Gregorio Hernández Maldonado
Expediente 130/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 130/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/07/2021
Partes del expediente
- Gregorio Hernández Maldonado
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la copia del oficio de cuenta, signado por la actuaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad; en atención a su contenido, remítase copia de las constancias que solicita, y hágase de su conocimiento que mediante acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciocho se envió al archivo el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que en atención a lo que establece el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su fracción III, último párrafo relativa del punto vigésimo primero del Acuerdo General en cita, es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención de los anexos enviados por el Juez Quinto Penal de Delitos No Graves de esta ciudad, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 130/2018, promovido por Gregorio Hernández Maldonado, contra actos del Juez Quinto Penal de Delitos No Graves de esta ciudad y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el doce de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito de la citada materia, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Una vez desahogadas las prevenciones formuladas en autos, el veintidós siguiente se admitió a trámite la demanda registrada bajo el orden 1062/2017; se requirió a las responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como al representante legal adscrito al juzgado responsable; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional. IV. El Juzgado de Distrito similar, por comunicado de veinte de febrero de dos mil dieciocho, remitió a este órgano de control constitucional el referido juicio, al estar relacionado con el juicio de amparo 183/2017 de este órgano jurisdiccional. Una vez analizadas dichas constancias, por acuerdo de veintiséis siguiente este juzgado se avocó al conocimiento del juicio citado, que se registró con el orden 130/2018; se dio al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se precisa que los actos reclamados consisten en la orden de arresto decretada en auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 1271/2016, así como su ejecución, que se atribuyen a las siguientes autoridades: En su carácter de ordenadora al: a) Juez Quinto Penal de Delitos No Graves. En calidad de ejecutoras. b) Secretario de Seguridad Pública; y c) Director del Centro de Sanciones Administrativas "TORITO". Todos de esta ciudad. No se soslaya que el amparista en la demanda señaló la orden de detención y privación de la libertad; sin embargo, contrario a lo expuesto por él, de las constancias que remitió la autoridad responsable se observa que la determinación de la que se duele es en la que se emitió la orden de arresto precisada en líneas que anteceden, pues de la revisión de esas constancias se advierte que no existe alguna orden de detención o privación de la libertad contra el solicitante de amparo, únicamente la orden de arresto precisada, así como su ejecución. TERCERO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad precisada en el inciso a), pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que anexó a ese comunicado, que tienen valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las autoridades señaladas en los incisos b) y c), al rendir su respectivo informe de ley, negaron el acto que se les atribuye consistente en la ejecución de la orden de arresto reclamada; sin embargo, esas negativas se desvirtúan con la aceptación que hizo la autoridad judicial ordenadora, además, porque de acuerdo a sus facultades corresponde a esas autoridades la ejecución del acto por esta vía impugnado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 56 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, de rubro que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO". CUARTO. En atención a que no advierte este juzgado que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. Previo a exponer las razones que sustentan el sentido de esta determinación, resulta necesario hacer una breve reseña de los antecedentes de los actos reclamados, los cuales consisten en: 1. En la audiencia celebrada el ocho de noviembre de dos mil diecisiete por la autoridad judicial responsable, se advierte que requirió, entre otros, al quejoso compareciera a la diversa audiencia señalada para el veintinueve siguiente, para el desahogo de las pruebas ofrecidas en la causa de origen, apercibiéndolo que en caso de inasistencia se le impondría la medida de apremio consistente en un arresto, en términos del precepto 33, fracción III, del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad. 2. Dicha autoridad judicial ordenó la notificación