Gregorio Jiménez García

Expediente 550/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
550/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
25/06/2021

Partes del expediente

  • Gregorio Jiménez García

Actuaciones

  1. Principal

    pral.550/2021 mesa 7 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. 1. Causa estado resolución. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código de Procedimientos Federales, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, 3. Archivo del expediente. Considerando que en proveído de quince de junio del año que transcurre, se desechó la demanda de amparo y en esta fecha queda firme tal resolución, sin que exista asunto pendiente por diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos *** En términos del artículo 21, inciso d), del referido acuerdo general, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, **** Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste que este último es destruible. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, ** Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    PRAL.550/2021 MESA 7 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintiuno. 1. Glose de oficio. Incorpórese el oficio número 2317/2021, suscrito por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, mediante el que transcribe el auto de nueve de junio de este año, dictado en el amparo directo 221/2021, de su índice, del que se advierte que no acepta la competencia declinada por este Juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por **** El pasado veintiuno de mayo de esta anualidad se declinó competencia a favor del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, en turno, para conocer de la demanda promovida por Gregorio Jimenez García, por propio derecho, contra actos del juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Ejutla, Oaxaca, al considerarse que el acto reclamado, *** Mediante el comunicado de cuenta, el Tribunal de Alzada informa que el referido aquo, al desahogar el requerimiento realizado, manifestó que en el expediente penal 33/2007, del que deriva el acto reclamado, al haberse impuesto al aquí quejoso la pena de treinta años de prisión, de conformidad con el artículo 519 del Código de Procedimientos Penales, *** 2. Causal de improcedencia. Ahora, a fin de acordar lo que en derecho corresponde en relación a la demanda de amparo origen de este expediente, resulta oportuno precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, *** En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, **** El referido artículo revela que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. **** Así, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de derechos humanos o garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, porque de no ser así, el juicio será improcedente. En relación con el principio de definitividad existe el criterio siguiente, que no contraviene a la actual Ley de Amparo: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, **** En la especie, el incumplimiento al principio de definitividad se estima verificado ante la facultad de la parte quejosa de agotar el recurso previsto en el artículo 518 y demás aplicables, del Código de Procedimientos Penales del Estado, con el que puede lograr la anulación o modificación del acto reclamado. Resulta oportuno citar los siguientes antecedentes: I. El quejoso **** III. El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete se le dictó auto de formal prisión, mismo que fue confirmado por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, **** Como ya se precisó, dicho acto reclamado admite el recurso de apelación, cuya procedencia está prevista en los artículos 518, 519, 520, 521 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que establecen: ". CAPITULO III DE LA APELACIÓN. Art. 518.- El recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida se aplicó exactamente la ley, si se violaron los preceptos reguladores de la valorización de la prueba o si se alteraron los hechos; debiendo ser el resultado de aquél examen, que el Tribunal de Segunda Instancia confirme, **** Art. 519.- La Segunda Instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima, para resolver sobre los agravios que estime el apelante que cause la resolución recurrida. Los agravios deberán expresarse al interponerse el recurso o en la vista del asunto. El Tribunal de apelación deberá suplir la deficiencia del agravio cuando el recurrente sea el procesado, o siéndolo el defensor, se advierta que por torpeza no los hace valer debidamente. Cuando se trate de sentencia que imponga la pena de treinta años o más siempre se tendrá por interpuesta contra ella, el recurso de apelación. El Tribunal que conozca de la alzada, cuando el reo o su defensor no alegare agravios, los suplirá de oficio, si procediere. Art. 520.- Tienen derecho de apelar el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, así como el ofendido o sus legítimos representantes cuando hayan sido reconocidos por el Juez de Primera Instancia como coadyuvantes del Ministerio Público, para efectos de la reparación de daños y perjuicios. En este caso, la apelación se contraerá a lo relativo a la reparación de daños y perjuicios y a las medidas precautorias conducentes a asegurarla. Art. 521.- Son apelables en ambos efectos solamente las sentencias definitivas en que se imponga alguna sanción. " Por tanto, previo a acudir a la instancia constitucional, **** En tanto que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo no se tenía conocimiento de que la parte quejosa hubiese recurrido la sentencia que reclama en esta instancia, pues, como ya se precisó, el veintiuno de mayo de esta anualidad se planteó competencia a favor del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, en turno, para seguir conociendo de ese asunto; empero, del oficio de cuenta y anexos remitidos por la autoridad oficiante se advierte que el juez responsable tuvo por interpuesto, de oficio, el recurso de apelación correspondiente, lo que se corrobora con la siguiente imagen: Sin que, en la especie, se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos por el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, **** Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.7º.P.103 P, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 3186, tomo XXVI, octubre de 2007, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO ES UNA SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL, QUE RESUELVE EL JUICIO EN LO PRINCIPAL, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DESCRITA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de la demanda relativa y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por su parte, del artículo 73, fracción XIII, de la misma ley, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En ese sentido, si el acto reclamado en un amparo indirecto es en una sentencia dictada en primera instancia en materia penal, que resuelve un juicio en lo principal, resulta inconcuso que el hecho de que contra dicha resolución proceda el recurso de apelación en términos de los artículos 416 y 418 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, no actualiza la citada causal de improcedencia, toda vez que, a*** Asimismo, la jurisprudencia 85, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. ***** Conviene precisar que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; **** Sostener lo contrario, ****, el criterio que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito plasmó en la tesis número 15 K (10a.), editada en la página 2274 del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO". En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por Gregorio Jiménez García. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, por así haberlo solicitado expresamente en su escrito de demanda.

