Gregorio Andrés Meza Lugo

Expediente 657/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
657/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
30/06/2022

Partes del expediente

  • Gregorio Andrés Meza Lugo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de febrero de dos mil veintidós. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto 657/2021-III promovido por *******, contra actos de la Junta Especial número Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje, se procede a analizar el cumplimiento dado a la sentencia que otorgó el amparo solicitado. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el diez de septiembre de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado ese mismo día, *******, promovió demanda de amparo en contra de la Junta Especial número Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: SEGUNDO. Concesión de amparo. El trece de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, e integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el catorce de octubre de dos mil veintiuno y se emitió la sentencia correspondiente, en la cual se determinó conceder el amparo solicitado, para los efectos que se precisan a continuación: [.] En esa medida, al resultar fundado el concepto de violación, debe concederse el amparo y protección de la justicia federal a *******. Sin embargo, dado que la fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones se encuentra programada para las doce horas con treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, de ahí que a fin de no causar un perjuicio al quejoso, la concesión debe ser atendida bajo los siguientes efectos: La Junta Especial número Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: I. Ordene y vigile que se practique de inmediato la notificación personal ordenada a la actora, aquí quejosa, así como a las demandadas, del auto de catorce de septiembre de dos mil veintiuno. II. Que efectúe las gestiones atinentes a efecto de que se lleve a cabo la audiencia inicial de demanda y excepciones. [.] TERCERO. Primer requerimiento de cumplimiento. En auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, al no haberse inconformado las partes con dicho fallo, éste causó ejecutoria y se requirió a la Junta Especial número Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, a fin de que dieran cumplimiento a la resolución definitiva emitida dentro del presente juicio. Atento a lo anterior, mediante oficio 1921/2021 y anexo que lo acompaña el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, copia certificada copia certificada del acuerdo de fecha catorce de septiembre del dos mil veintiuno, notificación de dicho acuerdo a las partes y de la audiencia de fecha dieciocho de octubre del presente año así como copia con firmas autógrafas y sellos originales del acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintiuno, emitidos en el expediente laboral ******* de su índice; de lo cual se le dio vista a la parte quejosa, mediante auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, misma que ha transcurrido, sin que haya realizado manifestación alguna. Por tanto, se procede a analizar el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. QUINTO. Vista a las partes. En proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista personalmente a la parte quejosa, a fin de que precisara su inconformidad con el contenido del oficio mediante oficio *******y anexo que lo acompaña, apercibida de que, en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento, sin que haya hecho manifestación alguna. SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. La que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En virtud de que la responsable notificó el acuerdo de catorce de septiembre del dos mil veintiuno, a las partes y llevó a cabo la audiencia inicial de demanda y excepciones el dieciocho de octubre del presente año, en el expediente laboral ******* de su índice y la parte quejosa no realizó manifestación alguna en cuanto a su inconformidad con dicho cumplimiento. En tales condiciones, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó al peticionario de amparo el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgador advierte que con dicho proceder la Autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 657/2021-III ha quedado cumplida. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que, en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a las autoridades responsables. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo enviados por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a través de los cuales informa que fue interpuesto un incidente de nulidad de actuaciones contra la notificación practicada a la parte actora (aquí quejosa), para efectos de que se presentara en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que tuvo lugar el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno; audiencia que forma parte del fallo protector. Asimismo, comunica que la audiencia de nulidad de actuaciones tendrá lugar el ocho de diciembre del año en curso. En esas condiciones, se tiene a la autoridad responsable informando las gestiones tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en términos del numeral 193 de la ley de la materia. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de octubre de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo **********/2021-III, promovido por **********. