Gregorio de los Santos de la Cruz

Expediente 405/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
405/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Gregorio de los Santos de la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    : Visto el estado que guarda el presente juicio y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veintidós de julio de dos mil veintidós, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que el presente expediente se sobreseyó en el juicio, como consecuencia de lo anterior es susceptible su destrucción una vez transcurrido el plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otro lado, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el original del incidente de suspensión es depurable una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que por una parte se negó y por la otra se concedió la suspensión definitiva. Luego, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses. Por otra parte, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte quejosa los documentos que exhibió en este juicio, previa toma de razón por su recibo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, la documental aportada en este asunto (tomo de pruebas), toda vez que no es necesaria su conservación en este expediente.

  2. Principal

    : En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con veinte minutos del veintidós de julio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 405/2022-II, Alex Humberto Ramírez Guerrero, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, encargado del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el cuatro de julio de dos mil veintidós, como se advierte en el oficio CCJ/ST/2895/2022 de la misma fecha firmado por la Secretaria Técnica de dicha comisión, actuando con Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por las autoridades responsables y el emplazamiento de la parte tercera interesada; en consecuencia, el secretario encargado del despacho, acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo (tomo de prueba), ofrecieron pruebas documentales; a lo que el secretario encargado del despacho, provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas relacionadas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que el entonces Agente del Ministerio Público de la adscripción, formuló manifestaciones en vía de alegatos, no así las demás partes; luego, el secretario encargado del despacho, acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula el Agente del Ministerio Público de la adscripción; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El secretario encargado del despacho, acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al dictado de la resolución correspondiente. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 405/2022-II, promovido Gregorio de los Santos de los Cruz, por derecho propio, contra actos de la Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno a este juzgado de distrito el veintiséis siguiente, Gregorio de los Santos de los Cruz, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del i] Juez Oral Mercantil, y del ii] Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles, ambos de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: - - - De las autoridades señaladas como responsables en los puntos a) y b), se reclama el ilegal e inconstitucional acto de inminente desalojo de mi domicilio ubicado en CALLE ALBATROS MANZANA 29, LOTE 12, NUMERO 462-B, SUPERMANZANA 211, FRACCIONAMIENTO EL PETEN COSTA AZUL, EN ESTA CIUDAD, QUINTANA ROO, en donde resido desde el mes de enero del año 2016, por virtud de un contrato de arrendamiento y transacción celebrado con el propietario del inmueble, y al que me referiré en el apartado correspondiente." SEGUNDO. Radicación y prevención. Recibida que fue la demanda de amparo el veintiséis de abril de dos mil veintidós, en este juzgado de distrito, por auto de veintisiete siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 405/2022-II, y se previno a la parte quejosa para saber si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez de Instrucción del Juzgado Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, en relación con los actos que reclama en el escrito inicial de demanda. TERCERO. Cumplimiento de prevención y admisión. Por proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa desahogando la prevención citada en el considerando segundo que precede, para lo cual refirió que sí era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez de Instrucción del Juzgado Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo; se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento en el sentido de sobreseer en el juicio, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Reconocimiento de tercera interesada, emplazamiento y audiencia constitucional. Mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercera interesada a Dessetec Desarrollo de Sistemas, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien en su oportunidad fue emplazada a juicio; así, la audiencia constitucional se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de autoridades judiciales en materia mercantil, con ejecución dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este órgano de amparo. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juez de Distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, escrito aclaratorio y demás constancias de autos, se hace consistir en: De la 1] Juez Oral Mercantil, y del 2] Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles, ambos de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, respectivamente: a) La i) falta de emplazamiento al juicio oral mercantil 170/2016 de su índice, así como todo lo actuado con posterioridad, incluyendo la ii) sentencia de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, dictada en ese asunto y iii) su ejecución. b) El i) acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de origen, en el cual se decretó el embargo del bien inmueble ubicado en calle Albatros, manzana 29, lote 12, número 462-B, supermanzana 211, fraccionamiento El Peten Costa Azul, en esta ciudad, y ii) su ejecución. c) La i) orden de desalojo del quejoso Gregorio de los Santos de la Cruz, del bien inmueble citado en el inciso b) que antecede, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá al uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras, así como ii) su ejecución. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable 1] Juez Oral Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, al rendir informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye, precisado en el inciso c), subinciso i), del considerando tercero de esta sentencia, pues refiere que no ha emitido alguna orden de desalojo en relación con el inmueble materia de este juicio de amparo. Por su parte, la autoridad responsable 2] Secretario Auxiliar en funciones de Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, convino en la existencia del acto, que en el ámbito de sus atribuciones se le atribuye, esto es, el precisado en el inciso c), subinciso ii), del considerando tercero de este fallo; sin embargo, dicha afirmación se desvirtúa, en virtud que la autoridad responsable ordenadora, al rendir informe justificado, como se vio, negó la existencia de la orden de desalojo reclamada. Por tanto, derivado de las funciones que realiza la referida autoridad, es evidente que no podría ejecutar un mandato que no fue decretado por la juzgadora señalada como autoridad ordenadora. De ahí que la autoridad ejecutora no está en aptitud de cumplimentar orden de desalojo alguna, toda vez que es inexistente.} Al respecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto, siguientes: "Época: Octava Época Registro: 206346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Página: 15 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que pase inadvertida las documentales aportadas por la parte quejosa, consistentes en: 1. Original del escrito de uno de enero de dos mil dieciséis, dirigido al Juez Oral Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. 2. Original del contrato de arrendamiento y de transacción de uno de enero de dos mil dieciséis, celebrado entre Angelino Carrasco Domínguez y Gregorio de los Santos de la Cruz Documentales que cuentan con valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las cuales únicamente acreditan, respectivamente, que i) la parte quejosa presentó un escrito dirigido al Juez Oral Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, a efecto de promover jurisdicción voluntaria en relación con un contrato de arrendamiento y transacción, así como que ii) la parte quejosa celebró un contrato de arrendamiento respecto del bien inmueble materia del presente juicio de control constitucional. Sin embargo, con dichas documentales no se demuestra la existencia de los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, precisados en el inciso c), del considerado tercero de esta sentencia. En ese orden de ideas, toda vez que el quejoso no aportó prueba idónea que desvirtúe la negativa de las indicadas autoridades responsables, o bien, que acredite la participación de dichas autoridades en los aludidos actos reclamados, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables 1] Juez Oral Mercantil y 2] Secretario Auxiliar en funciones de Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles, ambos de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, precisados en el inciso c), del considerando tercero de esta sentencia. Cobra aplicación la jurisprudencia que se cita a continuación: "Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1] Juez Oral Mercantil, y 2] Secretario Auxiliar en funciones de Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles, ambos de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, al rendir informe justificado, respectivamente, convinieron en la existencia de los actos reclamados precisados en los incisos a) y b), del considerando tercero de esta resolución. Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con la documental aportada por la juzgadora responsable (tomo de prueba), que integra el juicio oral mercantil 170/2016 de su índice, a la que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que -en lo conducente- se advierte lo siguiente: 1. Mediante demanda presentada el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de fiduciario en el fideicomiso irrevocable número F/1301, por conducto de su apoderada, demandó en la vía oral mercantil a Angelito Carrasco Domínguez (ajeno a este juicio de amparo), el pago de las prestaciones ahí contenidas. 2. Por proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, la juez oral de origen admitió en la vía y forma propuestas la demanda intentada; la radicó con el número de expediente 170/2016 de su índice, y ordenó emplazar al demandado Angelito Carrasco Domínguez. 3. Seguida la secuela procesal, el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se condenó al demandado Angelito Carrasco Domínguez, a pagar las prestaciones reclamadas por la parte actora; determinación que causó ejecutoria por proveído de dieciocho de octubre siguiente. 4. Mediante acuerdo de tres de octubre de dos mil dieciocho, se aprobó la cesión onerosa sobre diversos créditos, derechos de cobro y derechos litigiosos celebrada entre Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de fiduciario en el fideicomiso irrevocable número F/1301, como cedente y Dessetec Desarrollo de Sistemas, Sociedad Anónima de Capital Variable (aquí tercera interesada), como cesionario del crédito y de los derechos litigiosos deducidos del juicio oral mercantil de origen. 5. Por auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó y decretó embargo en relación con el bien inmueble que se defiende en esta instancia constitucional, a favor de la parte actora. Luego, de las citadas constancias se desprende que el aquí quejoso Gregorio de los Santos de los Cruz no figuró como parte ni fue llamado al juicio oral mercantil de origen; asimismo, se advierte que por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, el juez responsable ordenó y decretó embargo del inmueble que se defiende en este juicio a favor de la parte actora. En ese contexto, son ciertos los actos reclamados por la parte quejosa, quien se ostenta como tercera extraña al juicio de origen, precisados en los incisos a) y b), del considerando tercero de esta sentencia. SEXTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Ahora, en el presente caso, respecto de los actos reclamados precisados en los incisos a) y b), del considerando tercero de esta sentencia, este juzgado federal de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la propia ley, toda vez que no se demostró que los