Gregoria Licet Viltres Vazquez
Expediente 757/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Gregoria Licet Viltres Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
IV- Visto el estado que guarda los presentes autos, es destacable lo siguiente: - Que la demanda de dio origen al expediente en que se actúa, fue con motivo del escrito presentado por Adalberto Soriano Ramírez, en representación de [1] Gregoria Licet Viltres Vázquez y [2] Lisbet Jauregui Viltres, en la cual señaló como actos reclamados la detención, privación de la libertad, incomunicación y deportación de las directas quejosas [refirió que las quejosas se encuentran en la estación migratoria perteneciente al Instituto Nacional de Migración, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas]. - En razón de lo anterior, en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional le dio el carácter de tramitación urgente a dicha demanda [en términos del numeral 15 de la legislación aplicable], y con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concedió la suspensión de oficio y de plano en favor de las quejosas, y se ordenó la ratificación de dicho escrito inicial. - En diligencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el fedatario judicial adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, informó que el personal de la Estación Migratoria "El cupape", perteneciente al Instituto Nacional de Migración, le hizo saber que las quejosas [1] Gregoria Licet Viltres Vázquez y [2] Lisbet Jauregui Viltres, sí habían ingresado a esa Estación Migratoria, pero que a las quince horas con veinticinco minutos del veinte de septiembre de dos mil veintidós, se les había dado salida. Ahora, de lo narrado se advierte que la demanda que dio origen al expediente en que se actúa no se ratificó por [1] Gregoria Licet Viltres Vázquez y [2] Lisbet Jauregui Viltres; de ahí que, se estima actualizada la hipótesis prevista en la parte final del párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo1; esto es, que al no colmarse la exigencia 1 Artículo 15. [.] Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. para la prosecución del juicio de amparo -ratificación del directo quejoso-, ésta debe tenerse por no presentada. Para llegar a esa conclusión es necesario exponer lo siguiente: El artículo 107, fracción I, de la Constitución dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, dicho precepto es del tenor siguiente: "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sobre ese tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son parte agraviada las personas que han sufrido un agravio y se refiere, en general, a la ofensa o perjuicio que se hace a alguno, en sus derechos o intereses 2 Es aplicable la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "PARTE AGRAVIADA, QUE DEBE ENTENDERSE POR. Las palabras "parte agraviada" se contraen a las personas que han sufrido un agravio y se refieren, en general, a la ofensa o perjuicio que se hace a alguno, en sus derechos o intereses. Ahora, el artículo 6 de la Ley de Amparo dispone, como regla general, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; y, que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la propia Ley. Como excepción a esa regla general, el artículo 15 de la Ley de Amparo dispone que, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Precisa que, en esos casos, el órgano de amparo decretará la suspensión de los actos, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Empero, dispone que, una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo; y, precisa que si la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias. El texto del artículo 15 es el siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Fiscal General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona En este caso, la demanda fue promovida por Adalberto Soriano Ramírez, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo pues reclamo la incomunicación de [1] Gregoria Licet Viltres Vázquez y [2] Lisbet Jauregui Viltres; ahora se debe señalar que las quejosas fueron puestas en libertad antes de la presentación de la demanda y que de la lectura integral de la demanda que dio origen a este expediente, no se advierte que los actos materia de reclamación sean materia de desaparición forzada; sino más bien, el alojamiento en la estación migratoria señalada como responsable. Por ende, la continuación de la tramitación del presente acarrearía una violación al principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, sin embargo, la parte afectada nunca instó la acción ni compareció al juicio de amparo indirecto 1757/2022-IV. Cabe destacar que inicialmente, lo que motivó la promoción de la demanda por parte de Adalberto Soriano Ramírez, fue su manifestación en el entendido de que las directas quejosas a fin de buscar una mejor condición de vida ingresaron al país, y que el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, fueron detenidas e internadas en la estación migratoria responsable. No obstante, con independencia de que en el juicio de amparo se reclamen cuestiones relacionadas con el derecho a la libertad personal; habida cuenta que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal no prevé excepción alguna al principio de instancia de parte agraviada; y, el artículo 15 de la Ley de Amparo reafirma la exigencia del principio al exigir que, aún en el caso de amparos urgentes, la demanda debe ratificarse por la persona afectada directamente o por su representante legal. En el entendido que, si se ratifica se sigue el amparo; y si no, se tiene por no presentada la demanda y se dejan insubsistentes las medidas adoptadas para suspender los actos. Sobre el criterio de que el amparo no es una acción popular, es aplicable la tesis aislada siguiente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES AMPARO CONTRA. QUIEN PUEDE INTERPONERLO. NO HAY ACCION POPULAR. No es cierto que en amparo contra leyes existe acción popular para su impugnación, pues conforme el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, se establece en materia de amparo el principio de instancia de parte agraviada; o sea, que sólo puede interponer la acción constitucional en contra de una ley la persona afectada en sus intereses jurídicos." Así como la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) también del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En ese orden, considerando que la ratificación de la demanda urgente prevista en el artículo 15 de la Ley de Amparo es exigible siempre, con independencia de la calidad del quejoso y el tipo de derechos humanos que se estimen violados, pues el