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el diez de septiembre de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado ese mismo día, **********, promovió demanda de amparo en contra de la Junta Especial número Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron como hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: I. De la Junta Especial número Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad: El retardo en la impartición de justicia en el juicio de origen, incumpliendo los plazos y términos legales dentro del juicio **********, al no proveer respecto a la promoción de fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, ni se ha señalado fecha para audiencia inicial de demanda y de excepciones. Tercero. Existencia de actos omisivos reclamados. Son ciertos los actos omisivos reclamados por el quejoso, a la Junta Especial número Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó la autoridad al rendir su informe justificado. Al respecto, la responsable, Junta Especial número Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad manifestó que en fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, se acordó la promoción de fecha catorce de abril de misma anualidad, acuerdo en el cual se tuvo a la parte actora por desistida de los demandados a que hace referencia en su escrito, así mismo, se le tuvo ampliando y/o precisando y/o adicionando y/o modificando su escrito inicial de demanda en los términos ahí señalados, por lo cual, la autoridad responsable señaló fecha y hora para llevarse a cabo la audiencia inicial de conciliación, demanda y excepciones, dentro de ese juicio, proveído que se ordenó notificar a las partes de manera personal. Acompaña a su informe con justificación lo siguiente: Copia certificada del expediente **********, seguido ante la Junta Especial número Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en la cual se advierten las promociones y el auto a que se hace referencia en párrafos anteriores. La documental aludida en el párrafo precedente goza de valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria de Acuerdos adscrito a la Junta Especial número Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta Ciudad. De tal suerte que, al haberse presentado la demanda de amparo el diez de septiembre de dos mil veintiuno, es evidente la certeza de los actos omisivos combatidos por el accionante del amparo, los cuales fueron aceptados por la autoridad responsable. Cuarto. Improcedencia. La improcedencia es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Precisado lo anterior, al no advertirse la actualización de ninguna causal de improcedencia, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. En primer lugar, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que el accionante del amparo, es el trabajador en el juicio de origen del que se deducen los actos omisivos combatidos. Sentado lo anterior, la quejosa reclama el retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral de origen, argumentando esencialmente que la Junta Especial número Cuatro de la local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, no ha proveído lo necesario para el desahogo de la audiencia inicial de conciliación, demanda y excepciones, retardando con ello la impartición de justicia, en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho concepto de violación, es fundado. Ahora bien, el artículo 17 Constitucional establece que: Artículo 17. (.). Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto trascrito, se desprende que la garantía de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por tanto, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro y texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Así como, la tesis visible en la página ciento noventa y uno, del Tomo IV, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, bajo el rubro y texto que dicen: ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Los tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia, en los términos y plazos que fije la ley, no debiendo aplazar sus resoluciones, ni aun so pretexto de oscuridad de la ley, pues, en ese caso, deben atenerse, para fallar, a los principios generales de derecho; pues lo contrario constituye una verdadera denegación de justicia. En ese sentido, el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, anterior a la vigente (aplicable al caso de conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo transitorio de la actual), establece el procedimiento siguiente: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." Expuesto ello, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su demanda de amparo "bajo protesta de decir verdad" y de las constancias que integran el juicio laboral de origen -a las cuales se les otorgó el valor probatorio correspondiente en el apartado tercero- se sabe que el veintidós de junio de dos mil veinte, la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta Ciudad, radicó la demanda laboral presentada por Gregorio Andrés Meza Lugo, a la cual le correspondió el expediente 4/20/1666 y señaló la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para el veinticuatro de agosto de dos mil veinte. Sin embargo, por falta de emplazamiento de las partes demandadas se difirió en diversas ocasiones la audiencia de ley; de ahí que mediante proveído de fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, la junta responsable, acordó la promoción presentada en fecha catorce de abril de misma anualidad, por la parte actora en la cual se desistía de las demandadas que estaban pendientes por emplazar, por lo cual, en ese mismo proveído, la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, señaló las doce horas con treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por lo tanto, si desde el veintidós de junio de dos mil veinte, en que se radicó la demanda laboral, a la presente fecha en que se dicta sentencia en este juicio constitucional, no se ha desahogado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, es incuestionable que la autoridad responsable transgrede en perjuicio del quejoso, el derecho de acceso a la impartición de justicia pronta contenido en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional. Lo anterior, tomado en consideración que dicha normativa ordena a la autoridad "hacer" algo, que en el presente asunto, no es otra cosa que cumplir con los términos y plazos fijados por la ley de la materia. Bajo ese contexto, -con independencia de la suspensión de labores del tribunal responsable con motivo de la contingencia sanitaria desarrollada por el virus COVID-19- se advierte que las razones principales por las cuales no se desahogó la audiencia de ley dentro del término legal, fue por la falta de acordar la promoción presentada por la parte actora en fecha catorce de abril de dos mil veintiuno. Al margen de lo anterior, el acto de autoridad consistente en la dilación para la prosecución del procedimiento laboral, descrito en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, en relación con el diverso 17 