correspondiente al justiciable, que se llevó a cabo en los términos expuestos en la razón actuarial de nueve del citado mes: ".En la Ciudad de México a 09 NUEVE DE NOVIEMBRE del 2017 dos mil diecisiete, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos, la C. Secretaria Actuaria Licenciada CECILIA GODINEZ MALDONADO del Juzgado Quinto Penal de Delitos No Graves en la Ciudad de MÉXICO me constituí en el domicilio de la persona buscada el cual no se señala por la secrecía que guarda la presente causa, en busca de GREGORIO HERNÁNDEZ MALDONADO, cerciorada de encontrarme en el domicilio correcto por confirmarlo con la nomeclatura y con vecinos del lugar, siendo el inmueble de fachada con zaguán azul y con dos locales uno de tacos y otro de arreglo de aparatos, por lo que procedí a tocar el interior buscado y SIENDO QUE UNA MUJER SALIO del local de aparatos Y DIJO QUE NO SE ENCONTRABA EL BUSCADO y haciendo espera por un término de veinte minutos, tocando en repetidas ocasiones, sin que nadie respondiera a mi llamado PROCEDIENDO A DEJAR CITATORIO DE ESPERA A MI LLAMADO, A FIN DE QUE LA PERSONA REQUERIDA ESPERE A LA SUSCRITA A LAS 15:30 QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA SIGUIENTE HABIL. CERTIFICA: ME CONSTITUÍ POR SEGUNDA BUSCA A LAS 15:30 QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, FÍSICA Y LEGALMENTE EN EL DOMICILIO INDICADO PARA NOTIFICAR a GREGORIO HERNÁNDEZ MALDONADO A EFECTO DE REALIZAR LA ENTREGA DE LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN ORDENADA EN AUTOS, Y ATENDIDA POR UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO DEL LOCAL DE TACOS LA CUAL ES DE APARIENCIA DE 50 AÑOS, TEZ MORENA, DE COMPLEXIÓN REGULAR Y DE ESTATURA APROXIMADA 1.55 METROS, PERO NIEGA QUE SE ENCUENTRE EL BUSCADO, SIENDO QUE LA PERSONA QUE ATIENDE A LA SUSCRITA SE NIEGA A RECIBIR LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN QUE CONTIENE EL AUTO DE FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, LA SUSCRITA ANTE SU NEGATIVA PROCEDE A FIJAR EL INSTRUCTIVO QUE LO CONTIENE, POR LO QUE NO ADELANTÁNDOSE MAS EN LA PRESENTE DILIGENCIA SE DA POR TERMINADA LA MISMA DEVOLVIENDO EL ORIGINAL DE LA NOTIFICACIÓN EN CUESTIÓN DEBIDAMENTE DILIGENCIADA; ESTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE". 3. Llegada la fecha de la audiencia mencionada, y ante la inasistencia del justiciable, la autoridad judicial determinó lo siguiente: ".En la Ciudad de México, siendo las 10:30, diez horas con treinta minutos, del día 29, veintinueve, de Noviembre del año 2017, dos mil diecisiete, día y hora señalados en la presente causa penal para que tenga verificativo la continuación de la Audiencia de Ley a que se refiere el artículo 308 del Código Adjetivo en la materia, estando plena y legalmente constituido el Juzgado en presencia de su Titular . MANUEL RANGEL PRECIADO, quien se encuentra asistido de la Secretaria de Acuerdos "B", Licenciada NELLY DEL CARMEN UBALDO SERRANO, quien certifica: Que una vez que fueron voceados con insistencia tanto dentro como fuera del local que ocupa este recinto Judicial, se encontraron presentes la Ciudadana Agente del Ministerio Público de la adscripción, la ofendida y Coadyuvante Ciudadana ANA LÓPEZ LÓPEZ, el Ciudadano licenciado VÍCTOR MANUEL SEGURA GONZÁLEZ, Representante de la Coadyuvancia, la procesada MARÍA NICOLASA HERNÁNDEZ MALDONADO, quien se encuentra debidamente asistida de su Defensor de Particular que lo es el LICENCIADO MANUEL DONJUAN ZALDIVAR; los Ciudadanos ARTURO ÁLVAREZ AGUILAR, MARÍA EUGENIA MARTÍNEZ OROZCO, y JOSÉ SALVADOR ROJAS CHÁVEZ, y PAOLA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ; no así los Ciudadanos VICTORINA MADRID SANTOS, ROBERTO JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ, ANDRÉS ROBERTO PINEDA GONZÁLEZ, ELIZABETH CRUZ ZAMBRANO, ni GREGORIO HERNÁNDEZ MALDONADO, con lo que se da cuenta al Ciudadano Juez. . Tocante a lo solicitado por la Ciudadana Agente del Ministerio Público, la ofendida ANA LÓPEZ LÓPEZ y el Representante de la Coadyuvancia, en el sentido de que se hagan efectivas las medidas de apremio decretadas en contra de los testigos ausentes, a petición los referidos comparecientes, aunado a que hasta el momento en el que se actúa, los Ciudadanos ANDRÉS ROBERTO PINEDA GONZÁLEZ, ELIZABETH CRUZ ZAMBRANO y GREGORIO HERNÁNDEZ MALDONADO no han justificado fehacientemente el motivo de su inasistencia a la presente diligencia. .y por lo que hace al testigo GREGORIO HERNÁNDEZ MALDONADO, y en base a la RAZÓN ACTUARIAL, de la cual se desprende que fue atendida por una persona del sexo femenino quien refirió que no se encontraba el buscado y se niega a recibir la Cédula por lo que se procedió a dejar fijada la misma; .incurriendo los Ciudadanos. y GREGORIO HERNÁNDEZ MALDONADO, en desacato a una orden Judicial, entorpeciendo las labores de