ejercicio de la acción constitucional de amparo no admite excepciones en cuanto a la necesidad del principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, ante la falta de ratificación de la demanda por parte de [1] Gregoria Licet Viltres Vázquez y [2] Lisbet Jauregui tiene como consecuencia, que ésta deba tenerse por no presentada. Máxime cuando, como se ha advertido, de las constancias que informan este asunto, es patente que a la fecha en que se radicó la demanda de amparo, las directas quejosas ya no se encontraban alojadas en la estación migratoria "El cupape", perteneciente al Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas. Es aplicable la tesis VI.1o.A.3 K (11a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo IV, página 2853, Registro Digital 2024397, de rubro y texto siguientes: "RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO URGENTE PROMOVIDA POR UN TERCERO A FAVOR DEL QUEJOSO. ES EXIGIBLE SIEMPRE, CON INDEPENDENCIA DE LA CALIDAD DEL AGRAVIADO Y LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMEN VIOLADOS. Hechos: Una abogada promovió juicio de amparo indirecto a favor de un menor de edad en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, por tratarse de un caso urgente relacionado con la omisión de suministrarle medicamentos para su tratamiento oncológico de leucemia. La Jueza de Distrito que conoció del asunto admitió la demanda, tramitó el juicio constitucional y dictó sentencia, sin haber obtenido la ratificación de la demanda por parte de la madre y representante legal del menor. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la ratificación de la demanda urgente es exigible siempre, con independencia de la calidad del quejoso y los derechos humanos que se estimen violados en el juicio constitucional, pues el principio de instancia de parte agraviada no admite excepciones, ya que el juicio de amparo no es una acción popular. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 107, fracción I, de la Constitución General dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En casos urgentes, el precepto 15 de la Ley de Amparo permite que un tercero presente la demanda si el agraviado se encuentra imposibilitado. Empero, aclara que requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda, por sí o por medio de su representante, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada. Esto implica que: (i) el principio de instancia de parte agraviada no admite excepciones, habida cuenta que, aun en los casos urgentes, se requiere la intervención del impetrante; y, (ii) la acción constitucional de amparo no es una acción popular que pueda ejercer cualquiera para defender intereses ajenos. Por tanto, quedan sin efectos las providencias dictadas en el presente expediente, debiendo hacerse del conocimiento de la autoridad responsable. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Estadístico relativo, para los efectos legales y administrativos correspondientes. Finalmente, agréguese a los autos la pieza postal 007640, sin que haya lugar a reexpedir nuevamente el oficio 23940/2022, en virtud del sentido de la presente determinación. Notifíquese, y por oficio a las autoridades responsables
- Principal
IV- Agréguese el oficio remitido por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito de amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual devuelve parcialmente el exhorto 314/2022-, número de orden 448/2022- librado a efecto de notificar a las directas quejosas en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y a las autoridades responsables, del acuerdo dictado el 21 de septiembre de esta anualidad, en el presente asunto, para los efectos legales correspondientes, comunicación oficial diligenciada con el número 117/2022 del juzgado exhortado. En consecuencia, dese de baja dicha comunicación oficial y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE. Sin que sea necesario acusar recibo al juzgado exhortado, toda vez que al ser devuelto vía electrónica, el mismo es generado por el propio sistema. Por otra parte, de una lectura íntegra de la razón actuarial levantada por la actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito de amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, manifiesta la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal a las impetrantes del amparo en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del proveído de 21 de septiembre pasado, toda vez que la oficial de guardia le informó que al revisar su base de datos de personas retenidas, se advirtió que las buscadas ingresaron a esa estancia, no obstante el veinte de septiembre en curso aproximadamente a las quince horas con veinticinco minutos se les dio salida del lugar y egresaron conforme al artículo 137, fracción lll de la Ley de Migración. Ahora, con apoyo en los artículos 75, párrafo tercero, 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, solicítese a la autoridad responsable encargado de la estación migratoria perteneciente al Instituto Nacional de Migración, en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, para que dentro del término de veinticuatro horas a partir que quede debidamente notificada del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional, copia certificada legible (debidamente foliada, rubricada, entresellada y signada por el funcionario público facultado para dicho cotejo), de las constancias relativas a la salida otorgada a las quejosas Gregoria Licet Viltres Vázquez y Lisbet Jauregui Viltres, o bien, manifieste si tiene algún impedimento para ello, a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud legal de acordar lo que en derecho corresponda. Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintidós, en términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
IV- Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio firmado por el delegado de la Fiscalía General de la República en Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, enviado a la cuenta de correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, mediante el cual rinde su correspondiente informe respecto de la suspensión de plano concedida en proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, a las quejosas Gregoria Licet Viltres Vázquez y Lisbet Jauregui Viltres. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, de vista a las quejosas con el oficio de cuenta, para que manifiesten lo que en su derecho convenga. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente a los directos quejosos vía comunicación oficial electrónica y por oficio a las autoridades mencionadas.
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