Gregoria San Juan Martinez

Expediente 673/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
673/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Gregoria San Juan Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGRÉGUESE A SUS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA EL OFICIO SIGNADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE; EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO, TÉNGASELE ACUSANDO RECIBO DEL OFICIO 8116/2023, DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL FEDERAL. ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO PREVIAS LAS ANOTACIONES QUE SE HAGAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E). POR OTRA PARTE, NO EXISTE DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER; SE ESTIMA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE CARECE DE VALOR JURÍDICO, HISTÓRICO, DOCUMENTAL O DE RELEVANCIA ALGUNA, POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL CAPÍTULO QUINTO, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA, RESGUARDO Y DESTINO FINAL DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, QUE ABROGA EL DIVERSO ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, EL ASUNTO EN QUE SE ACTÚA DEBE CONSIDERARSE COMO CONSERVABLE.

  2. Juicio de Amparo Directo

    PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE. SEGUNDO. DE CONFORMIDAD CON EL CONSIDERANDO SEXTO DE ESTA EJECUTORIA, SE DECLARA SIN MATERIA EL AMPARO ADHESIVO.

  3. Juicio de Amparo Directo

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA COPIA DEL OFICIO 151/2023 SIGNADO POR EL SECRETARIO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, CON ANEXO, TÉNGASELE REMITIENDO COPIA DE LA SENTENCIA Y LOS AUTOS DE ORIGEN. DEVUÉLVASE EL PRESENTE EXPEDIENTE Y LOS AUTOS DE ORIGEN A LA PONENCIA DONDE SE ENCONTRABA, PARA QUE SE PROCEDA A REALIZAR EL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE E INTEGRE LA EJECUTORIA AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese para que obre como corresponda el oficio 460/2023, firmado electrónicamente por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, con evidencia criptográfica, del cual se advierte que el pleno de dicho tribunal, considera que en el presente asunto podría actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo; esto, ya que al efecto se estableció en dicho dictamen lo siguiente: "V I S T O S para resolver, los autos del amparo en revisión 160/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo; y, SEXTO. Causas de improcedencia y sobreseimiento. En el caso, se considera innecesario analizar tanto la legalidad de la sentencia impugnada como los argumentos vertidos por la parte recurrente a manera de agravios, en razón de que conforme a lo dispuesto por los numerales 62 y 93, fracción III, de la ley de la materia, este Tribunal Colegiado de Circuito considera actualizada la causa de improcedencia hecha valer por el Juez Federal, aunque por razones diversas, lo que impone confirmar la sentencia recurrida. En efecto, cabe señalar que la procedencia de la acción constitucional es un aspecto de orden público y, por ende, su análisis debe efectuarse, de oficio, por el órgano de amparo, sin importar que las partes la aleguen o no, tal como se mandata en el artículo 62 de la Ley de Amparo, sin que se establezca limitación alguna para su estudio cuando la causa de improcedencia de la acción de amparo sea advertida en segunda instancia, ya que la previsión legal no hace distinción sobre el particular. Por tanto, mientras no se emita una sentencia ejecutoria, es posible que el Tribunal Colegiado de Circuito realice el estudio oficioso de las causales de improcedencia, aunque no exista agravio de la parte a quien perjudique la sentencia recurrida en segunda instancia; ello, porque el orden público que exige su análisis oficioso hace innecesario que la parte interesada en la insubsistencia del fallo de primera instancia lo combata para que se estudien. Sobre el tópico es ilustrativa, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 30/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "Registro digital: 198223 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 30/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Julio de 1997, página 137 Tipo: Jurisprudencia REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas inoperantes por el juzgador de primer grado, no existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo." De ahí que, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juez de amparo estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, ya que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio. Ello es así, porque, a pesar de que en el caso sujeto a revisión el juzgador haya tenido por actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 122/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, de rubro y texto siguientes: "Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 122/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999, página 28 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme." En ese orden de ideas, este Tribunal Colegiado de Circuito, de oficio, estima que, por motivos diversos a los invocados en la sentencia impugnada, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." En relación con dicha causa de improcedencia, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los diversos numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, que por su orden señalan: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los preceptos transcritos con anterioridad, se colige que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos, se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En ese entendido, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar, lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Así lo ha considerado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de contenido siguiente: "Registro digital: 2019456 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Asimismo, del texto de los artículos transcritos, se advierte que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso debe ser titular de un derecho subjetivo que se ve afectado de manera personal y directa, es decir, debe acreditar indefectiblemente que el acto reclamado afecta en su interés jurídico. Sobre esa base, debe decirse que el interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional en su contra. Por ello, es que el peticionario de amparo debe acreditar en forma fehaciente, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en ese derecho real o personal, según se ostente, de tal manera que si ésta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. De ahí que, para la procedencia de la acción constitucional no basta que sea impulsada por un interés cualquiera, es decir, un interés simple como suele llamarse