Gregorio Gómez Martínez

Expediente 766/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
766/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/07/2022

Partes del expediente

  • Gregorio Gómez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desecho la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos del artículo 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por ****, por su propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca y otra autoridad. En consecuencia, regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 766/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. SEPARACIÓN DE AUTOS. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo promovida por ****, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: I) Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca: - La omisión y/o negativa de atención médica general y en las especialidades de traumatología y ortopedia. II) Administrador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en San Bartolo Coyotepec: - El acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós, dictado dentro de la controversia judicial ****, a través del cual apercibe de archivar dicho expediente, así como la omisión de dar trámite a la misma y garantizar su derecho a la salud. III) Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en función de Juez de Ejecución: - La omisión de atender la controversia judicial *****. En ese contexto, en virtud de que los actos que se reclaman en esta contienda constitucional, se estima se encuentran desvinculados entre sí; en consecuencia, acorde a las reglas que rigen el juicio de amparo, al tratarse de actos autónomos, no pueden examinarse en un único juicio de amparo. Ahora, si bien en la Ley de Amparo no existe disposición expresa que regule la separación de juicios, resulta jurídicamente posible aplicar el numeral 66 de ese ordenamiento legal, que dice: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia". Del texto legal transcrito, se aprecia que en los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental cuando ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento constitucional, salvo cuando a juicio del órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias de cada caso, sea menester resolverlo de plano, a efecto de hacer realidad el principio de justicia pronta consagrado en el numeral 17 Constitucional. Corolario de lo anterior, con apoyo en el citado numeral 66 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar de manera oficiosa la separación material de los autos, por lo que, deberá instrumentarse lo necesario para que en este juicio 766/2022, se tramite únicamente lo relativo a la autoridad y acto reclamado por el quejoso *****, consistente en: I) Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca: - La omisión y/o negativa de atención médica general y en las especialidades de traumatología y ortopedia. Ello, sin ser parcial en la designación del acto reclamado, pues simplemente su elección fue en atención al orden en que se encuentra propuesto en el escrito inicial de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia común, página 353, la cual dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia". Y por lo que respecta a las restantes autoridades responsables y actos reclamados: II) Administrador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en San Bartolo Coyotepec: - El acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós, dictado dentro de la controversia judicial ****, a través del cual apercibe de archivar dicho expediente, así como la omisión de dar trámite a la misma y garantizar su derecho a la salud. III) Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en función de Juez de Ejecución: - La omisión de atender la controversia judicial ****. Se ordena que la secretaria certifique una copia de la demanda, para que se forme en su oportunidad el juicio de amparo correspondiente, respecto de los actos reclamados antes transcritos. Hecho lo anterior, remítanse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, la copia certificada antes mencionada, para que de no existir inconveniente alguno la registre y conforme a las cargas de trabajo la turne al Juzgado de Distrito en turno que corresponda. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la omisión y/o negativa de atención médica general y en las especialidades de traumatología y ortopedia, por parte de la autoridad responsable. Por lo que, previo a admitir la demanda de amparo, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Una vez establecido lo anterior, resulta importante precisar que la fracción II, del artículo 1° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva legislación creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión; de allí que las personas privadas de su libertad tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de dichos litigios. Asimismo, el arábigo 2° de la citada ley, como ámbito de aplicación, señala en general a todas las personas privadas de la libertad; es decir, ya sea que se encuentren en prisión preventiva o que estén compurgando una pena o medida de seguridad. Bajo ese contexto, por tratarse de situaciones relacionadas a la reclusión de los quejosos, los actos reclamados les resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J 79/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Así, en lo que al caso atañe, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la citada ley, se contempla la posibilidad de que los internos lleven a cabo las peticiones administrativas que requieran dentro de su estancia en los centros de internamiento. Así, del análisis de los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se desprende que prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a la salud (artículo 9 de la propia ley); a la alimentación nutritiva; a permanecer en estancias designadas; a recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal, así como artículos de aseo diario necesarios; acceder al régimen de visitas; a efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; y a participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de su libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario. De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente, establece que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad, ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad, cuando se lo soliciten, a formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Igualmente, la aludida legislación establece la forma en que deben sustanciarse las peticiones, esto es: 1. Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente; 2. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. 3. Una vez admitida, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. 