Gregoria Ramírez Moran
Expediente 1662/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1662/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/08/2021
Partes del expediente
- Gregoria Ramírez Moran
- Congreso del Estado de Jalisco.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Aviso.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, a la parte quejosa, el acuerdo autorizado el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual, Aviso.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, a la parte quejosa, el acuerdo autorizado el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual, Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el doce de abril de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: ".A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a los quejosos en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, tiene el carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque es quien dentro del ámbito de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, 94 y 96 del Código Fiscal del Estado de Jalisco y 52, 53 fracción XIV, 73 fracción VI, 79 fracción III, 80 y 87 fracción XXXIX del Reglamento Interno de la entonces Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, habrá de realizar: a) Dictar acuerdo de devolución y abstenerse de aplicar a los quejosos la porción normativa tributaria durante su vigencia (artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. b) Devolver a las quejosas, la cantidad de la manera siguiente: Recibo Oficial Nombre Concepto Cantidad pagada Cantidad a devolver A47831074 Martha Pérez Toledo 10105 $5,382.00 $5,382.00 A47831073 Gregoria Ramírez Morán 10105 $5,382.00 $5,382.00 Siendo procedente devolver la totalidad del derecho de registro que fue cobrado con fundamento en el citado inciso h), de la fracción I, del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, toda vez que las quejosas acreditan que cubrieron el diverso derecho por la cantidad de $484.00 (cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a la cantidad mínima a pagar por el registro del acto jurídico contenido en la escritura pública que fue objeto de inscripción y se prevé en el inciso a) de la citada fracción, deviniendo en que no quedaron exentas de cubrir el pago de derechos por el servicio recibido, tal como se advierte a continuación: Lo anterior, en términos de la jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro y texto siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES DE TESTIMONIOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019 [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 29/2012 (10a.)]. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto de la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, y ambos otorgaron la protección constitucional solicitada, aunque con efectos diferentes, pues mientras uno determinó que el artículo reclamado se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa, sin aplicarle la cuota mínima del pago de derechos, el otro estimó que no se le aplicaran las porciones normativas reclamadas en el presente y en lo futuro, mientras subsistiera el vicio de inconstitucionalidad. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito establece que los efectos del fallo protector en ese supuesto, no tienen el alcance de relevar a la parte quejosa de contribuir al gasto público en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, sino únicamente para que se le desaplique la norma declarada inconstitucional, pero con el cobro de la cantidad fija mínima que contempla la fracción I, inciso a), del artículo 16 de la Ley de Ingresos aplicable. Justificación: Las normas generales en análisis, declaradas inconstitucionales, encuadran dentro de un sistema tributario complejo, en donde se adicionan elementos variables distintos a los esenciales y que son de considerarse al momento de realizarse su cálculo, como es el pago de derechos por concepto de registro de testimonios procedentes de otras entidades federativas. Bajo ese contexto, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los efectos del otorgamiento de la protección constitucional no pueden relevar a la parte quejosa de su carga ineludible de contribuir al gasto público, ya que tal aspecto es un deber solidario y de interés para la sociedad; de ahí que, si la fracción I, inciso h, de la norma estudiada resulta inconstitucional y, por ende, la obligada consecuencia es desincorporarla de su esfera jurídica, pero sin relevarla de la carga de contribuir al gasto público, entonces la tarifa que deberá pagar deberá ser la diversa cuota mínima contenida en la fracción I, inciso a), del artículo 16 del ordenamiento aplicable, lo que se traduce en que todas las personas que pretenden registrar documentos provenientes tanto del Estado de Jalisco, como de otras entidades de la República, se encuentran en el mismo supuesto de causación del pago de derechos en cuestión. Consecuentemente, con el objetivo de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, los efectos del fallo protector deberán ser para que la autoridad responsable: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del inciso h) de tales artículo y fracción; 2. Respecto de los derechos por servicios a pagar, se deberá aplicar únicamente la cuota fija mínima que establece la norma por el pago de derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco prevista en el inciso a) de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, en el entendido de que si ya se enteró esa cuota mínima, ya no se deberá hacer el cobro por tratarse del mismo derecho; y 3. Devolver la diferencia que resulte entre la cantidad que ampare el recibo de pago de derechos por concepto de registro de testimonios procedentes de otras entidades federativas, y la que corresponde a la cuota fija mínima; lo anterior, en el entendido de que esos importes deberán devolverse actualizados aplicando en lo conducente, los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco". Sin que lo anterior implique la devolución de las diversas cantidades pagadas, consignados en el mismo recibo oficial, toda vez que no fueron combatidos en la demanda de amparo por vicios propios. En estricto acatamiento a las jurisprudencias que se citan a continuación, y que resultan de observancia obligatoria para este juzgado, en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, es menester destacar que los efectos de la concesión del amparo, constriñe a las responsables a devolver la cantidad referida, debidamente actualizada, como si se tratara de un pago de lo indebido. Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. La Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco, actuando en representación de la Secretaría de referencia, por medio del oficio PF-DC-JA-13146, solicitó copia de diversas constancias y una prórroga a fin de estar en aptitud de cumplir con el fallo protector. Asimismo, la citada responsable, por medio del comunicado PF-DC-JA-18926, remitió copia certificada del diverso PF-DC-JA-18925, de catorce de junio de dos mil veintiuno, dirigido a la Encargada de la Dirección de Servicios al Contribuyente por el que solicitó la actualización de las cantidades pagadas por las incoantes por concepto del artículo tildado de inconstitucional. Mediante el comunicado PF-DC-JA-22154, la autoridad administrativa en comento, enviió copia certificada de los diversos PF-DC-JA-22150-21 y PF-DC-JA-22151-21, de dos de julio de dos mil veintiuno, dirigido al Director de Gatos de Operación y de Obra, por el que solicita se emita el contra recibo a las quejosas. Finalmente, la autoridad antes señalada por medio del oficio PF-DC-JA-24949, remitió un legajo certificado del que se desprende el Acuerdo del Procurador Fiscal del Estado, de dos de julio de dos mil veintiuno, en el que desincorporó de la esfera jurídica de las quejosas del artículo tildado de inconstitucional y ordenó la devolución por la cantidad de $5,562.29 (cinco mil quinientos sesenta y dos pesos 29/100 moneda nacional), a cada una de las incoantes, también las órdenes de pago 2013757 a favor de Gregoria Ramírez Moran y el diverso 2013760, a favor de Martha Pérez Toledo, ambos por la cantidad antes señalada. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendió los lineamientos del fallo protector, esto es se desincorporó de la esfera jurídica de las quejosas del artículo tildado de inconstitucional y se expidió sus contra recibos correspondientes. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 181 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. 1 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales; Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, los cuales se encuentran glosados, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dichos documentos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibido que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el doce de abril de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: ".A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a los quejosos en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, tiene el carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque es quien dentro del ámbito de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, 94 y 96 del Código Fiscal del Estado de Jalisco y 52, 53 fracción XIV, 73 fracción VI, 79 fracción III, 80 y 87 fracción XXXIX del Reglamento Interno de la entonces Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, habrá de realizar: a) Dictar acuerdo de devolución y abstenerse de aplicar a los quejosos la porción normativa tributaria durante su vigencia (artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinte. b) Devolver a las quejosas, la cantidad de la manera siguiente: Recibo Oficial Nombre Concepto Cantidad pagada Cantidad a devolver A47831074 Martha Pérez Toledo 10105 $5,382.00 $5,382.00 A47831073 Gregoria Ramírez Morán 10105 $5,382.00 $5,382.00 Siendo procedente devolver la totalidad del derecho de registro que fue cobrado con fundamento en el citado inciso h), de la fracción I, del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, toda vez que las quejosas acreditan que cubrieron el diverso derecho por la cantidad de $484.00 (cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a la cantidad mínima a pagar por el registro del acto jurídico contenido en la escritura pública que fue objeto de inscripción y se prevé en el inciso a) de la citada fracción, deviniendo en que no quedaron exentas de cubrir el pago de derechos por el servicio recibido, tal como se advierte a continuación: Lo anterior, en términos de la jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro y texto siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES DE TESTIMONIOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2018 Y 2019 [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 29/2012 (10a.)]. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto de la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, y ambos otorgaron la protección constitucional solicitada, aunque con efectos diferentes, pues mientras uno determinó que el artículo reclamado se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa, sin aplicarle la cuota mínima del pago de derechos, el otro estimó que no se le aplicaran las porciones normativas reclamadas en el presente y en lo futuro, mientras subsistiera el vicio de inconstitucionalidad. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito establece que los efectos del fallo protector en ese supuesto, no tienen el alcance de relevar a la parte quejosa de contribuir al gasto público en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, sino únicamente para que se le desaplique la norma declarada inconstitucional, pero con el cobro de la cantidad fija mínima que contempla la fracción I, inciso a), del artículo 16 de la Ley de Ingresos aplicable. Justificación: Las normas generales en análisis, declaradas inconstitucionales, encuadran dentro de un sistema tributario complejo, en donde se adicionan elementos variables distintos a los esenciales y que son de considerarse al momento de realizarse su cálculo, como es el pago de derechos por concepto de registro de testimonios procedentes de otras entidades federativas. Bajo ese contexto, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los efectos del otorgamiento de la protección constitucional no pueden relevar a la parte quejosa de su carga ineludible de contribuir al gasto público, ya que tal aspecto es un deber solidario y de interés para la sociedad; de ahí que, si la fracción I, inciso h, de la norma estudiada resulta inconstitucional y, por ende, la obligada consecuencia es desincorporarla de su esfera jurídica, pero sin relevarla de la carga de contribuir al gasto público, entonces la tarifa que deberá pagar deberá ser la diversa cuota mínima contenida en la fracción I, inciso a), del artículo 16 del ordenamiento aplicable, lo que se traduce en que todas las personas que pretenden registrar documentos provenientes tanto del Estado de Jalisco, como de otras entidades de la República, se encuentran en el mismo supuesto de causación del pago de derechos en cuestión. Consecuentemente, con el objetivo de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, los