actos reseñados afecten el interés jurídico de la parte quejosa. Al respecto, el artículo 61, fracción XII, y el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, tendiendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." Cabe destacar que la disposición legal en estudio, establece uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, el cual consiste en la posibilidad de que el impetrante de derechos fundamentales acuda al juicio cuando sea titular de un derecho que sea transgredido por un acto de autoridad, esto es, que se haya afectado su esfera jurídica y acuda en su defensa. En efecto, el juicio de amparo sólo puede ser seguido a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés jurídico y tutelado cuenta con legitimación procesal y sustantiva, para promover y obtener la protección constitucional. En ese contexto, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante del amparo, la cual le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, que de resultar afectado con el acto autoritario que en su caso reclame, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Luego, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere que la parte quejosa acredite a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: un derecho del quejoso sobre el bien tutelado; la precisión indudable de ese derecho (legitimación); y la afectación del citado derecho, a través de un acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Sustenta lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se trascriben a continuación: "Octava Época Registro: 394808 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 852 Página: 581 Genealogía: APÉNDICE '95: TESIS 852 PG. 581 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Como consecuencia de lo anterior, se puntualiza que el interés jurídico reviste tal importancia en el juicio de amparo, que debe quedar fehacientemente acreditado y no inferirse de simples deducciones. Resulta aplicable la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se trascriben a continuación: "Octava Época Registro: 206338 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 82, Octubre de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94 Página: 17 INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por otro lado, el interés legítimo se identifica con la afectación del acto reclamado a la esfera jurídica de la parte quejosa en virtud de una situación especial de ésta frente al orden jurídico, es decir, un agravio indirecto, que le da legitimación en la causa para promover el juicio de amparo, toda vez que de concederse éste, su declaratoria de inconstitucionalidad traería consigo una ventaja para la parte promovente. En ese orden de ideas, es pertinente señalar que hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, y éste no tiene un interés subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta, pero sí para reclamar a los tribunales la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación de su interés. Por otra parte, se precisa que cuando se reclama un acto proveniente de un órgano jurisdiccional, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo, es decir, le corresponderá comprobar su interés jurídico. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2007921 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): (Común) Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En el presente asunto, como los actos reclamados en consulta provienen de una autoridad judicial y la parte quejosa se ostenta arrendataria y posesionaria del inmueble que es objeto de desposesión, se analizará a la luz del interés jurídico. En la especie, como se ha visto, el solicitante del amparo ocurre ante este órgano de control constitucional a reclamar la falta de emplazamiento al juicio oral mercantil de origen, así como todo lo actuado en ese juicio, incluyendo la sentencia ahí dictada, su ejecución y la orden de embargo del inmueble identificado como calle Albatros, manzana 29, lote 12, número 462-B, supermanzana 211, fraccionamiento El Peten Costa Azul, en esta ciudad. Pues bien, en razón que el solicitante de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio de origen y pretende acreditar su interés jurídico bajo el argumento que es arrendatario y posesionario de buena fe del inmueble en controversia, a fin de determinar si cuenta con derecho para promover este juicio de amparo, se estima necesario realizar algunas consideraciones sobre la posesión y nulidad de los negocios jurídicos a la luz de lo dispuesto por el Código Civil para el Estado de Quintana Roo, del que se transcriben los siguientes numerales: "Artículo 135. Son elementos esenciales del negocio jurídico: I.- La voluntad; II.- El objeto; III.- La licitud; y IV.- La solemnidad." "Artículo 187. La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la contraparte en su provecho, salvo que sea indivisible el objeto del derecho o de la obligación común." "Artículo 190. Los negocios jurídicos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante serán nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados, los ratifique antes de que se retracten por la otra parte. La ratificación debe ser hecha con las mismas formalidades que para el negocio de que se trate (sic) exige la ley." "Artículo 384. La falta de cualquiera de los requisitos que menciona el artículo 135 produce la nulidad absoluta del acto, la que operará de pleno derecho si no hay un principio o inicio de ejecución." "Artículo 385. Si hay un principio de ejecución, la nulidad absoluta debe ser necesariamente declarada en juicio." "Artículo 1779. Es poseedor de un bien el que ejerce sobre él un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 1218. Posee un derecho el que goza de él." "Artículo 1780. La posesión puede ser consecuencia del goce efectivo de un derecho real o personal, de una situación de hecho o de una situación contraria a derecho." "Artículo 1781. Cuando en virtud de un negocio jurídico el propietario entrega a otro un bien concediéndole el derecho de retenerlo temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, los dos son poseedores del bien. El que lo posee a título de propietario tiene una posesión originaria y el otro una posesión derivada." De los artículos citados, se advierte que el negocio jurídico celebrado a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante, será