Gregorio Lara Maya
Expediente 886/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 886/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gregorio Lara Maya
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
Visto el oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, por medio del cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso ********************, contra el proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, dictado dentro del presente asunto; el cual quedó registrado con el número 128/2016. Notifíquese.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso ************, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 fracción II y 99 de la Ley de Amparo, ríndase informe con justificación respecto a la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto impugnado, toda vez que mediante proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, este juzgado desechó de plano la demanda de amparo intentada, en virtud de la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II de la Ley de Amparo. En tal virtud, remítase el escrito original de la queja de que se trata, así como el informe con justificación acompañado de las constancias relativas al auto impugnado a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato.
- Principal
Atento a que el (a) quejoso (a) Gregorio Lara Maya o cualquiera de sus autorizados no comparecieron a este Juzgado el veintinueve y treinta de septiembre del año en curso -siendo inhábiles el uno y dos de octubre del mismo año- a notificarse personalmente del proveído o resolución de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis -no obstante de habérsele dejado oportunamente en el domicilio señalado en autos el respectivo aviso para ello-, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, le notifico el referido auto o resolución por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en punto de las nueve horas del tres de octubre de dos mil dieciséis; y que en lo conducente establece: Visto el escrito de demanda signado por Gregorio Lara Maya, por su propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese el expediente físico y electrónico, el cual se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 886/2016-1. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 890, cuyo rubro cita: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclama las órdenes verbales y/o escritas para realizar la verificación al equipo de medición de suministro de energía eléctrica así como el corte del mismo, relativo al número de servicio 087 820 300 066, por parte de la Comisión Federal de Electricidad y sus subordinados. Al respecto, se advierte que el juicio es improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1°, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que los actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, se suscitaron dentro de un marco contractual creado por las partes, y no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre las partes contratantes es de coordinación, no de subordinación y, en esa medida, no puede considerarse a la Comisión Federal de Electricidad como autoridad para efectos del juicio de amparo. Los artículos 61, fracción XXIII, 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que se citaron con antelación, son del siguiente tenor literal: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado de Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (...)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El primero de tales preceptos dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros casos, por actos de autoridad que violen los derechos fundamentales. En este sentido, la fracción I, del artículo 103, constitucional, también establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que transgredan derechos humanos; sin embargo, de este precepto ni del diverso 107 de la Ley Fundamental, en el que se consagran los principios procesales del juicio de amparo, se define el término "autoridad", como se establece en la fracción II, del artículo 5 de la Ley de Amparo. Debe precisarse que "autoridad" para efectos del amparo, es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Cabe precisar en este punto, que en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se precisó que en algunos casos, los particulares podrían actuar de forma equivalente a las autoridades, y que en tales supuestos también podrían ser señalados como responsables. En ese sentido, el artículo 5° fracción ll, de la ley de la materia, en su segundo párrafo, establece lo siguiente: "Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo que se concluye que únicamente podrán tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo aquellos particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, siempre que su función esté determinada por una norma general; es decir, que tenga su origen en una ley, en virtud de la cual el particular posea facultades para tomar decisiones que afecten unilateralmente al interesado. Se insiste que, en el particular, el promovente reclama las ordenes verbales y/o escritas para realizar verificación al equipo de medición del servicio de suministro de energía eléctrica, así como aviso de corte del mismo y su ejecución; sin embargo, los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del suministro de energía eléctrica a los particulares, no revisten las características de un acto de autoridad, por cuanto a que tales son realizados dentro de un marco contractual creado por las partes y por lo tanto, no son reclamables en el juicio de amparo los avisos de corte y suspensión del servicio de energía eléctrica. En efecto, las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza contractual y, en consecuencia, las controversias suscitadas, deben decidirse en la vía correspondiente. Al respecto, cabe precisar que la Comisión Federal de Electricidad, en términos del artículo 2º de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión; y tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario (artículo 4º). Ese organismo realiza atribuciones del poder público en la prestación de un servicio inherente al Estado y sus actos, en especial los celebrados con particulares con motivo del suministro de energía eléctrica, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que éstos se realizan en una relación de coordinación entre partes. Lo anterior, se corrobora por el artículo 