a aquél que sin contar con respaldo legal, puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pueda resultarle mortificante, sino que es necesario que dicho interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del citado gobernante de realizar tal conducta. Lo expuesto en párrafos precedentes encuentra apoyo en la jurisprudencia que dice: "Registro digital: 170500 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Ahora bien, en el caso la parte quejosa se duele substancialmente de la orden de desocupación y entrega forzosa de los departamentos números *****, del conjunto ***** ubicados calle ***** número *****, colonia *****, antes *****, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, decretada en el juicio ejecutivo mercantil *****, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí; respecto del cual aduce es persona extraña en estricto sentido y, no obstante ello, se pretende afectar el derecho de propiedad que dice tener respecto de los mencionados departamentos, que le fueron cedidos por su padre, quien en vida llevó el nombre de José del Pilar Santander Téllez.. En esa tesitura, con el objeto de establecer si se actualiza o no la calidad de persona extraña a juicio, se estima necesario conocer el contenido del numeral 107, fracciones III, inciso c) y VII, de la Constitución General de la República, que textualmente señalan lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) c). Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Por su parte, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, textualmente establece lo siguiente: "Artículo 107. El amparo Indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Conforme al texto constitucional y legal transcritos, la persona extraña a juicio es aquella que es ajena a una controversia judicial o administrativa, en la cual, no es parte; por lo tanto, tendrá como medio de defensa para que se le escuche, el juicio de amparo; de ahí que, la persona extraña a juicio tendrá un interés susceptible de ventilarse en la controversia y, en consecuencia, la capacidad legal para apersonarse y actuar. No obstante lo anterior, resulta necesario destacar que en caso de que el quejoso se ostente como persona extraña a juicio, de conformidad con el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juzgador constitucional debe atender al supuesto en que se ubique la parte quejosa, es decir, si tiene la calidad en estricto sentido o equiparada. En efecto, la persona extraña en estricto sentido se identifica como la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en este supuesto se ubica la persona que no es parte en el juicio, esto es, no es ni formal ni materialmente actor o demandado, pero que sufre un perjuicio o privación de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, en el dictado de resoluciones, o en la ejecución de éstas, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa y vencida en juicio. Entonces, de resultar que efectivamente es persona extraña a la controversia y que la libertad o sus propiedades, posesiones o derechos, están involucrados en la controversia, a fin de cumplir con el mandato del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el remedio constitucional consistirá en concederle el amparo, para que sean restituidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación y solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que le fueron afectados al no ser partícipe de esa relación procesal, pero no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que es extraño, pues la única intención de la persona en comento es simplemente extraer de aquella controversia su libertad o sus propiedades, posesiones o derechos. Por otra parte, la persona extraña por equiparación, se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el actor o la parte demandada y no son llamados [emplazados a juicio] o se les emplazó ilegalmente, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa. En este supuesto, el efecto de una sentencia protectora se traducirá en que se ordene el emplazamiento o, en su caso, se declare nulo el juicio a partir del ilegal emplazamiento, resultando igualmente nulas todas las actuaciones posteriores y corresponderá a la autoridad responsable decidir lo que conforme a derecho corresponda, en ejercicio de sus facultades. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 196932 Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 7/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 56 Tipo: Jurisprudencia PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Asimismo, ilustra lo anterior la jurisprudencia VII.2o.C. J/21, que este tribunal comparte, misma que dice: "Registro digital: 177771 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VII.2o.C. J/21 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005, página 1305 Tipo: Jurisprudencia TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Ahora bien, de las constancias del juicio ejecutivo mercantil 1638/2012, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, se acredita que éste fue promovido por ***** , en su carácter de apoderada de la persona moral *****, en contra de la persona moral *****. Por tanto, es evidente que el quejoso ***** no es parte formal en el juicio de origen, de ahí que, tal como lo aduce, tiene el carácter de persona extraña al mismo en estricto sentido. En ese sentido, y tomando en cuenta que la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio de amparo, entonces, si el quejoso se ostenta como propietario de un bien y pretende defender ese derecho que dice es afectado en el juicio respecto del cual es tercero extraño en estricto sentido, para acreditar su interés jurídico de manera fehaciente debe demostrar que tiene el dominio sobre la cosa. Por tanto, el documento con el que el quejoso pretende demostrar la propiedad que se afirma tener debe ser apto, es decir, que por sus características objetivas reúna determinados requisitos, ya que de lo contrario el documento que se exhibe para acreditar ese extremo, no tendría el alcance probatorio suficiente para acreditar cuándo se realizó el acto traslativo de dominio. Ahora bien, dado que las documentales con las que el quejoso pretendió acreditar su interés jurídico son documentos privados, es oportuno destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que un documento de esa naturaleza por sí sólo es insuficiente para acreditar que el derecho que lo contiene existió con anterioridad al acto reclamado, puesto que la consideración de fecha cierta, se traduce en la eficacia probatoria que deben tener los documentos privados para surtir efectos contra terceros. Cierto, la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País ha sentado criterio en el sentido de que tratándose de contratos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, lo cual