efectos del fallo protector deberán ser para que la autoridad responsable: 1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la aplicación del inciso h) de tales artículo y fracción; 2. Respecto de los derechos por servicios a pagar, se deberá aplicar únicamente la cuota fija mínima que establece la norma por el pago de derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco prevista en el inciso a) de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, en el entendido de que si ya se enteró esa cuota mínima, ya no se deberá hacer el cobro por tratarse del mismo derecho; y 3. Devolver la diferencia que resulte entre la cantidad que ampare el recibo de pago de derechos por concepto de registro de testimonios procedentes de otras entidades federativas, y la que corresponde a la cuota fija mínima; lo anterior, en el entendido de que esos importes deberán devolverse actualizados aplicando en lo conducente, los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco". Sin que lo anterior implique la devolución de las diversas cantidades pagadas, consignados en el mismo recibo oficial, toda vez que no fueron combatidos en la demanda de amparo por vicios propios. En estricto acatamiento a las jurisprudencias que se citan a continuación, y que resultan de observancia obligatoria para este juzgado, en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, es menester destacar que los efectos de la concesión del amparo, constriñe a las responsables a devolver la cantidad referida, debidamente actualizada, como si se tratara de un pago de lo indebido. Es aplicable al caso, la jurisprudencia por contradicción tesis 2a./J. 137/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de dos mil diez, página quinientos veintiséis, de rubro y texto siguientes: "LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO)." c) En el entendido de que, para el debido cumplimiento de la presente sentencia de amparo, la autoridad responsable deberá acreditar que devolvió la contribución a través de un cheque nominativo para abono en cuenta del contribuyente, como al efecto lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso la tesis 2a. LXXXIX/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintiséis, del tomo XX, noviembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. CUANDO DERIVAN DEL CUPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO DEBERÁ HACERSE EN CHEQUE NOMINATIVO PARA ABONO EN CUENTA DEL CONTRIBUYENTE, AL NO SER APLICABLE EL ARTÍCULO 71, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. La Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco, actuando en representación de la Secretaría de referencia, por medio del oficio PF-DC-JA-13146, solicitó copia de diversas constancias y una prórroga a fin de estar en aptitud de cumplir con el fallo protector. Asimismo, la citada responsable, por medio del comunicado PF-DC-JA-18926, remitió copia certificada del diverso PF-DC-JA-18925, de catorce de junio de dos mil veintiuno, dirigido a la Encargada de la Dirección de Servicios al Contribuyente por el que solicitó la actualización de las cantidades pagadas por las incoantes por concepto del artículo tildado de inconstitucional. Mediante el comunicado PF-DC-JA-22154, la autoridad administrativa en comento, enviió copia certificada de los diversos PF-DC-JA-22150-21 y PF-DC-JA-22151-21, de dos de julio de dos mil veintiuno, dirigido al Director de Gatos de Operación y de Obra, por el que solicita se emita el contra recibo a las quejosas. Finalmente, la autoridad antes señalada por medio del oficio PF-DC-JA-24949, remitió un legajo certificado del que se desprende el Acuerdo del Procurador Fiscal del Estado, de dos de julio de dos mil veintiuno, en el que desincorporó de la esfera jurídica de las quejosas del artículo tildado de inconstitucional y ordenó la devolución por la cantidad de $5,562.29 (cinco mil quinientos sesenta y dos pesos 29/100 moneda nacional), a cada una de las incoantes, también las órdenes de pago 2013757 a favor de Gregoria Ramírez Moran y el diverso 2013760, a favor de Martha Pérez Toledo, ambos por la cantidad antes señalada. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendió los lineamientos del fallo protector, esto es se desincorporó de la esfera jurídica de las quejosas del artículo tildado de inconstitucional y se expidió sus contra recibos correspondientes. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, los cuales se encuentran glosados, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dichos documentos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibido que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a las quejosas.
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Se comisiona actuario. Visto el estado de los autos se advierte que en proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, sin que a la fecha obre la constancia de notificación correspondiente a la impetrante ********************, ya que solamente se notificó a la diversa********************. En consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción para que de inmediato lleve a cabo la notificación ordenada en el citado proveído a la quejosa ********************, o bien, en caso de que ya se hubiere practicado, la integre al expediente electrónico. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso C) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte QUEJOSA, el contenido de VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, mismo que en síntesis dice: "Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el oficio PF-DC-JA-24949 que signa la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual, remite copia certificada del acuerdo de dos de julio de dos mil veintiuno, del que se advierte que se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación que impone el artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, asimismo, allega copia certificada del contra-recibo número 2013760 que ampara la cantidad $5,562.29 (cinco mil quinientos sesenta y dos pesos 29/100 moneda nacional), así como la notificación realizada a la parte quejosa, sin que aún haya comparecido a recoger el título de crédito, mismo que se encuentra a su disposición de las oficinas de la autoridad oficiante, constancias con las que acredita las gestiones realizadas respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Dese vista y córrase traslado. 19/07/23 19:40:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9d.64 DIANA ULLOA HERNANDEZ En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa"
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