Gregorio Ignacio Benítez Castro
Expediente 967/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 30 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 967/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Gregorio Ignacio Benítez Castro
- Marcela Bernal Garcia y Otros.
- Juez de Control del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora
- Azucena Bernal Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las documentales que obran en autos y da cuenta con las constancias de notificación de las partes -autoridad responsable y autoridad tercera interesada, parte tercera interesada, parte quejosa y fiscal federal adscrita-, la demanda de derechos, así como el informe justificado rendido por la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Por otra parte, glósese el alegato ministerial presentado por Alma Leticia Escalante González agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, registrado con el número de promoción 18323. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que formula, las cuales serán tomadas en cuenta de ser el caso, en el momento procesal oportuno. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario hace constar las allegadas por la autoridad responsable -constancias y un disco compacto tipo CD-. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita hizo manifestaciones. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes a formular alegatos. Acto seguido, se cierra este periodo, y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ********************; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido ese día, por razón de turno, a este juzgado de distrito, ********************, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos reclamados que más adelante se precisarán. Trámite. Mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se admitió la citada demanda; se pidió a las autoridades responsables sus informes con justificación; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la representación social de esta adscripción, quien no formuló pedimento, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Terceros interesados. El veinticinco de julio siguiente, se reconoció el carácter de terceras interesadas a ********************, en su carácter de hijas de la víctima ******************** (occisa) en proceso penal de origen y agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos Ocasionados por el Tránsito de Vehículos, con residencia en esta ciudad, por lo que se ordenó su emplazamiento a juicio, lo que así ocurrió. Imposibilidad de celebrar audiencia constitucional y diferimiento. Por proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, se hizo saber la imposibilidad de llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para el veinticuatro de octubre pasado, en razón del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acorde a la circular SGP/02/2023, emitida por la secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como los avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco del año en curso, firmados por el coordinador suplente y la coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, respectivamente, que declararon inhábiles el periodo comprendido del diecinueve al veintinueve de octubre del presente año. Audiencia constitucional. Finalmente, previos diferimientos se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos que inciden en la libertad jurídica del quejoso, dictados dentro de un proceso penal por una autoridad que se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de distrito. Fijación de la litis De acuerdo con el artículo 74, fracción I , de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 169, publicada en la página 207, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio sustentado por el Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, en atención a los criterios transcritos, así como a la lectura integral de la demanda de amparo, los actos reclamados por el quejoso a la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, son: La audiencia de ********************, que se llevó a cabo en la causa penal ********************, en la que se decretó auto de vinculación a proceso en su contra, por el hecho que la ley señala como delito culposo con motivo del tránsito de vehículos con resultado material de homicidio, previsto y sancionado por los artículos 65 y 242 del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de la víctima ********************. La medida cautelar que se le impuso en la citada audiencia consistente en prisión preventiva justificada, prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. La resolución decretada en la audiencia de revisión de medidas cautelares de ********************. Asimismo, del director del Centro de Reinserción Social, con sede en Ciudad Obregón: La ejecución de la medida cautelar impuesta. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." Inexistencia de acto (sobreseimiento) No es cierto el acto reclamado al director del Centro de Reinserción Social, con sede en Ciudad Obregón, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Máxime que, de la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, se aprecia que corresponde a las partes desvirtuar la negativa de los actos atribuidos a las responsables, debiendo acreditar la existencia del acto reclamado y la inconstitucionalidad de los mismos; lo cual en el caso en concreto no aconteció. En ese sentido, debe tenerse en consideración que la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, dado que, quien promueve una demanda de amparo, está obligado a acreditar directamente o mediante el informe de la autoridad responsable, la certeza del acto que impugna y a justificar con pruebas idóneas, que dicho acto es inconstitucional; sin que de autos se advierta que el impetrante haya aportado medio de convicción alguno a efecto de demostrar la existencia del acto reclamado con anterioridad a la presentación de su demanda de amparo, no obstante que le corresponde la carga de la prueba conforme lo establecido en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, el criterio siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Asimismo, la tesis aislada VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que a la letra dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, se impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado y autoridad antes precisada. IV. Certeza de los actos reclamados Son ciertos los actos atribuidos a la jueza Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, residente en esta localidad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad del acto combatido se acredita con las documentales que al efecto acompañó la autoridad a su informe, consistente en las derivadas de la causa penal ********************, así como con el disco compacto que contiene audio y video de las citadas audiencias. Documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2 del mismo ordenamiento legal, ya que no fueron objetadas en cuanto a su autenticidad; además, provienen de una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." V. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Cesación de efectos del acto reclamado por sustitución. En ese tenor, el acto reclamado precisado en el inciso b), del considerando segundo de esta resolución consistente en la audiencia de ********************, en la que se impuso al quejoso la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada, prevista en el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ha dejado de tener vigencia, pues fue sustituida procesalmente por la diversa audiencia de revisión de medidas cautelares de ********************. Por lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en esta instancia constitucional. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, del propio ordenamiento legal, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan -por ejemplo- cuando se dicta un auto que viene a sustituir procesalmente a los anteriores, ya que será esta nueva determinación, y no la recurrida, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el medio de control de la constitucionalidad no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; por tanto, respecto del acto primigenio debe sobreseerse en el amparo con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. En este contexto, como quedó expuesto en párrafos que anteceden, en el caso concreto, se advierte que se emitió una nueva determinación el ********************, mediante la cual se resolvió sobre la medida cautelar impuesta a la parte quejosa, en la causa penal ********************, del índice de la autoridad judicial responsable. Por tanto, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado, pues debe considerarse que con la citada resolución de ********************, cesaron, de ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada, por haber sido sustituida procesalmente por dicha determinación, siendo ésta la que rige en todos sus efectos legales y la que en todo caso podría causar perjuicio a la parte quejosa. Resulta aplicable por analogía la tesis III.3o.C.23 K, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito,2 de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ÉSTA Y NO AQUÉLLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente". En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado precisados en el considerando segundo, inciso b), de esta sentencia. Ahora, toda vez que este juzgador de amparo no advierte diversa causa de improcedencia de manera oficiosa o alegada por las partes, se procede al examen del fondo del presente sumario en relación con los actos reclamados precisados como incisos a) y c). VI. Estudio de fondo (auto de vinculación a proceso) En el caso, opera la suplencia de la queja, por tratarse de un asunto de carácter penal, en el que el quejoso tiene la calidad de imputado, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Empero, si a pesar del estudio oficioso que involucra tal figura, ésta no se traduce en algún beneficio ni reporta utilidad alguna para la parte quejosa, no existe obligación de este juzgador federal de expresar textualmente ese análisis en la presente sentencia. Apoya este aserto, la Jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Sentado lo anterior, el peticionario de amparo expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado a), los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Tal aseveración, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El quejoso vía conceptos de violación aduce que se vulneró en su contra el principio de presunción de inocencia, tutelado en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues refiere que la autoridad responsable le impuso la carga de la prueba para demostrar su inocencia, pese a que se apegó a su derecho de guardar silencio. Señala que la carga de la prueba le correspondía a la parte acusadora como Ministerio Público. Asimismo, reitera que la juez responsable apoyó su decisión en meras conjeturas sustentadas por su creencia, suposición, presentimiento o suspicacia de la comisión del hecho que le imputó, sin fundamentarse en dato de prueba alguno. Análisis del auto de vinculación a proceso. El artículo 14 del Pacto Federal, en su párrafo segundo, establece las formalidades esenciales del procedimiento, que son aquellas que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada . En el caso, las formalidades esenciales del procedimiento que la autoridad judicial debe observar previo al dictado del auto de vinculación a proceso, conforme al indicado numeral 14 de la carta magna, se encuentran previstas, medularmente, en las fracciones I, II, III, IV, VI y VIII, del apartado B, del artículo 20 constitucional , por lo que es preciso el estudio adminiculado de ambos preceptos. Tales formalidades se resumen en lo siguiente: Que se presuma la inocencia del imputado. El derecho a la no auto-incriminación, que consiste en que el imputado no podrá ser obligado a declarar, ser incomunicado, intimidado o torturado. Ser informado de los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario y auxiliándole para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite. El derecho a que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; y Que tiene derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente y en caso de no querer o no poder, después de haber sido requerido, se le designará un defensor público. Al respecto, se estima que las citadas formalidades fueron observadas, toda vez que del disco que contiene el registro de la audiencia en la que se formuló imputación; y posteriormente, se vinculó a proceso a ********************, se aprecia lo siguiente: El defensor particular ********************, asistió al imputado en la audiencia celebrada el ********************, en la que se formuló imputación y se le decretó prisión preventiva justificada (03:46); siendo que dicha asistencia se justificó previa pregunta de la juez de control al imputado sobre su deseo de designarlo, a lo que refirió que sí era su deseo; profesionista que aceptó el cargo conferido y participó activamente en sus respectivas etapas. En el caso particular, la juez se cercioró de la calidad del defensor, pues de manera respectiva expuso su número de cédula profesional de folio ******************** (04:00), con lo cual, se garantizó el acceso a la defensa adecuada del imputado. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia 41/2020, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 81, diciembre de 2020, tomo I, página 327, décima época, registro digital 2022508, de rubro: "DEFENSA ADECUADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL EL JUEZ DE ENJUICIAMIENTO ESTÁ OBLIGADO A CORROBORAR LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR AL INICIO DE SU INTERVENCIÓN." La juez responsable verificó que el imputado conociera sus derechos, pues le cuestionó si los había entendido, a lo que este respondió afirmativamente (04:10). La presentación del imputado fue en virtud de haber sido ejecutada una orden de aprehensión librada en su contra. En la audiencia inicial, una vez realizada la formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público, se concedió el uso de la voz a la defensa para que manifestara alguna aclaración o precisión; asimismo, la juez responsable cuestionó al hoy quejoso si había entendido la imputación que le fue formulada por el ministerio público, a lo que le respondió que sí; de igual forma, le preguntó si deseaba declarar con relación a los hechos materia de la imputación, reservándose su derecho (07:46 a 56:24). El agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso; y posteriormente, la juez de la causa preguntó al imputado en qué momento deseaba se resolviera su situación jurídica, a lo que éste contestó que sea en ese momento (55:32). De lo anterior se obtiene, que la defensa del imputado estuvo en condiciones de argumentar y contraargumentar todo lo que se consideró idóneo para su defensa. Lo que evidencia que no existió violación a las formalidades esenciales del procedimiento, previo al dictado del auto de vinculación a proceso reclamado en esta instancia constitucional. Marco constitucional, legal y jurisprudencial del auto de vinculación a proceso. Conviene señalar algunas de las interpretaciones en torno al auto de vinculación a proceso expuestas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, las cuales se enuncian enseguida. Sostuvo el máximo tribunal que para el dictado de un auto de vinculación a proceso no es necesario acreditar los elementos del cuerpo del delito, sino, en su caso, solo hacer un estudio conceptual de aquéllos, en la medida que resulte necesario para establecer que el hecho acaecido encuadra en un delito, en razón de que la reforma constitucional a través de la cual se modificó el sistema penal mexicano, al pasar de un sistema mixto a uno acusatorio oral, modificó radicalmente el procedimiento penal y sus etapas. En ese tenor, consideró que el auto de formal prisión -o incluso de sujeción a proceso- tenían como consecuencia inmediata, la restricción de la libertad del indiciado -aunque en distinto grado-; mientras que el auto de vinculación a proceso responde a una lógica distinta, en la medida que, a través de él, se formaliza la investigación y posterior a su dictado el juez de control, a petición de la fiscalía podrá, si lo considera necesario para el normal desarrollo del procedimiento o por encontrarse ante un caso que amerite prisión preventiva, dictar medidas cautelares, al tenor de las cuales eventualmente se pueda restringir la libertad personal del indiciado. Añadió, que el auto de vinculación a proceso tiene el efecto de sujetar al imputado a una investigación formalizada por su probable intervención en un hecho considerado como delito y no propiamente el de sujetar a juicio al imputado, lo cual es una consecuencia de la etapa intermedia derivado de la formulación de la acusación. Por ello, el Alto Tribunal sostuvo que el auto de vinculación a proceso sólo exige contar con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el