Gregorio Gómez Valencia
Expediente 1255/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1255/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gregorio Gómez Valencia
Actuaciones
- Principal
Mesa VI-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del acuerdo general conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado acuerdo general conjunto número 1/2009, toda vez que se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado acuerdo general conjunto número 1/2009. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícese las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...
- Principal
Mesa VI-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto con número de orden 1991/2016 y de origen 181/2016, del índice de este juzgado, en virtud que no se localizó el domicilio de la parte quejosa, por las consideraciones que expone; en consecuencia, regístrese la baja de la referida comunicación oficial en el libro de gobierno como diligenciada; acúsese recibo. En consecuencia, notifíquese a la citada parte procesal el presente auto, proveído inicial y los ulteriores de carácter personal, por lista de acuerdos, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese... ============ I N S E R C I Ó N ===========Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil dieciséis. Datos de la demanda. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio procedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual remite el oficio SGA-VIII TER-21510/2016 de su índice, emitido en el cuaderno de varios 508/2016-VDA, y la demanda promovida por Gregorio Gómez Valencia, contra los actos que reclama del gerente de la división de distribución sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; lo anterior, debido a que mediante proveído de uno de junio del año en curso, determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto; razón por la cual, ordenó remitirla al Juez de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca.Por consiguiente, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 1255/2016.Ahora, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con residencia en la Ciudad de México, se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de amparo de referencia; con fundamento en el artículo 38 y 41 de la Ley de Amparo, atento a las razones que se exponen, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de este asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, de la lectura del capítulo denominado "acto reclamado", se advierte que la parte quejosa lo hace consistir en "El cambio de medidor de energía eléctrica tradicional por uno moderno denominado digital y/o electrónico; la orden de pago injustificado y la suspensión de energía eléctrica". Sin embargo, de la lectura de la demanda de amparo, especialmente del capítulo denominado "antecedentes" y el punto petitorio "Primero", se enfatiza que la inconformidad esencial de la parte quejosa, radica en que la autoridad señalada como responsable, pretende realizarle, además, del cambio de medidor de lectura del suministro de energía eléctrica en su domicilio, la inminente suspensión unilateral del servicio de energía eléctrica, si no acepta ese cambio y no paga el arbitrario recibo que le pretenden cobrar.En ese tenor, del análisis del citado acto reclamado y sus antecedentes, se obtiene que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, ya que, en el caso que nos ocupa, el gerente de la división de distribución sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo.Conforme a los preceptos legales citados, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares; de tal suerte, que si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características antes señaladas, éste resulta improcedente.Así, congruente con la doble personalidad del Estado, sólo podrá legalmente ser considerada autoridad para los efectos del amparo, la que actúe con imperio, como persona de derecho público, cuyo acto, satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad .Por tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; así, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación.Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral.La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.En correlación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que de la interpretación de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales. Ahora, de lo esgrimido en la demanda de amparo, es de particular importancia destacar, que la parte quejosa reclama a la responsable el cambio de medidor de energía eléctrica tradicional por uno moderno denominado digital y/o electrónico con la amenaza de la suspensión del suministro de energía eléctrica; así como el pago excesivo del consumo de energía eléctrica. Lo que conduce a sostener que se trata de un acto derivado del suministro de energía eléctrica, proporcionado por Comisión Federal de Electricidad al ahora quejoso, que es de naturaleza comercial.En ese contexto, la controversia suscitada entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generadas en el marco del contrato de tal suministro o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales.Con base en lo anterior, es permisible concluir que el acto reclamado en esta vía, no constituye, un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, en virtud que se encuentra inmerso en cuestiones inherentes a un contrato de energía eléctrica, que deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, por lo que las partes actúan en una relación de coordinación . Por tanto, el corte del suministro de la energía eléctrica con motivo a la oposición del cambio de medidor eléctrico tradicional por uno moderno denominado digital y/o electrónico, por parte de la Comisión Federal de Electricidad o alguna de sus dependencias, no genera que la relación contractual entre el usuario y dichos organismo se transforme en acto de autoridad. Por ello, el juicio de amparo es improcedente contra los actos de la Comisión Federal de Electricidad, o sus dependencias, consistentes en el corte o suspensión del suministro de la energía eléctrica con motivo a la oposición del cambio de medidor de energía eléctrica tradicional por uno moderno denominado digital y/o electrónico, ya que