Gregorio Martinez Lopez
Expediente 850/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 850/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gregorio Martinez Lopez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja en contra del desechamiento de catorce de julio de dos mil veintiuno, conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de catorce de julio de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, catorce de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Gregorio Martínez López, contra actos del Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, atento a su contenido, se provee como sigue: 1).- Registro de demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número progresivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante A.G. 21), se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 3).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo, dado que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Lo anterior es así, toda vez que existe el diverso juicio de amparo 82/2020 del índice de este Juzgado, promovido por el mismo quejoso, en donde señaló como acto reclamado lo siguiente: "1).- La omisión de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos de realizar las acciones necesarias para hacer cumplir la sentencia definitiva de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en el juicio TJA/4ªS/181/2017, promovido por Gregorio Martínez López contra el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. 2).- La omisión de las autoridades señaladas como responsables del Municipio de Puente de Ixtla, de dar cumplimiento a la referida sentencia en la que se les condenó a favor del quejoso a: I).- Emitir el acuerdo de pensión tomando en consideración la antigüedad de veintidós años con seis meses y el salario de $5,403.85 (cinco mil cuatrocientos tres pesos 85/100 m.n.), II).- Que una vez emitido el acuerdo de pensión, y sea separado el actor aquí quejoso de sus funciones, pagar la prima de antigüedad que corresponda al momento del pago, III).- Pagar $44,533.44 (cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y tres pesos 44/100 moneda nacional), por concepto de prima de antigüedad; y IV).- Inscribir al quejoso en la nómina de jubilados." Y por resolución de trece de enero de dos mil veintiuno, este Juzgado le concedió el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: ".VII. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, los efectos del amparo concedido al quejoso consisten en que: Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia, procedan a hacer cumplir y dar cumplimiento a la sentencia definitiva de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en el juicio TJA/4ªS/181/2017." Dicha sentencia fue dictada sin que se le dejara libertad de jurisdicción a las autoridades responsables. Así, mediante proveído veintiséis de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento; por lo que mediante proveído de uno de julio del año en curso, se requirió al Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para que informara lo relativo a la ejecución del arresto impuesto a las autoridades del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, y si dichas autoridades demandadas cumplieron con el requerimiento, o bien, acredite que impuso las sanciones con que los apercibió, para lograr la ejecución de la sentencia. Además, de los autos del referido juicio de amparo, se advierte que en el incidente de suspensión, con fecha veintitrés abril de dos mil veintiuno, se declaró procedente y fundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida el diecinueve de febrero de dos mil veinte a Gregorio Martínez López, requiriéndose a las autoridades responsables procedan a dar cumplimiento a la suspensión definitiva concedida al quejoso, por lo que mediante proveído de dieciocho de mayo del año en curso, se tuvo al delegado de las autoridades responsables municipales de Puente de Ixtla, Morelos, informando sobre el cumplimiento a la suspensión otorgada al quejoso, asimismo, mediante acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se requirió nuevamente a las responsables informaran sobre el cumplimiento a la medida cautelar otorgada. Ahora, en la presente demanda de amparo, el quejoso se duele, en esencia, de la omisión por parte de las autoridades responsables, de dar cumplimiento a la sentencia emitida el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, emitida por el pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro de los autos del juicio de nulidad TJA/4°S/181/2017, radicado en la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos, pues refiere que en el ámbito de sus facultades no están haciendo uso de los medios de apremio que establece la ley y han sido omisas en realizar formal solicitud de otorgamiento de recursos pecuniarios del Fondo de Aportaciones Estatales Concursables para el pago de laudos y sentencias ejecutoriadas dictados en contra de los municipios de la Entidad (Morelos), para dar cabal cumplimiento a la sentencia antes referida.. Lo anterior, deja de manifiesto que el quejoso lo que pretende con su nueva demanda de amparo, es hacer cumplir la sentencia emitida en el juicio de nulidad TJA/4°S/181/2017; sin embargo esta ya fue motivo de estudio y concesión del amparo en el diverso juicio 82/2020, del índice de este Juzgado y la cual se encuentra subjudice, pues al estar en etapa de ejecución, este órgano jurisdiccional se encuentra agotando las medidas de apremio con que cuenta para hacer cumplir su sentencia. Por tanto, las gestiones que al efecto informan dichas autoridades responsables -y que ahora pretende combatir el quejoso-, son en estricto cumplimiento a la ejecutoria de aquél amparo, sin que se le dejara libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para resolver; por tanto, el juicio de amparo no procede "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas", y con ello también se refiere a las resoluciones o actos que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación las constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector u otras resoluciones, y, por consiguiente, la responsable no tiene libertad de decisión. En consecuencia, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente, porque forma parte de la ejecución de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis, pues admitir una nueva controversia constitucional afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica; esto es, los actos que ahora se reclaman, son emitidos por las autoridades responsables en cumplimiento a la ejecutoria dictada en aquél juicio de amparo, de ahí la improcedencia la causal de improcedencia advertida. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 140/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas" se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías.". En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo. 4).- Domicilio de parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda y por autorizadas en los términos propuestos, a las personas que menciona 5).- Autorización de copias En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa, en la fecha y hora generada en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". No obstante lo anterior, y tomando en consideración que el referido sistema es un proceso automatizado que permite generar citas cada media hora, lapso en el cual no es seguro que se obtengan las copias solicitadas, debido a la considerable carga de trabajo que impera, tanto en este órgano jurisdiccional como en el centro de fotocopiado, se previene al promovente para que, de ser el caso, y a fin de evitar la concentración de personas, en su primer cita lleve a cabo los trámites inherente al encargo y pago de dichas copias en el referido centro de fotocopiado, se retire y genere nueva cita para la entrega de esas constancias. Sin perjuicio de lo anterior, se le hace de su conocimiento que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. 6).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 7).- De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, el artículo 261 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ramón Jurado Guerrero, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, así autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
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