acontece así cuando aquél se inscribe en un Registro Público de la Propiedad, se presente ante un fedatario público, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Ello debido a que, la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Por tanto, concluyó que, si un documento privado traslativo de dominio carece de fecha cierta por no reunir los requisitos referidos en líneas anteriores, aún en los supuestos de que no hubiese sido objetado por su contraria en el juicio respectivo, ni se hubiesen aportado pruebas que acrediten tener mejor título sobre la propiedad o posesión del bien litigioso, es de arribarse a la consideración de que con ellos no se acredita el interés jurídico que debe revestir al quejoso en un juicio de amparo para ser considerado legalmente legitimado para demandar la protección de la justicia federal, pues en tal caso, no se demuestra la afectación producida en su esfera jurídica. Lo anterior, así se advierte de las jurisprudencias de títulos y contenidos siguientes: "Registro digital: 192662 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 46/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Diciembre de 1999, página 78 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." "Registro digital: 178201 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 44/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Junio de 2005, página 77 Tipo: Jurisprudencia DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades." En ese mismo sentido, la Segunda Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 24/2008-SS, estableció que no cualquier documento privado es susceptible de demostrar que se tiene un derecho sobre el bien motivo de la compraventa, y así acreditar el interés jurídico para solicitar el amparo, salvo que debido a la ratificación de la firma de las partes llevada a cabo por un notario público, tenga como característica ser de fecha cierta. Lo anterior, porque si cualquier documento privado que no cumpliera ciertas exigencias, pudiera servir para demostrar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional, se vería afectada la seguridad jurídica de los acreedores que tenían la plena seguridad de haber demandado en el juicio de origen a la persona correcta, o bien que consideraron que se habían embargado bienes de quien era su deudor, para garantizar el pago de las prestaciones que ahí reclamaron; empero, ante la facilidad de alterar los documentos y antefecharlos, ningún acreedor podría ver satisfechas sus pretensiones de pago aunque tuviera el derecho, pues cualquier persona podría ostentarse en el juicio como un tercero extraño o interponer el amparo para dejar sin efectos el embargo o para destruir el gravamen que pesara sobre el bien, con un simple documento que no cumpliera ciertas características. Para evitar este supuesto, es por lo que se exige que el contrato privado traslativo de bienes inmuebles sea de fecha cierta, lo que se cumple con la ratificación del notario público en el sentido de que comparecieron las partes con su intención de que se certificara su decisión de celebrarlo, así como la firma de las partes (no el acto de compraventa). Dichas consideraciones se encuentran inmersas en la jurisprudencia 2a. /J. 66/2008, que dice: "Registro digital: 169864 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 2a. /J. 66/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008, página 592 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. SE ACREDITA CON EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE UN BIEN INMUEBLE RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). El indicado documento es apto para acreditar el interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio de origen, donde reclama el embargo llevado a cabo sobre el inmueble en cuestión y sus consecuencias, pues al pasar dicho documento ante la fe del Notario Público adquiere valor probatorio pleno, y demuestra que, por lo menos en la fecha en que se ratificó, ya se había llevado a cabo la transacción, dotando así de seguridad a los acreedores de determinada relación jurídica y garantizando que los documentos que se presenten en oposición de sus pretensiones no fueron realizados con posterioridad al inicio de un juicio y se dataron en una fecha anterior. De acuerdo con ello, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario es suficiente para acreditar que las firmas que obran son las de los contratantes y demostrar ante los Jueces de amparo que la transmisión de la propiedad del inmueble motivo del embargo que se reclame, se dio antes de éste, lo que prueba la existencia de un agravio contra el comprador ante la posible afectación a su propiedad." Como se ve, el Máximo Tribunal del País ha reiterado el criterio de que los documentos de fecha cierta son aptos y suficientes para acreditar el interés jurídico para acceder al juicio de amparo; sin embargo, también ha precisado que no por ello ha de atenderse irrestrictamente a su contenido, pues su verosimilitud puede verse afectada por datos aportados al juicio de amparo por los propios quejosos, los terceros interesados o sustraídos del propio documento, que provocan su invalidez para efectos de acreditar el interés jurídico; aspectos que es posible examinar en la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior así se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 51/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: "Registro digital: 177926 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 51/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005, página 183 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. VALORACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS RATIFICADOS ANTE NOTARIO PARA ACREDITARLO. No es factible acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo indirecto cuando el quejoso reclama actos de desposesión derivados de juicio y ostenta la calidad de tercero extraño mediante la exhibición de un documento privado ratificado ante notario, en cuya certificación éste asentó que uno de los comparecientes se identificó con un documento que, por razones cronológicas, no pudo existir sino mucho después de la fecha de la ratificación, y está demostrado en autos que no hay error mecanográfico o de otra índole que explique ese desfase. Ello es así, porque si la ratificación ante el mencionado fedatario tiene como propósito dar fecha cierta al acuerdo de voluntades celebrado por las partes a fin de que tenga valor contra terceros, es incuestionable que cualquier elemento que permita dudar de la certeza en cuanto a la fecha, afecta al instrumento notarial." En efecto, el criterio jurisprudencial transcrito, permite establecer la facultad que tienen los órganos de control constitucional de examinar aun los instrumentos notariales y desestimarlos cuando adviertan que los