidad de lujo, superior, medio, económico y austero; El efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad no implica que el impetrante deje de pagar el impuesto correspondiente, sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base gravable aplicable al inmueble, la autoridad municipal correspondiente a efecto de determinar el cálculo de dicha base aplicará el monto de menor cuantía señalado para la respectiva subclasificación de calidad de construcción en el decreto impugnado, esto es la relativa a los "austeros"; Hecho lo anterior, aplicadas que sean las tasas correspondientes y calculado el importe respectivo, de ser el caso se le devuelva la diferencia que hubiere pagado en exceso. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tesorería Municipal de Guadalajara, Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acrediten a este órgano jurisdiccional, haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos señalados. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se le apercibe que de no cumplir en el lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la Tesorería Municipal de Guadalajara, Jalisco, no hubiese sido señalada como autoridad responsable en el presente asunto, toda vez que, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, para lograr el estricto cumplimiento de la sentencia de amparo aquí dictada, todas aquellas autoridades que en razón de sus funciones tengan a su cargo la realización de algún trámite para ello, quedan constreñidas a ejecutar todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, dentro de los límites de su competencia.
- Principal
Visto el estado procesal de autos. Vistas las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se dictó la sentencia correspondiente al presente asunto, en la que se concedió el amparo a la quejosa, para los efectos siguientes: ".el Presidente de la Junta Especial Número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelia, Michoacán, realice las siguientes acciones: Deje insubsistente el embargo trabado el quince de junio de dos mil diecisiete, en la cuenta 7717959343, con clabe (sic) interbancaria 002320031556108585, cheques 315 5610858, a nombre de Visión Integral en Construcción Eléctrica, sociedad anónima capital variable, con domicilio en la calle Detroit número 118 Colonia Rincón de Agua Azul, Guadalajara, Jalisco, ordenado en el expediente ordinario laboral 1A-414/2014 de su índice (sólo en cuanto al embargo efectuado), y en su caso, de estimarlo conducente, llamarla a juicio realice el emplazamiento a dicha parte conforme las disposiciones aplicables de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que le conceda la garantía de audiencia y defensa a la misma. Concesión que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados al Actuario Notificador adscrito a dicha la Junta Especial Número Uno, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y al ********************, sociedad anónima, en virtud de que se reclama como una consecuencia de la ejecución del laudo donde la aquí quejosa no fue señalada ni como demandada, ni se fue condenada, respecto de los cuales se concede el amparo; y por tanto, al ser éstos ilegales por las razones destacadas, es inconcuso que todos los actos que deriven de éstos también lo son; y por ello, deben dejarse insubsistentes.". En ese sentido, en autos dictados el ********************, se tuvieron por recibidos los informes y constancias respectivas, remitidas por las autoridades responsables ******************** y ********************, con las que a su parecer daban cumplimiento a la ejecutoria en comento. Se da vista por el cumplimiento dado. Con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días computados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, haciéndole de su conocimiento que puede imponerse de los autos del presente juicio de amparo en las instalaciones que ocupa éste órgano Jurisdiccional. En la inteligencia de que una vez transcurrido dicho plazo, sea o no desahogada la vista otorgada, este Juzgado de Distrito se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000 del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Cambio de Titular. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que a partir del día ********************, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio ********************, de fecha ********************, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Teniendo sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta 7de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
.********************Visto el estado procesal de autos, se advierte que en auto de siete de junio de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, devolvió el cuaderno original del incidente de suspensión 3701/2018, en razón de que no obraban glosados los acuses de recibo de la interlocutoria de dieciocho de enero de dos mil diecinueve.********************En esas condiciones, toda vez que los mismos ya obran en autos, devuélvase el cuaderno original del presente incidente de suspensión al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, a fin de que esté en oportunidad de resolver el recurso de revisión incidental interpuesto por la parte quejosa.********************
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente Especial de la Décima Séptima Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de veinte de junio pasado, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el veinticinco de junio del año curso, fue cerrada la instrucción y dictado el proyecto de Laudo; al respecto se ordena glosar el oficio de cuenta y se tiene a la autoridad informando las gestiones que ha realizado en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público y no puede quedar al arbitrio de la autoridad responsable; con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la audiencia de discusión y votación, dentro del juicio de origen. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), en moneda nacional, tomando como base que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a ($84.49 ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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