hecho, por el cual se seguirá la investigación, evitando la presentación de pruebas formalizadas durante la primera etapa de investigación del procedimiento, buscando con ello que se mantenga la objetividad e imparcialidad en la etapa de investigación complementaria. En síntesis, determinó que, en el sistema penal acusatorio oral, la vinculación se realiza en función de los hechos, siempre y cuando se establezca que los mismos están tipificados como delito, y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que ocurrirá cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. De tal ejecutoria, emergió la jurisprudencia 1a./J.35/2017 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 360, con registro digital 2014800, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos, es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí - como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión, la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el Juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el Juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el Juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de una sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Por su parte, el artículo 19, párrafo primero, de la Carta Magna, establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Asimismo, los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales señalan: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De esos textos, constitucional y legal, se advierte que para el dictado del auto de vinculación a proceso, se deben cumplir con requisitos de: a) forma y b) fondo, mismos que se analizarán a continuación. Requisitos de forma Como se precisó en párrafos precedentes, dichos requisitos de forma fueron colmados por la juez responsable, pues del auto de vinculación a proceso combatido a través de la presente instancia, se advierte que al imputado ******************** se le hicieron saber los hechos con características del delito que dio origen a la imputación formulada en su contra, su forma de participación y los datos obrantes en la carpeta de investigación que fueron tomados en consideración al constatar los hechos con características del delito culposo con motivo del tránsito de vehículos con resultado material de homicidio, previsto y sancionado por los artículos 65 y 242 del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de la víctima ********************. Esto es: a) en audiencia pública, se le hicieron saber de forma detallada los hechos que se le imputan, así como los datos de pruebas existentes para ello; b) se le otorgó el derecho a declarar, pero se reservó a realizarlo; c) se resolvió en el momento su situación jurídica; d) para ello, estuvo asistido de su defensor particular con lo que en todo momento se le permitió entablar comunicación; e) en igualdad de circunstancias, estuvo en aptitud de ofrecer los elementos de juicio que estimase convenientes para desvirtuar la imputación. Requisitos de fondo Por otro lado, los requisitos de fondo son: Que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito; y Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su ejecución. Los cuales se estudian a continuación. Hechos que la ley señala como delitos y probable participación. En la audiencia inicial el agente del Ministerio Público formuló imputación contra el aquí quejoso por los hechos narrados en la formulación de imputación, los cuales se tienen por reproducidos a fin de evitar transcripciones innecesarias. Conductas que encuadró en la clasificación jurídica de los hechos con características de delito culposo con motivo del tránsito de vehículos con resultado material de homicidio, previsto y sancionado por los artículos 65 y 242 del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de la víctima ********************. Las personas que depusieron en su contra son ********************, en su carácter de hijas de la víctima ********************. Por otra parte, la representación social en la audiencia de ********************, expuso los diversos datos de prueba con los que formuló imputación al hoy quejoso los cuáles se pueden verificar desde el minuto 14:49 de dicha audiencia, y en las fojas 38 a 47 del presente sumario constitucional, sin necesidad de transcribir dichos datos de prueba. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL DICTARLAS DEBEN, POR REGLA GENERAL, ABSTENERSE DE TRANSCRIBIR INNECESARIAMENTE CONSTANCIAS PROCESALES EN ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE RIGE SU DESEMPEÑO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE RESTRINGIR SU LIBERTAD NARRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Acorde con el artículo 50 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, el legislador procuró que las resoluciones judiciales sean menos voluminosas y evitar confusiones que las hagan complejas e, incluso, onerosas; sin embargo, entre las reglas sobre redacción de sentencias que deben observarse, no se desprende que el juzgador tenga el deber de reproducir en cada uno de los considerandos de la sentencia el contenido de las pruebas y diligencias que forman parte de la causa penal. Por tanto, existe una clara política legislativa que intenta desterrar de la práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales; de ahí que los juzgadores que dicten resoluciones en materia penal deben, por regla general, procurar abstenerse de dicho hábito, en acato al principio de legalidad que rige el desempeño de toda autoridad, especialmente las jurisdiccionales, pues no puede desconocerse que se está ante una potestad popular y soberana como la del legislador, que inexcusablemente debe ser respetada. Lo anterior no significa que se restrinja la libertad narrativa del autor de las resoluciones, quien en ocasiones requiere ilustrar, a través de una cita textual el sentido de sus razonamientos, pero no debe olvidarse que ello puede lograrse, y además de mejor manera, prefiriendo extractos de constancias -como lo manda la norma-, mediante la utilización de signos de puntuación idóneos, tales como las comillas, los paréntesis, los corchetes, los puntos suspensivos y otros análogos. De igual manera la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La evolución legislativa del artículo 95, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales permite advertir que el legislador ha querido suprimir de la práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, la redacción original de tal dispositivo consignaba que toda sentencia debía contener: "Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución."; sin embargo, esa estipulación luego fue adicionada, por reforma de ocho de enero de mil novecientos noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo se refiriese al material probatorio, pues el precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: "Un extracto breve de los hechos conducentes a la resolución, mencionando únicamente las pruebas del sumario."; y finalmente, el texto en vigor revela una posición más contundente del autor de la norma, cuando en la modificación de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro estableció que el texto quedara de la siguiente manera: "Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias.". Por tanto, si como puede verse, ha sido preocupación constante del legislador procurar que las sentencias sean más breves, lo que de suyo tiene como finalidad que sean más comprensibles y menos onerosas en recursos humanos y materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el cuerpo de la resolución, en términos de espacio, lo conforman los razonamientos y no las transcripciones, puesto que el término "extracto breve", por sí mismo forma idea de una tarea sintetizadora propia del juzgador, que excluye generalmente al uso de la transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea argumentativa, sea indispensable ilustrar el razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea de utilidad para la resolución del asunto; principio que es aplicable no sólo a las sentencias, sino también a los autos, pues no hay que perder de vista que la redacción actual del precepto en cita equipara ambas clases de resoluciones. En conclusión, siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica que el legislador ha querido proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en estricto acato al principio de legalidad." Con los referidos datos de prueba señalados en el disco que contiene la audiencia de formulación de imputación, la juez responsable estimó