  3. Principal

    pral.550/2021 mesa 7 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de junio de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Incorpórese el oficio de cuenta 2141/2021, suscrito por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Decimotercer Circuito, con transcripción del auto de treinta y uno de mayo de este año, del que se advierte que a) acusa recibo del diverso comunicado por el que se le remitió la demanda promovida por ****y seis copias de la misma e b) informa que radicó el asunto con el número 221/2021. Asimismo, comunica que a fin de determinar lo conducente en relación a si acepta o no la competencia declinada, requirió a la autoridad responsable juez Primero de lo Penal de Ejutla, Oaxaca, en los términos precisados en ese auto. 2. Se reserva acordar archivo. En esas condiciones, resérvese acordar lo conducente en relación al archivo de este cuaderno de antecedentes, hasta en tanto, al autoridad oficiante informe si acepta la competencia declinada por este Juzgado. Notifíquese.

  4. Principal

    pral.550/2021 mesa 7 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Ejutla, Oaxaca, depositada el diecinueve de mayo del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio, y recibida en este Juzgado el mismo día; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 550/2021. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, *** Asimismo, ***3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Incompetencia. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la misma. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece los casos en que procede el amparo directo ante Tribunales Colegiados de Circuito; precepto que es del tenor siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, **** En tanto que el artículo 107 de la Ley de Amparo fija la procedencia del amparo indirecto, en los términos ahí precisados. También es de precisarse que el artículo 37,*** En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas. En esas condiciones, la Ley de Amparo, en su artículo 170, fracción I, señala que debe entenderse por sentencia definitiva la que decida el juicio en lo principal y que en su contra debe agotarse previamente el recurso ordinario que se establezca en la ley de la materia, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Debe entenderse por resoluciones que ponen fin a un juicio aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido, y que también en su contra debe agotarse previamente el recurso ordinario que se establezca en la ley de la materia, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Lo anterior deja en claro lo siguiente: un juicio puede terminar decidiendo en lo principal, en cuyo caso se estará en presencia de sentencias definitivas, o sin decidir en lo principal, en cuyo caso se estará en presencia de resoluciones que ponen fin a un juicio, contra las cuales previamente debe agotarse el recurso ordinario que se establezca en la ley de la materia, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Sentado lo anterior, se tiene que el quejoso reclama la sentencia dictada el siete de abril de dos mil veintiuno en el expediente 33/2007, por el juez Primero de lo Penal del distrito judicial de Ejutla, Oaxaca; la cual, conforme al artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, es del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito a través del juicio de amparo directo. Así, no obstante que el artículo 521 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca establece que contra las sentencias definitivas en que se imponga alguna sanción procede el recurso de apelación, lo cierto es que tal circunstancia no faculta a este órgano jurisdiccional determinar si debía o no interponerse dicho medio ordinario de defensa, pues la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad le corresponde al Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito que, por turno, le corresponda conocer de la demanda de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 6/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación libro 17, abril de 2015, Tomo I, página 95, Décima Época, registro 2008791, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, *** y, *** Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por *****, y declina competencia a favor del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, del Decimotercer Circuito; por tanto, remítase al órgano jurisdiccional mencionado la demanda de amparo y seis copias de la misma; para los efectos legales establecidos en el numeral invocado. Se solicita el acuse de recibo correspondiente. 4. Se ordena formar cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias respectivas. 5. Domicilio y personas autorizadas. a) Debido a que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones, los estrados de este Juzgado; con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos, como así lo ilustra la tesis XXII.1o. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". b) Y, atento a lo establecido en el numeral 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a *** por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. 6. Forma de notificación a la parte quejosa. En virtud que el quejoso refiere que se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario Regional número Tres, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; empero, designa autorizado para oír y recibir notificaciones, así como la forma de recibir éstas; por ende, se ordena notificar este auto mediante lista de acuerdos. 7. Número telefónico para establecer comunicación. En términos del artículo 22, *** 9. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,*** 10. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Debido a la situación de contingencia sanitaria que atraviesa el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 11. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 12. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese, en los términos ordenados.

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