Gregorio Figueroa Zaragoza
Expediente 393/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 23/08/2019
Partes del expediente
- Gregorio Figueroa Zaragoza
- Juez de Primera Instancia Penal del Cuarto Distrito Judicial del estado. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, en atención a que no se interpuso el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta materia, por disposición de su dispositivo 2°, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que no existen recursos pendientes por resolver, mandatos por cumplimentar ni promociones por acordar; por tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y tomando en cuenta que: a) Se decretó el sobreseimiento. b) La naturaleza del acto reclamado en este juicio. c) No ser asunto considerado de relevancia documental, en virtud de que no cuenta con particularidad alguna que permita establecer lo contrario y; d) No existen documentos originales. Por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
II...Matamoros, Tamaulipas, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que al quejoso Gregorio Figueroa Zaragoza, le transcurrió el término de tres días otorgado en proveído de doce de julio de la presente anualidad, a fin de que bajo protesta de decir verdad, manifestara si estaba en condiciones de sufragar total o parcialmente el pago de la publicación de los edictos relativos al emplazamiento ordenado dentro de este asunto a Emma Esther Melo Macías representante de la tercera menor LNSM, o bien, si carecía de capacidad económica para efectuar la erogación correspondiente; sin embargo, no obstante de estar notificada del requerimiento, no hizo manifestación alguna al respecto, ni compareció a través de su autorizado José Francisco Bueron Gavito, con el objeto de recibir los edictos correspondientes. En consecuencia de lo anterior, este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, decreta el sobreseimiento del presente juicio de garantías debido a la falta de interés del agraviado Gregorio Figueroa Zaragoza, para efectuar la publicación de los edictos ordenados en proveído de doce de julio de la presente anualidad, relativo al emplazamiento de Emma Esther Melo Macías representante de la tercera menor LNSM. Lo anterior es así, pues con la no publicación del edicto ordenado en autos, el juicio queda paralizado, esto en contravención de la garantía de celeridad procesal contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, viéndose afectada la administración de justicia por dilatarse el dictado del fallo definitivo, lo cual no es imputable a este Juzgado de Distrito, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público; por ende, con la omisión del impetrante, se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este tribunal de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado, de ahí que lo procedente sea decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Tiene aplicación al respecto, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que se publica en la foja 1770, del libro XI, agosto de 2012, tomo 2, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO SI EL JUEZ DE DISTRITO DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA POR FALTA DE SU PUBLICACIÓN A COSTA DEL QUEJOSO, SI ÉSTE SOLICITÓ LA DISPENSA DE SU PAGO ARGUMENTANDO INSUFICIENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y NO SE LE DIO LA OPORTUNIDAD DE ACREDITARLO, NI EL JUZGADOR PROVEYÓ LAS MEDIDAS PARA AVERIGUAR EL COSTO DE AQUÉLLOS Y DECIDIR SI PROCEDÍA DICHA PETICIÓN. Cuando el quejoso solicita la dispensa del pago de publicación de edictos para el emplazamiento al tercero perjudicado no localizado, manifestando insolvencia o insuficiencia de recursos para cubrir su costo, el Juez de Distrito debe decidir si es susceptible aplicar el beneficio de dispensar su pago conforme a la jurisprudencia 2a./J. 108/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", en la que se determinó que se requiere, además del dicho del solicitante, que existan indicios que confirmen la situación de precariedad en el caso particular. Ahora bien, como la calidad de trabajador no implica per se, una situación económica precaria, sino que ésta depende de las circunstancias específicas del quejoso, ya que bien puede tratarse de personas con posibilidad para sufragar tal costo y no justificarse el trato excepcional aludido, cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia derivado de la falta de publicación de edictos a cargo del quejoso, habiendo manifestado éste insuficiencia de recursos, se violan las formalidades del procedimiento en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo y origina su reposición, si el órgano de amparo, previo a decretarlo omite proveer las medidas razonables para decidir al respecto, como es: saber el costo específico de las publicaciones y dar oportunidad de justificarlo al solicitante. En tal supuesto, el Juez constitucional debe: a) formular los requerimientos necesarios para averiguar datos concretos sobre el costo de publicación de edictos en el Diario Oficial de la Federación y en algún periódico de mayor circulación en la República, en los que se difunda el contenido sucinto de la demanda de amparo y los elementos fundamentales a publicar, pues no es dable un análisis en abstracto, sino que debe tener el costo específico para así verificar si es inasequible a la situación particular del quejoso; y, b) permitir al quejoso interesado, la oportunidad de acreditar su dicho, previniéndole que allegue elementos o indicios suficientes de su situación de precariedad relevante e indagar sobre los índices, cánones o parámetros que refieran pobreza; lo que permitiría que el juzgador pondere, en su oportunidad, las circunstancias del caso y decida si aplica el aludido beneficio con cargo al Consejo de la Judicatura Federal o, en su caso, sobresea por falta de interés del quejoso en su publicación, ya que debe garantizar una adecuada oportunidad de probar la situación excepcional invocada." (lo resaltado en la parte final es por este tribunal) Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las diez horas con dieciocho minutos del cinco de agosto de dos mil diecinueve, debiéndose comunicar lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
II... De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico al quejoso Gregorio Figueroa Zaragoza, el auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
