Gregorio Mendoza Soriano
Expediente 1758/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1758/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gregorio Mendoza Soriano
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; doce de enero de dos mil veintidós. Declaración de cumplimiento. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista concedida en autos, en virtud de que no realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a cargo de la autoridad responsable; en tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente, a fin de establecer si efectivamente se dio cabal cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, se tiene que el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa (fojas 183 a 198), para el efecto de que: "1. Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral ******y su acumulado ******, de su índice, a partir de las diligencias de emplazamiento realizadas el veintidós y veintitrés de junio de dos mil seis. 2. Hecho lo anterior, ordene en cada uno de los juicios laborales que se realicen nuevamente las diligencias de emplazamiento, acorde con los lineamientos que para tal efecto establecen las disposiciones legales aplicables." Determinación que causó ejecutoria el nueve de noviembre de dos mil veintiuno y se requirió a la autoridad responsable el acatamiento a la ejecutoria de amparo (foja 223 a 225). Así las cosas, mediante oficio recibido el veintidós de noviembre de noviembre de dos mil veintiuno, la junta responsable allegó copia certificada del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral *******, de su índice, a partir de las diligencias de emplazamiento, y ordenó nuevamente se realizaran las diligencias de emplazamiento de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto establecen las leyes legales aplicables (fojas 228 a 232). Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los preceptos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se estima que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, restituyéndose a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice arribar a la anterior determinación, las manifestaciones vertidas por el representante común de los quejosos, mediante escrito de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno (foja 235), toda vez que como se advierte de las constancias que en cumplimiento al fallo amparador remitió la autoridad responsable, se advierte que dio total cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa. Se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, sin que sea necesario refoliar el mismo, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del cuaderno principal. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el capítulo segundo, punto cuarto, capítulo tercero, punto decimocuarto y capítulo quinto, puntos vigésimo al vigesimotercero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, y en concordancia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo quinto, punto vigesimoprimero, fracción IV, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de depuración, tal como lo dispone el punto vigesimocuarto de dicho capítulo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo tercero, puntos decimotercero, decimocuarto y capítulo quinto, punto vigesimoquinto del acuerdo normativo, en concordancia con el artículo 8 párrafo I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Destino de cuaderno incidental. Respecto al original del incidente de suspensión, conforme lo establece el artículo 18, inciso a), del referido Acuerdo General, procédase a la correspondiente depuración, una vez transcurridos los TRES AÑOS posteriores a este acuerdo, dado el sentido de la suspensión definitiva. En la inteligencia que el duplicado del incidente de suspensión, según lo establece la fracción II, inciso a) del artículo 20 de tal Acuerdo, será destruido una vez transcurridos seis meses posteriores a la emisión del presente proveído que ordena el archivo del expediente. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La presente determinación es emitida en apoyo a lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), visible en la página 1981, tomo II, Libro I, Mayo 2021, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2023104, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada. SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa, el auto dictado el 23/12/2021: Cuernavaca, Morelos; veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *********, por propio derecho, contra actos del Policía Primero Roberto Antonio Bravo Padilla, Encargado de despacho de la Policía Estatal Morelos, en el Municipio de Axochiapan. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1758/2021 y fórmese expediente. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el particular la parte quejosa reclama: "El oficio número********, de fecha dieciocho de diciembre del año en curso, suscrito por el Policía Primero Roberto Antonio Bravo Padilla, Encargado de despacho de la Policía Estatal Morelos, en el Municipio de Axochiapan, por el que emite la orden de incorporarme en mis actividades "laborales" en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Axochiapan, Morelos a partir del diecinueve de diciembre del año dos mil veintiuno, a las diecinueve horas." Causales de improcedencia. Por las razones expuestas a continuación, y en una nueva reflexión, se considera que surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del último precepto transcrito se desprende que debe reputarse como autoridad al ente que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; esto es, que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias, de imperio y coercitivas, que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En el caso, no basta estimar que los actos reclamados violentan los derechos fundamentales de la parte quejosa (orden de regreso a laborar del personal que se encontraba en resguardo domiciliario ante la contingencia sanitaria existente por el virus COVID-19), para considerar que fueron emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, puesto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, ya ha sostenido el criterio de que, para estimar realizado un acto de autoridad es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no sea necesario acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Dicho criterio se estableció en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, con registro digital 161133, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil ochenta y nueve, del Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, Materia Común, con número de registro 161133, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Bajo esa tesitura, es evidente que la relación establecida entre la parte quejosa y la autoridad que señala como responsable, en su carácter de policía raso adscrito al Ayuntamiento Constitucional de Axochiapan, Morelos, en la especie, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación administrativa de trabajo, pues el acto