que resultaban suficientes para establecer, en grado de probabilidad, que los hechos tienen apariencia del delito culposo con motivo del tránsito de vehículos con resultado material de homicidio, cometido en perjuicio de la víctima ********************, previsto y sancionado por los artículos 65 y 242 del Código Penal para el Estado de Sonora, que son del tenor siguiente: "Articulo 65. Cuando el delito culposo sea cometido con motivo del tránsito de vehículos, la sanción será de tres días a cuatro años de prisión, multa de diez a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización y suspensión hasta por dos años o privación definitiva de la licencia para manejar o del derecho para ejercer profesión u oficio en la materia." "Artículo 242. Lesión es todo daño en la salud, producido por una causa externa." En ese escenario, se estima apegada a derecho la decisión de la juez responsable al señalar que los datos de prueba resultaron suficientes para establecer los hechos con apariencia del delito mencionado cometido en agravio de la víctima ********************, sin que se advierta alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso. En efecto, de los referidos datos de prueba se acreditan los hechos con apariencia del delito previamente enunciado, pues con ellos se evidencía que el tres de junio de dos mil veintitrés momentos después de aproximadamente las veintiún horas con treinta minutos ******************** condujo un vehículo de propulsión mecánica, marca "Mercedez Benz", tipo camión de transporte urbano, este línea "neobus", año dos mil veinte, color naranja, con serie terminación 071396, sin placas de circulación, número económico SIT0079, por el bulevar Lázaro Cárdenas entre Belice y Pedro Ascencio poniente- oriente, por lo que al realizar una maniobra incorrecta de girar a su derecha para ingresar al área de pernocta en la empresa UNE, atropelló a la hoy occisa ******************** pasando por encima de ella con dicho vehículo, provocándole lesiones que le causaron la muerte dentro del rango comprendido de tres horas después de ser atropellada. En virtud de lo anterior, resultan infundados los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, pues como se advierte el agente del Ministerio Público proporcionó diversos datos de prueba suficientes para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito. Asimismo, tampoco le asiste la razón en lo que argumenta en el sentido de que la juez responsable resolvió basándose en suposiciones, pues como se advierte en lo expresado en párrafos que antecede dicha autoridad al momento de dictar su determinación encuadró la conducta plasmada a la norma penal, y con ello identificó las razones que la llevaron a determinar el tipo penal aplicable en la causa penal de origen. También es ineficaz que la parte quejosa refiera que fue detenido en un lugar distinto al de los hechos, pues como se mencionó en la audiencia de formulación de imputación, éste fue detenido en su lugar de trabajo en virtud de una orden de aprehensión librada en su contra. Derivado de lo anterior, la autoridad responsable concluyó que existe la probabilidad de que el hoy quejoso hubiese participado en la comisión del hecho con apariencia del delito multicitado. Conclusión que se estima apegada a derecho, ya que no se advierte alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso; en el entendido que el estándar probatorio para la etapa procesal en la que se sitúa el acto reclamado es muy bajo y sólo se requiere de datos de prueba que permitan dilucidar que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el hecho por el cual se seguirá la investigación. Asimismo, se advierte de la actuación que se revisa, que existe la cita de los preceptos legales aplicables al caso particular, así como de las razones por las cuales la autoridad estimó que se actualizaban las conductas descritas, colmando los postulados de fundamentación y motivación. Grado de autoría o participación. La autoridad responsable también estableció de manera legal que respecto al delito ejecutado aconteció a título doloso, de conformidad con el artículo 6, fracción II, del Código Penal para el Estado de Sonora. Ausencia de excluyentes del delito. Además, el juez de la causa no señaló actualización de alguna causa excluyente de delito o circunstancia de justificación o inimputabilidad, a favor de ********************, motivo por el cual determinó vincularlo a proceso por su probable participación en los hechos referenciados. Circunstancia que se corrobora, dado que del análisis oficioso que se hace del acto reclamado, no se aprecia alguna causa de inimputabilidad a favor del quejoso, que justifique su proceder, esto es, no se observa que careciera de la capacidad de comprender el carácter antijurídico del hecho o de determinación de acuerdo con esa comprensión por causas de trastorno mental transitorio (producido de forma accidental o involuntaria) permanente y sordomudez, carente total de instrucción. En tal virtud, al resultar infundados los conceptos de violación y toda vez que del análisis oficioso del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso, que se realiza supliendo la queja deficiente, en los términos que prevé el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, no se aprecia transgresión a los derechos fundamentales del quejoso, procede negar el amparo solicitado. VI. Análisis prisión preventiva justificada (audiencia de revisión de medida cautelar) Se estiman fundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso a través de los cuales combate la medida cautelar de prisión preventiva justificada, aunque para considerarlos así, sea necesario suplir la deficiencia de la queja, con apoyo en lo dispuesto en el ordinal 79, fracción III, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos9 , por tratarse de un asunto de carácter penal, en el que el impetrante tiene la calidad de imputado. En ese sentido, debe establecerse que los artículos 153, 154, 155, 157, 159 y 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que para que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva, es necesario que se colmen los siguientes requisitos: Sea emitida por un Juez de Control. Se haya formulado imputación y el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, o bien que se haya vinculado a proceso. Sea solicitada por el Ministerio Público, salvo que se esté en presencia de los delitos enunciados en el artículo 167 del código procesal citado, en los que el Juez de Control, la decretará de oficio. El delito por el que se solicite merezca pena privativa de libertad. Sea impuesta mediante resolución que contenga la justificación que motivó su establecimiento, los lineamientos para su aplicación y su vigencia. En la especie, el primer requisito se encuentra satisfecho, debido a que la autoridad que decretó la medida cautelar fue la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. En lo tocante al segundo requisito, también está satisfecho, toda vez que se formuló imputación al aquí quejoso por el hecho considerado como el ilícito ya precisado con anterioridad culposo con motivo del tránsito de vehículos con resultado material de homicidio. Por otra parte, se advierte que el tercer requisito está colmado, pues la medida cautelar de que se trata fue solicitada por el agente del Ministerio Público. No obstante lo anterior, a criterio de este órgano jurisdiccional el último requisito no se encuentra satisfecho, ya que la decisión adoptada por el juez de la causa para imponer la medida cautelar consistente en prisión preventiva, no se encuentra debidamente justificada, como se explicará a continuación. Los artículos 1 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las autoridades judiciales están obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contemplados en la Carta Magna, sino también por aquellos previstos en los tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano, favoreciendo en todo momento la protección más amplia, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. El derecho a la libertad debe entenderse como el derecho del hombre a no ser privado de su libertad física, salvo las causas y en las condiciones estipuladas por la Constitución o por las leyes dictadas conforme a tal normatividad, asimismo, protege al ser humano en contra de aquellos actos que, sin fundamento legal, puedan transgredirlo. Por ende, se trata de un derecho encaminado a evitar que las autoridades restrinjan la facultad de la persona de organizar su vida conforme a sus propias convicciones, siempre