mismos presentan irregularidades notorias, como lo es el que no cumplan con los requisitos previstos en ley para su formación, a efecto que, de ser así, no sean considerados como una prueba eficaz para acreditar el interés jurídico, en el entendido que dicho análisis debe versar sobre el valor probatorio de los documentos exhibidos por el quejoso, y no sobre la titularidad del derecho real que amparan. Asimismo, en relación con la facultad de los juzgadores de amparo para analizar de manera oficiosa las actuaciones notariales, en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales que deben observarse para su elaboración, se destaca que la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 3a./J. 42/91, sostuvo que el Juez de Distrito puede desestimar el testimonio de la escritura de un poder que no satisfaga los requisitos esenciales para su validez, con el que se pretenda acreditar la personalidad en el juicio de garantías, aunque no se haya declarado su nulidad, pues independientemente de ello, resultará insuficiente para acreditar lo que pretende; criterio que válidamente resulta aplicable para analizar oficiosamente los instrumentos notariales con los que el quejoso pretende acreditar su interés jurídico, pues ello impacta directamente en la procedencia del juicio de amparo que, al igual que la personalidad, constituye un presupuesto procesal de análisis preferente, por ser una cuestión de orden público. La tesis de jurisprudencia a que se hace referencia es de contenido siguiente: "Registro digital: 206900 Instancia: Tercera Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 3a./J. 42/91 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 63 Tipo: Jurisprudencia PODERES. EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA EN QUE SE CONTIENEN PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO, NO HACE PRUEBA PLENA SI NO SATISFACE LOS REQUISITOS LEGALES PARA SU ELABORACION, AUNQUE NO SE HAYA DECLARADO SU NULIDAD. De conformidad con la tesis jurisprudencial que aparece en la página 2107, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, la personalidad debe ser examinada en cualquier estado del juicio, aun de oficio, por ser uno de los presupuestos procesales indispensables, por lo que es obvio que el Juez de Distrito puede válidamente desestimar el testimonio de la escritura de poder que no satisfaga los requisitos esenciales para su validez, con el que se pretenda acreditar la personalidad en el juicio de garantías, aunque no se haya declarado la nulidad de dicho documento, pues independientemente de ello, resultará insuficiente para acreditar lo que pretende." También en apoyo a esa postura se invoca, por las razones que la informan, la jurisprudencia del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyos título y texto se leen: "Registro digital: 2020077 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.III.C. J/47 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo V, página 4420 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO EXTRAÑO AL JUICIO DE ORIGEN. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE VERIFICAR OFICIOSAMENTE QUE LA CERTIFICACIÓN NOTARIAL CONTENIDA EN LA DOCUMENTAL EXHIBIDA PARA DEMOSTRARLO REÚNE LOS REQUISITOS DE FORMA CONTENIDOS EN LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE JALISCO. Si bien es cierto que las certificaciones notariales son documentos públicos, a los que el legislador otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no menos lo es que al valorarlas el juzgador debe cerciorarse de que reúnen los requisitos para su formación, contenidos en la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, a fin de que, una vez realizado ese control sobre la prueba, pueda otorgarse el valor pleno que le otorga la ley por su sola calidad; sin embargo, no debe soslayarse que ese valor probatorio se encuentra condicionado a la verificación de la existencia de los requisitos de forma que la legislación especial establece para su eficacia, en términos del artículo 198 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Control sobre la prueba legal en comento que debe realizarse oficiosamente en sede constitucional, en atención a la obligación del operador del derecho de verificar la procedencia del juicio de derechos humanos, lo cual es una cuestión de orden público, por lo que no puede considerarse que el juzgador de amparo sólo deba valorar la documental pública de referencia en el supuesto de que se objete su autenticidad -a través del incidente de objeción de falsedad contemplado por la ley de la materia en su artículo 122-, pues no debe confundirse la falta de eficacia del documento mismo, por no reunir los requisitos legales para su formación, con la alteración o simulación del medio de acreditamiento en cuestión." En ese contexto, este Tribunal Colegiado de Circuito, de oficio, advierte que las certificaciones notariales contenidas en los documentos exhibidos por el quejoso para demostrar su interés jurídico no reúnen los requisitos de forma contenidos en la Ley del Notariado del Estado de Hidalgo, por lo que no son aptos para ser considerados como documentos públicos, tal como se demuestra a continuación. En principio, cabe precisar que las certificaciones notariales constituyen documentos públicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes." Del precepto legal en cita, se desprenden que la cualidad de documento público está condicionada a la existencia de sellos, firmas y demás signos exteriores que prevén las leyes que lo regulan, por tanto, el juzgador debe cerciorarse que el documento realmente contenga las características que le otorgan la calidad de público, es decir, que reúna los elementos que para su eficacia prevé la ley aplicable, así como que quien lo expida lo haya hecho dentro del ámbito de las facultades otorgadas por el marco que regula su actuar. En ese orden de ideas, la formación del medio de convicción consistente en una certificación notarial, en la que el fedatario público asienta que la copia del documento fue extraída de su original, o que los signantes de un acto jurídico comparecieron ante él a ratificar sus firmas, se trata de una prueba preconstituida, es decir, formada fuera del procedimiento y bajo los lineamientos de la ley que regula la actuación de los notarios públicos, en la que se establecen los requisitos de forma que deben contener las respectivas certificaciones. Por tanto, el valor pleno que otorga el artículo 202, del referido Código Federal de Procedimientos Civiles, a este tipo de documentos, debe entenderse condicionado a la verificación de la existencia de los requisitos de forma que la legislación especial establece para su eficacia, puesto que en términos del diverso arábigo 198, de esa legislación adjetiva, señala que no tendrán valor legal alguno, las pruebas rendidas con infracción de lo dispuesto en sus artículos precedentes, lo que implica que tratándose de documentos públicos, carecerán de valor probatorio aquellas documentales que no contengan los sellos, firmas y demás signos exteriores que prevén las leyes que lo regulan, para su formación. De ahí que, si bien es cierto que las certificaciones notariales son documentos públicos, a los que el legislador otorga pleno valor probatorio; no menos lo es que al momento de su valoración, el juzgador debe cerciorarse que aquellas reúnan los requisitos que la ley establece para su formación, en este caso, los contenidos en la Ley del Notariado del Estado de Hidalgo, que regula la actividad notarial en la entidad, a fin de que, una vez realizado tal control sobre la prueba, pueda otorgarse el valor que le otorga la ley por su sola calidad. Así, respecto al cotejo de documentos la Ley del Notariado del Estado de Hidalgo, en sus artículos 109, 111, 116, 133 y 137, prevé lo siguiente: "Artículo 109.- Acta notarial es el instrumento público original en el que el Notario Público relaciona para hacer constar bajo su fe, uno o varios hechos o circunstancias con consecuencias jurídicas conforme a las leyes, que asienta en los folios del Protocolo a su cargo a solicitud de parte interesada y autoriza mediante su firma y sello. Artículo 111.- Entre los hechos que debe consignar el Notario Público en actas se encuentran los siguientes: I.- Notificaciones, interpelaciones, requerimientos, protesto de documentos mercantiles, entrega de documentos y otras diligencias en las que pueda intervenir el Notario Público conforme a otras Leyes; II.- La existencia, identidad, capacidad legal, reconocimiento y puesta de firmas en documentos de personas identificadas por el Notario Público; III.- Hechos materiales; IV.- Cotejo, entrega y protocolización de documentos; V.- La existencia y detalles de planos, fotografías y otros; VI.- Declaraciones que hagan una o más personas que bajo protesta de decir verdad, efectúen respecto de hechos que les consten, propios o de quien solicite la diligencia; y VII.- En general toda clase de hechos, abstenciones, estados, circunstancias y situaciones que guarden las personas y cosas que puedan ser apreciadas objetivamente y relacionadas por el Notario Público. Artículo 116.- Para el cotejo de un documento con su copia escrita, fotográfica, fotostática o de cualquier otra clase, se presentará el original y copia al Notario Público quien hará constar en el acta que la copia es fiel reproducción de su original. Este se devolverá con su copia debidamente certificada al interesado y se agregara un tanto al apéndice. Artículo 133.- En tanto no se declare judicialmente la falsedad o nulidad de un instrumento, testimonio, certificación, actuaciones notariales estos serán prueba plena en juicio o fuera de el, de que los otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado en el instrumento de que se trate, que hicieron las declaraciones que se narran como suyas, así como de la verdad y realidad de los hechos de los que el Notario Público dio fe tal como los refirió y de que observó las formalidades correspondientes. Artículo 137.- El cotejo no tendrá más efectos que acreditar la identidad de lo cotejado con el documento exhibido, sin calificar sobre la autenticidad y validez del documento exhibido en original." De los numerales reproducidos se obtiene, en lo que interesa, que el acta notarial es el instrumento público original en el que el Notario Público hace constar bajo su fe, uno o varios hechos, entre los que se encuentran el cotejo de documentos, para lo cual el interesado debe presentar su original y copia ante dicho fedatario, quien hará constar en el acta que la copia es fiel reproducción de su original y, hecho lo cual, lo autoriza mediante su firma y sello, devolviendo el documento con su copia debidamente certificada al interesado y agregando un tanto al apéndice. De ahí que se disponga que el cotejo no tendrá más efectos que acreditar la identidad de lo cotejado con el documento exhibido, sin calificar sobre la autenticidad y validez del documento exhibido en original, y que el mismo hará prueba plena de los hechos de los que el Notario Público dio fe tal como los refirió, hasta en tanto no se declare judicialmente la falsedad o nulidad de la certificación. Sobre esa base, se tiene que de las actuaciones que obran en el juicio de amparo del que deriva el presente recurso de revisión, se advierte que el quejoso para acreditar el derecho de propiedad que aduce ostentar respecto a los inmuebles que precisa en su demanda y, por ende, su interés jurídico para acudir a esta sede constitucional, exhibió los siguientes medios de convicción: 1. Copia certificada ante la Notaria Pública Dos del Distrito Judicial de Molango de Escamilla, Estado de Hidalgo, del contrato de compraventa celebrado el seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, entre la persona moral *****, *****, como vendedora, y *****, como comprador, respecto de los departamentos *****, ubicados en la calle ***** número *****, colonia *****, conjunto denominado *****, municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo; cuya certificación fue levantada en los términos siguientes: "EN LA CIUDAD DE MOLANGO DE ESCAMILLA, EN EL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 20 VEINTE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE, ANTE MI, LICENCIADA *****, NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO DOS, Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL, EN EJERCICIO DE LAS FUNCIONES NOTARIALES Y ACTUANDO EN EL PROTOCOLO ORDINARIO A MI CARGO: -------------------------C E R T I F I C O------------------ QUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE PARA EL ESTADO DE HIDALGO, EN EL ACTA PÚBLICA NOTARIAL NÚMERO *****, DEL VOLUMEN *****, DEL PROTOCOLO ORDINARIO A MI CARGO, DE FECHA 20 VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE, SE HACE CONSTAR ANTE MI FE EL COTEJO CONSISTENTE EN ESTE DOCUMENTO QUE VA EN CUATRO FOJAS ÚTILES TAMAÑO CARTA ESCRITA POR UNO SOLO DE SUS LADOS, MISMO QUE DEVUELVO AL COMPARECIENTE DEBIDAMENTE CERTIFICADO. A T E N T A M E N T E ***** NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOLANGO DE ESCAMILLA, ESTADO DE HIDALGO." 