4. El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Lo relatado revela la existencia de un procedimiento administrativo, relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, como lo son los actos reclamados de los que la parte quejosa se duele (salud) e incluso, como se ha visto, tratándose de cuestiones urgentes, incluso se podrá acudir directamente ante el juez de ejecución. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación, establece que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste: a. Podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. b. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Es importante destacar que, la Ley Nacional de Ejecución Penal, también prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, la parte promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, la persona privada de su libertad también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Así, insístase, en los casos urgentes, la citada ley establece que la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición (cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno). Hipótesis en que la mencionada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es, que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el Juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al Centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Entonces, tomando en consideración que en el caso que nos ocupa, si bien el quejoso señala como acto reclamado esencialmente recibir atención médica general y en las especialidades de traumatología y ortopedia, se considera, que respecto a dichos actos, como se vio, existe un procedimiento administrativo previo, previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa. En el entendido que no obstante que los actos pudieran requerir atención urgente, no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo con motivo de su suspensión; pues como ya se vio, la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que en actos urgentes, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo previo de referencia está previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal y se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme con lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. En adición a dichos preceptos legales, la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto en los artículos 116 al 119; de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los aspectos específicos que ahí se indican. Así, atendiendo a la naturaleza de la violación alegada, se estima que la parte quejosa, ya sea como procesado o sentenciado, en términos del artículo 2° y 3°, fracciones XVIII y XIX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a promover demanda de amparo, debió formular la petición administrativa prevista por el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, puesto que existen mecanismos legales específicos para ello. Lo anterior es así, toda vez que la autoridad penitenciaria, es quien se encarga de la tramitación del procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal (petición administrativa). Por lo anterior, si el amparista cuenta con un mecanismo de peticiones regulado expresamente por una norma vigente que tiene como finalidad que la autoridad administrativa (como las señaladas como responsables), conozca sus necesidades y peticiones y, pueda, en su caso, satisfacerlas, es esa vía la que se tiene que seguir, al tener regulación expresa en la materia. Además, no se está en el caso de que se surtan las diversas excepciones al principio de definitividad, previstos en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 invocado, porque no se está en el supuesto de que se aleguen sólo violaciones directas a la Constitución; ni que el acto carezca de fundamentación. En ese orden de ideas, se advierte que por un lado existe la previsión en la norma en abstracto que reconoce el derecho fundamental a la salud y, por otro lado, se encuentra descrita en particular en la fracción II del artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal antes citada; de ahí que la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales, no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar presuntas violaciones a preceptos de la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establece. En el caso concreto se estima resulta aplicable, la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), publicada el viernes siete de diciembre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que, como quedó evidenciado, la Ley Nacional de Ejecución Penal, no prevé mayores requisitos ni plazos para la suspensión de los actos reclamados que la propia Ley de Amparo, así como tampoco, como ya se estableció, se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad que eximiera a los quejosos de la obligación de agotar el procedimiento administrativo de peticiones en contra de los actos reclamados; pues como ya se vio, en el caso, a) no se trata de un juicio de amparo contra leyes, o se promueve con motivo del primer acto de aplicación, b) el acto no carece absolutamente de fundamentación (al tratarse de un acto omisivo), y c) no se reclaman en este juicio exclusivamente violaciones directas a la Ley Fundamental de la Nación, sino de forma indirecta, como se expuso. En tales circunstancias, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata, en términos de lo dispuesto por el citado artículo 113 en relación con el 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; o en su caso, que proporcionen un número de teléfono o correo electrónico, por medio del cual, de ser necesario, este órgano jurisdiccional pueda tener establecer comunicación con las partes, de conformidad con el referido Acuerdo General, dadas las medidas de contingencia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tienen como domicilios de la parte quejosa los dos que señaló en el proemio de su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a la restante persona por así solicitarlo expresamente. Es aplicable al respecto, la Tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1384, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 173706, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Vista la certificación de cuenta se autorizan a los usuarios yanetfranco y lidiasantiago, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícense las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. En atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota del correo electrónico y números de celular que proporciona, para entablar únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa; publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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