Gregoria García Marino
Expediente 1062/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1062/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gregoria García Marino
- Presidente del Comité de la Caja de Prevención de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficios del Estado de Guerrero
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quince de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 15 a 17), mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Gregoria García Marino, por propio derecho, contra actos del Presidente del Comité de la Caja de Prevención de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agente de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la ley en consulta, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de derechos. Finalmente, en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica, ni cuenta con documentos originales, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo y anexos promovida por Gregoria García Marino, por propio derecho, contra actos del Presidente del Comité de la Caja de Prevención de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agente de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1062/2018, y fórmese expediente. De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del juicio. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "De la autoridad responsable mencionada reclamo la omisión de cumplir con lo que ordena del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 134 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al abstenerse de resolver en breve término mi solicitud relativa a la expedición de la Constancia de no adeudo y la Constancia de Cotización, que fue solicitada mediante escrito de fecha 12 de Junio de 2018". Hecha la anterior precisión, este Juzgado de Distrito considera que en el presente juicio se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo; que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De las normas jurídicas trascritas se advierte la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, lo que puede traer como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo si llegare a actualizarse la hipótesis ahí planteada. Ahora, respecto del derecho de petición que reclama la parte quejosa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que se viola el derecho que consagra el artículo 8° Constitucional, si transcurren más de cuatro meses desde que una persona presenta un escrito y ningún acuerdo recae a él. Tal jurisprudencia aparece publicada en el Apéndice de mil novecientos setenta y cinco, Quinta Época, página setecientos sesenta y siete, de la parte III, Sección Administrativa, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". En el caso, de lo manifestado por la parte quejosa y de las documentales que anexó a su demanda de amparo, se advierte que los escritos de petición fueron presentados el doce de junio de dos mil dieciocho. Luego, la demanda de amparo que ahora nos ocupa se presentó el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. Por tanto, es evidente que han transcurrido menos de cuatro meses de haber ejercido el derecho de petición obligatorio conforme a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, al no haber trascurrido el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a sus escritos y hacerle conocer los acuerdos recaídos, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, por identidad de razón, la tesis XIX.1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, de septiembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, página seiscientos treinta y tres, del tenor literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". Por las consideraciones antes expuestas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a Mario Ocampo López, toda vez que cuenta con registro de cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para los efectos precisados en líneas iniciales a las demás personas que señala para tal efecto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa, el auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, que a su letra dice. Vista la demanda de amparo y anexos promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Presidente del Comité de la Caja de Prevención de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agente de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1062/2018, y fórmese expediente. De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del juicio. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: ? "De la autoridad responsable mencionada reclamo la omisión de cumplir con lo que ordena del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 134 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al abstenerse de resolver en breve término mi solicitud relativa a la expedición de la Constancia de no adeudo y la Constancia de Cotización, que fue solicitada mediante escrito de fecha 12 de Junio de 2018". Hecha la anterior precisión, este Juzgado de Distrito considera que en el presente juicio se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo; que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De las normas jurídicas trascritas se advierte la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, lo que puede traer como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo si llegare a actualizarse la hipótesis ahí planteada. Ahora, respecto del derecho de petición que reclama la parte quejosa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que se viola el derecho que consagra el artículo 8° Constitucional, si transcurren más de cuatro meses desde que una persona presenta un escrito y ningún acuerdo recae a él. Tal jurisprudencia aparece publicada en el Apéndice de mil novecientos setenta y cinco, Quinta Época, página setecientos sesenta y siete, de la parte III, Sección Administrativa, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". En el caso, de lo manifestado por la parte quejosa y de las documentales que anexó a su demanda de amparo, se advierte que los escritos de petición fueron presentados el doce de junio de dos mil dieciocho. Luego, la demanda de amparo que ahora nos ocupa se presentó el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. Por tanto, es evidente que han transcurrido menos de cuatro meses de haber ejercido el derecho de petición obligatorio conforme a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, al no haber trascurrido el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a sus escritos y hacerle conocer los acuerdos recaídos, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, por identidad de razón, la tesis XIX.1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, de septiembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, página seiscientos treinta y tres, del tenor literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". Por las consideraciones antes expuestas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a Mario Ocampo López, toda vez que cuenta con registro de cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para los efectos precisados en líneas iniciales a las demás personas que señala para tal efecto.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo y anexos promovida por Gregoria García Marino, por propio derecho, contra actos del Presidente del Comité de la Caja de Prevención de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agente de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1062/2018, y fórmese expediente. De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del juicio. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "De la autoridad responsable mencionada reclamo la omisión de cumplir con lo que ordena del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 134 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al abstenerse de resolver en breve término mi solicitud relativa a la expedición de la Constancia de no adeudo y la Constancia de Cotización, que fue solicitada mediante escrito de fecha 12 de Junio de 2018". Hecha la anterior precisión, este Juzgado de Distrito considera que en el presente juicio se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo; que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De las normas jurídicas trascritas se advierte la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, lo que puede traer como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo si llegare a actualizarse la hipótesis ahí planteada. Ahora, respecto del derecho de petición que reclama la parte quejosa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que se viola el derecho que consagra el artículo 8° Constitucional, si transcurren más de cuatro meses desde que una persona presenta un escrito y ningún acuerdo recae a él. Tal jurisprudencia aparece publicada en el Apéndice de mil novecientos setenta y cinco, Quinta Época, página setecientos sesenta y siete, de la parte III, Sección Administrativa, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". En el caso, de lo manifestado por la parte quejosa y de las documentales que anexó a su demanda de amparo, se advierte que los escritos de petición fueron presentados el doce de junio de dos mil dieciocho. Luego, la demanda de amparo que ahora nos ocupa se presentó el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. Por tanto, es evidente que han transcurrido menos de cuatro meses de haber ejercido el derecho de petición obligatorio conforme a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, al no haber trascurrido el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a sus escritos y hacerle conocer los acuerdos recaídos, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, por identidad de razón, la tesis XIX.1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, de septiembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, página seiscientos treinta y tres, del tenor literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". Por las consideraciones antes expuestas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo a Mario Ocampo López, toda vez que cuenta con registro de cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para los efectos precisados en líneas iniciales a las demás personas que señala para tal efecto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
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