2. Copia certificada ante la Notaria Pública Dos del Distrito Judicial de Molango de Escamilla, Estado de Hidalgo, del contrato privado de cesión de derechos de propiedad, de veinticuatro de septiembre de dos mil dos, celebrado entre *****, como cedente, y por el quejoso *****, como cesionario, respecto de los departamentos *****, ubicados en la calle ***** número *****, colonia ****, conjunto denominado *****, municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, cuya certificación fue levantada en los términos siguientes: "EN LA CIUDAD DE MOLANGO DE ESCAMILLA, EN EL ESTADO DE HIDALGO, EL DÍA 20 VEINTE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE, ANTE MI, LICENCIADA ******, NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO DOS, Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL, EN EJERCICIO DE LAS FUNCIONES NOTARIALES Y ACTUANDO EN EL PROTOCOLO ORDINARIO A MI CARGO: -------------------------C E R T I F I C O------------------ QUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DE LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE PARA EL ESTADO DE HIDALGO, EN EL ACTA PÚBLICA NOTARIAL NÚMERO *****, DEL VOLUMEN *****, DEL PROTOCOLO ORDINARIO A MI CARGO, DE FECHA 20 VEINTE DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE, SE HACE CONSTAR ANTE MI FE EL COTEJO CONSISTENTE EN ESTE DOCUMENTO QUE VA EN DOS FOJAS ÚTILES TAMAÑO CARTA ESCRITA POR UNO SOLO DE SUS LADOS, MISMO QUE DEVUELVO AL COMPARECIENTE DEBIDAMENTE CERTIFICADO. A T E N T A M E N T E ****** NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE MOLANGO DE ESCAMILLA, ESTADO DE HIDALGO." 3. Copia certificada del acta de defunción número 2286, expedida por el Registro del Estado Familiar del Estado de Hidalgo, relativa al fallecimiento de ******, acontecido el veintiocho de diciembre de dos mil tres. Sin embargo, de la valoración realizada a dichas documentales, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 133, 197, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se estiman jurídicamente ineficaces para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, pues con las mismas no se demuestra la existencia de los actos jurídicos, de los que hace derivar el derecho de propiedad que aduce ostentar de los departamentos *****, afectados por los actos reclamados. En efecto, las certificaciones que calzan las copias de los referidos contratos de compraventa y cesión derechos de los inmuebles que defiende el quejoso, no cumplen con los requisitos formales que establece el artículo 137 de la Ley del Notariado del Estado de Hidalgo, para su elaboración. Ello es así, porque si bien es cierto que en las actas se establecen los datos de identificación de la fedataria que las emite, a saber, ***** Notaria Pública Dos del Distrito Judicial de Molango de Escamilla, Estado de Hidalgo; el lugar y fecha en que se levantaron las certificaciones, esto es, en la Ciudad de Molango de Escamilla, Hidalgo, el veinte de octubre de dos mil veinte; los números de actas que les correspondieron, a saber, a la del contrato de compraventa el número diecinueve mil doscientos trece y a la del contrato cesión de derechos de propiedad el diverso diecinueve mil doscientos once, y que ambas quedaron asentadas en el volumen trescientos setenta y cuatro del protocolo de esa notaria, así como la firma y sello de esa fedataria estampados al calce. También lo es que de dichas certificaciones se aprecia que la notaria únicamente hizo constar el cotejo de documentos que van en cuatro y dos fojas útiles, respectivamente, ambos tamaño carta, escritos por uno solo de sus lados, y que devolvió al compareciente debidamente certificados, lo que resulta ambiguo para identificar los documentos que cotejó. Se afirma lo anterior, porque de lo así asentado en las actas notariales no se desprenden mayores elementos para advertir cuál fue el documento que se certificaba, pero sobretodo la calidad del mismo, pues no se asentó la leyenda relativa a que el Notario Público dio fe que las copias que cotejó eran "fiel reproducción de su original" o una diversa frase expresada en términos similares, que hagan patente cuál era la naturaleza del documento que tuvo a su vista, esto es, si se trataba de un documento con firmas originales o una copia simple o certificada del mismo; formalidad que, como se vio, constituye un requisito expreso previsto en la ley del notariado en cita. Por tanto, en los términos en que fueron levantadas las actas notariales de referencia no se puede tener certeza de la calidad de los documentos que fueron puestos a la vista de la notaria pública y que esta última procedió a cotejar, vaguedad que demerita el principio de certeza jurídica que debe imperar en los actos notariales, máxime si se toma en cuenta que el cotejo presupone la existencia de una acción que consiste en confrontar algo con otra u otras cosas, o compararlas teniéndolas a la vista,3 como en el caso lo es original del documento con otro que es su reproducción para así determinar su concordancia fiel, de ahí que para generar certidumbre respecto a dicha correspondencia es necesario que se indique la calidad del documento que se toma como referente para realizar el cotejo y que a su vez, las copias utilizadas para cotejar son una fiel reproducción del mismo. En mérito de lo anterior, se concluye que las certificaciones que contienen las actas notariales que calzan los documentos con los que el quejoso pretendió satisfacer su interés jurídico, no cumplen con los requisitos formales previstos en ley para su formación, por tanto, carecen de valor probatorio pleno, ya que no satisfacen los requisitos de validez que contempla el referido artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletorio la Ley de Amparo; de ahí que los mismos resulten ineficaces para demostrar la existencia del original. Cierto, al no indicarse en dicha certificación que el cotejo se realizó sobre el documento original que se tuvo a la vista y que las cotejadas son una fiel reproducción del mismo, entonces carecen de valor probatorio pleno, ya que sólo cumpliendo ese requisito, se podría tener certeza de la existencia del documento original respecto del cual se realizó el cotejo y, por ende, que se pudieran considerar de fecha cierta, a partir de la muerte del causante *****, esto es, del veintiocho de diciembre de dos mil tres, acontecimiento que se encuentra plenamente acreditado, al tenor de su acta de defunción, que merece valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129 del código adjetivo supletorio a la ley de la materia. Lo anterior, debido a que, en ese supuesto la fecha cierta se adquiere cuando acontece el fallecimiento, dada la imposibilidad física de que puedan suscribirlo en fecha posterior a su deceso y anterior al acto de autoridad reclamado en amparo; aun y cuando sea anterior a la fecha en la que se elaboraron las certificaciones de trato, lo que aconteció el veinte de octubre de dos mil veinte. Sin embargo, se insiste, dadas las inconsistencias destacadas en las repetidas actas notariales, no hay certeza de la existencia de los documentos respecto de los cuales se realizó el cotejo y mucho menos la calidad de los mismos y, precisamente, por ello no pueden ser considerados de fecha cierta, al existir incertidumbre respecto a si los documentos cotejados son aptos para demostrar la certeza de los actos jurídicos de los cuales el quejoso hace derivar el derecho de propiedad que defiende en el presente asunto. De ahí que, es de concluirse que, al no podérseles otorgar el valor probatorio pleno que merecen los documentos públicos expedidos por notario, debe estimarse que se tratan de copias fotostáticas simples obtenidas de un contrato privado y, por ende, dada su propia naturaleza son insuficientes para demostrar la plena existencia de los actos jurídicos de los que el quejoso hizo derivar el derecho de propiedad que defiende y, por tanto, su interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. Resulta aplicable a la conclusión arribada, la tesis P. XL/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se inserta a continuación: "Registro digital: 200168 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P. XL/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Marzo de 1996, página 320 Tipo: Aislada COPIAS COTEJADAS POR NOTARIO. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS CERTIFICACIONES DE AQUELLAS (LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL). De conformidad con los artículos 40, 56, fracción IV, y 98, de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, las copias mecanográficas, fotostáticas, fotográficas o de cualquier otra clase de documentos, cotejadas con sus originales por los notarios del Distrito Federal, deben contener los siguientes requisitos: a). Sello de autorizar impreso en cada hoja de copia cotejada; b).Firma o media firma de cada hoja de la copia; c). Certificación del notario, en la que haga constar que la copia es fiel reproducción de su original y número y fecha del registro de cotejo en que conste lo anterior; y d). Autorización de la certificación puesta por el notario mediante su firma y sello. Si el cotejo se practicó con anterioridad al 7 de enero de 1994, en lugar del número de registro de cotejo, debe constar la mención del número y la fecha de la escritura o del acta que se asentó para hacer constar el cotejo, de conformidad con el artículo 89 de la Ley del Notariado vigente hasta el 6 de enero de ese año. Queda así perfectamente identificado el instrumento notarial con su número y fecha en el que el notario realizó el cotejo de la copia con el documento que le fue exhibido. El requisito del número de registro de cotejo o +números de la escritura o del acta, no será necesario satisfacerlo en las certificaciones, cuando los documentos de que se trata obren en el protocolo del notario. Si en la copia no consta la satisfacción de los requisitos mencionados, la certificación carece de validez. Por lo tanto, carecen de valor probatorio pleno las certificaciones de documentos que en estos términos se expidan, ya que no cumplen los requisitos de validez que contempla el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo, resultando no aptas, las copias fotostáticas exhibidas sin estos elementos para demostrar en el juicio la existencia de los supuestos de facto de los que depende el interés jurídico del quejoso." Asimismo, cobra aplicación, en sentido contrario, la jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, de contenido siguiente: "Registro digital: 190366 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 2/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Enero de 2001, página 7 Tipo: Jurisprudencia COPIAS CERTIFICADAS. REQUISITOS QUE BASTAN PARA SU EFICACIA (LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN). De la interpretación sistemática y congruente de lo dispuesto en los preceptos de la Ley del Notariado para el Estado de Michoacán, en especial de sus artículos 87, fracción V, 90 y 100, se advierte que en ninguno de ellos se consignan reglas específicas para la certificación de copias de documentos que se le presenten al notario y de los que da fe de tener a la vista, y menos aún se exige que dicho fedatario haga constar en la certificación de un documento el dato del número de hojas que lo conforman, ni que cada una ostente el sello y la rúbrica o media firma de quien las certifica; por tanto, no puede exigirse que el acto de certificación contemple requisitos no previstos por la ley, pues para la validez de las copias certificadas sólo debe atenderse a los elementos que permitan acreditar que las hojas corresponden al original que se tuvo a la vista, como la continuidad de las hojas anexadas." No es obstáculo a lo aquí determinado, que el artículo 133 de la referida Ley del Notariado del Estado de Hidalgo, establezca que las actuaciones notariales harán prueba plena de la realidad de los hechos de los que el Notario Público dio fe, tal como los refirió y de que observó las formalidades correspondientes, hasta en tanto no se declare judicialmente su falsedad o nulidad, pues lo así dispuesto debe entenderse cuando se han cumplido los requisitos establecidos en esa propia ley para su elaboración. Sin embargo, en el caso a simple vista se denota que en las certificaciones del cotejo de las copias de los referidos contratos de compraventa y cesión de derechos no cumplen con todos los requisitos establecidos para su formación en el diverso numeral 116 de la legislación en cita, que expresamente señala que para el cotejo de un documento con su copia, el Notario Público hará constar en el acta que la copia es fiel reproducción de su original; requisito que, como se vio, no se satisface en la especie. Además, la determinación aquí adoptada no conlleva la declaratoria de falsedad o nulidad de las mencionadas actas notariales, pues ello corresponde realizarlo, en su caso, a la autoridad competente del fuero común, sino que exclusivamente se resuelve sobre su validez para efectos del presente juicio de amparo. Aunado a lo anterior, debe decirse que el quejoso no exhibió durante la tramitación del presente juicio de amparo los originales de los referidos contratos privados de compraventa y cesión de derechos, los cuales, eventualmente, sí serían susceptibles de adquirir fecha cierta, pues, como se dijo, en los presentes autos se encuentra plenamente acreditado que José Pilar Santander Téllez, causante del quejoso, falleció el veintiocho de diciembre de dos mil tres, esto es, con anterioridad a la fecha en la que, incluso, se promovió el juicio de origen, lo que aconteció el diez de octubre de dos mil doce.4 Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.33/2003, que dice: "Registro digital: 183800 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 33/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Julio de 2003, página 122 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO, EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES EN EL QUE FALLECE UNA DE LAS PARTES ANTES DE QUE SE HAYA VERIFICADO EL ACTO RECLAMADO CONSTITUYE PRUEBA SUFICIENTE PARA ACREDITARLO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 1a./J. 46/99 determinó que el contrato