Gregoria Romero Jiménez

Expediente 239/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
239/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Gregoria Romero Jiménez
  • Ma. del Rosario Olea Vidales
  • Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala
  • Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que mediante auto de dos de febrero del año en curso se ordenó el archivo del expediente en que se actúa, y se determinó depurarlo conforme a la fracción III del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, en razón de que el veinticinco de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual entró en vigor al día siguiente, este asunto y el cuaderno de antecedentes que obra en el mismo deben ser valorados de conformidad con las reglas establecidas en dicho acuerdo. Por tanto, tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia, el acuerdo de archivo y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de dicho numeral. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, dos de febrero de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 65), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 67). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2********************3, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de dieciséis de enero de dos mil veinte este Órgano Colegiado resolvió conceder al Instituto Mexicano del Seguro Social la protección constitucional para los efectos siguientes: "I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. Emita otro en el que: 1. Reitere lo que no es materia de la concesión del amparo, esto es el otorgamiento y pago de la pensión de invalidez y prestaciones derivadas de ésta. 2. Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, de manera fundada y motivada, realice un verdadero juicio sobre la verosimilitud del salario que señaló el actor en la demanda de origen, resuelva lo que en derecho proceda; y, en el supuesto de que estime que el salario promedio indicado por la parte actora resulte inverosímil, para cuantificar la pensión deberá observar las disposiciones del artículo 168 de la Ley del Seguro Social anterior a la vigente en cuanto prevén que la misma no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general" (foja 41). Del examen de las copias certificadas remitidas por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, este Tribunal Colegiado aprecia que mediante acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veinte dejó insubsistente el laudo reclamado de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve y ordenó turnar los autos a su auxiliar para formular el proyecto de resolución correspondiente (foja 49). El veinticuatro de febrero de dos mil veinte la Junta dictó nuevo laudo en los siguientes términos: I. Reiteró lo que no fue materia de la concesión del amparo, es decir, la condena al demandado a pagar pensión de invalidez [a partir del seis de junio de dos mil dieciséis], asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicios de hospitalización, aparatos prótesis y ortopedia, aguinaldo e incrementos y asignaciones familiares en términos de los artículos 129, fracción I y II, Capítulo IV, 134, 164, fracción IV, 167 y 172 de la Ley del Seguro Social de 1973 (foja 59 vuelta). II. Al determinar la cuantía de las prestaciones otorgadas, de manera fundada y motivada realizó un estudio de verosimilitud del salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas cotizadas por el actor mencionadas en la demanda de origen; por lo tanto, la responsable determinó que al no tener diverso parámetro de análisis, más allá de la categoría y salario señalado por el actor, debe considerarse el promedio que resulte de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, según el salario mínimo establecido en la tabla de salarios mínimos correspondiente, debido a que el trabajador fue dado de baja el trece de abril de dos mil dieciséis, debe tomarse en cuenta los años dos mil doce a dos mil dieciséis (fojas 59 y 60). Por lo tanto, la responsable estableció que de la tabla de salarios mínimos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se desprende que el salario promedio mínimo general vigente en el Estado de Tlaxcala de dos mil doce a dos mil dieciséis, fecha a partir de la cual pasó el Estado de Tlaxcala y sus municipios al Área Geográfica B, fue de $******************** -******************** centavos, tomando en cuenta que el actor señaló como salario la cantidad de $******************** -********************- el cual resultó cinco veces el salario promedio del mínimo general de los años indicados; además, tomó en cuenta que el asegurado en los últimos cinco años se desempeñó como oficial torzalero y chofer, por lo que equiparó su salario al de "chofer acomodador de automóviles en estacionamiento" y "costurero en confección de ropa en talleres o fábricas" (de $********************). En consecuencia, la junta responsable determinó la inverosimilitud del salario aducido por el actor y concluyó tomar en consideración lo establecido en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social aplicable al caso, por lo que fijó una pensión salvo error u omisión de carácter aritmético de ********************pesos ********************/100 moneda nacional (fojas 60 a 62 vuelta). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por lista a la tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Amparo en revisión

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia. Se hace la precisión que vistas las actuaciones que integran el amparo directo 209/2018, asunto que se encuentra relacionado con el expediente en que se actúa, se advierte que en esta fecha se ordenó su archivo, en razón de que transcurrió el término sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado en contra de la determinación que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo.

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