constitucional, resulta contrario al principio de administración de justicia. Es aplicable, la jurisprudencia IV.3°.T.J/57 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que dispone: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". Tiene aplicación al caso por analogía, la tesis X.1°.99 L, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que indica: "SEÑALAMIENTO DE LA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, EXCEDIÉNDOSE DEL TÉRMINO LEGAL. NATURALEZA IRREPARABLE. El auto en que se admite la demanda laboral y se señala una fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, excediéndose del término establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es un acto que tiene carácter de irreparable, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo y deja al quejoso en estado de indefensión, de acuerdo al artículo 17 constitucional, y en consecuencia, el auto que desechó la demanda de garantías interpuesta en su contra, es ilegal y debe revocarse." Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de origen, se colige que desde el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, en el auto que acordó la promoción de la parte actora en ese juicio laboral de origen, en la cual se tuvo por desistido de las partes demandadas ahí precisadas, la responsable señaló fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; acompañando a su informe con justificación, copia certificada de dicho auto. Sin embargo, no se colige que se haya practicado la notificación respectiva, del citado proveído dictado por la Junta responsable, tanto a la aquí quejosa, como a la demandada en se juicio de origen. Asimismo, no pasa desapercibido para esta Juzgadora que tales gestiones se practicaron una vez instaurado el presente juicio. Sentado lo anterior, es pertinente enseguida citar la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 33/2019 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materias Común y Laboral, Décima Época, marzo de 2019, con número de registro 2019400, del contenido: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTIVAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Del criterio de referencia se colige, que para establecer dilaciones presuntamente excesivas por parte de la Junta responsable, al menos deben transcurrir cuarenta y cinco días naturales contados a partir de que concluyó el plazo en que debieron realizarse los actos procesales respectivos, pues ese es el período máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Periodo que, evidentemente, a la presentación del ocurso de amparo, de diez de septiembre de dos mil veintiuno (fecha en que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad) ha transcurrido en exceso, pues como ya se indicó, desde el catorce de abril de dos mil veintiuno, se recibió promoción mediante la cual se le tuvo ampliando y/o precisando y/o adicionando y/o modificando su escrito inicial de demanda en los términos ahí señalados; lo que evidencia sin lugar a dudas una abierta dilación al procedimiento judicial, dado que al no acordar lo conducente, se han obstaculizado las subsecuentes etapas del juicio laboral. En esa medida, al resultar fundado el concepto de violación, debe concederse el amparo y protección de la justicia federal a **********. Sin embargo, dado que la fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones se encuentra programada para las doce horas con treinta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, de ahí que a fin de no causar un perjuicio al quejoso, la concesión debe ser atendida bajo los siguientes efectos: La Junta Especial número Cuatro, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: Ordene y vigile que se practique de inmediato la notificación personal ordenada a la actora, aquí quejosa, así como a las demandadas, del auto de catorce de septiembre de dos mil veintiuno. Que efectúe las gestiones atinentes a efecto de que se lleve a cabo la audiencia inicial de demanda y excepciones. Cabe decir que no se desconoce la situación actual por la que atraviesa el país, derivado de las circunstancias sanitarias relacionadas con la enfermedad denominada Covid-19, como tampoco las cargas excesivas de trabajo que se han generado en las Juntas laborales; sin embargo, esas condiciones de ninguna manera justifican el actuar de las responsables en perjuicio del quejoso, pues no las exime de cumplir con eficacia la función que desempeñan respetando en todo momento el derecho fundamental previsto en el artículo 17 Constitucional. En otro aspecto, debe precisarse que no pasa inadvertido para esta Juzgadora, que si bien es cierto, el quejoso hace énfasis en la falta de prosecución judicial en el juicio laboral, no menos cierto es que, no se debe dejar de lado, que aun tratándose de un juicio laboral del cual devienen los actos reclamados, los alcances por los que llegase a otorgarse la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. De ahí que resulte evidente que la presente concesión no se haga extensiva al dictado del laudo, pues a la fecha no ha sido cerrada la etapa de instrucción, de manera que no sería en el caso viable conceder respecto de los actos futuros que se pudieran dar dentro del procedimiento de origen, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil trece, tomo I, página 732, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Es propio lo destacado. Haciéndose notar que tal tesis abandona el criterio sostenido es la diversa 2ª./J. 45/2007, del rubro "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES", que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, y que el quejoso, invoca en su demanda de amparo; misma que, no puede considerarse en los efectos de la concesión del fallo protector, por el abandono que de dicho criterio, realizó el Más Alto Tribunal, lo que, ineludiblemente, constituye una pauta en el actuar de esta Juzgadora, quien se encuentra obligada a acatarla, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra de las autoridades acotadas en el considerando tercero, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia, para los efectos precisados en el mismo, in fine. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

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