Gregorio Olivares Camacho
Expediente 627/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/08/2021
Partes del expediente
- Gregorio Olivares Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcoyótl, a través del cual comunica que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda remitida por este órgano de control constitucional; asimismo, que la registró con el número de juicio de amparo 934/2021-IV; por tanto, archívese como concluido, previas las anotaciones respectivas. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso J), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numeral 10, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptibles de destrucción, pues se trata de un cuadernillo de antecedentes relativo a una incompetencia; por tanto, carece de relevancia documental. Finalmente, toda vez que existe un anexo formado por separado, procédase a su destrucción en virtud de ser una reproducción de las originales que obran en el juzgado remitente.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por la autoridad que lo suscribe, mediante el cual desahoga el requerimiento realizado el veintiuno de julio anterior, e informa que la causa penal *** es un asunto concluido, fue remitida al archivo, el cual solicitó para remitir las copias solicitadas. Por otra parte, no se emite mayor pronunciamiento, toda vez que el treinta de julio del año en curso, este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer del presente asunto, no obstante ello, dígase a la oficiante que resulta innecesario la remisión de las constancias solicitadas, quedando sin efectos el apercibimiento decretado en el citado auto.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de julio de dos mil veintiuno. DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito de *** por el cual desahoga la prevención realizada el doce de los cursantes; por tanto, téngase al promovente dando cumplimiento, y al efecto se provee: INCOMPETENCIA. En primer lugar, se deber señalar que la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia ****, publicada en la página 36, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, Materia Penal, Octava Época, de contenido siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En tales condiciones, de conformidad con lo que establecen los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se exponen. En el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en los términos siguientes: A) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. B) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. C) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas, son relativas a los actos reclamados que tienen ejecución material en la jurisdicción de uno o de varios jueces de Distrito, la marcada con el inciso A), se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; la marcada con el inciso B), se refiere a la ejecución en dos jurisdicciones diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla marcada con el inciso C), prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiera ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de Distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En tales condiciones, para poder establecer cuándo una resolución jurisdiccional conlleva un principio de ejecución, es pertinente tomar en consideración que por ejecución se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; es decir, la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. Precisado lo anterior, respecto del presente asunto, de la lectura integra del escrito de demanda y desahogo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado: La determinación dictada en el expediente de ejecución 264/2020, del índice del Juzgado de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, por la cual, comunicó al quejoso que el Tercer Tribunal de Alzada en matrería penal del mismo distrito judicial, inadmitió el recurso de apelación hecho valer en contra de la determinación de veinte de febrero de dos mil veinte, en la cual se negó el beneficio de liberación anticipada. En ese sentido, de las manifestaciones antes descritas vertidas por el promovente en su escrito de desahogo de prevención, se infiere que actualmente se encuentra interno en el Centro Preventivo El Molino de Flores, con sede en Texcoco, Estado de México. Por tanto, se advierte que la ejecución del acto reclamado, se llevó a cabo fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal, es decir, en el lugar en que el peticionario de garantías se encuentra actualmente privado de su libertad, específicamente en el municipio de Texcoco, Estado de México. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia en amparo de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en consideración que el reo, estando privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando la autoridad administrativa omite proveer sobre la mencionada solicitud, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." (S.J.F. y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, 9ª Época, Pág. 58). Así, sin resolver sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítase el original del juicio en que se actúa y los traslados de la demanda adjuntados por el quejoso, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada y acuse recibo. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por la autoridad que lo suscribe, mediante el cual desahoga el requerimiento realizado el doce de los cursantes, remite copia certificada del auto emitido el veintidós de mayo de dos mil veinte, la notificación realizada al quejoso de esta e informa que respecto al estado procesal que guarda la causa 69/2010, deberá realizarse el requerimiento a diversa autoridad. Ahora, téngase por desahogado el requerimiento de mérito se deja sin efectos el apercibimiento con que se le conminó y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las que adjunta. Por otra parte, se está en espera de que la parte quejosa desahogue la prevención decretada en el referido auto, a fin de proveer lo conducente. En otro orden, con independencia de lo anterior, requiérase al Juzgado Penal de Primera del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, informe el estado procesal que guarda la causa penal 69/2010, de su índice y de existir alguna determinación de veintidós de mayo de dos mil veinte, remita copia certificada de la misma, así como de la constancia de notificación realizada al aquí quejoso de dicha actuación. Con el apercibimiento que para el caso de ser omiso o bien de manifestar su imposibilidad para ello, se le impondrá a la persona física que ostente dicho cargo una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. La información puede ser enviada al fax (al número telefónico oficial (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite1@correo.cjf.gob.mx, confirmando en la extensión 3253. Por otra parte, intégrese el escrito signado electrónicamente por el autorizado del quejoso, por el cual pretende desahogar la prevención de doce de los cursantes. En ese tenor, no ha lugar a acordar de conformidad su pretensión, en virtud de que los autorizados de la parte quejosa no están legitimados para instar acciones que, de conformidad con el principio de instancia de parte agraviada, deben provenir directamente de la voluntad de la parte quejosa; lo anterior, porque al requerirse la precisión del lugar en que se encuentra recluido y la fecha en que fue notificado de la determinación de veintidós de mayo de dos mil veinte, dictado en la causa penal 69/2010, del índice de la autoridad responsable, "bajo protesta de decir verdad," se colige que el desahogo es un acto de carácter personalísimo, que sólo lo puede realizar el propio quejoso; aunado a que, la autorización con que cuenta el promovente no se equipara a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir del nombramiento como autorizado y no antes. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis número 1ª./J.50/2014, visible en el Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". En ese orden, queda subsistente el apercibimiento decretado y la vigencia del plazo concedido en el proveído de referencia, pues el término de cinco días otorgado a la parte quejosa, comenzó a partir del veinte de julio del año en curso y fenece el veintiséis siguiente, pues a la fecha en que presenta la promoción que se reciba transcurre el primer día, por lo que los cuatro días restantes empezarán a computarse a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído. Lo anterior, tiene sustento en las tesis 2a./J. 106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XVIII, Noviembre de 2003, Pagina 133, Novena Época, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. ... N
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