Gregorio Morales Pérez
Expediente 29/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 29/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Gregorio Morales Pérez
Actuaciones
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas interpusieran recurso de revisión contra la resolución de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha hayan presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Dado que no existen diligencias pendientes de practicar ni documentos exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el informe justificado, que rinde la autoridad responsable. Con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable, mediante el cual rinde informe con relación a la suspensión de plano; con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por Gregorio Morales Pérez, por su propio derecho, contra actos del Director General de Centro Regional de Readaptación Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas, se acuerda: Con fundamento en los artículos 112, 115, 116, y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías. Solicítese a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación del presente proveído, en el cual expondrá las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad legal del acto reclamado, que se hace consistir en la orden de traslado del Centro Regional de Reinserción Social Varonil del Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, en el que se encuentra recluido, a uno diverso; acompañando en su caso, copia certificada de las constancias que hubiera tomado en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, o de no serle posible, manifieste el impedimento legal que tenga para remitirlas. Requiérase a las partes para que, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y acompañen las constancias que la acrediten; ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo vigente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se harán acreedoras una multa, dentro de los límites establecidos por la ley de la materia. Se señalan las once horas con diez minutos del ocho de febrero de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Sin que por el momento se advierta la existencia de tercero interesado. Con copia autorizada de este auto y de la demanda con que se formó el presente expediente, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Ahora bien, teniendo en consideración que en la especie, el quejoso reclama de la autoridad señalada como responsable, el traslado del Centro de Regional de Reinserción Social Varonil del Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, en que afirma actualmente se encuentra a uno diverso; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO el acto consistente en el traslado del quejoso Gregorio Morales Pérez, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, a uno diverso a éste, o a cualquier otro diverso dentro del País. En el entendido, de que la suspensión de plano y de oficio otorgada en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, tendrá por efecto que el órgano jurisdiccional decrete la suspensión de los actos reclamados y dicte todas las medidas necesarias para que las autoridades responsables realicen las gestiones, para que cesen de inmediato las determinaciones consistentes en el traslado del directo quejoso Gregorio Morales Pérez, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil con sede en Cieneguillas, Zacatecas, a un Centro Penitenciario diverso, o a cualquier otro diverso dentro del País, en caso de que aún no se lleve a cabo el mismo; y si ya se realizó el traslado la referida autoridad deberá informar a este órgano jurisdiccional, dentro del término de veinticuatro horas el lugar al que fue trasladado y en que se encuentra Gregorio Morales Pérez. Con fundamento en lo establecido por los artículo 126, párrafo segundo, y 158, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS informe sobre el cumplimiento que se haya dado respecto de la medida suspensional, apercibida que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa por CINCUENTA unidades de medida y actualización de conformidad con el artículo 237 de la Ley de Amparo, haciéndole saber que de incumplir dicho mandato podrá incurrir en el delito a que se refiere el artículo 262, fracción III, de la Ley en cita, enviándole para tal efecto copia simple de la demanda de garantías. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en virtud que en párrafos precedentes se ordenó suspender de plano éste. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. En otro aspecto, se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de los peticionarios de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que la autoridad responsable no exista con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá el juicio conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, hasta antes de la audiencia constitucional, al considerar que le corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; la anterior circunstancia guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Para evitar dilaciones innecesarias respecto de la imposibilidad que pudiese tener el actuario judicial para llevar a cabo las notificaciones personales que se susciten dentro del presente procedimiento, con fundamento en el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le habilitan días y horas inhábiles para que realice las notificaciones que fueren necesarias, sin necesidad de acuerdo respectivo, previa constancia actuarial, en que se asiente esa circunstancia. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si el proveído o resolución solicitada, las pruebas o demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV, del artículo 13 de la ley referida; así como, para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento en cita. Como lo solicita, téngase como lugar para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el lugar de su reclusión. Lo anterior, hágase del conocimiento del quejoso Gregorio Morales Pérez, en el lugar en donde se encuentra recluido, para los efectos a que haya lugar, haciéndoles entrega de copia autorizada del presente proveído. Se autoriza a la secretaria a firmar los oficios que deriven de este asunto.
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