GREGORIO GOMEZ CAMACHO y Otros.
Expediente 927/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 927/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- GREGORIO GOMEZ CAMACHO y Otros.
- Juez de Control Y Oralidad Penal de la Región Judicial Centro, Con Sede En la Ciudad de Puebla, Lic. Enrique López Criollo
- Gregorio Gomez Camacho
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso d) del acuerdo general citado porque la demanda se desechó; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincidan en totalidad.
- Principal
Vista la razón de cuenta del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante la cual informa la imposibilidad existente a fin de notificar al quejoso *** el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en virtud de que al constituirse al Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla, lugar de reclusión de dicho quejoso, le fue informado que en veinticuatro de julio de este año quedó en libertad; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista el citado proveído. Auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte: ... DESECHAMIENTO Al respecto, se considera que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que motiva desechar de plano la demanda que se provee, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, se advierte que LUIS FELIPE HERNÁNDEZ DE LA CRUZ, quien se ostenta como abogado defensor particular de GREGORIO GOMEZ CAMACHO, reclama del JUEZ DE CONTROL Y ORALIDAD PENAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA (LIC. ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO), la determinación de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal 705/2020/FISDAI, que niega la suspensión condicional del proceso al aquí quejoso GREGORIO GOMEZ CAMACHO. Sin embargo, respecto a dicho acto el juicio de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo, en conformidad con lo previsto en el artículo antes aludido de la ley de la materia. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.). De donde se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Ahora bien, el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (...) VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; (...)" De lo transcrito se advierte que contra la determinación que niega la suspensión condicional del proceso procede el recurso de apelación; por lo que si en el caso concreto se controvierte la determinación de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal 705/2020/FISDAI, por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por medio del cual niega la suspensión condicional del proceso a GREGORIO GOMEZ CAMACHO, esta determinación es impugnable a través del recurso previsto en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el ahora quejoso previo a acudir a esta instancia jurisdiccional, debió agotar el medio de defensa ordinario previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, el recurso de apelación, susceptible de modificar, revocar o nulificar el auto combatido. Máxime, que el quejoso no es extraño al proceso natural y el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, la siguiente jurisprudencia, cuyos datos de identificación se transcriben a continuación: "Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así, se advierte que el inconforme no satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie hace ver el promovente del amparo. Sin que se óbice a lo anterior, que el promovente refiera que con la negativa de la suspensión condicional del proceso se afecta su derecho de libertad personal, porque tal afirmación es desacertada. En efecto, si bien conforme al artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, se establece como excepción al principio de definitividad cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. En el caso, no se actualiza alguno de los supuestos antes referidos, porque la resolución que niega la suspensión condicional del proceso únicamente incide en la posibilidad de concluir el proceso a través de uno de los medios de solución alterna, por lo cual su materia es determinar si se cumple con los requisitos establecidos en la ley para determinar su procedencia y estar en posibilidad de concluir el procedimiento. Por tanto, la circunstancia que el promovente refiera que al negarse la suspensión condicional del proceso afecta su libertad es desacertado, porque tal afectación según lo refiere en su demanda, es consecuencia de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria que la fue decretada, la cual no fue materia de la resolución que pretende controvertir en el presente juicio. De igual forma, de considerar que el acto reclamado es de imposible reparación, tal circunstancia tampoco exime de la obligación de que antes de acudir al juicio de amparo se agote el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de apelación por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Por su parte, respecto la oposición de conceder la suspensión condicional del proceso atribuida al agente del Ministerio Público señalado como responsable, el juicio de amparo es improcedente, en virtud de que no afecta directamente la esfera jurídica del quejoso, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. El impetrante refiere que tiene el carácter de imputado en la causa penal 906/2019/PUEBLA, dentro de la cual la agente del Ministerio Público se opuso a que se concediera la suspensión condicional del proceso, lo que estima vulnera sus derechos; es decir, sostiene tener un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa. Entonces, como el acto reclamado emana de un procedimiento jurisdiccional y atendiendo a la causa de pedir del impetrante resultaría ocioso analizar si demostró o no un interés legítimo, ya que al comparecer aduciendo ser titular de un derecho subjetivo que se afecta con el acto de autoridad, corresponde al quejoso acreditar la afectación directa al derecho cuya titularidad refiere. Del contenido del artículo 107, fracción I, constitucional, así como de los numerales citados con antelación, se establece que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Así, para efectos de juicio de amparo, el perjuicio constituye la afectación de un derecho legítimamente tutelado que es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, lo cual faculta a su titular acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo demandando el cese de esa transgresión. De igual manera, el perjuicio debe ser actual, por referirse a una situación que está causando afectación en el momento de promoverse la demanda de amparo, o por estar pronta a suceder o que inminentemente se le causará, pues cuando la afectación sólo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. Ante ello, la oposición por parte del Ministerio Público de conceder la suspensión condicional del proceso, no irroga un perjuicio directo a sus derechos, porque conforme a lo establecido en el artículo 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es al juez de control a quien corresponde determinar la procedencia, con base al planteamiento de las partes en el audiencia, por lo que la oposición del representante social, por sí sola es insuficiente para afectar de manera directa la esfera jurídica del quejoso. En tales condiciones, al atualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, contra la oposición de conceder la suspensión condicional de proceso atribuida al Ministerio Público, procede desechar de plano de la demanda, conforme al numeral 113 de la propia ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados a los profesionistas que menciona en su escrito de demanda en términos dl artículo12 de la Ley de Amparo. Respecto al señalamiento del correo electrónico lfhc2001@hotmail.com, así como el número de teléfono 2224696901, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen únicamente señalados para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso GREGORIO GOMEZ CAMACHO, se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social del Estado, por tanto, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la ley de Amparo y no dejar en estado de indefensión al promovente de amparo, se ordena pasar los autos a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado a fin de que notifiquen de manera personal a la citada quejosa, el presente proveído en el lugar de su reclusión, corriéndole traslado con copia autorizada de los autos que se lleguen a dictar y de las promociones que integren el expediente, con excepción de aquéllas presentadas por la impetrante de amparo. De igual forma, se ordena notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los autorizados del quejoso en el domicilio señalado para tal efecto. Se hace saber al actuario encargado de practicar la diligencia, que deberá ajustarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quien realiza la notificación y de las personas justiciables, en términos de los establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 antes citado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y A SUS AUTORIZADOS EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO.
- Principal
... DESECHAMIENTO Al respecto, se considera que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que motiva desechar de plano la demanda que se provee, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, se advierte que LUIS FELIPE HERNÁNDEZ DE LA CRUZ, quien se ostenta como abogado defensor particular de GREGORIO GOMEZ CAMACHO, reclama del JUEZ DE CONTROL Y ORALIDAD PENAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA (LIC. ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO), la determinación de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal 705/2020/FISDAI, que niega la suspensión condicional del proceso al aquí quejoso GREGORIO GOMEZ CAMACHO. Sin embargo, respecto a dicho acto el juicio de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo, en conformidad con lo previsto en el artículo antes aludido de la ley de la materia. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.). De donde se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Ahora bien, el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (...) VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; (...)" De lo transcrito se advierte que contra la determinación que niega la suspensión condicional del proceso procede el recurso de apelación; por lo que si en el caso concreto se controvierte la determinación de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal 705/2020/FISDAI, por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por medio del cual niega la suspensión condicional del proceso a GREGORIO GOMEZ CAMACHO, esta determinación es impugnable a través del recurso previsto en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el ahora quejoso previo a acudir a esta instancia jurisdiccional, debió agotar el medio de defensa ordinario previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, el recurso de apelación, susceptible de modificar, revocar o nulificar el auto combatido. Máxime, que el quejoso no es extraño al proceso natural y el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, la siguiente jurisprudencia, cuyos datos de identificación se transcriben a continuación: "Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así, se advierte que el inconforme no satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie hace ver el promovente del amparo. Sin que se óbice a lo anterior, que el promovente refiera que con la negativa de la suspensión condicional del proceso se afecta su derecho de libertad personal, porque tal afirmación es desacertada. En efecto, si bien conforme al artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, se establece como excepción al principio de definitividad cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. En el caso, no se actualiza alguno de los supuestos antes referidos, porque la resolución que niega la suspensión condicional del proceso únicamente incide en la posibilidad de concluir el proceso a través de uno de los medios de solución alterna, por lo cual su materia es determinar si se cumple con los requisitos establecidos en la ley para determinar su procedencia y estar en posibilidad de concluir el procedimiento. Por tanto, la circunstancia que el promovente refiera que al negarse la suspensión condicional del proceso afecta su libertad es desacertado, porque tal afectación según lo refiere en su demanda, es consecuencia de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria que la fue decretada, la cual no fue materia de la resolución que pretende controvertir en el presente juicio. De igual forma, de considerar que el acto reclamado es de imposible reparación, tal circunstancia tampoco exime de la obligación de que antes de acudir al juicio de amparo se agote el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de apelación por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Por su parte, respecto la oposición de conceder la suspensión condicional del proceso atribuida al agente del Ministerio Público señalado como responsable, el juicio de amparo es improcedente, en virtud de que no