Gregoria Bolaños Seledón

Expediente 705/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
705/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Gregoria Bolaños Seledón

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de junio de dos mil veintitrés. I. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra la determinación de dos de junio de dos mil veintitrés, por la que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el desechamiento de la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Otras consideraciones. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dos de junio de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda promovida por ***********, personalidad que acredita al tenor del Acta de Nacimiento1 que se acompaña a la demanda, contra actos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Querétaro y otras autoridades. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 705/2023.III. Protección a menores de edad. Ahora, toda vez que en el presente juicio se encuentra involucrada una adolescente, con la finalidad de brindarle la protección a su intimidad y privacidad durante la substanciación del presente, en los casos en que se tenga que hacer referencia a aquella, hágase a través de sus iniciales de nombres y apellidos **********; ello con fundamento en los artículos 1 y 4 Constitucionales; 3.1 y 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 5°, párrafo primero, 7, 13, fracción XVII, 76, párrafos primero y segundo, 79 y 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como punto 9 y 10 del "Capítulo III. Reglas de actuación generales" del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes (Suprema Corte de Justicia de la Nación).V. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone:En el caso, según se advierte de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se señala como autoridades responsables al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterey campus Querétaro y Comité de Integridad Académica de propio Instituto, de las que reclama: ***Atento a ello, se tiene que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los que, a la letra, establecen: ******De los preceptos transcritos, se advierte que la acción de amparo procede únicamente contra actos o leyes dictadas por autoridades, que violen derechos fundamentales del gobernado, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos, para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés, son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad. La noción de acto de autoridad ineludiblemente involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, debido a lo siguiente: son unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; los actos son imperativos, en razón de que se imponen, aún en contra de la voluntad del gobernado; y son coercitivos, ya que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo, mediante el uso de la fuerza pública. Así pues, de los preceptos antes reproducidos se obtiene que, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no constituya un acto de autoridad, esto es, cuando un particular -sea persona física o moral-, señalado como autoridad responsable, no actúe dotado de imperio. El término autoridad para los efectos del amparo, es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella.Luego, con relación a la distinción entre actos de autoridad y actos de particulares por sí mismos, así como los actos de éstos, pero equivalentes a los de una autoridad, tiene relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel, por lo cual tienen que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En tanto que las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado.En el caso, como se adelantó, se señala como autoridad responsable al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en Querétaro, (así como a diversa área administrativa de ésta), la cual es una institución de estudios privada, quien, respecto de actos relativos a la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, carece del carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, de conformidad con el criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.), consultable en el Libro 56, Julio de dos mil dieciocho, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 647, registro 2017394, cuyo rubro y texto se transcriben:**********En ese sentido, se tiene que la institución privada denominada Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Querétaro, así como el Comité de Integridad Académica del propio Instituto, no tiene carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo respecto de los actos que se les reclaman; lo que actualiza de manera clara e indudable la causa de improcedencia en estudio, por lo que PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA de conformidad con el artículo 113 de la Ley de AmparoEn ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; previo acuerdo, se autorizará que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL AVISO DE 05/06/2023, QUE CONTIENE LA RESOLUCION DE 02/06/2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, dos de junio de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda promovida por ***********, personalidad que acredita al tenor del Acta de Nacimiento1 que se acompaña a la demanda, contra actos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Querétaro y otras autoridades. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 705/2023.III. Protección a menores de edad. Ahora, toda vez que en el presente juicio se encuentra involucrada una adolescente, con la finalidad de brindarle la protección a su intimidad y privacidad durante la substanciación del presente, en los casos en que se tenga que hacer referencia a aquella, hágase a través de sus iniciales de nombres y apellidos **********; ello con fundamento en los artículos 1 y 4 Constitucionales; 3.1 y 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 5°, párrafo primero, 7, 13, fracción XVII, 76, párrafos primero y segundo, 79 y 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como punto 9 y 10 del "Capítulo III. Reglas de actuación generales" del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes (Suprema Corte de Justicia de la Nación).V. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone:En el caso, según se advierte de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se señala como autoridades responsables al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterey campus Querétaro y Comité de Integridad Académica de propio Instituto, de las que reclama: ***Atento a ello, se tiene que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los que, a la letra, establecen: ******De los preceptos transcritos, se advierte que la acción de amparo procede únicamente contra actos o leyes dictadas por autoridades, que violen derechos fundamentales del gobernado, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos, para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés, son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad. La noción de acto de autoridad ineludiblemente involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, debido a lo siguiente: son unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; los actos son imperativos, en razón de que se imponen, aún en contra de la voluntad del gobernado; y son coercitivos, ya que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo, mediante el uso de la fuerza pública. Así pues, de los preceptos antes reproducidos se obtiene que, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no constituya un acto de autoridad, esto es, cuando un particular -sea persona física o moral-, señalado como autoridad responsable, no actúe dotado de imperio. El término autoridad para los efectos del amparo, es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella.Luego, con relación a la distinción entre actos de autoridad y actos de particulares por sí mismos, así como los actos de éstos, pero equivalentes a los de una autoridad, tiene relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel, por lo cual tienen que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En tanto que las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado.En el caso, como se adelantó, se señala como autoridad responsable al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en Querétaro, (así como a diversa área administrativa de ésta), la cual es una institución de estudios privada, quien, respecto de actos relativos a la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, carece del carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, de conformidad con el criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.), consultable en el Libro 56, Julio de dos mil dieciocho, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 647, registro 2017394, cuyo rubro y texto se transcriben:**********En ese sentido, se tiene que la institución privada denominada Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Querétaro, así como el Comité de Integridad Académica del propio Instituto, no tiene carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo respecto de los actos que se les reclaman; lo que actualiza de manera clara e indudable la causa de improcedencia en estudio, por lo que PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA de conformidad con el artículo 113 de la Ley de AmparoEn ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; previo acuerdo, se autorizará que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa

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