II...Matamoros, Tamaulipas, doce de julio de dos mil diecinueve. Vistas las razones de cuenta, se advierte que las fedatarias adscritas a este órgano de control constitucional se constituyeron en diversas ocasiones en el domicilio ubicado en callejón Chicoatzén número 28, entre Alemán y Amistad, colonia Rodríguez de esta ciudad con la finalidad de localizar a ******************** representante de la tercero menor ********************y emplazarla a la presente contienda constitucional; sin embargo, no lograron tal encomienda, lo anterior toda vez que en repetidas ocasiones al apersonarse en el referido domicilio, no recibieron respuesta de que hubiere alguna persona habitando ese inmueble, y al realizar una investigación con las vecinas del lugar, una de ellas le informó que en esa casa habitación vivía una familia pero que desconocía si era la persona que estaba buscando, y otra le manifestó que si vivió ******************** pero se fue del lugar y que no volvió a tener noticia de ella. Por otra parte, visto el estado de autos se advierte que a través de auto de veinticinco de junio de este año, este órgano jurisdiccional procedió a realizar la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y ya obran en su totalidad los informes de las autoridades requeridas mediante el mencionado proveído, de los cuales se desprende que de los resultados que se obtuvieron respecto a la búsqueda sobre el posible domicilio de ******************** representante de la tercero menor ******************** para llevar a cabo su llamamiento a juicio, su resultado fue negativo. Por tanto, dado que de autos aparece que se han agotado todas las medidas al alcance de este Tribunal para lograr la ubicación de la representante de la menor tercero interesada, lo procedente es, conforme a lo dispuesto por la última parte del inciso b) de la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, en relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, emplazar a ******************** representante de la tercero menor ******************** mediante edictos que se publicarán a costa de la parte quejosa, por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana. En el cual se le hará saber que se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez de Primera Instancia Penal del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en la omisión de dictar sentencia definitiva dentro de la causa penal 124/2018. Comuníquese a ******************** representante de la tercero menor ******************** que deberá comparecer ante este Juzgado de Distrito, dentro de los treinta días siguientes, contados a partir de la última publicación del edicto y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad; apercibida que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista que se publica en este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo previsto por el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, infórmesele que la copia de la demanda queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. De igual forma, se ordena a la Secretaría fije en la puerta de este Tribunal copia certificada del presente proveído, por el tiempo que dure el emplazamiento. Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo antes ordenado, requiérase a ********************, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste categóricamente y bajo protesta de decir verdad, si se encuentra en condiciones de sufragar, total o parcialmente el pago de las publicaciones a que se hace referencia, o bien, si carece de capacidad económica para realizar la erogación correspondiente. En el entendido que de no realizar manifestación alguna al respecto dentro del indicado plazo, se entenderá que es su deseo hacerse cargo del costo de las publicaciones a que se alude; por lo que dentro de ese mismo lapso deberá comparecer ante este Juzgado de Distrito, con objeto de recibir los edictos correspondientes para su publicación. Apercibido que de ser omiso al respecto, o en su caso, no acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se decretará el sobreseimiento en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia número 2a./J. 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 211 del Apéndice al semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVI, correspondiente al mes de julio de dos mil dos, Materia Común, Novena Época, al resolver la contradicción de tesis 16/2000-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Igualmente resulta pertinente citar la tesis aislada II.2o.C.101 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1339, Novena Época, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERO PERJUDICADA POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO. NO CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CUANTO MANDA QUE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ES GRATUITA. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo dispone que el emplazamiento al tercero o terceros perjudicados por medio de edictos se hará a costa del quejoso, es decir, impone al promovente del juicio constitucional la carga de pagar lo conducente para que se emplace y notifique al tercero perjudicado por edictos y se imponga así de la demanda de garantías radicada en un Juzgado de Distrito, lo cual tiene su teleología o fin primordial en la razón de que como al gestionante del amparo corresponde la carga tanto de impulsar el procedimiento como de participar en su desarrollo a efecto de que se integre debidamente la litis respectiva, sin duda ese aspecto procesal no contraviene lo dispuesto por el numeral 17 de la Constitución Fundamental de la República en cuanto estatuye que la impartición de justicia debe ser gratuita, ya que son los tribunales encargados de esa misión quienes están impedidos para cobrar retribución a las partes por su actividad, máxime que resulta inexacto que se hubiese negado el impartir Justicia Federal a la inconforme pues, ante la imposibilidad reseñada de integrarse debidamente la litis constitucional, al no llamarse al juicio a uno de los terceros perjudicados, es indiscutible que no puede dictarse sentencia formal y legalmente, ya que de hacerlo se dejaría en total estado de indefensión a quien no resulte emplazado al juicio de garantías, porque además de no otorgársele el derecho de audiencia para que alegue y aporte las pruebas pertinentes al respecto, no tendría conocimiento de éste ni oportunidad para interponer el medio de defensa relativo." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
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