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada, que establecía lo siguiente: "Artículo 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos, serán aprobadas por la Secretaría de Economía, oyendo a la de Energía. Dichas formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación." Así es, para acceder al servicio de energía eléctrica, los particulares suscriben un contrato con la Comisión Federal de Electricidad, en el cual, una de las partes se obliga a proporcionar el servicio, mientras que la otra se obliga a pagar una contraprestación. En el marco las obligaciones contraídas, ante la falta de pago oportuno de la tarifa del periodo de facturación, existe la posibilidad de que se deje de prestar el servicio en ejercicio del derecho legítimo de retención de la obligación, presente en cualquier relación contractual. Es decir, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que ante el incumplimiento de alguna de ellas, se actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Ahora bien, de lo anterior se advierte que los actos reclamados no son emitidos con la facultad de imperio que caracteriza a un acto de autoridad, es decir, de supra a subordinación, sino que se emite en un plano de igualdad, toda vez que incide en una relación contractual, en la que existe un acuerdo de voluntades celebrado entre particulares, es decir, entre el quejoso y la Comisión Federal de Electricidad señalada como responsable, por lo que no es dable atribuir a los actos debatidos en esta vía como de autoridad. Sobre la base expuesta, se estima que, si los actos reclamados versan sobre la orden verificación al equipo de medición del suministro de energía eléctrica, así como su corte, es evidente que al organismo aquí señalado como autoridad responsable no le asiste tal carácter para los efectos del presente juicio de amparo, en términos del artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia. Es aplicable la tesis jurisprudencial PC.XVI.A. J/4 K (10a.), vinculatoria para este juzgado en términos de lo dispuesto por segundo párrafo del numeral 217, de la ley de la materia, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, visible en la página 1338, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Décima Época, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CUANDO EL AMPARO SE PROMUEVE CONTRA LA DETERMINACIÓN Y COBRO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTENIDOS EN EL AVISO RECIBO ATRIBUIDOS A AQUÉLLA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA [APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.)]. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar la demanda relativa cuando advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida como aquella que está plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con las jurisprudencias 2a./J. 43/2014 (10a.) y 2a./J. 44/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, páginas 888 y 890, respectivamente, de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", el aviso recibo que contiene la determinación y cobro del suministro de energía eléctrica, e incluso cuando contenga una advertencia del corte de ese servicio, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la aplicación de dichos criterios jurisprudenciales es obligatoria, en términos del artículo 217 de la ley citada; de modo que resulta suficiente la aplicación de los criterios definidos, sin que se requiera mayor pronunciamiento, para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en los supuestos en los que se señalen como actos reclamados aquellos a que se contraen las tesis jurisprudenciales referidas." Así como la diversa tesis de jurisprudencia PC.XVI. J/1 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo III, página 2125, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. SE ACTUALIZA AL DEMANDARSE EL AMPARO CONTRA EL CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO O LA SUSPENSIÓN Y LOS AVISOS RECIBO QUE EXPIDE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juez federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por éste aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 y 2a./J. 113/2010, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 364 y 365, respectivamente, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", en las que se define que el cobro, aviso, corte de energía e incluso clausura del medidor, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la aplicación de esos criterios jurisprudenciales es obligatoria en términos de los artículos 215, 216, 217 y Sexto transitorio de la ley de la materia, en tanto que no se oponen a las disposiciones insertas en la Ley de Amparo vigente; de modo que resulta suficiente la aplicación de los criterios definidos, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en supuestos en los que se señalen como actos reclamados aquellos a que se contraen la tesis jurisprudenciales de trato." Así también es de invocarse el criterio contenido en la 2a. XLII/2015 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Civil, página 1183, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo intentada por Gregorio Lara Maya. No se inadvierte la existencia y contenido de la tesis jurisprudencial VII.1o.A.12 A (10a.), Décima Época, Materia(s): (Común), Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, página 2116 del Semanario Judicial de la Federación, que la parte quejosa cita en su escrito de demanda, cuyo rubro establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ES IMPROCEDENTE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE LE RECLAMEN ACTOS QUE DERIVAN EN EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CARENTES DE FUNDAMENTACIÓN, AL NO CONSTAR POR ESCRITO, PUES SE ACTUALIZA UN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." ; empero, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 217 de la ley de la materia, dicho criterio no es vinculatorio para este juzgado, en virtud de haberse emitido por un Tribunal Colegiado que se ubica en diverso Circuito al que este juzgado pertenece. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Sostenes Rocha número 158-C, zona Centro de esta ciudad y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, en virtud de que no proporcionó los datos suficientes para verificar si cuentan con Cédula Profesional Federal inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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