Gregorio Luna Hernández
Expediente 238/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 81 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 238/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 81
- Última actuación
- 24/12/2019
Partes del expediente
- Gregorio Luna Hernández
- Ayuntamiento Constitucional de Cuayuaco Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 81.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En ese contexto se tiene que por sentencia de quince de mayo de dos mil diecisiete, misma que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito mediante ejecutoria de seis de diciembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca R.A- 479/2017, se concedió al quejoso Gregorio Luna Hernández, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla: a) Se ordenara notificar personalmente a Gregorio Luna Hernández tanto la declaratoria de utilidad pública como el decreto expropiatorio que emitió el Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla, los días veinticuatro de abril y veinticuatro de julio de dos mil quince, para el establecimiento, explotación, ampliación, modificación o conservación de la infraestructura en materia de seguridad púbica que se pretenda ejecutar sobre su predio rústico; lo anterior, en términos de la obligación prevista en los artículos 5, fracción II y 8 de la Ley de Expropiación del Estado. b) Dado que en el punto cuarto del decreto expropiatorio se ordenó ocupar el predio del quejoso, el Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla, debería respetar el derecho fundamental de audiencia de Gregorio Luna Hernández, a fin de que pueda desplegar su defensa en alguna de las siguientes vías: interponer el recurso administrativo de revocación contra el decreto expropiatorio; cuestionar el monto de indemnización que se hubiera fijado por el bien materia de la expropiación; exigir el pago de la indemnización una vez vencido el plazo legal o, en su caso, solicitar la reversión de la expropiación cuando dentro del plazo legal no se destine la cosa al fin público que se invocó en el decreto, a reserva de otras acciones que también pudieran resultar procedentes. Ante el incumplimiento de la autoridad responsable de acatar la ejecutoria dictada en autos, mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se ordenó remitir el sumario en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en turno, a efecto de que tramitara el incidente de inejecución correspondiente, quien por proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciocho radicó el citado incidente con el número 4/2018. Por ejecutoria de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito resolvió el incidente de inejecución de sentencia ordenando remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determinara lo relativo a la separación del cargo de José Luis Rechy Tirado, Andrés Neri Hernández, Araceli Camacho Hernández, Anastacio Cortes Ravelo, José Ricardo Jorge González Rodríguez, Inés Camacho Hernández, Gregorio Amador Pérez, Antonio González Tirado, Emilio González Coba y Ramón Aguilar Reyes, personas que fungieron como Presidente Municipal, Regidores, Síndico y Secretario General del Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla, respectivamente, y en su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Por acuerdo de tres de octubre de dos mil dieciocho, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, radicó el incidente de inejecución de sentencia con el número 159/2018. Por resolución de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el incidente de inejecución de sentencia, determinando devolver los autos a este órgano judicial para efectos de que se pronunciara en torno al cumplimiento de la ejecutoria federal, ello, en virtud de que advirtió diversos datos relacionados con el citado cumplimiento por parte de la autoridad responsable Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla. solicitando que en caso de tenerla por cumplida se le ordenada lo conducente; asimismo dejó sin efectos el dictamen de consignación de veinte de septiembre de dos mil dieciocho emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en el incidente de inejecución de sentencia 4/2018. Después de diversos requerimientos el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cuyuaco, Puebla, mediante oficio recibido el once de julio de dos mil diecinueve, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informando al respecto que mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil diecinueve, ordenó notificar al impetrante la declaratoria pública de veinticuatro de abril de dos mil quince, del predio de su propiedad y del decreto por causa de utilidad pública de veinticuatro de julio de dos mil quince (sic), por el que se expropia dicho predio, dejando a salvo los derechos del quejoso para desplegar defensa en contra de los mismos; sin embargo, tomando en consideración que después de diversos requerimientos a la autoridad no remitió constancia de notificación fehaciente al aquí quejoso Gregorio Luna Hernández, por auto de veinte de agosto del año que transcurre le fueron requeridas dichas constancias y una vez remitidas, en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, este órgano judicial ordenó notificar personalmente al quejoso en el domicilio señalado en los presentes autos, lo anterior para evitar dilaciones al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En ese contexto, el quejoso Gregorio Luna Hernández fue notificado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, corriéndole traslado con copia certificada del acuerdo de fecha nueve de mayo del año en curso, en el cual, la responsable informa la Declaratoria de Utilidad Pública, y de los Decretos por Causa de Utilidad Pública de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince y veinticuatro de julio de dos mil catorce. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó conceder el amparo, determinación que fue confirmada por el Tribunal Colegiado de Circuito. Acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió la medida cautelar solicitada, en forma provisional y definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Lo anterior, hágase del conocimiento de la Subsecretaría de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales a que haya lugar dentro del incidente de inejecución de sentencia 159/20218. Finalmente, glósese copia autorizada del presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". En ese contexto se tiene que por sentencia de quince de mayo de dos mil diecisiete, misma que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito mediante ejecutoria de seis de diciembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca R.A- 479/2017, se concedió al quejoso Gregorio Luna Hernández, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla: a) Se ordenara notificar personalmente a Gregorio Luna Hernández tanto la declaratoria de utilidad pública como el decreto expropiatorio que emitió el Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla, los días veinticuatro de abril y veinticuatro de julio de dos mil quince, para el establecimiento, explotación, ampliación, modificación o conservación de la infraestructura en materia de seguridad púbica que se pretenda ejecutar sobre su predio rústico; lo anterior, en términos de la obligación prevista en los artículos 5, fracción II y 8 de la Ley de Expropiación del Estado. b) Dado que en el punto cuarto del decreto expropiatorio se ordenó ocupar el predio del quejoso, el Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla, debería respetar el derecho fundamental de audiencia de Gregorio Luna Hernández, a fin de que pueda desplegar su defensa en alguna de las siguientes vías: interponer el recurso administrativo de revocación contra el decreto expropiatorio; cuestionar el monto de indemnización que se hubiera fijado por el bien materia de la expropiación; exigir el pago de la indemnización una vez vencido el plazo legal o, en su caso, solicitar la reversión de la expropiación cuando dentro del plazo legal no se destine la cosa al fin público que se invocó en el decreto, a reserva de otras acciones que también pudieran resultar procedentes. Ante el incumplimiento de la autoridad responsable de acatar la ejecutoria dictada en autos, mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se ordenó remitir el sumario en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en turno, a efecto de que tramitara el incidente de inejecución correspondiente, quien por proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciocho radicó el citado incidente con el número 4/2018. Por ejecutoria de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito resolvió el incidente de inejecución de sentencia ordenando remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determinara lo relativo a la separación del cargo de José Luis Rechy Tirado, Andrés Neri Hernández, Araceli Camacho Hernández, Anastacio Cortes Ravelo, José Ricardo Jorge González Rodríguez, Inés Camacho Hernández, Gregorio Amador Pérez, Antonio González Tirado, Emilio González Coba y Ramón Aguilar Reyes, personas que fungieron como Presidente Municipal, Regidores, Síndico y Secretario General del Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla, respectivamente, y en su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Por acuerdo de tres de octubre de dos mil dieciocho, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, radicó el incidente de inejecución de sentencia con el número 159/2018. Por resolución de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el incidente de inejecución de sentencia, determinando devolver los autos a este órgano judicial para efectos de que se pronunciara en torno al cumplimiento de la ejecutoria federal, ello, en virtud de que advirtió diversos datos relacionados con el citado cumplimiento por parte de la autoridad responsable Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cuyoaco, Puebla. solicitando que en caso de tenerla por cumplida se le ordenada lo conducente; asimismo dejó sin efectos el dictamen de consignación de veinte de septiembre de dos mil dieciocho emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en el incidente de inejecución de sentencia 4/2018. Después de diversos requerimientos el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cuyuaco, Puebla, mediante