éste Juzgado y retrasando la secuela procesal, en razón de ello, y a efecto de hacer valer las determinaciones dictadas por este recinto Judicial, en cumplimiento a lo ordenado por Auto dictado en la continuación de la Audiencia de Ley de fecha 08, ocho de los corrientes, se ordena hacer efectiva la medida de apremio decretada en contra de los testigos. y GREGORIO HERNÁNDEZ MALDONADO, consistente en una multa por el equivalente a 20, veinte días de unidad cuenta; con fundamento en los artículos 33 fracción I del Código de Procedimientos Penales en vigor, 2° y 4° de la Ley de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México y 9° de la Ley de Ingresos de esta Ciudad para el ejercicio fiscal 2017, y al testigo GREGORIO HERNÁNDEZ MALDONADO, se hace efectiva la medida de apremio consistente en un arresto de 12, doce horas, con fundamento en los artículo 33 fracción III y 37 del Código de Procedimientos Penales en vigor, al haber incurrido en desacato a un mandato judicial, además de que la medida de apremio con que se apercibió al testigo de descargo faltista, resulta ser la más eficaz, ante su reiterada negativa a cumplir las determinaciones de una autoridad judicial, ya que atendiendo a la naturaleza de la diligencia a celebrarse, que son los careos procesales con los testigos de cargo, ordenados por el Tribunal de Alzada, y hasta la fecha ha mostrado la falta de interés en cumplir con dicho mandato, en consecuencia el objeto de hacer efectiva tal medida de apremio, es para hacer efectiva y expedita la administración de Justicia por parte de este Órgano Jurisdiccional, al encontrarnos ante un procedimiento de orden público, y en razón a que es potestativo de éste Juzgador la elección de la medida de apremio, por considerarse ésta medida de apremio, la más eficaz por su aplicación, independientemente de las medidas de apremio impuestas con antelación al testigo de descargo GREGORIO HERNÁNDEZ MALDONADO, por su reiterada inasistencia a las diligencias señaladas en autos, y a fin de que el multialudido testigo de descargo GREGORIO HERNÁNDEZ MALDONADO dé cumplimiento con lo ordenado por éste Juzgado en los términos establecidos, y con ello alcanzar el objetivo buscado, sin que dicha medida resulte excesiva, pues si bien es cierto, existen medidas menos severas para el caso de incumplimiento a un mandado judicial, también lo es, que las medidas de apremio, se decretarán al arbitrio del Juzgador, más aún, a que la medida que se ordena hacer efectiva al testigo de descargo GREGORIO HERNÁNDEZ MALDONADO, resulta ser la más eficaz, toda vez que con la misma este Juzgador pretende hacer cumplir su determinación en aras de una administración pronta y expedita, tal como lo establece nuestra Carta Magna, por lo tanto y visto que dicho apercibimiento se ordena hacer efectivo, dado el constante incumplimiento del Ciudadano GREGORIO HERNÁNDEZ MALDONADO, a presentarse a las Audiencia de Ley, ello es a efecto salvaguardar las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en virtud de que dicha medida de apremio se ordena hacer efectiva al no haber dado cumplimiento el testigo de descargo GREGORIO HERNÁNDEZ MALDONADO, a un mandato judicial, mismo que se encuentra debidamente fundado y motivado como ya se dijo en líneas precedentes, además que la citada medida de apremio, es para hacer cumplir un mandato judicial que emana del Auto de fecha 08, ocho de Noviembre del 2017, dos mil diecisiete, y con el objeto de lograr que el testigo de descargo GREGORIO HERNÁNDEZ MALDONADO, se presenten a este recinto Judicial y se celebren los careos procesales en comento, de tal manera que dicha disposición se quebranta de manera alguna, garantías individuales, aunado a que nos encontramos ante un procedimiento sumario, el cual es de orden público, siendo aplicable al presente el siguiente criterio federal.," (sic). Establecidos los antecedentes del acto reclamado, se estudia lo relativo a la fundamentación y motivación del arresto reclamado, para lo cual es menester precisar el contenido del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...". Esta disposición refiere en forma genérica los requisitos que debe reunir cualquier acto de autoridad que importe molestia a la esfera jurídica de los ciudadanos, en la inteligencia de que por fundamentación debe entenderse que la autoridad, en el propio cuerpo del acto reclamado ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivación el señalamiento preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración para su emisión, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren en el caso concreto las hipótesis normativas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 97-102, Tercera Parte, de rubro que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Expuesto lo anterior, resulta pertinente realizar algunas precisiones