Gregorio Mendoza Aguilar

Expediente 956/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
956/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Gregorio Mendoza Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de treinta de agosto de dos mil veintidós por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACION EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Glósese a sus autos el oficio 47837/2022 de la Secretaria adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, con el que acompaña el juicio de amparo 1507/2022, mismo que contiene la demanda de amparo promovida por ***, en el que se advierte que por resolución de veintitrés de agosto del año en curso determinó declarar carecer de competencia en razón a la materia. Visto el contenido del mismo este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 956/2022. DESECHAMIENTO Al respecto, se considera que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que motiva desechar de plano la demanda que se provee, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama, en lo que importa: *** En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de revocación aludido, por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Aunado a que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. En el caso concreto, como se destacó, la parte quejosa reclama del juez responsable el proveído emitido en la causa penal 188/2001 y su acumulado 92/2002 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, notificado el tres de agosto del año en curso, a través del cual se autoriza la expedición de las copias simples solicitadas de todo lo actuado en dicho sumario, y se le requiere para que autorice a una persona para comparezca a recogerlas, sin hacérselas llegar al lugar en el que se encuentra interno. Lo anterior, estima vulnera sus derechos, sin embargo, dicha determinación emitida por el Juez, no trasgrede materialmente derechos sustantivos previstos en la constitución, pues inclusive, como se advierte de lo manifestado por la parte quejosa en virtud que le fueron expedidas la totalidad de las copias de manera simple, y se requiere para que autorice una persona para recoger las mismas dada la voluminosidad e imposibilidad para remitirla a su lugar de reclusión. De ahí que, contra dicho acto, también resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, pues no se trata de un acto que afecto derechos sustantivos cuya afectación sea de imposible reparación, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracciones XVIII y XXIII, y 107, fracción V, interpretada a contrario sentido y 113 de la Ley de Amparo, ésta última, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena pasar los autos al actuario judicial adscrito a este juzgado, encargado de realizar las notificaciones correspondientes a este juicio, a fin de notificar de manera personal al quejoso el presente proveído así como los subsecuentes que se ordenen en forma personal, en el lugar de su reclusión -Centro Penitenciario del Estado de Puebla, corriéndole traslado con copias autorizadas de los mismos. Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

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