que éstas sean acordes con las leyes; por tanto, al ser un derecho fundamental, en nuestro derecho interno, el derecho a la libertad personal se reconoce, aunque indirectamente, en el más alto nivel normativo, a saber, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en los artículos 16, 19 y 20, donde se advierte que, en relación con la libertad personal, nuestro máximo ordenamiento prevé, entre otros, los derechos específicos de la libertad durante el proceso, derecho a que la prisión preventiva se decrete de manera excepcional, sólo en los casos y circunstancias expresamente previstos en la norma fundamental. En ese sentido, la regulación constitucional del derecho a la libertad personal se centra en el reconocimiento de sus propios derechos, lo que conlleva que dicha reglamentación persiga una doble finalidad: 1) Garantizar la esfera de autonomía física de las personas; y 2) Constreñir a los poderes públicos a actuar dentro de los límites que el derecho de mérito les impone para poder privar a alguien de su libertad, lo que significa que el Estado protege la libertad de cada persona y la hace operable dentro del núcleo social mediante el establecimiento de restricciones a su ejercicio, las cuales deben tener por objeto asegurar los derechos de los demás, satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática, aspectos con los cuales, únicamente puede verse limitado el ejercicio de su libertad, pero para que los límites fijados resulten exigibles, deben estar expresamente previstos en una norma jurídica y acordes a los derechos humanos. De tal suerte que, la afectación a la libertad personal debe apoyarse en una causa expresamente establecida por la ley, y regirse por lo que en ella se disponga; y debe tener además, una justificación teleológica, es decir, debe orientarse hacia un fin constitucionalmente legítimo y socialmente relevante y emplear los medios adecuados y necesarios para alcanzarlo, pues si bien el derecho a la libertad personal no es absoluto y, por ende, puede restringirse, ello sólo es posible dentro de los límites establecidos por la ley (los cuales deben ser razonables, proporcionados y legítimos) y mediante el procedimiento que al efecto se haya determinado, lo que reitera el hecho de que la libertad personal se traduce en el derecho que toda persona tiene a que no se constriña su libertad deambulatoria, si no es por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley, con estricta sujeción a los procedimientos en ella definidos, así como por motivos y métodos compatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo. Por su parte, los criterios internacionales emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecen que la prisión preventiva debe considerarse bajo el principio de última ratio e imponerse por excepción, es decir, sólo en aquellos casos donde el grado de cautela resulte máximo, ya que al incidir directamente en el derecho a la libertad personal, la petición respecto de tal medida, debe analizarse bajo el más preciso escrutinio, y dicha restricción debe ser aplicada de manera excepcional y proporcional al caso específico. Así, el juez de control tiene la facultad de imponer medidas cautelares a los imputados dentro de una carpeta judicial, por el tiempo que determine indispensable, de manera general, para cumplirse los objetivos o fines siguientes: Para asegurar o garantizar la comparecencia del imputado en el procedimiento (peligro de sustracción del imputado, previsto en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Evitar la obstaculización del procedimiento o desarrollo de la investigación (artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Garantizar la seguridad de la víctima u ofendido, testigos o de la comunidad (artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Asimismo, en el Código de Nacional de Procedimientos Penales, se observa que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido podrá imponer al imputado cualquiera de las medidas cautelares enunciadas por la propia legislación, salvo la relativa a la prisión preventiva, la cual sólo podrá otorgarse a petición del Ministerio Público, "siempre que otras medidas no sean suficientes para garantizar los objetivos o fines previamente citados" y también puede imponerse de forma oficiosa en los delitos a que alude el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También se advierte que, el debate acerca de la imposición de medidas cautelares se llevará a cabo una vez formulada la imputación, si el imputado se acoge al término constitucional (setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas), o bien, cuando se le haya vinculado a proceso, en ambos supuestos a solicitud del Ministerio Publico; discusión en la cual las partes podrán ofrecer aquellos datos de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando sean susceptibles de ser desahogados dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicho debate. De igual modo, se observa que, para la imposición de tal medida, el juez de control deberá determinar la idoneidad y proporcionalidad de su imposición, para lo cual podrá tomar en consideración lo siguiente: Los argumentos que ofrezcan las partes o la justificación que el Ministerio Público realice. La aplicación del criterio de "mínima intervención" según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo establecido en el artículo 19 de la Constitución. Podrá tomar en consideración el análisis de evaluación del riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral. Asimismo, el juez de control al resolver el debate sobre la imposición de la medida cautelar deberá justificar las razones por las cuales considere que la medida cautelar es la que resulta menos lesiva para el imputado. De igual forma, se establece que la resolución que contemple la imposición de una medida cautelar deberá justificar el motivo de su establecimiento, los lineamientos para su aplicación y su vigencia. Así, al considerarse la prisión preventiva como una medida de excepción o de última aplicación, en su solicitud, y de ser el caso en su concesión, habrá que justificarse que otra medida cautelar no resulta suficiente para los fines establecidos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, el juez de control al decidir sobre la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, deberá asegurarse que se pueda cumplir con alguno de los objetivos o fines para los que fue destinada. Solicitud de medida cautelar La representación social solicitó ante la juez de Control que se aplicara a la parte quejosa la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Para acreditar la procedencia de ésta, refirió en esencia que debía decretarse dicha medida cautelar debido a que existía peligro de sustracción de la acción de la justicia, ya que el imputado nunca compareció al juzgado, sino que permaneció oculto, por lo que se le giró orden de aprehensión para asegurar su presencia en audiencia. Por su parte, la juez responsable, en esencia, determinó imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo siguiente: En principio, con relación a los argumentos vertidos por la juez responsable, se considera que se limitó a reproducir lo solicitado por el fiscal, al señalar que era pertinente imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debido a que el imputado nunca compareció al juzgado, y se le tuvo que librar orden de aprehensión para lograr su comparecencia, además reiteró que al estar libre y siendo chofer de la empresa de camiones en la cual trabajaba, pudiera realizar acciones para entorpecer la investigación. Acotado lo anterior, como se indicó, resultan fundados los conceptos de violación hechos valer por el peticionario del amparo, pues se advierte que la resolución reclamada viola en su perjuicio los principios de excepcionalidad de la prisión preventiva, de mínima intervención y de presunción de inocencia, como se explicará a continuación. En tal virtud, el hecho de que la juez responsable haya tomado en consideración que el quejoso no tenía arraigo en esta ciudad, al no comparecer a juzgado, y se le haya librado una orden de aprehensión para lograr su presencia, resulta insuficiente para considerar que por sí sola, dicha circunstancia podría obstaculizar el procedimiento. Se afirma lo anterior, porque a pesar de que al imputado se le haya librado una orden para asegurar su comparecencia en la audiencia respectiva, se puede observar -como se adujo en audiencia- que ésta fue ejecutada en su lugar de trabajo, por lo que no se aprecian acciones de