en relación con las medidas de apremio. Nuestro sistema de derecho prevé, entre otras medidas, las de carácter personal o de apremio, las cuales se definen como aquellas que constituyen los instrumentos jurídicos a través de los que el órgano jurisdiccional puede hacer cumplir sus determinaciones de carácter procedimental, y pueden consistir en apercibimiento, multa, auxilio de la fuerza pública, o arresto. La imposición de este tipo de medidas surge de la necesidad de contar con una herramienta para que los titulares de los órganos jurisdiccionales estén en aptitud de hacer cumplir sus determinaciones, es decir, que sus mandatos sean obedecidos, dado el carácter de autoridad con que se encuentran investidos. Las referidas medidas sólo pueden ser aplicadas cuando exista un desacato a un mandato judicial que tenga relación directa con la tramitación del proceso; por tanto, debe quedar establecido que su imposición queda excluida tratándose de alguna decisión judicial vinculada con lo que se resolverá respecto al fondo de un asunto. Por tal razón, si durante la tramitación de un proceso, una de las partes incumple con un mandato emitido por el juzgador, lo conducente será ordenar la aplicación de uno de los medios de apremio autorizados por la ley para hacer cumplir la determinación judicial de que se trate; en la inteligencia de que dicha determinación debe estar suficientemente fundada y motivada. Así, de la lectura de la determinación que dio origen al arresto reclamado, se aprecia que se encuentra debidamente fundada y motivada, pues el juez responsable expuso en forma detallada y pormenorizada las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para ordenar dicho arresto, de ahí que sea infundado el motivo de disenso en cuanto a dicho tópico. Lo que se estima de ese modo, ya que el artículo 33, fracción III, del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, establece: "Artículo 33. El Ministerio Público, los tribunales o jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, podrán emplear indistintamente, cualquiera de los siguientes medios de apremio: . III.- Arresto hasta de treinta y seis horas.". De la interpretación de dicho precepto, se advierte que los juzgadores están facultados para imponer, como medida de apremio, el arresto por no más de treinta y seis horas, y si bien tal precepto de manera expresa no señala un límite mínimo de duración de esa medida, este debe entenderse como el de una hora, precisamente por ser esta la unidad de tiempo que sirve para la imposición de la misma. De ahí que en acatamiento pleno de la motivación que los actos de autoridad deben contener en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad que imponga como medida de apremio un arresto por un lapso mayor al mínimo, debe expresar las razones que tenga para imponerlo, así como los motivos que justifiquen su duración, toda vez que dicha medida afecta la libertad de la persona sancionada. Por ello, se afirma que la autoridad judicial atendió a los principios de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, pues la sanción impuesta se encuentra prevista en la legislación ordinaria aplicable, además en la especie se demostró la existencia de una determinación qué cumplir de la autoridad y dicho juzgador expresó las razones que tomó en cuenta para establecer como medida de apremio el arresto por la temporalidad indicada al tomar en cuenta el elemento objetivo que corresponde a la gravedad de la infracción determinada, pues en autos se encuentra debidamente acreditada la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento, es decir, en la especie se demostró la conducta contumaz por parte del quejoso respecto del mandato judicial emitido por el juez responsable, pues no obstante haber sido citado en diversas ocasiones, no ha asistido a las diligencias ordenadas, no obstante de haber sido debidamente notificado para tal fin. Consecuentemente, es infundado el motivo de inconformidad en que refiere el amparista que no fue notificado de manera personal de la audiencia a la que tenía que asistir; ello es así, porque como lo establece el precepto 86 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, el procedimiento que se debe seguir cuando no sea posible encontrar al interesado ni a ninguna persona en el domicilio, es fijar la cédula en la puerta de la casa y asentar en autos razón de tal circunstancia, lo que en el caso aconteció, pues al no encontrar al justiciable en el domicilio que señaló para tal efecto en la causa penal de origen -fojas 23 y 284 del anexo III-, en las dos ocasiones en que se presentó la actuaria, y la persona que atendió esa diligencia no quiso recibir dicha notificación, procedió a fijarla en la puerta de ese domicilio, como se advierte de la razón ya transcrita, de ahí que se haya hecho de manera correcta