Gregoria Ferreira Gutierrez
Expediente 1066/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1066/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gregoria Ferreira Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el diez de diciembre de dos mil quince, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
CONSTANCIA. En cumplimiento al CITATORIO de catorce de diciembre de dos mil quince, por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución dictada el diez de diciembre de dos mil quince, en atención a que no compareció los días quince o dieciséis de diciembre del año en curso, para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve---, contra actos del Secretario General, Presidente del Consejo Local de Vigilancia y Secretario de Organización y Estadística, todos de la Sección veinticuatro del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con residencia en Salamanca, Guanajuato, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar el expediente en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número 1066/2015-VI. Así las cosas, y a fin de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo y en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama el promovente del amparo: consiste en: La omisión por parte del Secretario General de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con sede en Salamanca, Guanajuato de dar respuesta a la solicitud que el promovente realizó mediante escrito, a efecto de que se le proporcionara el formato oficial para el registro del beneficiario ---, a fin de proponerlo para ocupar la plaza generada con motivo de la jubilación de la aquí solicitante del amparo o bien de una plaza vacante. En la especie, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, es así, que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De acuerdo con estas disposiciones legales la procedencia del juicio de amparo, se encuentra supeditada al hecho de que los actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, la que en términos del aludido artículo 5 de la Ley de Amparo, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como puede verse, la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. Lo anterior se obtiene del criterio plasmado en la tesis número XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por el contrario, cuando el actuar de un particular derive de un plano de igualdad, con motivo de una relación laboral o de carácter contractual, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. En efecto, en el presente sumario, el acto reclamado se hace consistir en la omisión por parte del Secretario General de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con sede en Salamanca, Guanajuato de dar respuesta a la solicitud que el promovente realizó mediante escrito, a efecto de que se le proporcionara el formato oficial para el registro del beneficiario----, a fin de proponerlo para ocupar la plaza generada con motivo de la jubilación de la aquí solicitante del amparo, o bien de una plaza vacante. Así, como se adelantó, el referido acto no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque lo reprochado deriva de una relación entre sujetos en un mismo plano. En este orden de ideas, debe decirse que del contenido de los preceptos invocados en párrafos precedentes, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Cierto, sólo los actos aludidos dan lugar a la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, el legislador no informó en la ley, quiénes son autoridad para los efectos del amparo, únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad, pueden llevar a cabo actos objeto del juicio, tampoco abordó las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales para efectos de dicho juicio. Empero, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad en que en principio, sostuvo el criterio de que quienes disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser de tal naturaleza la fuerza de que disponen, tenían el carácter de autoridad, lo que se interpretó con rigor en el sentido de que sólo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de fuerza pública, identificando la calidad de autoridad con la disposición de la fuerza pública; criterio que superó al sustentar con posterioridad la tesis de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." En el mismo sentido, la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, establece que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Entonces, del criterio antes citado, en síntesis se destaca, que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora, de acuerdo con la doctrina, el Estado en su actuación puede vincularse de distinta manera, y surgen así relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios, tales relaciones se clasifican en: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, hipótesis en la cual todos concurren en calidad de gobernados. Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, propia de un acto autoritario. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. En el caso, este Juzgador Federal estima que se está ante la causal de improcedencia invocada, pues a través de esta vía constitucional se intenta combatir un acto que emerge de una relación en un plano de igualdad entre la autoridad que se refiere como responsable y el promovente. De ahí que la solicitud que formuló la promovente respecto al Secretario General de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con residencia en Salamanca, Guanajuato, para que le proporcione el formato oficial para el registro de su hijo --- y pueda ser propuesta para ocupar la plaza vacante que se generó con motivo de su jubilación o bien de una plaza vacante, no aconteció en su carácter de gobernado a una autoridad (relación de supra a subordinación), sino que deriva de una relación de coordinación, es decir, en la que ambos sujetos se encuentran en un plano de igualdad. En ese sentido, si el acto reclamado no acontece en la calidad de autoridad, tanto la actuación de la responsable como la respuesta que se emitiera al respecto tampoco lo será, ya que el conflicto existente entre ambas partes, no está sujeto al análisis constitucional. Por tanto, se reitera, es incuestionable que al Secretario General, Presidente del Consejo Local de Vigilancia y Secretario de Organización y Estadísticas, todos de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con residencia en Salamanca, Guanajuato, no les reviste el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que se trata de actos entre entes que se encuentran en un mismo plano de igualdad. Por tanto, los actos que provengan de dichos entes, al carecer de fuerza pública y facultades para ejercer actos de imperio y decisión de manera unilateral y coercitiva, se ubican en una relación de mera coordinación, en torno a la cual no concurren los elementos que surgen en las relaciones de supra a subordinación, supuesto en el cual las partes no se colocan en el mismo plano como particulares, pues el ente de gobierno impone su voluntad sin el consenso del afectado. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, página 2358, de rubro y texto: "DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA SU OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN RELACIONADA CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO, QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE PATRÓN. El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley y sus condiciones generales de trabajo; por tanto, contra la omisión atribuida a su director general de responder a una solicitud formulada por uno de sus trabajadores en ejercicio del derecho de petición, relacionada con cuestiones de las condiciones generales de trabajo, es improcedente el juicio de amparo, pues no se está en presencia de un acto de autoridad, en virtud de que la relación existente entre el colegio y sus trabajadores es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad". (Lo subrayado es nuestro) Del mismo modo, tiene aplicación, a contrario sensu, la antes referida tesis P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 118, del Tomo V, correspondiente al mes de febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". De lo anterior, se pone de manifiesto que el acto reclamado no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, y, consecuentemente, no es susceptible de reclamarse a través del juicio constitucional; por ello, puede establecerse que las responsables que señaló el solicitante de la protección de la justicia federal, no tienen el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, dado que la relación que dio origen a los actos que se reclaman, es meramente de coordinación, esto es, los sujetos se encuentran en un plano de igualdad, resulta que el amparo es improcedente, en términos de la causal analizada. Además, es menester establecer que la nueva legislación de amparo, en su artículo 5, fracción II, establece la existencia de particulares con la calidad de autoridad responsable, cuando el acto equivale a los de autoridad, afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general -sin que en el caso se esté en presencia de actos de particular-. Para ello, es conveniente trascribir de nueva cuenta el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." (Lo subrayado es nuestro). Del transcrito precepto legal se advierte que, para que los actos de particulares, se estimen equivalentes a los de autoridad, deben contener los siguientes elementos: a) Que el particular dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, o en su caso lo omita; b) Que ese acto sea equivalente al de una autoridad, es decir, que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, o que la omisión de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; c) Que con dicho acto u omisión afecte derechos en los términos señalados en el punto que antecede, y, d) Que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma general. En ese orden de ideas, se advierte que, en este caso, el acto reclamado al Secretario General, Presidente del Consejo Local de Vigilancia y Secretario de Organización y Estadísticas, todos de la Sección veinticuatro del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con residencia en Salamanca, Guanajuato, señaladas como responsables no reúne las características reseñadas para considerarlo como equivalente a los de autoridad, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, pues no se actualizan las condiciones anteriormente precisadas; ya que el acto reclamado a las señaladas como responsables, no acontece en la calidad de autoridad, y por tanto, la actuación de éstas como la respuesta que se emitiera al respecto tampoco lo será. Habida cuenta, de que no es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que en este órgano jurisdiccional se encuentren radicados los juicios de amparo --- y ---, donde fue señalado como materia de reclamo el mismo acto, mismos que se encuentran en trámite; lo anterior, en virtud de que este Juzgador Federal abandona el criterio adoptado con anterioridad, atento a los razonamientos vertidos en párrafos que anteceden de la presente determinación. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 5° fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos del ordenamiento legal citado. Es aplicable por las consideraciones que establece, la tesis sustentada por Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, tomo III, segunda parte-1, enero-junio de 1989, página 257, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, DESECHAMIENTO DE LA. Es correcto el desechamiento de la demanda de garantías, cuando el acto reclamado se hace consistir en la resolución que desecha las pruebas propuestas, ya que de conformidad con los artículos 159, fracción III, y 161, ambos de la Ley de Amparo, las violaciones a las leyes del procedimiento, sólo podrán reclamarse en la vía de amparo al promoverse la demanda contra el laudo." Por otra parte, téngase al promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle --- número --, fraccionamiento---, Guanajuato. Asimismo, se tiene como autorizada de la promovente en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo,-------- a, no así a los demás profesionistas que menciona, en virtud de que no cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.
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