sustracción por parte del hoy quejoso ya que no se encontraba oculto. Además, como se señaló en la audiencia de medidas cautelares, el quejoso se retiró del lugar de los hechos toda vez que policía de tránsito así se lo manifestó, máxime que como lo refirió su defensa, su familia se encuentra en esta ciudad. Asimismo, la juez responsable perdió de vista las manifestaciones del quejoso, en el sentido de que ocupaba estar libre para trabajar y mantener a su familia. Con lo anterior se obtiene que la juez responsable lejos de allegarse de más elementos de prueba para resolver la medida cautelar, o atender a lo manifestado por la defensa del imputado, únicamente tomó en consideración los argumentos expuestos por la Agente del Ministerio Público, lo que resulta insuficiente para demostrar la falta de arraigo del aquí quejoso en juicio. Aunado a lo anterior, con tal actuar, el juez de control responsable pasó por alto la obligación que tiene el Ministerio Público de aportar los medios de prueba necesarios y argumentos objetivos que permitan determinar que la medida cautelar resulta idónea, proporcional o necesaria, y no limitarse a mencionar genérica y subjetivamente que la prisión preventiva justificada, es la única suficiente para garantizar la comparecencia del imputado al juicio. Al respecto, resulta aplicable la tesis de registro digital 2017568, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de la Décima Época, materia penal, publicada en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo III, página 3016, de rubro y contenido: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO DEMOSTRAR Y JUSTIFICAR SU IMPOSICIÓN Y NO LIMITARSE A MENCIONAR GENÉRICA Y SUBJETIVAMENTE QUE ES SUFICIENTE PARA CONTINUAR ADECUADAMENTE CON LA INVESTIGACIÓN. El artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la prisión preventiva justificada solicitada por el Ministerio Público tiene el carácter de excepcional, ya que debe pedirse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes; así, de acuerdo con los principios de proporcionalidad e idoneidad, previstos en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se requiere que el Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares, tome en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención, según las circunstancias particulares de cada persona, en términos del precepto constitucional citado. Bajo este contexto, es al Ministerio Público a quien corresponde la carga procesal de solicitar la prisión preventiva justificada, así como demostrar y justificar por qué otras medidas cautelares son insuficientes para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento, además de aportar los medios de prueba necesarios y argumentos objetivos que permitan al juzgador determinar que resulta idónea, proporcional o necesaria, y no limitarse a mencionar genérica y subjetivamente que la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, es suficiente para continuar adecuadamente con la investigación." Al margen de lo anterior, se considera que la juez responsable debió exhortar o pudo haber requerido al ahora quejoso para que manifestara el domicilio donde habitaría durante el tiempo que durara el proceso; incluso, pudo decretar su resguardo con las modalidades que él decidiera al imponer diversa medida cautelar; lo anterior, en términos del artículo del artículo 155, fracciones V y XIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen que el juez puede imponer una o varias medidas cautelares, entre ellas, la exhibición de una garantía económica proporcional al monto patrimonial del quebranto sufrido por las víctima de los delitos, el embargo de algún bien o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, de conformidad con el artículo 155, fracciones II, III y IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales Asimismo, es dable señalar que la certidumbre en el domicilio donde reside el imputado, es un buen parámetro para averiguar si existe riesgo o no de que se garantice su comparecencia en el proceso. Al respecto, cobra aplicación la tesis aislada I.1o.P.121 P (10a.) con registro digital 2017690, Décima Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo III, página 2960, del tenor siguiente: "MEDIDAS CAUTELARES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EL HECHO DE QUE EL IMPUTADO TENGA UNO O VARIOS DOMICILIOS FUERA DE LA JURISDICCIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL QUE DEBA PROCESARLO, ES INSUFICIENTE PARA ESTABLECER QUE NO TIENE ARRAIGO EN EL LUGAR DONDE SE LLEVA A CABO SU PROCESO Y, POR ENDE, QUE REPRESENTA UN PELIGRO DE SUSTRACCIÓN, AL NO ESTAR GARANTIZADA SU COMPARECENCIA. Los artículos 153 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que una de las hipótesis que el órgano jurisdiccional debe tomar en consideración para imponer una medida cautelar, incluso, la prisión preventiva justificada, es que se garantice la presentación o comparecencia del imputado en el procedimiento, para lo cual, el diverso artículo 168 alude a una serie de circunstancias que el Juez de Control debe tomar en cuenta para decidir si se encuentra garantizado o no dicho aspecto procesal y no exista peligro de sustracción del imputado. Luego, conforme a la fracción I del último normativo citado, una de esas circunstancias es el arraigo que el imputado tenga en el lugar donde deba ser juzgado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. En ese sentido, si bien el que se dé certeza del domicilio donde habitualmente reside el imputado, es un buen parámetro para averiguar si existe riesgo o no de que se garantice su comparecencia en el proceso, lo cierto es que el factor en análisis no debe limitarse únicamente al aspecto fáctico de que el imputado pueda tener uno o varios domicilios fuera de la jurisdicción del órgano judicial que deba procesarlo y, por ende, que representa un peligro de sustracción, al no estar garantizada su comparecencia, porque bajo ese matiz, podría darse la pauta que ante el hecho de que el imputado demuestre que tiene propiedades fuera del lugar de posible juzgamiento, automáticamente tuviese que imponérsele una medida cautelar, incluso, hasta la prisión preventiva justificada, situación que se considera acotada y no acertada. Por lo que para hacer un correcto escrutinio de ello, es decir, cuando se alude a que existe peligro de sustracción del imputado ante la falta de certeza del arraigo que tenga en el lugar de procesamiento, su análisis debe ser verificado a la luz de que para dicho ente procesal le sea más perjudicial y gravoso sustraerse de la acción de la justicia -ya sea por razones personales, de salud, familiares o de trabajo, entre otras-, que quedarse en el lugar que mencione que es su domicilio para la continuación del proceso penal respectivo, pues en la medida en que el imputado dé certeza de esos aspectos que lo ligan a un sitio en específico, es palpable determinar el arraigo que puede o no tener en el lugar en donde se lleva a cabo su proceso." Bajo otra línea de pensamiento, cabe indicar que, cuando se alude a la existencia de peligro de sustracción del imputado ante la falta de certeza del arraigo que tenga en el lugar de procesamiento, dicho análisis debe realizarse de manera minuciosa, debido a que, como se anotó, la prisión preventiva es una medida excepcional y su imposición sólo debe aplicarse cuando diversas medidas cautelares no sean las idóneas para lograr el fin buscado. Análisis del máximo de la pena. En cuanto a esta consideración a efecto de sostener la medida cautelar de prisión preventiva justificada, es necesario destacar que el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula el principio de presunción de inocencia, mismo cuya vertiente de regla de trato procesal ha sido interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que implica que toda persona debe ser tratada como inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio mediante una sentencia ejecutoriada, impidiendo a las autoridades jurisdiccionales, en la mayor medida posible, la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. De igual forma, de los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deriva que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, es decir, a no ser privado de su libertad física, salvo en las causas y en las condiciones estipuladas por la Constitución o por las leyes dictadas conforme a tal normatividad; asimismo, este derecho protege al ser humano en contra de aquellos actos que, sin fundamento legal, puedan transgredirlo; de lo anterior, se constriñe