Gregorio Martínez Cardoza
Expediente 1164/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1164/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Gregorio Martínez Cardoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el que se declaró sin materia el cumplimiento del fallo protector, por lo que queda firme dicho auto, para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, de conformidad con el párrafo cuarto del ordinal 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control de este Juzgado, así como en la carátula de este expediente.
- Principal
Vista con cumplimiento
- Principal
Causa ejecutoria, se requiere cumplimiento
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gregorio Martínez Cardoza, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones plasmadas en el considerando séptimo y para los efectos del considerando octavo de esta sentencia constitucional. SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando noveno, de esta resolución. TERCERO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y se ordena a la secretaría supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. Audiencia Constitucional En Mexicali, Baja California, siendo las once horas con un minuto del trece de octubre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Francisco Javier Ayala Valenzuela, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional prevista por los artículos 115 y 124 de la Ley de Amparo, señalada para esta hora y fecha en el presente juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. - Relación de constancias - Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias existentes en autos consistentes en la certificación que antecede, demanda de amparo, constancia de notificación de las autoridades responsables y emplazamiento de los terceros interesados. Se hace constar que las autoridades responsables Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y el Actuario de su adscripción, fueron omisos en rendir sus informes justificados, no obstante de encontrarse debidamente notificados del auto en el que se les requirió. - Periodo probatorio- A continuación, y con fundamento en los artículos 119, 122 y 123 de la Ley de Amparo, se procede abrir el periodo de pruebas, y se admiten como tales, las exhibidas por la autoridad responsable; sin que sea necesario relacionar todas y cada una de ellas, ya que no lo exige el numeral 124 de la Ley de Amparo, según se interpreta en la tesis del rubro siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", aplicado por analogía. Por lo que al no haber más pruebas pendientes por relacionar, se declara cerrado dicho período. - Alegatos- Acto seguido, se procede a abrir la etapa de alegatos en la que se hace constar que las partes no formularon manifestaciones en ese sentido; en consecuencia, se declara cerrado el mismo, se concluye la presente audiencia y se procede a dictar la correspondiente. S E N T E N C I A Visto para dictar sentencia en el juicio de amparo 1164/2022-2; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de julio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, recibido posteriormente en este órgano jurisdiccional el mismo día; Gregorio Martínez Cardoza, por su propio derecho, formuló demanda de amparo en la que solicitó la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y por el acto que enseguida se precisa: ". 1. Omisión por parte de la responsable de declarar Cerrada la Instrucción.2. Omisión por parte de la responsable de Dictar y Notificar el Laudo respectivo." SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y por proveído de uno de agosto del dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el número 1164/2022-2; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación, se ordenó emplazar a los terceros interesados y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en el Acuerdo General 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso 43/2018 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atento a que se reclaman actos de autoridades que tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de actos. Por cuestión de orden, en términos de lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo y en cumplimiento al precepto 76 de dicho cuerpo legal, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, página 255, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente es aplicable al caso, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo Sexto Transitorio, la jurisprudencia P.J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época correspondiente al mes de abril de dos mil, página treinta y dos, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, se revela que la parte quejosa reclama: La violación a sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 constitucional, al retrasar el procedimiento laboral dentro del expediente de origen 2260/2020-4A, al no declarar cerrada la instrucción dentro de los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. La omisión de dictar el laudo correspondiente dentro de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y notificarlo. TERCERO. Consideración preliminar. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éste, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de esta juzgadora se actualicen, para que finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2o.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado por conducto de su Presidente. Es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página doscientos seis, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por lo que respecta al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, fue omiso en rendir su respectivo informe, no obstante de que fue debidamente notificado del auto en el que se le requirió, en tres de agosto del año en curso, por lo que se presume cierto el acto que se le atribuye, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo que se acredita, con la copia certificada de las diversas constancias del juicio laboral 2260/2020-4A, remitidas por la Junta responsable, documentales a la que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la misma, por haber sido expedido por funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Cobra vigencia en lo relativo a la valoración de las documentales públicas, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia, pues constituyen cuestiones de orden público cuyo estudio debe abordarse de oficio y de manera preferente a la cuestión de fondo. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia II. 1º. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito publicada en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 222780, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En principio, en relación con el diverso acto reclamado de omisión de dictar laudo, dentro de los plazos y términos que establece la Ley Federal del trabajo, esta resolutora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I y 1, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De la transcripción se aprecia que para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5 fracción I, de la Ley de Amparo, es el quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por lo expuesto, tomando en consideración la etapa procedimental en la que se sitúa el procedimiento laboral, y al reclamar el quejoso los actos la omisión de la autoridad responsable de continuar el trámite del juicio de origen respetando los plazos y términos legales, en específico el dictado del laudo, se advierte claramente que es un acto futuro de realización incierta, pues no existe una certeza clara y fundada de su realización, esto es, de que la junta responsable incumpla con los plazos que la Ley Federal del Trabajo establece para el dictado del laudo, pues se desconoce la conducta procesal que asuma la autoridad responsable en el contradictorio de origen. Bajo esa