oficio recibido el once de julio de dos mil diecinueve, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informando al respecto que mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil diecinueve, ordenó notificar al impetrante la declaratoria pública de veinticuatro de abril de dos mil quince, del predio de su propiedad y del decreto por causa de utilidad pública de veinticuatro de julio de dos mil quince (sic), por el que se expropia dicho predio, dejando a salvo los derechos del quejoso para desplegar defensa en contra de los mismos; sin embargo, tomando en consideración que después de diversos requerimientos a la autoridad no remitió constancia de notificación fehaciente al aquí quejoso Gregorio Luna Hernández, por auto de veinte de agosto del año que transcurre le fueron requeridas dichas constancias y una vez remitidas, en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, este órgano judicial ordenó notificar personalmente al quejoso en el domicilio señalado en los presentes autos, lo anterior para evitar dilaciones al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En ese contexto, el quejoso Gregorio Luna Hernández fue notificado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, corriéndole traslado con copia certificada del acuerdo de fecha nueve de mayo del año en curso, en el cual, la responsable informa la Declaratoria de Utilidad Pública, y de los Decretos por Causa de Utilidad Pública de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince y veinticuatro de julio de dos mil catorce. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó conceder el amparo, determinación que fue confirmada por el Tribunal Colegiado de Circuito. Acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió la medida cautelar solicitada, en forma provisional y definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Lo anterior, hágase del conocimiento de la Subsecretaría de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales a que haya lugar dentro del incidente de inejecución de sentencia 159/20218. Finalmente, glósese copia autorizada del presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Gregorio Luna Hernández, visto su contenido, dígasele que podrá comparecer en día y hora hábil en la Actuaria de este órgano judicial a efecto de que le sean entregados los traslados a que hace referencia. Por otra parte, respecto a la devolución de los documentos originales que dice exhibió en su demanda de amparo, dígasele que no ha lugar a acordar favorable su petición, en virtud de que los mismos ya le fueron devueltos, tal y como consta en diligencia de veintiséis de octubre de dos mil quince.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Cuyuaco, Puebla, mediante oficio recibido el once de julio de dos mil diecinueve, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informando al respecto que mediante acuerdo de nueve de mayo del año en curso, en el que ordenó notificar al impetrante la declaratoria pública de veinticuatro de abril de dos mil quince, del predio de su propiedad y del decreto por causa de utilidad pública de veinticuatro de julio de dos mil quince (sic), por el que se expropia dicho predio, dejando a salvo los derechos del quejoso para desplegar defensa en contra de los mismos; sin embargo, tomando en consideración que después de diversos requerimientos a la autoridad no remitió constancia de notificación fehaciente al aquí quejoso, por auto de veinte de agosto del año que transcurre le fueron requeridas dichas constancias y una vez remitidas, en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, este órgano judicial ordenó notificar personalmente al quejoso en el domicilio señalado en los presentes autos, lo anterior para evitar dilaciones al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En ese contexto, el quejoso fue notificado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, corriéndole traslado con copia certificada del acuerdo de fecha nueve de mayo del año en curso, en el cual, la responsable informa la Declaratoria de Utilidad Pública, y de los Decretos por Causa de Utilidad Pública de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince y veinticuatro de julio de dos mil catorce. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con las referidas documentales, se ordena dar vista a la parte quejosa por el término de tres días computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Por otra parte, de los presentes autos se desprende que mediante acuerdo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó notificar la resolución de dieseis de octubre de dos mil diecinueve, relativa al incidente de inejecución de sentencia 159/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se indicó que una vez que obraran las constancias de notificación respectivas, se remitirían copias certificadas de las mismas a la superioridad; lo cual ya aconteció, en tal virtud, se ordena enviar vía MINTERSCJN, copia certificada de las constancias de notificación del proveído de cinco de noviembre de la anualidad, realizadas a la partes en el presente juicio de amparo.
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