Gregorio Flores Ortiz
Expediente 1122/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1122/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gregorio Flores Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Gregorio Flores Ortiz, hubiese recurrido el auto de veinte de julio de dos mil quince, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido... NOTIF
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CITATORIO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO EL ACUERDO DE VEINTE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Cuernavaca, Morelos, a veinte de julio de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos en ausencia del Titular del Registro Agrario Nacional, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de diez de julio de dos mil quince, remite copia certificada del acuse de recibo del certificado de derechos sobre tierras de uso común número 1005244 expedido a favor del quejoso. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese orden de ideas, en el caso concreto, se advierte que el quejoso, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto reclamado a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Morelos, que se hizo consistir en la negativa a expedirle la constancia que precise que por sucesión agraria se le han transmitido los derechos sobre tierras de uso común y demás derechos en su calidad de ejidatario De las constancias remitidas por el Delegado del Registro Agrario Nacional, en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que el treinta de abril de dos mil quince, bajo el número de control 004514, se calificó en sentido positivo la solicitud del quejoso y se expidió el Certificado de Derechos Sobre Tierras de Uso Común número 1005244, mismo que fue entregado al quejoso el doce de junio del año en curso. Luego entonces, si el peticionario de amparo reclama la negativa por parte de la responsable en expedirle el certificado antes mencionado, y éste ya se le expidió y se le entrego; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos por ausencia del Titular del Registro Agrario Nacional, residente en esta ciudad; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y anexos para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, téngase como su delegado a la persona que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto el quejoso en esencia se duele de la negativa a entregarle la constancia que precise que por sucesión agraria preferente se le han transmitido los derechos agrarios sobre tierras de uso común, y en virtud de que la autoridad responsable oficiante, manifiesta que el Certificado de Derechos sobre Tierras de uso Común número 1005244 expedido a favor del quejoso, se encuentra en el Centro Integral de Servicios del Registro Agrario Nacional; por tanto, con lo anterior dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de tres días, se presente ante la autoridad correspondiente y se le haga entrega del certificado antes citado. Asimismo, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Registro Agrario Nacional, para que una vez que el quejoso se presente a recoger el certificado referido en el párrafo que antecede, remita copia certificada del acuse recibo del mismo, o bien informe el impedimento que tenga para cumplir con lo anterior; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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CITATORIO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIEZ DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, EMITIDO EN EL MISMO, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos por ausencia del Titular del Registro Agrario Nacional, residente en esta ciudad; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y anexos para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, téngase como su delegado a la persona que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto el quejoso en esencia se duele de la negativa a entregarle la constancia que precise que por sucesión agraria preferente se le han transmitido los derechos agrarios sobre tierras de uso común, y en virtud de que la autoridad responsable oficiante, manifiesta que el Certificado de Derechos sobre Tierras de uso Común número 1005244 expedido a favor del quejoso, se encuentra en el Centro Integral de Servicios del Registro Agrario Nacional; por tanto, con lo anterior dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de tres días, se presente ante la autoridad correspondiente y se le haga entrega del certificado antes citado. Asimismo, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Registro Agrario Nacional, para que una vez que el quejoso se presente a recoger el certificado referido en el párrafo que antecede, remita copia certificada del acuse recibo del mismo, o bien informe el impedimento que tenga para cumplir con lo anterior; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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