reclamado lo constituye, en esencia, la orden de regreso a laborar del personal que se encontraba en resguardo domiciliario ante la contingencia sanitaria existente por el virus COVID-19, lo que evidentemente no es un acto de autoridad; considerando que existe un vínculo administrativo de carácter laboral entre las partes, en el cual se encuentran en un plano de igualdad en cuanto a la relación empleado- empleador. Ahora bien, conviene establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la relación entre el Estado y los policías, peritos y agentes del Ministerio Público es de naturaleza administrativa, la cual se rige por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se excluye de considerar a aquéllos, así como a los militares, marinos y al personal del servicio exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que prestan sus servicios. Al respecto, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 8/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "AGENTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE TABASCO. SU RELACIÓN JURÍDICA CON EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversas jurisprudencias que los grupos constituidos por militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales, a que se refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen una relación de naturaleza administrativa con el poder público, debido a que al diferenciar a ese grupo de servidores públicos en las reglas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores y precisar que deberán regirse por sus propias leyes, la citada disposición constitucional los excluye de la aplicación de las normas de trabajo para los servidores públicos del Estado. En congruencia con lo anterior, se concluye que la relación jurídica entre los agentes de policía y el Estado de Tabasco y sus Municipios es de naturaleza administrativa, pues si bien a las Legislaturas Estatales corresponde regular las relaciones de sus trabajadores, sobre las bases del artículo 123 constitucional, conforme al artículo 116, fracción VI, de la Norma Suprema, al hacerlo deben respetar la exclusión prevista en el apartado B, fracción XIII, de aquel numeral, respecto de los miembros de las instituciones policiales, tal como lo dispone el artículo 39 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tabasco". No obstante, se debe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 127/2020, asentó diversas consideraciones que son útiles para orientar la presente decisión, pues en lo conducente señaló, que si bien las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de las personas trabajadoras -prestadoras de servicios-, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. Dicho criterio derivó al resolver el conflicto competencial 45/2020, relativo al asunto en la que la quejosa afirmó padecer hipertensión arterial descontrolada y ocupar el puesto de "encargada de guardia nocturna B" en el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), por lo que promovió juicio de amparo indirecto donde alegó la falta de aplicación por parte del Centro Regulador de Urgencias Médicas, de la circular SSCDMX/DGAF/012/2020, emitida por el director general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de conformidad con el Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecinueve de marzo de dos mil veinte, en el que se instruyó a no asistir a su centro de trabajo a las personas ubicadas en algún grupo de riesgo de contraer el virus SARS-CoV2. Al respecto, la quejosa indicó haber realizado diferentes trámites para quedar exenta de presentarse a laborar, debido a que padece hipertensión; no obstante, señaló que su solicitud fue rechazada; por lo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para fijar la competencia por razón de materia para conocer de un juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, cuando en una demanda de amparo indirecto se reclame la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora las medidas adoptadas para la prevención y mitigación de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo, se advierte que su naturaleza es de carácter laboral. Lo anterior, ya que si bien tales acciones derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral, al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras. En ese sentido y con base en lo considerado por el Alto Tribunal del País, se estima que el cambio de la medida consistente en el resguardo domiciliario y, por ende, la reincorporación de los quejosos en sus actividades policiales, no es un acto de autoridad, sino un acto concerniente con las condiciones inherentes a su relación administrativa de prestación de trabajo que tienen con la dependencia en la que el quejoso lleva a cabo sus actividades como policía (Ayuntamiento Constitucional de Axochiapan, Morelos), las cuales se desarrollan en un nivel de coordinación, entre empleador y prestador de servicios, no así de supra a subordinación, que es lo que inicialmente caracteriza a un acto de autoridad. Por lo que el hecho de que el resguardo domiciliario se haya adoptado como una política del Estado que impactó en las relaciones laborales de los sectores públicos y privados para evitar la propagación de contagios y la posible afectación en las personas con mayor grado de vulnerabilidad ante el Covid-19, no significa que los actos que tengan que ver con las condiciones en que desempeñan sus actividades, se conviertan en automático en un acto de autoridad, pues se trata de relaciones que ocurren en un nivel de coordinación entre los empleadores y trabajadores. Por tanto, se concluye que, el cambio de la medida consistente en el resguardo domiciliario y, por ende, la reincorporación del quejoso en sus actividades policiales de acuerdo con el oficio reclamado, no se advierte que revista las características de un acto de autoridad, sino únicamente se relaciona con cuestiones derivadas de la prestación de sus servicios, con la dependencia en la que llevan a cabo sus actividades como policías, ya que cabe destacar que dicho acto no tiene que ver con la suspensión, remoción o cese de éstos, sino son aspectos relaciones con las condiciones inherentes a la prestación del servicio. Máxime que el resguardo domiciliario no puede considerarse un derecho incondicional oponible de manera permanente y que por ende se trate de un acto de autoridad, pues debe atenderse al semáforo de riesgo sanitario y el esquema de vacunación, según las condiciones vigentes en que lo solicite el prestador del servicio al empleador asimilado. Es de precisarse que esta determinación es acorde a la que arribó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver los recursos de queja 204/2021 y 210/2021 , correspondientes a las ejecutorias emitidas en sesiones de once de noviembre de dos mil veintiuno. En tales condiciones y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, de dicho ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato... Notifíquese personalmente.
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