nulo de pleno derecho, a menos que exista un principio de ejecución, caso en que será necesario que la nulidad sea declarada en juicio, acción que no puede ser ejercitada por la contraparte en su provecho. Ahora, para que una persona pueda transmitir válidamente la posesión de una cosa se requiere ser su dominador y, en caso de no serlo, necesita estar facultado para tal efecto, ya sea por la ley (caso del usufructuario), o por autorización del dueño (arrendatario con cláusula expresa de subarriendo, mandatario, etcétera). De esta forma, la persona que recibe la posesión de un bien por quien legal o contractualmente lo tiene en forma originaria (en caso de ser el propietario, o titular del derecho real correspondiente), cuenta con posesión derivada, la que puede ser objeto de protección en el amparo indirecto, puesto que se funda en título, a diferencia de la posesión precaria o simple detentación de la cosa. Lo anterior, se encuentra corroborado por la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Novena Época No. Registro: 187733 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Febrero de 2002 Materia(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002 Página: 5 POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Ahora, como se dijo en líneas precedentes, el quejoso comparece a juicio de amparo como tercero extraño al procedimiento natural, señalando ser poseedor del bien inmueble que defiende y si bien es cierto que con la demanda exhibió el original del contrato de arrendamiento y de transacción de uno de enero de dos mil dieciséis, celebrado entre Angelino Carrasco Domínguez y Gregorio de los Santos de la Cruz (quejoso), en relación con el bien inmueble ubicado en calle Albatros, manzana 29, lote 12, número 462-B, supermanzana 211, fraccionamiento El Peten Costa Azul, en esta ciudad; documental a la que se concedió valor probatorio previamente, lo cierto es que ese documento carece de fecha cierta que permita verificar con absoluta certeza el momento en que se celebró el acto jurídico que ahí se alude y, por tanto, aquel en que la quejosa (en principio) habría entrado en posesión del inmueble. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Novena Época Registro: 169963 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Abril de 2008 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 24/2008 Página: 11 ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Luego, si el documento en que la quejosa basa su pretensión (i) no ha sido presentado ante funcionario público que en razón de su encargo deba conocer del mismo (en uso de sus funciones), (ii) inscrito ante el Registro Público de la Propiedad o en todo caso, (iii) probado que la persona con la que celebró el acto jurídico ha fallecido; resulta indudable que dicho documento es insuficiente, por sí mismo, para probar su interés jurídico. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que enseguida se cita: "Sexta Época Registro: 818042 Instancia: Tercera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen LXVI, Cuarta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 63 DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." Sin que obste a lo antes apuntado, que el quejoso ofreció una diversa prueba, consistente en el original del escrito de uno de enero de dos mil dieciséis, dirigido al Juez Oral Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, al que se confirió valor probatorio en el considerando cuarto de esta sentencia; sin embargo, deviene inconducente para probar el interés jurídico en estudio, pues de aquél únicamente se aprecia que el quejoso suscribió un escrito dirigido al referido juez, a efecto de promover jurisdicción voluntaria en relación con un contrato de arrendamiento y transacción, sin que esa información traiga como consecuencia que el multicitado contrato adquirió fecha cierta. En las relatadas consideraciones, al no haber acreditado la parte quejosa contar con interés jurídico para reclamar los actos en consulta, como lo solicita el otrora fiscal federal de la adscripción, procede sobreseer en el juicio de amparo promovido por Gregorio de los Santos de los Cruz, por derecho propio, contra los actos que reclama del 1] Juez Oral Mercantil y del 2] Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles, ambos de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, precisados en los incisos a) y b), del considerando tercero de esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Gregorio de los Santos de los Cruz, por derecho propio, contra los actos reclamados del 1] Juez Oral Mercantil y del 2] Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles, ambos de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, precisados en el considerando tercero, por las razones expuestas en el cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alex Humberto Ramírez Guerrero, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, encargado del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el cuatro de julio de dos mil veintidós, como se advierte en el oficio CCJ/ST/2895/2022 de la misma fecha firmado por la Secretaria Técnica de dicha comisión, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    : Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no ha comenzado a transcurrir el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la tercera interesada Dessetec Desarrollo de Sistemas, Sociedad Anónima de Capital Variable, se imponga del contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables, así como de las constancias origen de los actos reclamados, toda vez que fue emplazada a este juicio el diez de junio pasado. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las diez horas con veinte minutos del veintidós de julio de dos mil veintidós.

  4. Principal

    :Agréguese a los autos el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal; visto su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones ahí vertidas y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo al momento de desahogar la audiencia constitucional. Asimismo, en cuanto a la solicitud de expedir copia certificada de la resolución que se pronuncie en este juicio, dígasele que con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que sea pronunciada la resolución respectiva, se le expedirá copia certificada de la misma.

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