Gregoria Chabelas Castro

Expediente 1221/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1221/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Gregoria Chabelas Castro
  • Luis Raúl Meza López, Director del Hospital Regional de Alta Especialidad Centenario de la Revolucion del Instituto de Eguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Humberto Díaz Vargas, Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada del laudo dictado el trece de febrero del año el curso, en el expediente 01/75/16, de su índice, y sus respectivas notificaciones. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la boleta de cuenta, misma que fue enviada a través del correo electrónico de este juzgado federal, de la cual se desprende que el recurso de revisión interpuesto en el presente juicio fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, para la sustanciación del medio de impugnación antes referido contra la sentencia dictada en el juicio citado al rubro; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de septiembre de dos mil veintitrés. Por recibida la demanda de amparo promovida por Geovanni Ramírez Chabelas, en representación de ********************, contra actos del Director del Hospital Regional de Alta Especialidad Centenario de la Revolución del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades. Registro de la demanda: Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1221/2023. De la suspensión de plano. Previo a resolver sobre la suspensión de plano prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, es menester realizar algunas acotaciones relativas a la presente demanda. En primer término cabe señalar que el promovente, quien bajo protesta de decir verdad, se ostenta como hijo de la directa quejosa ********************, señala como autoridades responsables las siguientes: "1. Director del Hospital Regional de Alta Especialidad Centenario de la Revolución del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2. Subdirectora Médica del Director del Hospital Regional de Alta Especialidad Centenario de la Revolución del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. A quienes les atribuye los actos reclamados que a continuación se enlistan: "La omisión de dar atención médica respecto del padecimiento que presenta mi señora madre, la señora ********************, el CUAL PONE EN RIESGO SU VIDA, aun cuando ella se encuentra internada en dicho nosocomio en el área de urgencia cama 9-A." En primer término, cabe precisar que el artículo 4°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; por lo que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone el numeral 73, fracción XVI, de esa Carta Magna. Lo cual corrobora el texto del artículo 77 bis 1 de la Ley General de Salud, al disponer terminantemente que todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que la protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud; disposiciones constitucional y legales que al emplear la expresión toda persona, o la diversa todos los mexicanos, implica que efectivamente toda persona que se ubique en el territorio nacional gozará y es titular del derecho a la salud, teniendo el Estado Mexicano correlativamente la obligación fundamental de garantizarlo; y es allí donde se localiza el interés para demandar su efectivo cumplimiento, como se hace en el caso singular. Derecho a la salud que en el ámbito internacional de los derechos humanos lo encontramos previsto en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Por su parte, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece, en su artículo 12, que los Estados partes de ese pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; asimismo que, entre las medidas que deberán adoptar dichos Estados para asegurar la efectividad de tal derecho, figuran las necesarias para la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Mientras que el artículo 10 del Protocolo en materia de derechos económicos, sociales y culturales de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; por lo que a fin de hacer efectivo tal derecho, los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las medidas siguientes: - Atención primaria de la salud: entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; - Extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; - Total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; - Prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; - Educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud; y, - Satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de prevé que toda persona tiene más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que el derecho a la salud previsto en el artículo 4° de la Constitución General de la República, puede entenderse como la obligación del Estado, de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, encaminados a la obtención de un determinado bienestar general, integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. En esa lógica, se trata de un derecho complejo, que despliega una amplia serie de posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado; luego, la protección de la salud y el desarrollo de los correspondientes sistemas sanitarios asistenciales, es una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos contemporáneos y representa una de las claves del Estado del bienestar. El Máximo Tribunal de la Nación, puntualizó que el Estado Mexicano se encuentra obligado a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos humanos reconocidos en la convención. De ese modo, se puntualizó