afecta directamente la esfera jurídica del quejoso, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. El impetrante refiere que tiene el carácter de imputado en la causa penal 906/2019/PUEBLA, dentro de la cual la agente del Ministerio Público se opuso a que se concediera la suspensión condicional del proceso, lo que estima vulnera sus derechos; es decir, sostiene tener un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa. Entonces, como el acto reclamado emana de un procedimiento jurisdiccional y atendiendo a la causa de pedir del impetrante resultaría ocioso analizar si demostró o no un interés legítimo, ya que al comparecer aduciendo ser titular de un derecho subjetivo que se afecta con el acto de autoridad, corresponde al quejoso acreditar la afectación directa al derecho cuya titularidad refiere. Del contenido del artículo 107, fracción I, constitucional, así como de los numerales citados con antelación, se establece que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Así, para efectos de juicio de amparo, el perjuicio constituye la afectación de un derecho legítimamente tutelado que es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, lo cual faculta a su titular acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo demandando el cese de esa transgresión. De igual manera, el perjuicio debe ser actual, por referirse a una situación que está causando afectación en el momento de promoverse la demanda de amparo, o por estar pronta a suceder o que inminentemente se le causará, pues cuando la afectación sólo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. Ante ello, la oposición por parte del Ministerio Público de conceder la suspensión condicional del proceso, no irroga un perjuicio directo a sus derechos, porque conforme a lo establecido en el artículo 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es al juez de control a quien corresponde determinar la procedencia, con base al planteamiento de las partes en el audiencia, por lo que la oposición del representante social, por sí sola es insuficiente para afectar de manera directa la esfera jurídica del quejoso. En tales condiciones, al atualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, contra la oposición de conceder la suspensión condicional de proceso atribuida al Ministerio Público, procede desechar de plano de la demanda, conforme al numeral 113 de la propia ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados a los profesionistas que menciona en su escrito de demanda en términos dl artículo12 de la Ley de Amparo. Respecto al señalamiento del correo electrónico lfhc2001@hotmail.com, así como el número de teléfono 2224696901, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen únicamente señalados para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso GREGORIO GOMEZ CAMACHO, se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social del Estado, por tanto, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la ley de Amparo y no dejar en estado de indefensión al promovente de amparo, se ordena pasar los autos a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado a fin de que notifiquen de manera personal a la citada quejosa, el presente proveído en el lugar de su reclusión, corriéndole traslado con copia autorizada de los autos que se lleguen a dictar y de las promociones que integren el expediente, con excepción de aquéllas presentadas por la impetrante de amparo. De igual forma, se ordena notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los autorizados del quejoso en el domicilio señalado para tal efecto. Se hace saber al actuario encargado de practicar la diligencia, que deberá ajustarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quien realiza la notificación y de las personas justiciables, en términos de los establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 antes citado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y A SUS AUTORIZADOS EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO.
- Principal
Al respecto, se considera que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que motiva desechar de plano la demanda que se provee, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, se advierte que LUIS FELIPE HERNÁNDEZ DE LA CRUZ, quien se ostenta como abogado defensor particular de GREGORIO GOMEZ CAMACHO, reclama del JUEZ DE CONTROL Y ORALIDAD PENAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA (LIC. ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO), la determinación de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal 705/2020/FISDAI, que niega la suspensión condicional del proceso al aquí quejoso GREGORIO GOMEZ CAMACHO. Sin embargo, respecto a dicho acto el juicio de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo, en conformidad con lo previsto en el artículo antes aludido de la ley de la materia. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.). De donde se advierte que, previo a la promoción del juicio de amparo, por imperativo legal, necesariamente se tiene que agotar el recurso, juicio o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, con el cual, quien esté inconforme con el pronunciamiento o conducta de la autoridad responsable tiene la posibilidad de modificar, revocar, nulificar e incluso obtener la satisfacción de su pretensión, lo que de no cumplirse tiene como consecuencia faltar al principio de definitividad que rige para la procedencia del presente juicio. Ello es así, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador como un medio extraordinario de defensa cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que, no pueda acudirse a dicha instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un remedio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada; además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. Ahora bien, el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (...) VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; (...)" De lo transcrito se advierte que contra la determinación que niega la suspensión condicional del proceso procede el recurso de apelación; por lo que si en el caso concreto se controvierte la determinación de tres de noviembre de dos mil veinte, dictada dentro de la causa penal 705/2020/FISDAI, por el Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, por medio del cual niega la suspensión condicional del proceso a GREGORIO GOMEZ CAMACHO, esta determinación es impugnable a través del recurso previsto en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el ahora quejoso previo a acudir a esta instancia jurisdiccional, debió agotar el medio de defensa ordinario previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, el recurso de apelación, susceptible de modificar, revocar o nulificar el auto combatido. Máxime, que el quejoso no es extraño al proceso natural y el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, razón por la cual no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, la siguiente jurisprudencia, cuyos datos de identificación se transcriben a continuación: "Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así, se advierte que el inconforme no satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a efecto de que los justiciables estén en aptitud de ejercer el principio de impugnación que rige en los procedimientos judiciales, en contra de las determinaciones que causen un agravio en sus intereses o derechos, como en la especie hace ver el promovente del amparo. Sin que se óbice a lo anterior, que el promovente refiera que con la negativa de la suspensión condicional del proceso se afecta su derecho de libertad personal, porque tal afirmación es desacertada. En efecto, si bien conforme al artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, se establece como excepción al principio de definitividad cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. En el caso, no se actualiza alguno de los supuestos antes referidos, porque la resolución que niega la suspensión condicional del proceso únicamente incide en la posibilidad de concluir el proceso a través de uno de los medios de solución alterna, por lo cual su materia es determinar si se cumple con los requisitos establecidos en la ley para determinar su procedencia y estar en posibilidad de concluir el procedimiento. Por tanto, la circunstancia que el promovente refiera que al negarse la suspensión condicional del proceso afecta su libertad es desacertado, porque tal afectación según lo refiere en su demanda, es consecuencia de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria que la fue decretada, la cual no fue materia de la resolución que pretende controvertir en el presente juicio. De igual forma, de considerar que el acto reclamado es de imposible reparación, tal circunstancia tampoco exime de la obligación de que antes de acudir al juicio de amparo se agote el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de apelación por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Por su parte, respecto la oposición de conceder la suspensión condicional del proceso atribuida al agente del Ministerio Público señalado como responsable, el juicio de amparo es improcedente, en virtud de que no afecta directamente la esfera jurídica del quejoso, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. El impetrante refiere que tiene el carácter de imputado en la causa penal 906/2019/PUEBLA, dentro de la cual la agente del Ministerio Público se opuso a que se concediera la suspensión condicional del proceso, lo que estima vulnera sus derechos; es decir, sostiene tener un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa. Entonces, como el acto reclamado emana de un procedimiento jurisdiccional y atendiendo a la causa de pedir del impetrante resultaría ocioso analizar si demostró o no un interés legítimo, ya que al comparecer aduciendo ser titular de un derecho subjetivo que se afecta con el acto de autoridad, corresponde al quejoso acreditar la afectación directa al derecho cuya titularidad refiere. Del contenido del artículo 107, fracción I, constitucional, así como de los numerales citados con antelación, se establece que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Así, para efectos de juicio de amparo, el perjuicio constituye la afectación de un derecho legítimamente tutelado que es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, lo cual faculta a su titular acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo demandando el cese de esa transgresión. De igual manera, el perjuicio debe ser actual, por referirse a una situación que está causando afectación en el momento de promoverse la demanda de amparo, o por estar pronta a suceder o que inminentemente se le causará, pues cuando la afectación sólo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. Ante ello, la oposición por parte del Ministerio Público de conceder la suspensión condicional del proceso, no irroga un perjuicio directo a sus derechos, porque conforme a lo establecido en el artículo 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es al juez de control a quien corresponde determinar la procedencia, con base al planteamiento de las partes en el audiencia, por lo que la oposición del representante social, por sí sola es insuficiente para afectar de manera directa la esfera jurídica del quejoso. En tales condiciones, al atualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, contra la oposición de conceder la suspensión condicional de proceso atribuida al Ministerio Público, procede desechar de plano de la demanda, conforme al numeral 113 de la propia ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados a los profesionistas que menciona en su escrito de demanda en términos dl artículo12 de la Ley de Amparo. Respecto al señalamiento del correo electrónico lfhc2001@hotmail.com, así como el número de teléfono 2224696901, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen únicamente señalados para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso GREGORIO GOMEZ CAMACHO, se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social del Estado, por tanto, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la ley de Amparo y no dejar en estado de indefensión al promovente de amparo, se ordena pasar los autos a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado a fin de que notifiquen de manera personal a la citada quejosa, el presente proveído en el lugar de su reclusión, corriéndole traslado con copia autorizada de los autos que se lleguen a dictar y de las promociones que integren el expediente, con excepción de aquéllas presentadas por la impetrante de amparo. De igual forma, se ordena notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los autorizados del quejoso en el domicilio señalado para tal efecto. Se hace saber al actuario encargado de practicar la diligencia, que deberá ajustarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quien realiza la notificación y de las personas justiciables, en términos de los establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 antes citado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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