dichos actos no son de autoridad, ni se equiparan a ellos, puesto que se reitera, las características de esos actos siguen siendo las mismas, a saber:1. Su origen es un acuerdo de voluntades.2. La relación jurídica que existe entre este organismo y la otra parte no es de supra subordinación, sino de coordinación, entre dos sujetos que se encuentran obligados por el acuerdo que asumieron; uno obligado al suministro de energía, y otro al pago del servicio prestado.3. El corte de suministro de energía eléctrica, en su caso, implica que ante el incumplimiento del usuario se deja de prestar el servicio contratado en ejercicio del derecho legítimo de retención de la obligación, presente en cualquier relación contractual.Por ende, los actos aquí reclamados no provienen de una autoridad, porque la Comisión Federal de Electricidad o sus dependencias, no actúan en ejercicio de una potestad administrativa, que les otorguen atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realicen actos equiparables a dicha relación.Lo anterior pese a que el artículo 5º., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, establece que: "...Para los efectos de esta Ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."; pues lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación.Lo que no ocurre en la especie, porque el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, con motivo a la oposición del cambio de medidor eléctrica tradicional por uno moderno denominado digital y/o electrónico, deriva, como se indicó, de actos de una relación de coordinación entre la empresa y el usuario del servicio, emanada de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual.Por tanto, se sostiene que la Comisión Federal de Electricidad o sus dependencias, no realiza actos equivalentes a los de autoridad y, por tanto, el juicio de amparo es notoria y manifiestamente improcedente, pues los actos que aquí se reclaman derivan de la relación contractual en una relación de coordinación entre la responsable y la quejosa, usuaria del servicio, con motivo de un contrato de suministro de energía eléctrica. Asimismo, cabe precisar que de acuerdo con lo señalado por la parte quejosa, en el sentido de que la inminente suspensión unilateral del servicio (cortar o suspender el suministro de energía eléctrica), y por tanto, no pagar el arbitrario recibo que se le pretenden cobrar, se debe al no aceptar ese cambio de medidor de energía eléctrica tradicional por uno moderno denominado digital y/o electrónico, lo cual evidentemente, trae como consecuencia, dicha suspensión del servicio, lo que no se puede equiparar a la hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, prohibida en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dicha suspensión deriva del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y encuentra su fundamento en la ley relativa a la que esté sujeto .Cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, no contraviene la garantía de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) . Lo anterior, sin que pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente . En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Gregorio Gómez Valencia, contra los actos que reclamó del gerente de la división de distribución sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Oaxaca, Oaxaca.Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones a Amín Cholac Manzur, en términos del artículo 12, primer párrafo de la ley de la materia, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales y Juzgados de Distrito; y, únicamente para imponerse de autos a las demás personas que precisa en su demanda de amparo, toda vez que no acreditan ser licenciados en derecho. En consideración a que la parte quejosa en su escrito de demanda señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Primavera, esquina con calle Roble, número ciento treinta y cuatro, del fraccionamiento "El Bosque", de la Ciudad de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, en Turno, con residencia en esa ciudad, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione a quien corresponda y notifique a la parte quejosa el contenido del presente proveído; asimismo, en el acto de la diligencia la requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad de Oaxaca, para oír y recibir todo tipo de notificaciones; en la inteligencia que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, se le hará por lista, con fundamento en los artículos 26, inciso b) y 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo.Consulta de expediente electrónico. Se hace del conocimiento de la parte que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal.Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley.Notifíquese.
- Principal
Mesa VI-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual, acusa recibo del exhorto con número de orden 1991/2016 y origen 181/2016, del índice de este juzgado. Ahora bien, en virtud, que los anexos que se acompañan a la minuta de referencia, no corresponden a la comunicación oficial de que se trata, previa copia certificada que se deje en autos, devuélvanse a la autoridad federal para los efectos legales que correspondan. Notifíquese...
- Principal
Mesa IV-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes quejosa y tercera interesada interpusieran recurso de inconformidad contra el auto de veinticuatro de junio del actual, por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada este juicio de amparo, transcurrió para las citadas partes del veintinueve de junio al diecinueve de julio del año en curso, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, se declara consentido el referido auto, hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, archívese el expediente principal como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero, y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, toda vez que en la sentencia dictada en este expediente, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa; se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Se considera que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, o que por el sentido de la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese...
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