privado de compraventa de inmueble, no objetado, que cuenta con fecha cierta goza de plena eficacia probatoria y que una de las formas en que un documento adquiere fecha cierta es mediante el fallecimiento de uno de sus firmantes. Por tanto, un contrato como el referido, en el que una de las partes muere antes de que tenga verificativo el acto reclamado, constituye una prueba suficiente para acreditar el interés jurídico en el juicio de garantías. Lo anterior obedece a que si bien la constancia de la compraventa contenida en una escritura pública y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad constituyen un medio de prueba idónea para acreditar el dominio adquirido sobre el inmueble en cuestión; sin embargo, en el juicio de amparo no se resuelve en definitiva el derecho de propiedad, sino tan sólo de manera presuntiva para efectos de determinar si el acto reclamado irrumpió de manera inconstitucional en la esfera jurídica del quejoso." Así las cosas, es evidente que respecto de los actos reclamados, se advierte la posible actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por tanto, lo procedente es confirmar, aunque por motivos diversos, el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo sujeto a revisión. Ahora bien, de conformidad con el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se establece la obligación de dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga, cuando de oficio se advierta la existencia de una causa de improcedencia no alegada por las partes, obligación que surge una vez que el asunto sea discutido en sesión y el Pleno del Tribunal Colegiado decide si se actualiza la causa de inejercibilidad de acción de amparo ya anunciada. Disposición que también opera cuando el motivo de improcedencia que se estima actualizado haya sido objeto de pronunciamiento por el órgano jurisdiccional inferior, si éste analizó la inviabilidad del juicio bajo un matiz o perspectiva distinto, tal como aconteció en el caso concreto.. En ese sentido, se ordena dar vista a la parte quejosa con la posible causa de improcedencia advertida de oficio, por conducto del Tribunal Colegiado Auxiliado, por el término de tres días para que manifieste lo que a su interés convenga y hecho lo anterior dese nueva cuenta al Pleno. Resulta de exacta aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J.56/2022 (11a.), de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2025360 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 56/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo III, página 2242 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DEBE DARSE VISTA CON ELLA A LA PARTE QUEJOSA SI EL ÓRGANO QUE CONOCE DEL RECURSO DE REVISIÓN ESTIMA QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSAL QUE FUE OBJETO DE ESTUDIO POR EL INFERIOR, CUANDO ÉSTE ANALIZÓ LA INVIABILIDAD DEL JUICIO BAJO UN MATIZ O PERSPECTIVA DISTINTA A LA PLANTEADA POR LA CONTRAPARTE DE AQUÉL. Hechos: Al realizar el análisis de los argumentos expuestos por la contraparte del quejoso en el recurso de revisión adhesiva, la Segunda Sala de este Alto Tribunal consideró que en el caso se actualizaba una causal de improcedencia del juicio de amparo, que si bien se trataba de la misma que fue analizada por el órgano jurisdiccional inferior, lo cierto era que no estaba soportada sobre elementos similares, por lo que debía determinarse si debía o no darse vista con ella a la parte quejosa en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que es necesario dar vista a la parte quejosa en términos del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, cuando el motivo de improcedencia que se estima actualizado fue objeto de pronunciamiento por el órgano jurisdiccional inferior, si éste analizó la inviabilidad del juicio bajo un matiz o perspectiva distinto al planteado por la contraparte del quejoso. Justificación: Conforme a lo dispuesto en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que, en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora bien, cuando el motivo de improcedencia analizado durante el juicio y el introducido en la revisión, cuyo estudio es nuevamente analizado por el órgano que debe resolverlo, no son idénticos, sino que tienen cierta variación, y bajo ese matiz o perspectiva se considera la actualización de esa causa de improcedencia, es necesario darle vista a la parte quejosa en términos del mencionado numeral, en aras de no afectar su derecho a manifestarse sobre ello; sin que sea óbice a lo anterior que se trate de la misma causa de improcedencia a la analizada por el órgano jurisdiccional inferior, al no estar soportado el análisis del superior sobre elementos similares. Lo anterior máxime que lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito en cuanto a los aspectos de procedencia del juicio no vincula a este Alto Tribunal, por tratarse del ejercicio de una competencia delegada." Finalmente, cabe precisar que los criterios invocados en la presente ejecutoria, integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se citaron en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en vigor, dado que el razonamiento contenido en ellos no se opone a la nueva legislación. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia de título y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2010982 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2016 (10a.) Página: 705 JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 185 y 188 de la Ley de Amparo, 38, fracción V y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Déjese en lista este asunto y dese vista al quejoso José de Jesús Santander Mercado, con la causa de improcedencia advertida, por conducto del Tribunal Colegiado Auxiliado, para que manifieste lo que a su derecho convenga. SEGUNDO. Desahogada o no la vista ordenada en el resolutivo que antecede, en el plazo concedido o transcurrido éste, lístese nuevamente el asunto para resolverse en la sesión que corresponda." Por tal razón, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dése vista de manera electrónica con el dictamen de cuenta al aquí recurrente, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en el presente asunto. Una vez hecho lo anterior y transcurrido el término de tres días mencionado, se informará de las manifestaciones expresadas cuando así haya sucedido, o en su caso, que el quejoso ahora recurrente no formuló manifestación alguna, para que el órgano auxiliador esté en posibilidad de proceder como en derecho corresponda. En otro contexto, mediante oficio que al efecto se gire vía interconexión al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, hágasele del conocimiento el contenido de este proveído, para los efectos legales a que haya lugar. POR ESTA VÍA SE NOTIFICA A LA PARTE RECURRENTE.

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