óptica, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis: IX.1o.17 L (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 835 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, con registro digital 2008134, de la Décima Época, que, a la letra, dice: "OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados." Asimismo, se cita por ser aplicable la tesis aislada XX.308 K, publicada con los siguientes datos número de registro: 209,001, materia común, Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Por lo expuesto, se sobresee en el presente juicio respecto del acto reclamado que se hizo alusión en líneas anteceden, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XXIII, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se transcriben, en razón de que el artículo 74 de la Ley de Amparo no obliga a ello, únicamente prescribe que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, la apreciación de las pruebas que demuestren su existencia, los fundamentos legales en que se apoye su sentido y los resolutivos con que deban terminar, ya que de cualquier manera se analizarán conforme a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en las sentencias de amparo, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil diez, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal trascripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Suplido en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, es fundado el concepto de violación en que, medularmente, se aduce que Junta responsable ha sido omisa en declarar el cierre de la instrucción, dentro de los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo, lo que aduce es violatorio de la garantía consagrada en el numeral 17 Constitucional. Para sustentar lo anterior, es menester transcribir el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, a la letra, establece: "...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales... " Del análisis del precepto constitucional de referencia, se aprecia que la garantía de acceso a la administración de justicia, consiste en: a) El derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos del estado competentes, previamente establecidos, para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución de lo juzgado. b) La obligación por parte de los tribunales jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver controversias que ante ellos se diriman. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse de manera pronta, es decir, las resoluciones, ya sean autos o sentencias, se deben pronunciar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales. Es aplicable, en la especie, la tesis 2a. L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, con el rubro y texto siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Ahora bien, el procedimiento de origen se rige por la Ley Federal del Trabajo, que en sus artículos 885 a 890, establecen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes". De los arábigos que anteceden se desprende que la autoridad responsable, una vez concluida la fase de pruebas, y formulados los alegatos de las partes; así como previa constancia secretarial de que ya no existen pruebas por desahogar, y transcurrido el término de tres días para que expresen las partes su conformidad con dicha certificación, se declarará cerrada la instrucción, contando posteriormente la responsable con un término de diez días para formular por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, se citará a los miembros de la Junta Laboral a la sesión de discusión, y votación a fin de emitir el laudo respectivo. Ahora bien, de la constancia exhibida por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, consistente en el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral de origen, se advierte que con fundamento en el numeral 885 de la Ley Federal del Trabajo dio vista a las partes por el término de tres días, para que expresaran su conformidad con la certificación relativa a que ya no existían pruebas por desahogar, con el apercibimiento que de no hacer manifestaciones al respecto se declararía cerrada la instrucción. Lo anterior, pone en evidencia que la autoridad responsable ha sido omisa en cumplir con los plazos y términos establecidos en el cuerpo normativo que rige el procedimiento de origen, toda vez que desde el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, a la fecha han transcurrido más de once meses, sin que la junta responsable haya cerrado la instrucción en el juicio laboral de origen y por ende tampoco, emitido el laudo correspondiente, por lo que es inconcuso que ha transcurrido en exceso el término de tres días que para tal efecto otorga el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo sin que la responsable haya declarado el cierre de la instrucción, resultando axiomático que la responsable retarda así la debida impartición de justicia, obstaculizando que sea pronta y expedita, y por ende, causa una violación al derecho consagrado en el ordinal 17 constitucional. En ese orden, es inconcuso que la autoridad responsable conculca el derecho fundamental de justicia pronta, contenido en el en el artículo 17 Constitucional, párrafo segundo, de la Carta Magna, por ende, como ya se adelantó, le asiste la razón a la parte quejosa. Por lo anterior al resultar fundado el concepto de violación en estudio procede conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para los efectos que se precisan en el siguiente considerando. OCTAVO. Efectos. De conformidad con el ordinal 77, fracción II, de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión constitucional son para que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California: Dentro del juicio laboral 2260/2020-4A, con fundamento en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, de oficio dicte proveído en el que declare cerrada la instrucción. La presente concesión se delimita en razón del acto reclamado y a la etapa donde se ubica el juicio de origen, por ello no se puede extender para las subsecuentes actuaciones. Es de exacta aplicación, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setecientos treinta y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro I, diciembre de dos mil trece, tomo I, cuyo rubro y texto es el siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Asimismo, tiene en sustento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión laboral 164/2021, de su índice, derivado del juicio de amparo indirecto 583/2020 de la estadística de este Juzgado. NOVENO. Transparencia. Se hace saber a las partes, en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: que para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como: datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, montos económicos que puedan poner en riesgo la seguridad de las partes y aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a alguna persona física o moral relacionada con el presente juicio. DÉCIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. En mérito de lo anteriormente expuesto, y fundado se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gregorio Martínez Cardoza, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones plasmadas en el considerando séptimo y para los efectos del considerando octavo de esta sentencia constitucional. SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando noveno, de esta resolución. TERCERO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y se ordena a la secretaría supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable, para ello se gira el oficio correspondiente. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Francisco Javier Ayala Valenzuela, Secretario que autoriza y da fe, asimismo, certifica que la presente resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente físico y electrónico del Juicio de Amparo 1164/2022-2. Doy fe.
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