Grecia Selem Cortez Ventura

Expediente 1377/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1377/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Grecia Selem Cortez Ventura

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Adquiere firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, declárese que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No obran documentos originales. Constancias o actuaciones. No existen para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al Capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obren como legalmente correspondan, el oficio y anexo remitido por el Sub representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Sobresee fuera de audiencia. En la especie, respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que textualmente dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la quejosa (1) Grecia Selem Cortez Ventura, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: A) COMO ORDENADORAS 1. DELEGADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN ESTA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, [.] 2. SUBDELEGADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN ESTA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA [.] IV. ACTO RECLAMADO.- La ilegal, infundada e inmotivada DETENCIÓN ILEGAL fuera de todo procedimiento judicial y LA INCOMUNICACION que han perpetrado en contra de mi defensa, GRECIA SELEM CORTEZ VENTURA, de nacionalidad peruana, esto, sin que la antes mencionada haya cometido delito alguno, y en contra de los principios constitucionales que establecen las garantías de Audiencia, Legalidad, Seguridad Jurídica Y Exacta Aplicación de la Ley, previstas en los artículos 14,161920 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ASI COMO LA INDEBIDA DEPORTACIÓN, DESTIERRO O RECHAZO QUE PRETENDEN EFECTUAR EN CONTRA DE LA QUEJOSA, LAS AUTORIDADES ANTES MENCIONADAS, SIN EXISTIR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE QUE SOLICITE SU APREHENSIÓN" De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la parte quejosa, en primer término, mediante diligencia de cinco de septiembre de dos mil veintidós, ratificó su demanda; en la que esencialmente, se dolió de la detención y privación de la libertad en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad con motivo del procedimiento administrativo migratorio correspondiente, el cual podía concluir con su deportación, expulsión, repatriación asistida o ''por razones humanitarias''. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el cinco de septiembre del año en curso, se otorgó a la gestora del amparo el documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo que fue dejada en libertad; lo anterior, con independencia de la suspensión de plano otorgada a los quejosos, ya que se les otorgó la libertad en su condición de visitante, y no bajo lo establecido en los artículos 101 y 102, de la Ley de Migración. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; pues se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Decisión. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido reza: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos la suspensión de plano decretada. Por tanto, se dejan sin efecto legal alguno, las providencias decretadas por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintidós. Audiencia constitucional. Asimismo, en mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las doce horas con veinte minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a seis de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que no obra en el expediente electrónico, la constancia de notificación siguiente: a) La relativa a la notificación personal realizada a la parte quejosa, respecto el proveído veintitrés de mayo del año en curso. Se comisiona al actuario judicial. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito a quien corresponda la integración del presente asunto, para que realice lo siguiente: 1) En caso de que dicha notificación ya se encuentre practicada, deberá integrar debidamente el expediente electrónico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, lo anterior dentro del término de tres días; 2) En caso de que no se hubiere llevado a cabo la notificación ordenada, dentro del término con que se contaba para tal efecto, deberá practicarse en forma personal de inmediato e integrarse debidamente el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Jorge Higareda Armenta, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a seis de septiembre de dos mil veintidós. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de doce de abril de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos siguientes: "[.] "[.] SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con sustento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Mexicali Baja California y Actuario adscrito a dicha junta, en el ámbito de su respectiva competencia, realicen lo siguiente: 1. Dejar sin efectos la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, programada para el catorce de junio del año dos mil veintidós, en el juicio laboral del origen [1621/2021- 3A], y en su lugar, deberá, fijar una nueva data respetando el término de quince días previsto en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo y, 2. Demostrar haber intentado dar cumplimiento al emplazamiento de la patronal demandada, ordenado en autos, con la debida anticipación. En la inteligencia que los alcances del fallo protector no abarcan hasta que se lleve a cabo el emplazamiento en sí, ya que la materia del amparo consistió en la omisión total por parte del Actuario de llevar a cabo las diligencias respectivas; por lo que en ese sentido, los efectos respecto ese tópico se circunscriben a que el fedatario público responsable acuda al o los domicilios autorizados a efecto de intentar llevar a cabo el emplazamiento en el plazo que la ley fija -con diez días de anticipación a la audiencia bifásica-, con independencia del resultado de la diligencia, ya que podría derivar en que ahí no es el domicilio de la patronal, lo que puede resultar en múltiples actuaciones posteriores que, dada la naturaleza del juicio génesis, quedaría en cierta medida el impulso procesal a cargo de la parte actora, como por ejemplo, en el caso de señalamiento de un nuevo domicilio para emplazar, incluso, so pena de soportar las consecuencias de su pasividad y la consecuente preclusión de sus derechos, como sucedería en el caso de la caducidad de la instancia. De lo contrario podría implicar que la autoridad laboral de origen o esta autoridad constitucional, se sustituya en las cargas procesales que corresponden a las partes. Resta destacar que los alcances de la protección constitucional se limitan única y exclusivamente a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del juicio. [.]" Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de cuatro de mayo de la anualidad, causó ejecutoria la sentencia dictada, dado que ninguna de las partes la recurrió, por lo que, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las propias autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, debía dejar sin efectos la audiencia de conciliación demanda y excepciones, programada para el catorce de junio de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral de origen 1621/2021-3A; y fijar una nueva fecha en los términos de ley y, Los Actuarios de su adscripción, debían demostrar haber intentado dar cumplimiento al emplazamiento de la patronal demandada con la debida anticipación. Actuaciones llevadas a cabo por las autoridades responsables en acatamiento al fallo protector. Por oficios recibidos en este Juzgado de Distrito y acordados el treinta y uno de mayo, veintitrés de junio y dieciocho de agosto de dos mil veintidós, el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, y Actuaria de su adscripción, remitieron las siguientes constancias: Autos de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, seis de junio de dos mil veintidós, ocho de agosto de dos mil veintidós, en los cuales se dejaron sin efectos las fechas señaladas para la audiencia bifásica en el expediente laboral de origen. Diversas razones actuariales por las que la Actuaria adscrita a la Junta responsable intentó el emplazamiento de la parte demandada en los domicilios señalados para ello, siendo las últimas de trece de agosto de dos mil veintidós. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, pues el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, señaló nuevas fechas en los términos de ley para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral 1621/2021-3A, de su índice; y, la Actuaria de su adscripción, ha intentado en diversas ocasiones el emplazamiento de la patronal demandada. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dése vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibida para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese; y, personalmente.

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