Gregorio Felipe Pavón Juárez
Expediente 123/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 123/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Gregorio Felipe Pavón Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la Secretaria General de Mayor Antigüedad, Sustituyendo de Manera Temporal a la Presidenta y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado manifestaron que era cierto el acto reclamado, ya que el uno de diciembre de dos mil veinte en el expediente laboral C.D.T. 388/2020-5, se dictó un acuerdo de radicación de la demanda presentada por Gregorio Felipe Pavón Juárez, el cinco de octubre de dos mil veinte, acuerdo que fue notificado al quejoso el ocho de marzo del actual, lo que se justifica con las copias certificadas que remitieron como justificante de sus actos. Se actualiza causal de improcedencia. En consecuencia de lo anterior, como lo refiere la oficiante, sobreviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado, tal como se explicará enseguida. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Arti´culo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)." De la transcripción anterior, se arriba a la convicción de que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no esta´ surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejo´ huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Resulta ilustrativa al respecto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "Época: Novena ÉpocaRegistro: 917637Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 103 Página: 81" "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Ahora bien, en el presente asunto, la demanda de amparo se presentó el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que señaló como acto reclamado la falta de emisión y notificación del auto de radicación del expediente laboral C.D.T. 388/2020-5. Luego, si a través del informe justificado rendido por la Secretaria General de Mayor Antigüedad, Sustituyendo de Manera Temporal a la Presidenta y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se advierte que el uno de diciembre de dos mil veinte, se dictó en el expediente laboral C.D.T. 388/2020-5, el acuerdo de radicación de la demanda promovida por Gregorio Felipe Pavón Juárez, presentada el cinco de octubre de dos mil veinte ante la responsable; entonces, es evidente que con ello cesaron los efectos de los actos reclamados, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, pues incluso, de las constancias que acompañó la Junta responsable se advierte que esa determinación fue notificada al peticionario del amparo el ocho de marzo del presente año. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, al estar acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Es aplicable a la anterior consideración, por su identidad jurídica la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que a la letra dice: Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno la fecha señalada para las once horas con diez minutos del veintitrés de abril del presente año, en la que tendría verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al Agente del Ministerio Público adscrito vía electrónica y a la autoridad responsable por oficio o por correo electrónico.***
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la Secretaria General de Mayor Antigüedad, Sustituyendo de Manera Temporal a la Presidenta y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado manifestaron que era cierto el acto reclamado, ya que el uno de diciembre de dos mil veinte en el expediente laboral C.D.T. 388/2020-5, se dictó un acuerdo de radicación de la demanda presentada por Gregorio Felipe Pavón Juárez, el cinco de octubre de dos mil veinte, acuerdo que fue notificado al quejoso el ocho de marzo del actual, lo que se justifica con las copias certificadas que remitieron como justificante de sus actos. Se actualiza causal de improcedencia. En consecuencia de lo anterior, como lo refiere la oficiante, sobreviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado, tal como se explicará enseguida. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Arti´culo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)." De la transcripción anterior, se arriba a la convicción de que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no esta´ surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejo´ huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Resulta ilustrativa al respecto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "Época: Novena Época Registro: 917637 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 103 Página: 81" "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Ahora bien, en el presente asunto, la demanda de amparo se presentó el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que señaló como acto reclamado la falta de emisión y notificación del auto de radicación del expediente laboral C.D.T. 388/2020-5. Luego, si a través del informe justificado rendido por la Secretaria General de Mayor Antigüedad, Sustituyendo de Manera Temporal a la Presidenta y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se advierte que el uno de diciembre de dos mil veinte, se dictó en el expediente laboral C.D.T. 388/2020-5, el acuerdo de radicación de la demanda promovida por Gregorio Felipe Pavón Juárez, presentada el cinco de octubre de dos mil veinte ante la responsable; entonces, es evidente que con ello cesaron los efectos de los actos reclamados, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, pues incluso, de las constancias que acompañó la Junta responsable se advierte que esa determinación fue notificada al peticionario del amparo el ocho de marzo del presente año. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, al estar acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Es aplicable a la anterior consideración, por su identidad jurídica la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que a la letra dice: Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efecto audiencia constitucional. En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno la fecha señalada para las once horas con diez minutos del veintitrés de abril del presente año, en la que tendría verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al Agente del Ministerio Público adscrito vía electrónica y a la autoridad responsable por oficio o por correo electrónico.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Se difiere audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que la data que se señaló para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con treinta minutos del día treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, es un día inhábil de conformidad con lo dispuesto en la circular 3/2021 de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en ese sentido se señala como nueva fecha para su desahogo las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Informes justificados. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Secretaria General de Mayor Antigüedad, sustituyendo de manera temporal a la Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y Actuario adscrito a dicha Junta; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus respectivos informes justificados en los siguientes términos. "(.) ERA CIERTO EL ACTO RECLAMADO, aducido por el quejoso Gregorio Felipe Pavón Juárez, consiste en "la omisión de dictar auto de radicación dentro del expediente laboral C.D.T. 388/2020-5, así así como su notificación", no obstante a la fecha en que se rinde el presente informe no existe ya el hecho, que esta autoridad señalada como responsable esté violando los derechos fundamentales que manifiesta el quejoso, en virtud, de que con fecha uno de diciembre de dos mil veinte, se dictó un acuerdo, mediante el cual se proveyó respecto al escrito de fecha cinco de octubre de dos mil veinte, que por este juicio de garantías se combate, acuerdo que fue notificado al quejoso el día ocho de marzo de dos mil veintiuno. Por lo tanto, han cesado loe efectos del acto reclamado, en consecuencia, se encuentra actualizada la causal de improcedencia que establece la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, solicito se sobresea el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la citada ley. (.)" Téngase al Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, adhiriéndose al informe justificado rendido por la Secretaria General de Mayor Antigüedad, sustituyendo de manera temporal a la Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Pruebas. Asimismo, téngasele remitiendo a la autoridad responsable copia certificada del expediente laboral C.D.T.388/2020-5; documental que será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Se ordena formar tomo de pruebas. Por otra parte, dado el volumen de la copia certificada del expediente remitida por la responsable, fórmese por separado un tomo de pruebas, a efecto de tener un mejor manejo y cuidado del expediente remitido por la autoridad, identificado con en número I. Vista a las partes. Con el contenido del informe de cuenta, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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