Gregoria Hortensia Dionisio Ortega

Expediente 45/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
45/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • Gregoria Hortensia Dionisio Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, sin que haya lugar a proveer respecto a su contenido; ello, en razón de lo determinado en los párrafos que anteceden Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 4/2019, promovido por **. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, la legalidad de los actos reclamados por la quejosa al juez Segundo de lo Familiar del Centro, Oaxaca. ANTECEDENTES Mediante escrito presentado por la quejosa ***, en la oficialía de partes de los Juzgados Civiles y Familiares del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, compareció a denunciar el inicio del juicio sucesorio intestamentario a bienes del extinto ***. A dicho juicio por cuestión de turno le correspondió conocer al juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, quien mediante proveído de tres de febrero de dos mil veinte, ordenó su registro con el número **, asimismo, en razón previo a su admisión, requirió a la quejosa para que dentro del plazo de tres días, presentara el atestado del registro civil relativo a la defunción de Jorge Tirso López Pacheco, debidamente inscrito en el país, en razón que el que acompañó a su escrito inicial fue expedido por una nación extranjera y en distinto idioma al español, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo solicitado, no se daría trámite a su denuncia. Inconforme con dicha determinación, la quejosa interpuso recurso de apelación en su contra, a lo cual, el juez responsable, mediante proveído de diecinueve de marzo de dos mil veinte, estimó desechar dicho recurso (denegada apelación), en razón que no era el medio idóneo para combatir la determinación de tres de febrero último. TRÁMITE DEL JUICIO El veintiuno de enero de dos mil veintiuno, *** presentó un escrito ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos reclamados que se precisarán más adelante.. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los reconocidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, donde quedó registrada con el número 45/2021, previo requerimiento, el dos de febrero de dos mil veintiuno, se desechamiento parcialmente por los actos reclamados a la secretaria de acuerdos del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, y admitida por los restantes actos y autoridades. La audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta que anteceden. COMPETENCIA Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto de un juez familiar que tiene su residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. OPORTUNIDAD El acto reclamado fue notificado a la quejosa el dieciocho de enero de dos mil veintiuno; notificación que surtió efectos al día siguiente en que se practicó, conforme al artículo 119 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca El plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió para la quejosa, del veinte de enero al once de febrero de dos mil veintiuno, descontándose del cómputo los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero, así como el uno, cinco, seis y siete de febrero últimos, por ser sábados y domingos; inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria; por lo que al haberse presentado la demanda el veintiuno de enero de este año, se considera que es oportuna. LEGITIMACIÓN ** está legitimada para promover el presente juicio de amparo indirecto, pues está probado que tiene el carácter de accionante del juicio sucesorio intestamentario **/** del índice de la responsable. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, este juzgador advierte que la intención de la quejosa es reclamar del Juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, los acuerdos emitidos dentro del juicio ***/2020, de fechas: Tres de febrero de dos mil veinte, por el que requiere a la aquí quejosa, para que dentro del plazo de tres días presentara el atestado del registro civil relativo a la defunción de ***, debidamente inscrito en este país; y, Diecinueve de marzo de dos mil veinte, por el que el juez responsable, no dio trámite al recurso de apelación interpuesto por la quejosa en contra del auto de tres de febrero de dos mil veinte (denegada apelación). Del ejecutor adscrito al Juzgado Segundo Familiar del distrito judicial del Centro, la notificación de dichos autos. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto reclamado al Juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, quedó acreditada a partir de su informe justificado, en donde aceptó el dictado de los acuerdos de tres de febrero y diecinueve de marzo de dos mil veinte. Informe que se encuentra corroborado con las constancias remetidas a las cuales se les confiere valor probatorio pleno, con fundamento en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo. Por su parte, el ejecutor adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, no rindió su informe justificado, pese haber quedado legalmente notificado de la petición del mismo el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, por tanto, con fundamento en el artículo 117, se presumen ciertos los actos reclamados por el quejoso. Ahora solamente falta verificar la procedencia del juicio de amparo indirecto. PROCEDENCIA De conformidad con la Constitución y la Ley Reglamentaria de sus artículos 103 y 107, el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados expresamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, motivo por el cual deben ser analizados previamente al estudio de fondo. En ese sentido, tras un estudio de las particularidades del caso, este juzgador considera que el presente asunto no se satisface el requisito de procedencia que deriva del artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, así como la diversa contenida del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No en vano se ha dicho que la procedencia del juicio de amparo es de orden público y de estudio preferente, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, de un análisis de las constancias que integran el juicio de amparo se advierte que, en primer lugar, por lo que hace al proveído de tres de febrero de dos mil veinte, emitido dentro de los autos del expediente 59/2020 por el juez Segundo de lo Familiar del centro, se actualiza la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional establecida por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que han cesado los efectos de dicha determinación por sustitución procesal. En efecto, el precepto y la fracción antes mencionados de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Respecto al tema de cesación de efectos por sustitución procesal existen diversos criterios, de rubros y datos siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Bajo ese contexto, de la interpretación de la fracción XXI del ordinal 61 de la legislación de la materia y de las tesis citadas con antelación revelan que debe sobreseerse el juicio de amparo cuando se reclama una determinación que fue recurrida y respecto de la cual recayó una nueva resolución, toda vez que se produce una sustitución procesal que hace cesar el acto primigenio, de modo que será la última decisión y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo; ello, claro, siempre que no se actualice una diversa causal de inejercitabilidad. En el caso concreto, de las constancias allegadas a este juicio constitucional se advierte que la inconforme reclama la prevención realizada mediante proveído de tres de febrero de dos mil veintiuno. Asimismo, se desprende que esa última decisión fue impugnada por la quejosa, a través del recurso de apelación, el cual fue resuelto por la titular de dicho órgano jurisdiccional el diecinueve de marzo de dos mil veinte, en la que determinó denegar su apelación, al no ser el recurso idóneo para combatir la inconformidad, como lo revela la siguiente reproducción: De la anterior digitalización, se advierte y se hace evidente que la prevención realizada a la quejosa el tres de febrero de dos mil veinte, fue substituida procesalmente por la nueva determinación de diecinueve de marzo de esa anualidad, es decir, lo resuelto en el recurso de apelación (denegada apelación) sustituyó procesalmente a la prevención realizada, ya que en éste, por una parte, tuvo por no interpuesto el recurso de apelación y por la otra, no se dio trámite a su denuncia de juicio sucesorio intestamentario originalmente planteado, por ende, debe sobreseerse en el presente juicio constitucional por lo que al proveído de tres de febrero de dos mil veinte, se refiere. En efecto, el ejercicio de los medios ordinarios de defensa incide en la vigencia y en la ejecutividad de las determinaciones recurridas, motivo por el que éstas tendrán predisposición y firmeza una vez que se decida el medio de impugnación; así, la decisión recaída al medio de defensa sustituyó a la prevención de tres de febrero de dos mil veinte, por el que la responsable denegó la apelación planteada, por lo que es la nueva determinación la que en caso de proceder, será materia de examen en el presente juicio de derechos fundamentales, al haber sido también señalada como acto destacado en la demanda constitucional. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con apoyo en el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio en lo que atañe al acto previamente mencionado atribuido al Juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca. Ahora bien, tocante al acto reclamado consistente en el proveído de diecinueve de marzo de dos mil veinte, es preciso decir, que de acuerdo con la norma constitucional anteriormente citada (artículos 103 y 107 del Pacto Federal), el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, dictados dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, siempre que previo a instar la acción constitucional de amparo se agoten los recursos que en su caso procedan. De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. La regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etc., no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. La importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocido tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos. El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Fuera de esos casos, el justiciable debe observar el principio de definitividad. De lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". En el caso concreto, el juicio de amparo resulta improcedente, porque, de acuerdo con los antecedentes que motivan la presente controversia, el acto reclamado lo constituye un auto en el que se denegó la apelación interpuesta por la quejosa y contra ese auto procede el recurso de queja, en términos del artículo 697, fracción III del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Ese precepto establece literalmente lo siguiente: "Artículo 697.- El recurso de queja tiene lugar: (.) III. Contra la denegación de apelación; (.)" En consecuencia, si en contra del auto que decreta la denegada apelación reclamada procede el recurso de queja. Entonces, con base en el principio de definitividad, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario agotar previamente el citado recurso. Como no se agotó, el juicio de amparo resulta improcedente. Sin que en el caso, resulte aplicable la tesis 1a./J. 57/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, que reza de la manera siguiente: "QUEJA POR DENEGADA APELACIÓN. NO SE REQUIERE SU INTERPOSICIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE RECHAZA EL RECURSO DE APELACIÓN, PARA TENER POR SATISFECHO EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN MATERIA DE AMPARO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). Del contenido de los artículos 709, fracción III, y 711 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California que regulan el trámite del recurso de queja por denegada apelación, destaca que acorde con la evolución histórico legislativa de ese recurso, su interposición es idónea dado que persigue revocar la resolución recurrida; sin embargo, como en su tramitación no se prevé la intervención de la parte contraria al recurrente, tal recurso es de eficacia limitada de origen. En consecuencia, la resolución del juez que rechaza el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva en juicios de naturaleza civil, no requiere ser impugnada mediante el recurso de queja por denegada apelación previsto en el artículo 709, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, para tener por satisfecho el principio de definitividad contenido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." (El énfasis es propio) Ello, porqué de los antecedentes de la ejecutoria que la originó, se advierte que el análisis y resolución del punto de contradicción, se determinó que el recurso de queja por denegada apelación previsto en el artículo 709, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California -de redacción similar al precepto 697, fracción III antes invocado-, jurídicamente resulta idóneo para revocar, modificar o anular la resolución que desechó el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia que resuelve el juicio, pero al no prever la intervención de la parte contraria del recurrente, atiende únicamente los argumentos de una de las partes, en consecuencia, la eficacia del recurso resulta limitada de origen. No obstante, como se dijo anteriormente, dicho criterio resulta inaplicable, en atención a que la limitación de origen que apunta la Sala, no acontece en la especie, debido a que del estado procesal del expediente 59/2020, la determinación en contra de la cual se intentó la apelación, no es la sentencia que culmina procedimiento; sino el auto preventivo que condiciona la admisión de éste, de ahí, que al no haber iniciado formal y legalmente el juicio, tampoco podemos hablar, hasta ese momento procesal; de la existencia o reconocimiento de contrapartes de la recurrente que queden inauditas ante el recurso de queja que establece la ley, como el medio idóneo para revocar, modificar o anular la resolución que desechó el recurso de apelación en contra de la denegación de apelación. DECISIÓN En esas condiciones, ante la cesación de efectos por sustitución procesal y la inobservancia del principio de definitividad, este juzgador concluye que debe sobreseerse en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en las fracciones XXI y XVIII, del artículo 61 del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a la autoridad responsable ejecutora, por no combatirse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por ***, en contra de los proveídos de tres de febrero y diecinueve de marzo de dos mil veinte, emitidos por el Juez y ejecutor adscritos al Juzgado Segundo de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca, en términos del apartado "VIII" de la presente resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados señalados en la cuenta y téngase como pruebas de las autoridades oficiantes las documentales que remiten, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. . Dese vista a las partes. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito considera que debe diferirse la audiencia constitucional que estaba programada para el día de hoy. La razón esencial: no ha transcurrido el plazo de quince días con que cuenta las autoridades responsables para rendir su informe justificado. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las trece horas con cincuenta minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese.

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