la notificación al amparista. En esas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, lo que procede es negar a Gregorio Hernández Maldonado el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto reclamado del secretario de Seguridad Pública; y director del Centro de Sanciones Administrativas "TORITO", ambos de esta ciudad, pues al haberse negado el amparo respecto del acto atribuido a la autoridad ordenadora, lo mismo debe decirse de su ejecución, ya que no se reclama por vicios propios. Apoya la anterior determinación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 72, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del Tomo VI, Materia Común, del rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS". Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gregorio Hernández Maldonado, contra el acto reclamado consiste en la orden de arresto decretada en auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 1271/2016, que se atribuye a las siguientes autoridades: En su carácter de ordenadora al: a) Juez Quinto Penal de Delitos No Graves. En calidad de ejecutoras. b) Secretario de Seguridad Pública; y c) Director del Centro de Sanciones Administrativas "TORITO". Todos de esta ciudad.
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto el oficio y anexos de cuenta, del que se advierte que el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remite el expediente 1062/2017, promovido por Gregorio Hernández Maldonado, contra actos de la Juez Quinto Penal de Delitos No Graves de esta ciudad y otras autoridades, en virtud de que considera que en la especie es a este juzgado al que corresponde el conocimiento del asunto porque dicho controvertido se ubica en el supuesto previsto en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince, que regula el turno de asuntos mediante los sistemas aleatorio y de relación. En atención a lo anterior, este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento del asunto; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el orden 130/2018, hágase del conocimiento de las partes y acúsese recibo de estilo. Sin que sea necesario solicitar informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que constan en autos. Por otra parte, dado que se remite el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1062/2017, el cual se encuentra resuelto, identifíquense con la carátula correspondiente, así como los anexos de cuenta. Se señala el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, a las doce horas con veinte minutos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Comuníquese la presente determinación al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable. Dese la intervención que corresponde a la representación social de la adscripción, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. En el entendido que este órgano de control constitucional, a fin de fijar la litis en el presente juicio y en su caso dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la ley de la materia, estima que de las constancias que conforman el juicio, se advierte que el acto reclamado es la orden de arresto decretada en auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 1271/2016, así como su ejecución. No se soslaya que de las constancias remitidas por la citada responsable se observa que el diecinueve de diciembre del citado año apercibió al justiciable con un arresto por veinte horas; sin embargo, no se da vista con ese acto, pues del expediente en que se actúa se advierte que el amparista fue notificado de dicha medida de apremio. Con fundamento en el numeral 64, párrafo primero, de la ley reglamentaria, requiérase a las partes, para el caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano de control constitucional, bajo apercibimiento que de no cumplir con esa obligación se les impondrá multa por el equivalente a treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, acorde con el dispositivo 251 de la ley de la materia. Ahora, del estado de autos se advierte que en proveído de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 23 a 25), se reservó acordar lo conducente respecto del emplazamiento de los terceros interesados Ana López López y María Nicolasa Hernández Maldonado, hasta en tanto las autoridades responsables rindieran su informe de ley, lo que ya aconteció; por tanto, no ha lugar a tener con ese carácter a dichas personas, dado que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado y por autorizadas únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que menciona el quejoso en su demanda, no así para los efectos del primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes de que pueda ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogado. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio.
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