Gregoria Angelica Torres Toledano
Expediente 1067/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1067/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gregoria Angelica Torres Toledano
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil veintitrés. ...Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que, a la fecha, ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. I. Requerimiento. Con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, [1] Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la sentencia de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos. ".1. La autoridad responsable, [1] Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, con plenitud de atribuciones, de manera congruente y completa de contestación al escrito presentado por la quejosa el tres de noviembre de dos mil veintidós, ello en el sentido de que atienda y resuelva sobre la solicitud de la aquí quejosa, y le notifique tal determinación. En el entendido de que lo anterior no la obliga a resolver en determinado sentido, pues cuenta con libertad para ello." Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable que, en caso de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendentes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro electrónico, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Audiencia Constitucional ...En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con treinta y cinco minutos del siete de septiembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario con quien legalmente actúa, da inicio la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1067/2023, promovido por ********************, sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, el secretario hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto de admisión e informe justificado rendido por la autoridad responsable. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: El secretario procede a dar cuenta con las pruebas ofrecidas por la quejosa. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza tales pruebas documentales. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ejerció ese derecho ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, se procede al dictado de la siguiente resolución. S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1067/2023; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito depositado el uno de agosto de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado al día siguiente a este juzgado, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra la autoridad y acto siguiente: "II.-AUTORIDADES RESPONSABLES: INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS, (.) III.-ACTO RECLAMADO: La omisión de la responsable en otorgar el documento conocido como evolución salarial el cual fue solicitado el tres de noviembre del 2022 (.)" SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, este juzgado, admitió la demanda referida, y pidió a la autoridad responsable su informe justificado. Además, en el citado proveído se determinó que resultaban aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integraran al expediente, haciendo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Asimismo, se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró el día de hoy siete de septiembre de dos mil veintitrés, y; C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto se trata de un amparo promovido en contra de actos omisivos, los cuales carecen de ejecución material, y de los cuales previno este juzgado, tal como lo establece el artículo 37, párrafo tercero de la Ley de Amparo. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio, consiste en: Autoridad responsable [1] Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Actos reclamados La omisión o falta de contestación al escrito presentado por la quejosa el tres de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó -en su calidad pensionada jubilada-, le fuera entregada una constancia de evolución salarial de la plaza que desempeñaba, contrastada con el índice de la inflación, así como en su caso, los aumentos que recibía la plaza de la misma categoría a los profesores en activo desde el uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós. Lo anterior sin que se inadvierta que la quejosa haya señalado como acto reclamado "La omisión de la responsable en otorgar el documento conocido como evolución salarial el cual fue solicitado el tres de noviembre del 2022 (.)" no obstante, de su causa de pedir se advierte que de lo que se duele es de la omisión de dar contestación al escrito referido, ya que mediante éste solicitó la referida constancia con las características asentadas, de allí que la afectación que reclama, es que la responsable no ha resuelto respecto a dicho escrito. Además, en todo caso de tener como acto reclamado la omisión de la responsable de expedir lo solicitado por la quejosa, se sobreseería en el juicio respecto a dicho acto de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por ser inexistente, pues para poder tener como existente dicha omisión, primero debe demostrarse que dicha autoridad se encuentra obligada a atender lo solicitado, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO". Por lo que, si bien el artículo 7 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, establece que las dependencias y entidades deben expedir los certificados o informes solicitados por los interesados como el Instituto o lo requerido a los trabajadores, ex trabajadores o pensionados, en este juicio de amparo no está comprobado fehacientemente que la quejosa sea pensionada jubilada del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), pues no allegó algún medio de convicción para acreditar tal cuestión, por lo que no podría atribuírsele a la responsable la obligación de expedir lo solicitado, al no estar comprobada dicha circunstancia para poder atribuirle que la autoridad tiene esa obligación conforme a la ley y que es omisa en su acatamiento. III. Existencia del acto reclamado. Es cierta la omisión reclamada al [1] Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, consistente en a) la omisión o falta de contestación al escrito presentado por la quejosa el tres de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó -en su calidad pensionada jubilada-, le fuera entregada una constancia de evolución salarial de la plaza que desempeñaba, contrastada con el índice de la inflación, así como en su caso, los aumentos que recibía la plaza de la misma categoría a los profesores en activo desde el uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós. Lo anterior, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, además, su certeza se advierte en razón de que, al tener el carácter de acto omisivo el que se le imputa, en términos de los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la carga de la prueba para justificar su inexistencia, corresponde a las autoridades responsables, en el sentido de justificar que sí realizaron la acción cuya omisión se les reclama -realizar acciones para contestar el referido escrito-, ello pues en este tipo de actos para ser existentes se requiere únicamente que la parte quejosa demuestre que exista el deber de dicha autoridad de realizar tal conducta, y que dicha autoridad esté en aptitud legal de atender lo solicitado conforme a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO", en el entendido de que corresponde a la autoridad responsable la carga de probar lo fáctico en lo relativo a si incurrió o no en una conducta dilatoria. En ese sentido, para que se pueda considerar que la autoridad fue omisa en dar trámite a la solicitud de la quejosa, es necesario que se encuentre acreditado que dicha autoridad tuvo conocimiento de la misma, pues sólo de esa forma puede considerarse que la obligación de contestarla es existente, tal como dispone el criterio de la Segunda Sala de nuestro tribunal constitucional, con registro 265314, de rubro "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD. " Por tanto, en este caso se encuentra acreditada tal circunstancia, en virtud de que la amparista remitió el acuse de recibo de su solicitud, el cual cuenta con el sello oficial de recibo del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, mismo que es usado por funcionarios públicos pertenecientes a dicha institución, y no fue objetado por la responsable, por lo que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º. Documental que se encuentra adminiculada con las manifestaciones que realizó dicha persona moral oficial en su informe justificado, en el que afirmó que dicha petición fue recibida y que actualmente se encuentra en trámite, sin que manifestara cuestión alguna tendiente a desconocer su recepción, de lo que se obtiene que la amparista realizó una petición sin que hasta este momento procesal se haya demostrado que la misma le fuera contestada y notificada. En consecuencia, el material probatorio con que se cuenta, resulta suficiente para acreditar la certeza de la omisión que se le atribuye a la responsable, por lo que se continúa con el estudio del asunto. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda se promovió oportunamente, pues al no establecerse un plazo específico en la Ley de Amparo para reclamar actos omisivos y éstos producir, por su propia naturaleza, consecuencias jurídicas que se renuevan día con día, el plazo para impugnarlos se actualiza mientras persistan, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre término. V. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna con relación al acto reclamado y este juzgado no advierte de oficio que se actualice una de ellas, de modo que se procede ocuparse del fondo del asunto. VI. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado y suficiente en su causa de pedir, el concepto de violación planteado por la amparista para conceder el amparo solicitado. Pues precisamente de la integridad del escrito de demanda, se advierte que la quejosa se duele de la omisión o falta de contestación a su escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó -en su calidad pensionada jubilada-, le fuera entregada una constancia de evolución salarial con las características precisadas, misma solicitud que fue presentada y recibida por el [1] Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, el tres de noviembre de dos mil veintidós, sin que hasta el momento le hayan emitido una contestación al respecto, lo cual transgrede su derecho de petición contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es fundado, porque efectivamente la autoridad responsable no ha dado respuesta a la petición de la parte quejosa, ni mucho menos se la ha notificado. Se afirma de tal forma, ya que el derecho de petición contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3 y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, básicamente consiste en que frente a toda petición que se formule a la autoridad por escrito, de manera pacífica y respetuosa, ésta tendrá la obligación de emitir un acuerdo y hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. En el caso, la quejosa presentó ante el [1] Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, el escrito de fecha tres de noviembre de dos mil veintidós, en el cual solicitó le fuera entregada una constancia de evolución salarial de la plaza que desempeñaba, contrastada con el índice de la inflación, así como en su caso, los aumentos que recibía la plaza de la misma categoría a los profesores en activo desde el uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós. Luego, es que a pesar de que la responsable señaló que, con motivo de dicha solicitud, la información se encuentra en trámite, y una vez que se cuente con el documento requerido, se le hará llegar a la quejosa, no obstante, tales afirmaciones no desvirtúan la omisión en que ha incurrido, ya que incluso no refirió en qué momento dará contestación a la solicitud presentada por la quejosa, ni qué trámites en específico son los que refiere estar realizando para justificar su actuar dilatorio, aunado a que no allegó ninguna documental para acreditar su dicho. Además, en el caso ha transcurrido el breve término que dispone el artículo 8º constitucional, pues desde el escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintidós, a la fecha de presentación de la demanda -uno de agosto de dos mil veintitrés-, transcurrieron más de ocho meses, lapso resulta excesivo para que se diera respuesta a la solicitud de mérito, ya que si bien, la norma fundamental no establece qué tiempo comprende ese breve término, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo definió como "aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". De lo que se obtiene que la autoridad responsable [1] Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, ha transgredido el derecho de petición de la quejosa, pues el lapso que ha trascurrido se considera más allá de un término razonable, pues el estudio para efecto de contestar la petición, se constriñe a acordar lo contenido en ella, con independencia de que con ello pueda iniciar algún procedimiento distinto o no, que por sí amerite substanciarse en un plazo determinado. Aunado a que, si bien la norma aplicable al caso no establece tampoco un tiempo específico para atender lo solicitado, sirve por analogía el plazo que establece el artículo 16 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, el cual establece un plazo de cinco días naturales siguientes a la fecha en que se haya presentado la promoción, el cual resulta analógico para resolver el trámite que aquí se analiza, al tratarse de uno de la misma naturaleza, resultando aplicable por ello el criterio I.4o.A.507 A, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 176320, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR EL BREVE TÉRMINO DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD, DEBE ACUDIRSE A LA ANALOGÍA SI NO EXISTE REGULACIÓN EXPRESA. El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional implica la obligación de las autoridades de hacer recaer -a una petición escrita, pacífica y respetuosa- un acuerdo también por escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Por tanto, si no existe regulación expresa sobre el particular, debe acudirse a una disposición que asemeje material y sustancialmente la función de resolver una solicitud de tal naturaleza y el dictado de su resolución, es decir, ante esa laguna debe operar la integración análoga, de modo que se hagan extensivas las reglas básicas al caso semejante, atento al principio que reza "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición". En esa tesitura la solicitud de un policía auxiliar en el sentido de que se le permita seguir prestando sus servicios hasta que se resuelva sobre su baja de la institución, debe aplicarse el plazo de diez días que prevé el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal para resolver el recurso de revisión promovido contra las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia respectivo." Asimismo, el artículo 45 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que para el otorgamiento de una pensión, el instituto está obligado a otorgar la resolución en un plazo máximo de noventa días, así como los artículos 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 15 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 38, fracción LXVI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y 20 de las Bases Generales para la expedición de Pensiones de los Servidores Públicos de los Municipios del Estado de Morelos, establecen un término de treinta días para dar tramitación a una solicitud de pensión, por lo que si el plazo establecido en los citados preceptos es para el trámite de otorgamiento de una pensión, el cual es más complejo y requiere mayores requisitos y trámites por realizar, resulta inconcuso que para un trámite menor, como el otorgar lo solicitado por la quejosa, no se pueda exceder de tal termino, mientras que en el caso, han transcurrido más de ocho meses, lapso que transcurrió en exceso para que se diera respuesta a la solicitud de mérito. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal para los efectos señalados en el considerando siguiente. VII. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se especifica que la concesión del amparo es para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: 1. La autoridad responsable, [1] Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, con plenitud de atribuciones, de manera congruente y completa de contestación al escrito presentado por la quejosa el tres de noviembre de dos mil veintidós, ello en el sentido de que atienda y resuelva sobre la solicitud de la aquí quejosa, y le notifique tal determinación. En el entendido de que lo anterior no la obliga a resolver en determinado sentido, pues cuenta con libertad para ello. Asimismo, debe precisarse que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento del presente fallo, con independencia de que hayan sido señaladas o no como responsables, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento de la sentencia, ello con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando II, por las razones y para los efectos expuestos en los diversos penúltimo y último, todos de esta sentencia. Notifíquese, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio firmado por la delegada del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual informa que dejó a disposición del quejoso, el cheque número *************** de la Institución Financiera *************** valioso por la cantidad de ****************, mismo que podrá recoger en las instalaciones de dicha institución, de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 14:00 horas. En atención a lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, acuda ante la responsable a recoger el cheque que se encuentra a su disposición, en el entendido que, de no comparecer o bien, de no justificar su incomparecencia para recogerlo, se tendrá por desinteresada y este juzgado, previa vista que se le otorgue, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con base en los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Por otra parte, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad oficiante para que dentro del término de tres días posteriores a la entrega, remita a este Juzgado de Distrito, copia certificada de la constancia de entrega-recepción de la cantidad que refiere fue puesta a disposición de la quejosa, en razón de que es indispensable para esta autoridad federal contar con dicha documental a fin de resolver sobre el cumplimiento del fallo amparador. Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que, el plazo concedido a las autoridades responsables, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable que, en caso de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendientes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que, con exactitud, deberán cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. En otro aspecto, tómese conocimiento de lo informado por la autoridad oficiante, mediante el cual remite el acuse de recibo con firma autógrafa, en el que consta que dicha autoridad entregó al quejoso el diverso cheque número ******************** de la Institución Financiera ******************** por la cantidad de ********************. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de agosto de dos mil veintitrés. ...Vista la demanda de amparo promovida por *****************, contra actos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, se provee como sigue: Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020. Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 6, 20, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, se ADMITE a trámite la demanda de amparo. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento de informe justificado. Pídase a la autoridad responsable su INFORME JUSTIFICADO, que deberá rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS, debiendo acompañar copia certificada completa y legible de las constancias que lo apoyan y con la anticipación que permita el conocimiento del mismo a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá una multa de cien a mil valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 260, fracción II de la Ley de la Materia. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades que de conformidad con el artículo 71, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, podrán celebrar convenios de interconexión, intercomunicación, colaboración o para compartir desarrollos tecnológicos, con este órgano jurisdiccional para el trámite de todos los asuntos competencia del Poder Judicial de la Federación, para la consulta de expedientes y notificaciones de manera electrónica, así como para la colaboración relacionada con las estrategias de gobierno de datos, gobernanza digital, transformación digital y e-Justicia. En la inteligencia que de remitirlo a través del sistema de interconexión, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria. En el entendido que para facilitar el envío de los anexos al informe que debe rendir la autoridad responsable, se pone a su disposición un disco versátil [formato DVD], para que en este sea cargada la información digital de los anexos conducentes y colaborar así al ahorro de insumos que en la actualidad son ocupados para el fotocopiado de la información que apoya el referido informe, además de que se facilite a las partes la consulta de dicha información, por los medios tecnológicos utilizados en el expediente electrónico. Terceros interesados. Por el momento no se advierte la existencia de alguna persona con ese carácter en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. No se forma incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Ministerio Público Federal. Dese la intervención que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, pues, acorde al artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de parte en el presente asunto. Obligación de informar causas de sobreseimiento. Se hace saber a las partes que, en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar a este órgano jurisdiccional si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientos valores diarios de la unidad de medida de actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 251 de la Ley de la Materia. Requerimiento sobre juicios relacionados. A efecto de mejor proveer, requiérase a la autoridad responsable para que informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en este juicio promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, lo anterior a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada la prueba que adjunta en su escrito de demanda, sin perjuicio de su relación al momento de resolver el presente juicio. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a ******************** no así a las diversas personas que señala, toda vez no acredita que se encuentren facultadas para ejercer la profesión de abogado y tampoco se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que, se les tiene por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la ley de la materia, así como a las diversas personas. Autorización de copias y medios electrónicos. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notificación de diferimientos. De igual manera, se instruye a los referidos servidores públicos para que los posibles diferimientos de audiencias los notifiquen a las partes (con excepción de los quejosos privados de su libertad) por medio de lista que fijen en los estrados de este juzgado de Distrito, aun a la autoridad responsable. Lo anterior, toda vez que dicha actuación no se estableció en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente que se comunique en términos del artículo 29 de la citada ley. Notificación por lista. En ese mismo sentido, se faculta a los actuarios adscritos para que en caso de tener alguna imposibilidad de realizar una notificación personal (no conozcan a la persona buscada, esté desocupado el inmueble designado, no exista la calle o numeración, entre otros) previa razón, realicen dicha notificación y las subsecuentes hasta en tanto se designe nuevo domicilio por medio de lista que fijen en los estrados de este órgano jurisdiccional. De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Captura completa del expediente en los sistemas electrónicos del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese y cúmplase.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes
- Graciela Sanchez Ruiz306/2016
- Graciela Zavala Salgado625/2015
- Grecia Aurora Martínez Figueroa759/2018
- Grecia Fernanda Estrada Bahena593/2020
- Grecia Osiris Urbina Sotelo1452/2018
- Grecia Pujol Quiroz2124/2017
- Gregoria Flores Castillo416/2014
- Gregoria Gandarilla Muñoz695/2015
- Gregoria Hortensia Hidalgo Álvarez605/2015
- Gregoria Mendible Barreto1920/2016
- Gregorio Alejandro Gomez Maldonado1182/2022
- Gregorio Alejandro Gomez Maldonado78/2018