que la lucha contra las enfermedades tiene que ver con los esfuerzos individuales y colectivos de los Estados para facilitar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, en tanto que la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad, no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino a la prevención y tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Al respecto, se emitió el criterio 2a. CIX/2014 (10a.)5, cuya sinopsis establece: "DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. CUANDO EL ESTADO ADUCE QUE EXISTE UNA CARENCIA PRESUPUESTARIA PARA SU REALIZACIÓN, DEBE ACREDITARLO. El contenido normativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, permite concluir que la obligación estatal de proteger, respetar y promover los derechos contenidos en ese instrumento no puede desconocer la situación particular que enfrente cada país, por lo que no existirá una violación a los derechos en él tutelados, a pesar de que se acredite que un determinado derecho no ha sido realizado o alcanzado un nivel óptimo de eficacia, siempre y cuando el Estado haya demostrado que ha utilizado todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer las obligaciones establecidas en la propia convención. De ahí que no basta la simple afirmación del Estado Mexicano de que existe limitación presupuestaria para que se tenga por acreditado que ha adoptado todas las medidas "hasta el máximo de los recursos" de que disponga, para lograr la realización de los derechos consagrados en el referido Pacto, sino que para ello deberá aportar el material probatorio en que sustente su dicho. Por tal motivo, en todo asunto en el que se impugne la violación a los derechos constitucionales de la materia, los juzgadores nacionales deben distinguir entre la incapacidad real para cumplir con las obligaciones que el Estado ha contraído en materia de derechos humanos, frente a la renuencia a cumplirlas, pues es esa situación la que permitirá determinar las acciones u omisiones que constituyan una violación a tales derechos humanos." Por ello, la obligación de cumplir, requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho a la salud. Ahora, el promovente refiere que la directa quejosa presentaba problemas de nuemonía, es diabética e hipertensa y presenta sepsis y necrosis, ya que presenta un cuadro infeccioso en la pierna que no se trató adecuadamente agravando los efectos de la neumonía que presenta, por lo que a la fecha sigue en el área de urgencia cama 9-A, sin que la suban al piso correspondiente para su tratamiento, aunado al dicho del médico tratante que su progenitora no sobreviviera en virtud de que la infección está muy avanzada y que a la fecha no se le han aplicado el tratamiento correspondiente; lo que de suyo podría implicar que la omisión reclamada podría tratarse de actos que importen peligro de la vida de la directa quejosa, colocándola en una situación en la que su integridad personal se está comprometiendo, ya que por sus padecimientos se encuentra dentro de los grupos de más alto riesgo y vulnerabilidad. Por lo tanto, tal relato es suficiente para considerar que en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, deba otorgarse la suspensión de plano para que cese de inmediato la omisión por cuanto a la falta de atención médica reclamada que afirma requerir, por lo que la institución responsable donde se encuentra interna la directa quejosa, que es la encargada de la salud, deberá proporcionarle la atención médica hospitalaria, suministro de medicamentos, y en atención a los hechos que se narran en el escrito de demanda por el cuadro clínico que presenta la directa quejosa, y al encontrarse interna en el área de urgencia, de manera inmediata se le suministren los medicamentos y tratamientos médicos que permitan tratar sus padecimientos de neumonía, sepsis y necrosis, para salvaguardar su integridad física, así como sus extremidades. En su caso, deberá tomar todas las medidas necesarias para preservar la salud de la quejosa, además deberá orientar el otorgamiento de los servicios médicos que oficiosamente se le están imponiendo y en general, todo aquello que permita preservar la salud de la directa quejosa ********************. Ratificación. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, comisiónese al Actuario de este Juzgado Federal, a fin de que se constituya en las instalaciones del del Hospital Regional de Alta Especialidad Centenario de la Revolución del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lugar donde a decir del promovente se encuentra la quejosa, a efecto de que de permitirlo el estado de salud en que se encuentre la quejosa, le permitan el acceso donde se encuentra la quejosa ********************, la requiera para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo, o lo haga por escrito en el término de tres días; apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda en cuestión y quedarán sin efecto las providencias dictadas. De los autorizados: Se tienen por autorizados a los profesionistas que propone, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere en su escrito inicial de demanda. De igual forma, se tiene como señalado como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito inicial de demanda. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas: Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas, a través del usuario que refiere, siempre y cuando se encuentre registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación: Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano