Gregoria Ramírez Ruíz

Expediente 828/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
828/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
15/12/2021

Partes del expediente

  • Gregoria Ramírez Ruíz
  • Miguel Rmírez Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Secretaria de Acuerdos de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por el que acusa recibo del diverso oficio 18008/2021 y de las constancias remitidas a través del mismo; lo anterior para los efectos legales conducentes. En consecuencia, archívese este expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    La sentencia dictada en este asunto que resolvió que la Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a los quejosos, HA CAUSADO EJECUTORIA, devuélvase a la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el toca 148/2021-01, expediente 62/2017 y una mica con documentos, solicítese el ACUSE DE RECIBO correspondiente, mismo que deberá remitir dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación. Notifíquese.

  3. Principal

    Los referidos argumentos son en una parte infundados y en otra inoperantes, según se expone. Son infundados por lo que respecta a que no se debe analizar el título de propiedad, pues en ningún momento se restó valor a sus escrituras públicas o se manifestó nada en relación a los elementos aportados por la colindante, sino que como ya se evidenció, la oposición la hizo valer el Gobierno de la Ciudad de México a quien se le reconoció el carácter de colindante por la vía pública, y quien presentando los documentos justificatorios reclamó afectación al proyecto vial, de ahí que con independencia de cuál de esos documentos realmente pueda llegar a probar el derecho que asiste legalmente respecto a la correcta delimitación de los predios en las colindancias pretendidas por los promoventes, ello no puede ser analizado y menos dilucidado legalmente en las diligencias de jurisdicción voluntaria de origen, y de tal modo, como ha surgido una cuestión de controversia, impide la que se realice la fijación de los linderos hasta en tanto exista sentencia firme que dilucide las cuestiones controvertidas, que en el caso, resultan ser la extensión de la superficie a deslindar, ya que en la jurisdicción voluntaria no se puede prejuzgar sobre la propiedad o posesión de esos colindantes o de terceros, sobre la totalidad o parte de los predios deslindados. Es así que resulta esencialmente correcto que la Sala responsable haya considerado legal la determinación de dar por terminadas las diligencias de jurisdicción voluntaria, pues la esencia de esta clase de procedimientos de apeo y deslinde se distingue porque debe concurrir el acuerdo los interesados, inter volentes, esto es, entre los promoventes y los colindantes de los predios a delimitar, que deben concurrir al órgano jurisdiccional faltando de punga de cualquier naturaleza y sin que surja ningún tipo de cuestión, pues es fundamental que se encuentre ausente el elemento litigioso. Y por eso, es también apegado a derecho que la ad quem haya modificado la resolución apelada para dejar a salvo los derechos de los promoventes a fin de que los hagan valer en la vía conducente. Finalmente resultan inoperantes los argumentos en los que refiere concordancia con el voto particular emitido por una de las magistradas de la Sala responsable, pues ese tipo de consideraciones de una de las integrantes del órgano jurisdiccional colegiado sólo refleja su opinión personal en relación con el criterio de la mayoría, pero de ninguna manera forma parte de los resolutivos de la sentencia, ya que éstos han sido determinados, al igual que la parte considerativa, por la decisión mayoritaria. Además, este juzgado de amparo, no tiene la obligación, de tomar en cuenta lo relativo al voto particular emitido en el fallo reclamado, toda vez que la determinación vinculante y válida, fue emitida por mayoría de votos; de ahí que no existe obligación de realizar consideración alguna sobre el parecer unilateral de una magistrada disidente en la decisión que fue tomada por el tribunal de apelación, cualquiera que sea su sentido. Finalmente, al reiterar los argumentos en relación a que el Gobierno de la Ciudad de México como autoridad no podía enderezar oposición, sino solo los colindantes, su concepto de violación resulta inoperante pues ya se estableció que a la misma se le reconoció como colindante en razón de la vía pública y que dicha determinación es un aspecto consentido al no haberse inconformado ni combatido oportunamente. En ese panorama, el acto que reclaman en ningún modo resulta violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales que estiman vulnerados; por lo que ante tales circunstancias, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo anteriormente, expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTERGE a ****y ***, ambos de apellidos *****, respecto de los actos reclamados a la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta signado por el Director de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en representación del Gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de tercero interesado; en atención a su contenido se tiene por apersonado al presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. Se tienen por autorizados a las personas que indica en el entendido de que a quienes se faculta en los amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, deberán contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, lo que deberán acreditar cuando en su caso ejerzan su mandato. Finalmente, se tiene por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que señala, así como para recibir documentos, por así solicitarlo expresamente.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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