que todo inculpado por un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. En ese orden de ideas, sostener la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, bajo el argumento de que con motivo del máximo de las pena que pudieran imponérsele al quejoso derivado de los diversos delitos que se le atribuyen, deviene contraria a los preceptos constitucionales y tratado internacional invocados, pues atento al carácter excepcional de la medida en análisis; así como al principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, su emisión con el solo argumento de la penalidad es una postura anticipada sin justificación alguna, pues se tiene por cierto que el imputado se sustraerá del procedimiento penal con base en la posible imposición de la pena de prisión que los diversos tipos penales sancionan, dando por sentada esa situación sin fundamento. Por las razones que la informan se cita la jurisprudencia resuelta por contradicción VI.2o.P.J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con registro digital 2018459, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 60, noviembre de 2018, tomo III, página 2077, de rubro siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA. LA PENA MÁXIMA COMO ÚNICA RAZÓN PARA JUSTIFICAR SU IMPOSICIÓN COMO MEDIDA CAUTELAR, VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL, CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 7 Y 8 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la prisión preventiva tiene el carácter de excepcional, ya que debe solicitarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Asimismo, precisa que la prisión preventiva procede oficiosamente cuando se trata de delitos muy específicos y de alto impacto, como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. Por su parte, el artículo 20, apartado B, fracción I, de la propia Constitución, regula el principio de presunción de inocencia, que implica que toda persona debe ser tratada como inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad en un juicio mediante una sentencia, impidiendo, en la mayor medida posible, la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. De igual forma, de los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deriva que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal; y que todo inculpado por un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. En ese orden de ideas, la necesidad de la prisión preventiva en función únicamente de la pena de prisión que prevé el hecho delictuoso señalado por la ley como delito, deviene contraria a los preceptos constitucionales y tratado internacional invocados, pues atento al carácter excepcional de la medida cautelar en análisis, como al principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, su imposición con el solo argumento de la penalidad es una postura anticipada sin justificación alguna, pues se tiene por cierto que el imputado se sustraerá del procedimiento penal con base en la posible imposición de la pena de prisión que el tipo penal sanciona. Máxime si se tiene en cuenta que la fracción II del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales expresa que para decidir sobre el peligro de sustracción del imputado, deberá atenderse al máximo de la pena que, en su caso, pudiera llegar a imponerse de acuerdo con el delito de que se trate y a la actitud que voluntariamente adopte el imputado, de lo que se advierte que el factor relativo al máximo de la pena no debe ponderarse aisladamente, sino en conjunto con las circunstancias señaladas." Por lo que, la autoridad judicial no puede centrarse en este hecho para emitir la medida cautelar que nos ocupa, ya que ello sería presumir la culpabilidad del imputado, asumiendo sin mayor análisis que será sancionado con una pena elevada o máxima. De ahí que, el Ministerio Público debe justificar que otras medidas cautelares son insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, para que proceda la imposición de la prisión preventiva justificada como medida cautelar, sin que sea necesario que se justifiquen y analicen todos y cada uno de los referidos supuestos jurídicos. Por su parte, la juez de Control, al momento de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debe realizar un ejercicio de proporcionalidad para determinar si es la medida idónea para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio o el desarrollo de la investigación o la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio en la tesis XVII.2o.P.A.36 P (10a.), Décima Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 72, noviembre de 2019, tomo III, página 2449, con registro digital 2020999, de rubro y texto siguientes: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. PARA IMPONERLA, BASTA ACREDITAR QUE OTRAS MEDIDAS CAUTELARES SON INSUFICIENTES PARA GARANTIZAR ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 167, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, O QUE EL IMPUTADO ESTÁ SIENDO PROCESADO O FUE SENTENCIADO PREVIAMENTE POR LA COMISIÓN DE UN DELITO DOLOSO, SIN NECESIDAD DE VERIFICAR Y ANALIZAR TODAS Y CADA UNA DE DICHAS HIPÓTESIS. Conforme a los preceptos citados, el Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, basta que el Ministerio Público justifique que otras medidas cautelares son insuficientes para garantizar alguna de dichas hipótesis, o bien, que el imputado está procesado o sentenciado en los términos expuestos, para que proceda la imposición de la prisión preventiva justificada como medida cautelar, sin que sea necesario que se justifiquen y analicen todos y cada uno de los referidos supuestos jurídicos." En este caso, la fiscalía fue omisa en justificar por qué otras medidas cautelares eran insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio y la juez de control dejó de lado realizar un ejercicio de proporcionalidad para determinar si la prisión preventiva justificada era la medida idónea para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, lo cual, incluso, lo llevó a la omisión de pronunciarse respecto de la petición de la defensa en el sentido de imponer como medida la exhibición de una garantía económica, o la prohibición del salir del país o su lugar de residencia. Incluso, se considera que la juez de control podía imponer como medida cautelar, la exhibición de una garantía económica proporcional al monto patrimonial del quebranto sufrido por las víctima de los delitos, el embargo de algún bien o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, de conformidad con el artículo 155, fracciones II, III y IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo cual, a juicio de este órgano de control constitucional, garantizaría la comparecencia del inculpado al proceso, ante el riesgo de que la cantidad exhibida, el bien embargado o el monto inmovilizado de alguna cuenta bancaria, se hiciera efectiva a favor la víctima u ofendido de los hechos con apariencia de delitos; aunado a que el juez natural puede imponer o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso. Máxime que, es necesario lograr la reparación del daño económico que haya resentido la parte ofendida; de ahí que, la imposición de una o varias de las medidas que se mencionaron, pueden llegar a satisfacer incluso, en su momento, las pretensiones de la parte afectada. En conclusión, la juez del proceso contaba con un amplio catálogo de medidas cautelares, previsto en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales para hacer comparecer al imputado a proceso, previo a decretar la medida más lesiva para éste. De ahí que, la resolución reclamada no se ajuste a los principios de excepcionalidad de la prisión preventiva, de mínima intervención y de presunción de inocencia. Al respecto, cobra aplicación la tesis con registro digital: 2022128; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Décima Época; materias Constitucional, Penal; tesis: I.9o.P.273 P (10a.); fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, página 968, de rubro y contenido: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. SUPUESTOS EN LOS QUE SU IMPOSICIÓN SE CONSIDERA ARBITRARIA. Los artículos 18, primer párrafo y 19, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son el fundamento primigenio de la prisión preventiva en el orden jurídico nacional, que se concretiza en la legislación secundaria en los artículos 154, 155, 156, 157, 161, 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, el numeral 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos proscribe la detención o encarcelamiento arbitrario, cuya interpretación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Gangaram Panday Vs. Surinam, J. Vs. Perú y Pollo Rivera Vs. Perú, permite afirmar que la prisión preventiva es de aplicación excepcional y se rige por los principios de legalidad, previsibilidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, aunado a que debe ser susceptible de revisión periódica sobre la base de que no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron su imposición. En consecuencia, la imposición de la prisión preventiva justificada será arbitraria y, por ende, incompatible con el respeto a derechos fundamentales cuando se actualice alguno de los supuestos siguientes: 1) no sea necesaria para el fin pretendido, 2) exista insuficiente o nula motivación sobre la necesidad y proporcionalidad de su imposición y, 3) el riesgo pueda cautelarse por medio de medidas menos lesivas." Por tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de la prisión preventiva justificada reclamada a través del presente juicio de amparo. VII. Efectos del fallo protector En virtud de lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso ********************. Previo a señalar los efectos de la concesión de amparo, conviene citar lo que dispone el artículo 77, antepenúltimo y penúltimo párrafos, de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia.". En ese sentido, como la concesión del amparo en el presente asunto no fue por vicios formales, no se actualiza la excepción prevista en el antepenúltimo párrafo del artículo transcrito; por tanto, debe decirse que la presente resolución en la que se concede el amparo solicitado surte sus efectos de inmediato por lo que concierne al acto reclamado consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Por lo que, la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, al tenor del artículo 77 de la Ley de Amparo, en restitución del derecho violado, dentro del término de tres días siguientes al en que sea notificada de la presente resolución, deberá realizar lo siguiente: Dejar insubsistente la determinación de ********************, emitida en la causa penal ********************, en la que subsistió la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En su lugar, señalar fecha para celebrar audiencia de medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que el agente del Ministerio Público podrá solicitar las que estime pertinentes y la juez deberá: Realizar un ejercicio de ponderación en el cual tome en cuenta, que si bien al quejoso se le cumplimentó una orden de aprehensión para lograr su comparecencia en audiencia, esta detención fue en su lugar de trabajo, y no en diverso lugar que pudiera advertir su intención de sustraerse de la justicia. Con base en lo anterior, determine si la medida de prisión preventiva justificada que impuso, resulta necesaria, idónea y proporcional al caso; máxime que de conformidad con el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado. Robustece lo anterior, l tesis I.1.9.120 P (10a.), de rubro y texto: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. PROCEDE IMPONERLA, SIEMPRE QUE UNA DIVERSA MEDIDA CAUTELAR NO SEA SUFICIENTE PARA GARANTIZAR ÚNICA O CONJUNTAMENTE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 167, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El precepto aludido dispone las causas de procedencia para la imposición de la prisión preventiva justificada -para diferenciarla con la prisión preventiva oficiosa-, estableciendo que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de Control dicha medida cautelar o el resguardo domiciliario, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar: i) la comparecencia del imputado en el juicio; ii) el desarrollo de la investigación; iii) la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; iv) así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre que la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, el normativo referido establece reglas específicas (similares a las hipótesis previstas en el artículo 153 de la legislación adjetiva, relativas a las reglas generales para la imposición de cualquier medida cautelar) que deben regir para la procedencia de la prisión preventiva justificada -o, en su caso, para el resguardo domiciliario-, bajo el entendido de que ésta opera únicamente como última alternativa, cuando otras de las medidas cautelares no sean suficientes para garantizar alguno de los puntos citados, al considerarse como una medida excepcional -por ser la más lesiva-. En este sentido, ante la ausencia de disposición normativa que exprese lo contrario, para imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, basta que se satisfaga cualquiera de los cuatro supuestos aludidos, ya sea única o conjuntamente, para que se estime la necesidad de decretarla al imputado; lo anterior, siempre que otras medidas cautelares sean insuficientes para garantizar alguno de los supuestos del artículo 167, párrafo primero, del propio código. Esto es así, ante las circunstancias fácticas que pueden o no acontecer en cada caso concreto, en las que puedan actualizarse una, algunas o todas las hipótesis referidas; pero para ello, siempre deberá existir un ejercicio de proporcionalidad para determinar si es la medida idónea. Verlo de otro modo, es decir, de concebir que es imperiosa la satisfacción de todas las causas de procedencia que se prevén en la norma, se tornaría difícil y -muy probable- casi imposible que en la mayoría de los procesos penales hubiese la posibilidad de decretar no sólo la prisión preventiva justificada, sino en realidad cualquier medida cautelar, ya que por obviedad, no en todos los casos por la forma y circunstancias especiales en que ocurrió el hecho delictivo atribuido al imputado, sería asequible la concurrencia de dichas hipótesis de procedencia; con lo cual, se correría el riesgo de que la materia del proceso -que es la razón sustancial de una medida cautelar- quede sin efectos, se altere o se pongan en peligro bienes jurídicos tutelados hacia alguna o algunas de las partes, como lo son las víctimas o testigos." Sin que en el caso resulte procedente establecer ninguna medida de aseguramiento como lo señala el transcrito artículo 77 de la ley de la materia, en razón de que en esta resolución no se está ordenando la libertad de la parte quejosa. Por otra parte, este juzgador omite el estudio de los argumentos vertidos por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, pues éstos no forman parte de la Litis en el juicio constitucional, dado que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 27/94, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio por las razones establecidas en los considerandos tercero y quinto de esta determinación. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso, conforme las razones expuestas en el considerando sexto de esta resolución. Tercero. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en relación con la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por las consideraciones expuestas en la parte conducente del considerando séptimo de la presente sentencia. Notifíquese por lista a la parte quejosa, tercera interesada, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por oficio a las autoridades responsables y autoridad tercera interesada. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. (SE SEÑALA NUEVA FECHA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL).
- Principal
SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARCELA BERNAL GARCÍA, EN SU CARACTER DE HIJA DE LA VÍCTIMA ALMA MARGARITA GARCÍA OCHOA, EL PROVEÍDO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. (SE SEÑALA NUEVA FECHA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL)
- Principal
SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE TERCERO INTERESADA AZUCENA BERNAL GARCÍA, EN SU CARACTER DE HIJA DE LA VÍCTIMA ALMA MARGARITA GARCÍA OCHOA, EL PROVEÍDO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. (SE SEÑALA NUEVA FECHA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL)
Quedan 26 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- Grecia Estefanía Valenzuela Coronado1116/2021
- Grecia Guadalupe Mariñez Duarte1074/2018
- Grecia Orantes Bustamante1584/2017
- Greco David Duarte Marquez374/2019
- Gregoria Tapia Madrid1032/2022
- Gregorio Díaz Gómez1593/2017
- Gregorio Jauregui Salas856/2017
- Gregorio Javier Garcia Henriquez521/2017
- Gregorio Saldaña Altamirano727/2017
- Greta Berenice Romero Torres359/2018
- Gretta Berenice Romero Torres1023/2017
- Grindy Mariaa Hurtado Grajeda758/2020